El fiscal fiscalizado, Antonio Caballero prevé un nuevo caso de impunidad
Néstor Humberto Martínez Neira no sólo debería renunciar, nunca debería haber aceptado el cargo. En eso el columnista, muchos opinadores y el Senador Robledo que desde el Congreso ha sido quien ha puesto el dedo en la llaga de este tema coinciden, aunque creemos la responsabilidad también le cae a quienes lo eligieron. Y Caballero vamás allá, previendo que la impunidad reinará y harán fiesta con el muerto.
Por su importancia y para que pueda ser vista por todos los colombianos, a continuación reproducimos en su totalidad la columna publicada en la Revista Semana.
El fiscal fiscalizado
A Martínez lo defienden todos los políticos, y todos los cacaos, empezando por Sarmiento, el hombre más rico del país, de quien ha sido el más cercano consejero.
Si tuviera alguna vergüenza, el fiscal gene-ral de la Nación, Néstor Humberto Martínez, ya habría renunciado a su cargo. Un cargo que, si tuviera alguna vergüenza, nunca hubiera debido aceptar, y para el cual el presidente Juan Manuel Santos –si tuviera él por su parte alguna vergüenza– nunca lo hubiera debido ternar. Porque de todos los juristas de Colombia el que más intereses tiene o representa y el que en consecuencia tendría que declararse impedido para intervenir en más asuntos sometidos a la vigilancia de la Fiscalía es Néstor Humberto Martínez: uno que ha sido ministro de todos los gobiernos y abogado de todos los grandes negocios de este país. Pero, como no tiene vergüenza, no se declara impedido en ninguno.
Y es ahora cuando, más que nunca, debería renunciar Néstor Humberto Martínez a su inmerecido cargo de vigilante supremo. Ahora que, con las revelaciones del noticiero de televisión Noticias Uno que dirige Cecilia Orozco, ha venido a confirmarse clamorosamente –y con el remate macabro de dos posibles asesinatos– la sospecha que hace dos años y medio tenía el senador Jorge Enrique Robledo, a quien desde entonces le hicimos eco algunos periodistas: la sospecha de que Martínez estaba “untado hasta el alma” en las turbiedades locales de la corrupta y corruptora multinacional brasileña Odebrecht. Las grabaciones de las conversaciones del fiscal con el hoy sospechosamente fallecido auditor de las obras emprendidas por esta en asociación con empresas locales de propiedad del constructor y banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los más notorios clientes de su bufete de abogados, revelan que Martínez estaba al tanto desde hace años de las corruptelas de ambos socios. Y no solo no las denunció (como es el deber de todo ciudadano: no se necesita que sea fiscal general de la Nación) sino que las cohonestó entre risotadas, advirtiéndole jocosamente al auditor Jorge Enrique Pizano: “Ya usted se metió en esto, y el único huevón que va a terminar… es usted, hijueputa”. Y aconsejándole el silencio de la “omertá” mafiosa: “Entre los dos, tranquilo: discreción total”.
Si tuviera alguna vergüenza, ya digo, el malhablado pero muy callado fiscal Martínez debería renunciar, para permitir que las investigaciones sobre Odebrecht y su socio Sarmiento las haga alguien que no esté “untado hasta el alma” en sus negocios. Y para que quien adelante las referidas a la doble y súbita muerte del auditor Pizano y de su hijo, debidas al parecer a un envenenamiento con cianuro, no sea la misma persona a quien Pizano declaró tenerle miedo. La madeja de Odebrecht, que en Colombia está todavía por desenredar en su mayor parte, es tal vez la red de corrupción más amplia de la historia del país, junto a la cual palidecen todos los carruseles delincuenciales descubiertos en los últimos años. Y la repentina muerte del denunciante de Odebrecht y de sus empresas asociadas en Colombia parece formar parte de la siniestra epidemia de testigos incómodos asesinados en los últimos tiempos.
A Martínez lo defienden todos los políticos, y todos los cacaos, empezando por Sarmiento, el hombre más rico del país, de quien ha sido el más cercano consejero.
Pero Martínez no renunciará. Lleva toda la vida remando por llegar al cargo que ahora ocupa, del que espera además que le servirá de trampolín final para llegar al que ambiciona, que es el de presidente de la república. Y para mantenerse en él contará con el respaldo del Establecimiento en pleno, que no solo le debe muchos favores sino que sabe que le conoce desde adentro sus peores secretos. Salvo excepciones que se pueden contar con los dedos, como el senador Robledo, a Martínez lo defienden todos los políticos, encabezados por todos los expresidentes para quienes trabajó –que, con excepción de Belisario Betancur, son todos los que están vivos– y por los jefes de todos los partidos, en varios de los cuales ha militado. Y todos los grandes cacaos, empezando por Sarmiento, el hombre más rico del país, de quien ha sido –y en vista de las revelaciones póstumas del difunto Pizano, sigue siendo ahora desde la Fiscalía– el más cercano consejero. Y casi toda la prensa, escrita o hablada: El Tiempo, para empezar, que es de propiedad de Sarmiento. Solo quedarán por fuera de su anillo defensivo unos cuantos columnistas independientes: golondrinas sueltas que, como en el refrán, no hacen verano.
De modo que Martínez puede dormir tranquilo en su Fiscalía. Lo más grave que puede temer es una indigestión de tanto recibir banquetes de desagravio. Peor le irá a su acusador Jorge Enrique Pizano: lo acusarán a él, después de muerto, de pertenecer al cartel de los testigos falsos.
NOTA: Muchos se han escandalizado de que el fiscal Martínez haya soltado en las grabaciones tantos castizos hijueputazos. No he visto que a nadie le haya parecido mal que al auditor de las obras lo llamen anglicadamente “controller”.
Los correos secretos que Pizano le entregó a María Jimena Duzán
La periodista cuenta la historia de cómo Jorge Enrique Pizano trató de esclarecer el escándalo de la Ruta del Sol II y murió en el intento. “Estos audios son mi seguro de vida”, le dijo. Exclusivo de la Revista SEMANA.
Buenos días María Jimena, me presento: soy Jorge Enrique Pizano y te escribo porque estoy interesado en conversar contigo. Yo me desempeñé en los últimos 8 años como controller (auditor) de la Ruta del Sol II, en representación del Grupo Aval. Hay varios e interesantes temas que nadie, nadie, conoce y creo que tú debes saber sobre la verdad de Odebrecht, tanto en el contrato de Tunjuelo-Canoas como en el de la Ruta del Sol II. Mira y discúlpame de antemano; con esto que te puedo contar me juego la vida, sobre todo con temas de la Ruta del Sol y lo de su socio minoritario…cuando te escribo esto me tiembla el pulso”.
Ese fue el primer mensaje que me envió por WhatsApp Jorge Enrique Pizano, el 28 de mayo de este año, sin saber que le quedaban solo seis meses de vida. Lo vine a conocer personalmente a los pocos días cuando concretamos la primera cita en medio de advertencias muy precisas: “Nadie puede saber que estamos en contacto”, me previno por el chat.
Pizano llegó seriamente atribulado a esa cita. Venía de una semana de convalecencia de su última sesión de quimioterapia. Padecía un cáncer linfático detectado a finales de 2017, semanas después de que había sido apartado de su puesto como controller de Corficolombiana en la concesionaria Ruta del Sol II. “Esto me ha dado muy duro”, me aseveró sin que yo le preguntara. Sobre su despido el Grupo Aval aclaró que no fue desvinculado porque para esa fecha ya había finalizado el contrato de la concesión.
Sé que están intentando hacerme un montaje para amañar testimonios en la Fiscalía
PizanoApple co-founder
Sin mucho preámbulo me dijo que quería entregarme una serie de documentos porque no confiaba en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez.
Sé que están intentando hacerme un montaje para amañar testimonios en la Fiscalía y acusarme de que yo recibí un soborno de Odebrecht cuando yo era gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado”, me dijo en un WhatsApp, después de nuestra primera cita, tratando de explicarme su desamparo. “Te cuento mira: yo no realicé ni modifiqué pliego alguno cuando fungía como gerente general de la EAAB no participé en el comité de evaluación de las propuestas del túnel Tunjuelo Canoas, no participé ni dirigía la audiencia de adjudicación y no firmé el contrato. Por si fuera poco, el fiscal Zettien, que tiene el caso, está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia por fraude procesal. Cumplí a cabalidad y con honestidad mi gestión como gerente de la EAAB y no puedo aceptar que me acaben la vida junto al cáncer que tengo con falsos testimonios”, me escribió en el chat. Y remató con esta frase: “A mí me van a hacer lo mismo que a Luis Fernando Andrade y no me voy a dejar”.
Esa primera cita fue el preludio de muchos encuentros que sostuve con Jorge Enrique hasta su sorpresiva muerte. En la segunda reunión me hizo entrega de todos los documentos y de varios correos electrónicos que, de acuerdo con Pizano, demostraban cómo Odebrecht y el Grupo Aval sabían desde 2013 de la existencia de contratos falsos en su contabilidad. “El Grupo Aval no fue víctima de Odebrecht, como insisten en decir, porque ellos sabían que había mucha cosas raras pasando desde 2013”, me dijo en una de esas citas. Estaba tan asustado en nuestros primeros encuentros que me dijo que no quería que apareciera su nombre porque él creía que los documentos hablaban por sí solos. A la tercera cita me reveló la existencia de unos audios que él mismo había grabado en agosto de 2015 con varias personas de Corficolombiana y con el hoy fiscal Néstor Humberto Martínez quien en ese momento era abogado del Grupo Aval.
En esos audios, según él, quedaba claro que el hoy fiscal general, encargado de la investigación de Odebrecht, sabía de la gravedad de los hallazgos hechos por Pizano desde 2013. Me dejó oír los audios con recelo y no me quiso dejar ninguna copia porque los consideraba como su última carta. “Estos audios son mi seguro de vida”, me dijo.
En la quinta cita, luego de escuchar toda su historia, le pregunté cómo podría resumir su tragedia. Muy serio me respondió: “Yo advertí durante tres años en mis informes de los malos manejos administrativos (irregularidades) antes de que estallara el escándalo en diciembre de 2016. Esas advertencias fueron múltiples correos que se consolidaron en un informe del 25 de junio del 2015 y de los que estaba enterado Corficolombiana, la Concesionaria y Consol. Tengo claro que me volví incómodo para el Grupo Aval y para el fiscal. Eso coincide con mi abrupta salida de mi puesto de ‘controller’ a finales de 2017 y con las investigaciones que me está montando la Fiscalía”.
Los documentos y los correos electrónicos que me entregó Jorge Enrique Pizano revelan su viacrucis por Corficolombiana desde que lo nombraron en 2010 en un puesto que parecía hecho a su medida. Pizano era amante de la perfección y se movía como pez en el agua entre los números. Sin embargo, también era un hombre intenso, obsesivo con su trabajo, que además guardaba todos los documentos y correos meticulosamente.
Uno de los objetivos del controller era poner en marcha el Sarlaft, un sistema de prevención para el lavado de activos y la financiación del terrorismo, que deberían cumplir las concesiones cuyas empresas cotizarán en la bolsa de Nueva York. El sistema endurecía las condiciones para contratar y le exigía a la concesionaria verificar antes de la firma del contrato si los contratistas estaban o no en la lista Clinton.
A mí me va a hacer lo mismo que a Luis
Fernando Andrade y no me voy a dejar
PizanoApple co-founder
Con esa intensidad que lo caracterizaba se dio a la tarea de montar el sistema, pero pronto se dio cuenta de que no la iba a tener fácil. Pese a que todas las dependencias debían suministrarle mensualmente la información necesaria para nutrir el sistema, no cumplían esa tarea. “Me di cuenta de que muchos no respondían mis correos, ni atendían a mis solicitudes de información”, me confesó en más de una vez.
Tantos fueron los obstáculos para obtener la información que el tema llegó hasta Alberto Mariño, responsable de las concesiones del Grupo Aval. En un correo del 22 de enero de 2013, Mariño le envía este mensaje a Pizano: “Jorge Enrique, ayer estuvimos hablando con Óscar. (Óscar Hernández, miembro de la Junta Directiva de Episol) para ver el caso de la poca información que se te manda. Importante conocer antes de nuestra junta si esto ha seguido así, pues vamos a presionar que se corrija de inmediato”. (Ver correo en que Pizano le dice a Hernández que espera que de ahora en adelante mejore el flujo de información de la concesionaria).
Sin embargo, el flujo de información no mejoró y Pizano se vio en ascuas para implementar el manual de cumplimiento del Sarlaft. (Ver correos en que Pizano pide de nuevo y con insistencia esa información). Rafael Eduardo Neira, quien ocupa el cargo de controller de todo el Grupo Aval dice que Pizano no tenía acceso a la información por cuenta de los brasileños, que no querían darla. Como ellos controlaban el consorcio por ser socios mayoritarios, también manejaban la información.
Pizano dio la primera alarma de que algo estaba pasando en la contratación de la Ruta del Sol II el 30 de octubre de 2013, casi tres años antes de que estallara en Colombia el escándalo de Odebrecht. En esa ocasión detectó unos pagos que no cumplieron los requisitos impuestos por el Sarlaft, hechos a Inversores Profesionales y a Desimpro, y pidió su devolución o reembolso de manera inmediata, cosa que los brasileños le negaron.
Pizano, consciente de la gravedad de lo que encontró, decidió llevar el tema al entonces presidente de Corficolombiana, José Elías Melo, pero se dio cuenta de que su hallazgo no suscitaba mayores preocupaciones. La prueba de que Melo recibió esos informes y no hizo nada la dio el propio Néstor Humberto Martínez en las audios que publicó Noticias Uno, cuando reconoció que en esa ocasión Melo no le había puesto bolas a las denuncias de Pizano porque las consideró un ardid del ingeniero para mejorar su condición salarial en Corficolombiana. “Lo trataron como un loquito con el maletín debajo del brazo”, dice Martínez en los audios que reveló el noticiero.
Sin embargo, “este loquito” siguió investigando y cotejando con la poca información que le llegaba hasta que, en junio de 2015, le presentó un informe al presidente de Corficolombiana, José Elías Melo. Allí le mostraba que había muchos más contratos falsos que ascendían a cerca de 21.000 millones de pesos, una cifra que asustó a Pizano. Según Pizano, para su sorpresa, este informe tampoco causó mayor impacto en la Concesionaria ni en Corficolombiana.
Al poco tiempo, Javier Mejía, gerente contractual de la Constructora Consol, reveló otro cuadro igualmente preocupante en el que detectó contratos falsos por otros 35.000 millones de pesos, que se sumaban a los 21.000 millones encontrados por Pizano en la concesionaria. Fue tal la gravedad de lo encontrado por Mejía que decidió no firmarlos, como consta en su informe. Sin embargo, estos contratos terminaron pagados pese a que según el acuerdo de socios todas las órdenes de pago debían llevar las firmas del representante de Odebrecht y del Episol, que era Mejía. De nuevo la posición mayoritaria de los brasileños se impuso.
Afanado por la manera como sus hallazgos caían en el vacío y preocupado porque pudiera terminar metido en un lío mayor, decidió concertar una cita con Néstor Humberto Martínez (NHM), entonces abogado del Grupo Aval. La cita se llevó a cabo el 19 de agosto de 2015 en el despacho de Martínez Neira, por la época en que este iniciaba su campaña para llegar a la Fiscalía. Pizano quería que el propio Luis Carlos Sarmiento conociera sus denuncias y pensaba que esa era la mejor vía. Para mayor seguridad, Pizano decidió grabar dos reuniones que sostuvo con NHM y otras con directivos del Grupo Aval, como Alberto Mariño. “Decidí hacerlas porque me di cuenta de que había un interés por ocultar lo que estaba pasando. Todos esos audios los grabé desde mi iPad”, me confesó Pizano cuando le pregunte por qué había tomado ese riesgo.
En el audio revelado por Noticias Uno se escucha a Jorge Enrique Pizano explicarle la gravedad de sus hallazgos a NHM y se advierte la preocupación que suscitan en el hoy fiscal los informes del controller. En un segundo audio, grabado en una reunión siguiente, Pizano recibe la instrucción de NHM de que “no escriba más ni pida más vainas”, dando a entender que el Grupo Aval está en esa tarea de investigación.
Por un instante Pizano piensa que por fin va a haber una respuesta a sus hallazgos y, consciente de lo delicado de la situación, le escribe el 16 de febrero de 2016 desde su correo personal este mensaje a Alberto Mariño: “Dr Alberto, No puedo ocultar mi profunda indignación (creo que es más que piedra) por las últimas actuaciones de estos ‘personajes’ –se refiere a los directivos de Odebrecht– de acuerdo con información que me dio el Doctor Mejía. Solo quiero manifestarle mi humilde opinión: la gangrena se elimina es cortando aquellos miembros que están enfermando el cuerpo…”.
Pizano dice que después de sus reuniones con NHM prácticamente lo aislaron en Corficolombiana, situación que aumentó su angustia. Su grado de preocupación llegó al extremo cuando supo por terceros que habían firmado un acuerdo de transacción entre Odebrecht y el Grupo Aval en el que las partes no solo acordaron no demandarse entre sí sino que Odebrecht aceptó pagarle a Aval la suma de 33.000 millones de pesos, que según NHM era la “suma que correspondía a los contratos irregulares encontrados”.
“Si el monto de los contratos falsos que yo detecté fue de 55.000 millones, dónde están los otros 20?, ¿Sobre esa suma acaso sí hubo acuerdo?”, me escribió Pizano con cierta indignación en un chat el 26 de julio pasado, luego de que NHM se refirió a ese contrato de transacción en una entrevista en la W Radio. Según Neira, el controller del Grupo Aval, esa cifra se explica porque solo pudieron probar serias irregularidades en 33.000 millones. Dice que no denunciaron estos hechos porque no había certeza de que hubiese algo ilícito en esos contratos.
Los últimos meses de vida de Pizano fueron una tortura, así ahora diga el fiscal que era un testigo valioso para la Fiscalía. Solo en dos oportunidades lo llamó la misma Fiscalía por el tema del Ruta del Sol II, pero en ninguna se concretó nada. Primero lo hizo en julio de 2017, cuando la fiscal 80, Amparo Cerón, lo llamó para que le enviara los informes que había hecho como controller. A Pizano le sorprendió que le pidieran unos documentos que ya tenía la Fiscalía desde principios de 2017, cuando la SIC se llevó los computadores de todos los funcionarios de la concesionaria. Fue y se los entregó de buena gana esperando que lo llamaran. Pero para su sorpresa las cosas no pasaron de ahí.
La fiscal Cerón solo lo volvió a llamar a principios de este año para decirle que lo querían de testigo en el juicio contra José Elías Melo, el expresidente de Corficolombiana, único acusado en la investigación de la Fiscalía por haber ordenado un soborno. Pizano accedió inmediatamente. Supe que visitó por última vez a la fiscal Cerón, el 15 de agosto pasado, cuando estuvo ultimando los documentos para participar como testigo en el juicio contra Melo, porque a la salida de esa reunión Pizano me escribió un chat. Lo sentí especialmente alterado por su seguridad. “Estoy convencido de que me están haciendo seguimientos. Esta mañana la fiscal 80 me comentó que la tienen ‘presionada’ y me pidió que solicitara protección por escrito cosa que hice ayer mismo”.
Pizano nunca llegó a ser testigo de la Fiscalía porque las fechas del juicio de Melo se fueron aplazando y porque murió víctima de un fulminante ataque al corazón el 9 de noviembre. La fiscal del caso, Amparo Cerón, tampoco ha vuelto a su puesto porque según informaciones aparecidas en los medios todavía está recuperándose de un accidente de tránsito en Chile que la dejó en coma por varios días.
En estos seis meses que lo conocí, Jorge Enrique había recaído en su enfermedad, no tenía trabajo y había tenido que vender su apartamento para irse a vivir a su casa en Subachoque. “Rompí con los acuerdos de paz y me fui para el monte”, me escribió a finales de octubre con ese agudo humor que nunca lo abandonó.
Al ver que se le acababan sus opciones y temiendo por su vida, Pizano decidió pedir ayuda de la Justicia norteamericana como última tabla de salvación, para que lo considerara testigo protegido fuera de Colombia. Su primera reunión la tuvo el pasado septiembre en la embajada estadounidense, y en esa oportunidad Pizano le entregó al FBI los audios y los documentos que tenía. A su salida me envió un chat para contarme que la reunión se había demorado como cuatro horas y para recordarme que no se podía revelar los audios sino cuando él estuviera fuera de Colombia. En una de las últimas reuniones que tuvimos antes de su súbita muerte me contó que se dio cuenta de que el proceso ante la justicia norteamericana se iba a demorar, y eso lo tenía desalentado. Desde entonces decidió no escribirme desde su teléfono ni desde su correo habitual y creó un correo nuevo con el nombre de Pedro Gnecco. Sentía que lo acechaban.
La última comunicación que recibí de Jorge Enrique Pizano me llegó tres horas antes de su muerte. Me escribió un chat en el que lo noté especialmente abatido. “¿Hay algo nuevo que yo no haya sabido?”, le pregunté.
“No nada…que nada se mueve. Que estoy enfermo, sin trabajo…me hizo mucho daño el procurador Carrillo con sus declaraciones que hoy siguen teniendo su efecto cuando le dijo al país que yo era un empleado de Odebrecht en 2015 y que desde entonces no ha querido rectificar….Pero además, me dijo mi abogado que me van a llamar a interrogatorio por el túnel Tunjuelo-Canoas”. Quedamos de vernos el sábado siguiente.
A las tres horas de esta conversación por chat, un amigo me llamó para decirme que Jorge Enrique Pizano había muerto de un infarto fulminante. Consternada por la noticia, llamé de inmediato a la familia y hablé con una de las hijas, quien me confirmó su deceso. No lo podía creer. Pizano, el único hombre que se atrevió a contar lo que realmente había pasado en el escándalo de Odebecht, no pudo soportar la presión a que lo sometieron por hacer lo correcto.
A las tres horas de esta conversación por chat, un amigo me llamó para decirme que Jorge Enrique Pizano había muerto de un infarto fulminante. Consternada por la noticia, llamé de inmediato a la familia y hablé con una de las hijas, quien me confirmó su deceso. No lo podía creer. Pizano, el único hombre que se atrevió a contar lo que realmente había pasado en el escándalo de Odebecht, no pudo soportar la presión a que lo sometieron por hacer lo correcto.
De repente vi que por el chat me había contactado Alejandro, su hijo menor que vivía en Barcelona. No lo conocía, pero Pizano me había hablado con gran orgullo de él porque le había ayudado en este trance con su templanza. Le di mi sentido pésame y esto me respondió 24 horas antes de morir envenenado: “Hay que sacar la historia que deprimió a mi papá hasta llevarlo a esta situación. Siento un dolor muy grande, por todo lo que él hizo y fue mi papá. Y porque es mi deber que las cosas sean como son”.
Reveladora columna de Daniel Coronell, el Fiscal no tiene quien lo investigue
En su columna de este domingo, 9 de Diciembre del 2018
‘La mina de plata’, Coronell señala cómo la Comisión de Investigación y Acusación de Cámara dispuso un investigador impedido para acusar al Fiscal.
Jorge Pizano advierte corrupción en la Ruta del Sol, el fiscal Martínez Neira se ríe ‘jíjíjí’, el que señala Pizano resulta ser González Niño, que asu vez es socio de un beneficiario de la corrupción de Agro Ingreso Seguro, que, ¡oh casualidad!, es hermano del representante por Santander Oscar Villamizar de Centro Democrático quien investigará a Martínez en la Comisión, ¡PLOP!
El Fiscal de Juan Manuel Santos y hoy protegido de Duque y el Uribismo no tiene quién lo investigue.
A continuación reproducimos en su totalidad la columna publicada por la Revista Semana por considerar que dado su caracteres de interés nacional debe poder ser leída de manera fácil por cualquier ciudadano.
La mina de plata
Por Daniel Coronell @DCoronell, Revista Semana
El hermano del congresista que investigará al fiscal ha sido socio de una de las personas señaladas como posible autor de delitos en la construcción de la Ruta del Sol II. El ingeniero Jorge Enrique Pizano –muerto, al igual que su hijo Alejandro, en circunstancias que no han sido investigadas de manera independiente– mencionó al sospechoso en una de las conversaciones en las que alertó de estos hechos al abogado Néstor Humberto Martínez.
Más allá de las expresiones del fiscal (ji,ji,ji, sí, hijueputa. Esto es una coima, marica) hay muchos elementos en las grabaciones que deben ser oídos e investigados con detenimiento para establecer su alcance y evitar que el mayor escándalo de corrupción en la historia de Colombia quede sepultado entre cortinas de humo.
En la primera grabación, publicada por Noticias Uno, está el registro de sobrecostos en la compra de predios como una de las formas de corrupción en la construcción de la vía:
–¿Y la plata a quién se la daban? –le pregunta Néstor Humberto Martínez al ingeniero Pizano.
–El tema es que la diferencia del sobrevalúo –explica Pizano– se quedaba con la gerente predial actual de la concesionaria, y el propietario y el apoderado que es un señor Jaime Humberto Gómez Niño, que era como el apoderado de un montón de predios.
El agudo abogado, y hoy fiscal general, entendió pronto que ese valor en exceso era pagado con dineros públicos:
–Perdón –se asegura Néstor Humberto– y si eso se paga de más ¿lo paga es el Estado?
–Claro – responde el ingeniero.
–¡Uy jueputa! No sea marica –dice el hoy fiscal, reconociendo la gravedad de los hechos- ¿por qué lo paga el Estado?
–Claro –afirma Pizano– porque es que nosotros estamos haciendo la función de la ANI. Es que son los predios que se necesitan para hacer la vía.
En las negociaciones de esos predios no aparece nadie llamado Jaime Humberto Gómez Niño. El ingeniero Pizano se equivocó en un apellido. El apoderado, con las mismas características descritas por él, se llama Jaime Humberto González Niño.
En 2013, la revista Minero Energético, le dedica un reportaje en donde el señor González Niño asegura que su empresa ha sido líder en la concesión de la Ruta del Sol: “Nos contrataron para dinamizar la compra de los predios y obtener un precio justo, eso le fue confiado a JHG Consultores desde hace un tiempo”.
El señor González Niño tiene negocios en el sector minero y es ahí donde ha estado asociado con el hermano de Óscar Villamizar Meneses, congresista investigador del fiscal.
Una resolución de la Agencia Nacional de Minería deja en evidencia el vínculo en una concesión en sur de Bolívar de un yacimiento para la explotación de oro, plata, cobre, zinc, platino y molibdeno. El documento declara que el título minero le pertenece en un 87 por ciento a JHG consultores SAS, representado por Jaime Humberto González Niño, y a Danny Alirio Villamizar Meneses en un 1,4 por ciento.
Danny Alirio Villamizar es hermano del representante a la Cámara del Centro Democrático Óscar Villamizar.
Danny Alirio es también el beneficiario de un subsidio no reembolsable de Agro Ingreso Seguro, por 496 millones de pesos. El papel fue encontrado, junto con evidencias de mordidas y 800 millones en efectivo, en el allanamiento a la casa de su padre, el entonces senador Alirio Villamizar, impulsor de la candidatura presidencial de Andrés Felipe Arias.
El senador Alirio Villamizar fue condenado a 9 años y 9 meses de prisión por concusión. Su esposa María Meneses, madre de Óscar y Danny Alirio, también fue enjuiciada y aceptó haber incurrido en el mismo delito, por lo que fue a la cárcel.
Al terminar la semana, el congresista Óscar Villamizar Meneses anunció oficialmente que abría la investigación contra el fiscal Néstor Humberto Martínez por sus posibles acciones y omisiones dentro del caso Odebrecht. Él tampoco se va a declarar impedido. Ni más faltaba.
Escrito por Daniel Coronell @DCoronell, Revista Semana
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