Las elecciones argentinas fueron excepcionales, tomando en cuenta el contexto regional. A pesar de la crisis económica, la primera y la segunda vuelta se realizaron sin mayores sobresaltos. La oposición progresista ganó y el oficialismo conservador, que giró todavía más a la derecha durante la campaña, reconoció la derrota. La democracia argentina demostró su solidez.
Lo mismo pasó en Uruguay, aunque el intercambio de poder fue al revés: la izquierda perdió en el ballotage después de gobernar durante 15 años y la derecha volverá al poder. Pero no hubo protestas, ni impugnaciones. La transición se desarrolla en paz.
Las crisis institucionales en América Latina
En el resto de los países vecinos, en cambio, se sucedieron crisis institucionales. Los procesos de Argentina y Uruguay estuvieron precedidos por las anomalías en las elecciones de Bolivia y el golpe de Estado contra Evo Morales que sumió al país en un clima de violencia y tensión. El futuro del conflicto, del que no se prevé un fin cercano y que incluye delitos de lesa humanidad, es impredecible.
Chile estalló, por otras causas, y persisten los masivos reclamos contra el presidente Sebastián Piñera. La respuesta de las fuerzas de Seguridad ha sido la represión desmedida que ya registra denuncias internacionales. La sociedad colombiana también decretó una rebeldía callejera ante el desprestigio de los políticos tradicionales.
Cecilia González, periodista y escritora.
Bolsonaro criticó públicamente a los argentinos por haber votado mayoritariamente por el peronismo y amedrentó con la posibilidad de romper el Mercosur. Fue su venganza por la alianza de Fernández con Lula. La amenaza no es tan fácil de cumplir, porque Argentina y Brasil son los principales socios comerciales de Sudamérica
En Perú, el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso y los nuevos parlamentarios se elegirán recién a fines de enero. En Ecuador, las revueltas populares en rechazo a un paquete económico debilitaron al presidente Lenín Moreno.
En Paraguay, el presidente Mario Abdo Benítez enfrentó este año una amenaza de juicio político por un discrecional acuerdo energético firmado con Brasil y su gestión tiene altos niveles de rechazo.
Los gobiernos autoritarios de Venezuela y Brasil son casos aparte. Uno por izquierda y otro por derecha. Nicolás Maduro resiste y se mantiene en el poder a pesar de los esfuerzos de parte de la llamada "comunidad internacional" que, con tintes injerencistas, ha hecho todo lo posible para sacarlo del Palacio de Miraflores. Jair Bolsonaro, quien todavía es apoyado por el 30 % de los brasileños, mantiene su estilo bravucón, provocador e intervencionista mientras su popularidad va a la baja y el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva retoma la política ahora que recuperó la libertad provisional.
Bolsonaro criticó públicamente a los argentinos por haber votado mayoritariamente por el peronismo y amedrentó con la posibilidad de romper el Mercosur. Fue su venganza por la alianza de Fernández con Lula. La amenaza no es tan fácil de cumplir, porque Argentina y Brasil son los principales socios comerciales de Sudamérica, pero sí mantiene en tensión la relación bilateral que es crucial para ambos países que ya se reflejó en la ruptura de tradiciones diplomáticas: Fernández eligió México, y no Brasil, para realizar su primera gira al exterior como presidente electo. Y Bolsonaro no vino a la asunción del presidente electo, algo que sí cumplían sus antecesores.
México, el gran aliado
En este escenario plagado de conflictos, Fernández intentará construir un liderazgo a partir del papel protagónico que pretende que Argentina asuma en la diplomacia internacional, pero sin concesiones ideológicas y con una visión latinoamericanista. Es el único presidente en ejercicio del Grupo de Puebla que formaron políticos progresistas para frenar el avance que la derecha tuvo en los últimos años y que contrarresta con el Grupo de Lima que convirtió a Venezuela en el "villano favorito" de América Latina.
Cecilia González, periodista y escritora.
Fernández ya descartó la continuidad de la confrontación ejercida por los gobiernos kirchneristas y que Macri aprovechó para prometer hace cuatro años que, durante su gobierno, el país volvería "al mundo". Afirmó que se relacionará con todos, pero con un eje en la independencia, el respeto y la soberanía.
No le será fácil. La década pasada, medidas como la creación de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y el histórico rechazo al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que promovía Estados Unidos fueron posibles gracias a la alianza que formaron los gobiernos de Argentina, Brasil, Venezuela, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Chile. Fue una coincidente oleada progresista, desconocida hasta entonces en la región. Pero Néstor Kirchner y Hugo Chávez murieron, Evo Morales está exiliado, Dilma Rousseff y Fernando Lugo fueron destituidos, Lula sigue acosado por anómalos procesos judiciales y la izquierda acaba de perder en Uruguay.
Aun en soledad, sin aliados alrededor, Fernández ha demostrado los cambios que se vienen en Argentina con su política exterior. Ya descartó la continuidad de la confrontación ejercida por los gobiernos kirchneristas y que Macri aprovechó para prometer hace cuatro años que, durante su gobierno, el país volvería "al mundo". Fernández afirmó que se relacionará con todos, pero con un eje en la independencia, el respeto y la soberanía. Una señal fueron las llamadas telefónicas con Donald Trump y Emmanuel Macron, quienes, para sorpresa y desagrado de los opositores al peronismo, lo felicitaron por su triunfo.
Las diferencias con su antecesor son más que evidentes. Macri se obsesionó con Maduro e hizo uso y abuso de la tragedia del país caribeño al amenazar con que, si ganaba el peronismo, Argentina iba a ser Venezuela, como si tal cosa fuera posible. También reconoció a Juan Guaidó, el presidente autoproclamado con el apoyo de los enemigos locales e internacionales de Maduro.
Fernández, en cambio, ni siquiera le respondió a Guaidó el mensaje de felicitación que le escribió en redes sociales cuando ganó las elecciones. Y ya avisó que de ninguna manera apoyará políticas intervencionistas para resolver la crisis venezolana, posición similar a la ejercida hasta ahora por México y Uruguay, aunque este último país cambiará y se enfrentará más abiertamente con el gobierno de Maduro una vez que Lacalle Pou asuma en enero la presidencia. Así, el único y gran aliado con el que cuenta Fernández, por ahora, es Andrés Manuel López Obrador.
En el caso de Brasil, con Macri en el gobierno Argentina fue el primer país del mundo que reconoció a Michel Temer como presidente cuando habían pasado escasos minutos de la irregular destitución de Rousseff, que se equiparó más a un golpe parlamentario. Macri siempre se mostró amigable con Bolsonaro y defendió la falsa "fortaleza de las instituciones" del país vecino. Fernández, amigo de Lula, piensa todo lo contrario.
La semana pasada, durante su última Cumbre del Mercosur, Macri, quien se negó a reconocer el golpe de Estado en Bolivia, validó a la autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez. Incluso la llamó "presidenta electa", aunque no fue elegida por nadie. Fernández, de nuevo en una posición antagónica, condenó el golpe y encabezó un operativo internacional en alianza con López Obrador para rescatar a Evo Morales y lograr que se exiliara en México.
El giro diplomático es evidente. Y apenas comienza.
El antiperonismo está en pie de guerra desde antes de que Fernández se pusiera la banda presidencial. Con tolerancia cero. Por eso, cada declaración o medida es repudiada hasta el paroxismo. Ahora sí, lamentan, "Argentina ya se convirtió en Venezuela", lugar común que el ex presidente Mauricio Macri dejó instalado sin sustento alguno, haciendo uso y abuso de la tragedia humanitaria de ese país y con Nicolás Maduro convertido en el villano favorito de la región.
La masiva fiesta popular por la toma de posesión de Fernández, que se realizó el martes pasado, fue seguida por agitadas jornadas en las que quedaron claras las diferencias entre el modelo macrista y el peronista. Ya no con discursos, sino con hechos.
Hubo decisiones simbólicas, como encender el mural de la ex primera dama Eva Perón en la fachada del Ministerio de Desarrollo Social. El macrismo la mantuvo a oscuras. Y otras de fondo, como la implementación del Protocolo nacional para la Interrupción Legal del Embarazo que regula una ley que rige desde 1920 en Argentina y que permite el aborto si la vida o salud de la madre está en peligro, o si el embarazo es producto de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. A pesar de que estas causales están despenalizadas, el acceso a este derecho siempre se ha obstaculizado. Con el Protocolo, deberá facilitarse.
Macri ganó la presidencia en 2015 con el apoyo la prensa opositora pero, cuando el fracaso de su gobierno se acentuaba y comenzó a aplicar medidas kirchneristas que tanto había criticado, como los controles al mercado cambiario y la aplicación de retenciones, no tuvo el nivel de rechazo que sí está encontrando Fernández.
En sus últimos meses de gobierno, Macri aprovechó el debate sobre el aborto que predominó en Argentina el año pasado, luego de que él, como presidente, habilitara la discusión parlamentaria a pesar de estar en contra de la interrupción legal del embarazo. En su fallida campaña por la reelección, besó una y otra vez en público los pañuelos celestes que simbolizan el rechazo el aborto en cualquier circunstancia y afirmó que estaba "a favor de la vida". Después de la derrota, tuvo uno de sus últimos traspiés de gobierno precisamente con este tema, cuando el Protocolo del aborto no punible se publicó en el Boletín Oficial. En cuestión de horas, Macri lo derogó. En medio del escándalo por las inauditas idas y vueltas en una decisión de tal importancia, el ex presidente adujo que había sido una medida unilateral tomada por su secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, quien tuvo que dejar el gabinete de un gobierno que ya agonizaba.
Otra diferencia concreta entre una y otra gestión fue que Cultura, Salud y Ciencia, que había sido degradados a secretarías, recuperaron el estatus de ministerios. También se puso fin a la llamada 'doctrina Chocoba', con la que el macrismo justificó asesinatos por la espalda por parte de las fuerzas de Seguridad, y se suspendió la revisión aleatoria de documentos oficiales en trenes, estrategia que supuestamente servía para identificar a presuntos delincuentes, pero que en realidad fomentaba el racismo y la discriminación porque las personas elegidas solían responder siempre a un mismo perfil: jóvenes, morenos y humildes. En el plano cultural, el peronismo recuperó el Plan Nacional de Lectura que se había dado de baja en la gestión anterior.
La mayoría de estas decisiones ha sido impugnada por los sectores antiperonistas, pero la verdadera rebelión estalló en el plano económico. La semana pasada, Fernández convocó a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar una Ley de Emergencia Económica que permita paliar la crisis que dejó el macrismo con niveles récord de inflación, deuda, recesión y devaluación y un drástico aumento de la pobreza que ronda el 40% y que, en el caso de niños y adolescentes, alcanza al 60%. Las redes sociales se poblaron de inmediato de llamados a protestar frente al Congreso el próximo jueves para impedir que se trate la Ley que quiere el presidente.
La indignación se acrecentó el fin de semana, cuando el oficialismo confirmó una serie de políticas que remitieron de inmediato a los pasados gobiernos de Néstor Kirchner y de la hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como el regreso del "dólar turista", a través del cual los gastos realizados por argentinos en el exterior tendrán un impuesto extra del 30%, o la doble indemnización por despidos que intenta proteger a los trabajadores y que es rechazada por los empresarios.
Pero el tema que desató a pleno el odio antiperonista es el de unos impuestos a la exportación conocidos como retenciones y que se aplican a productos agropecuarios. Fernández los aumentó por decreto. En el caso de la soja, pasaron del 25,5% al 30%; para el maíz y el trigo, del 6,5% al 12%, y para la leche y la carne, del 4,5% al 9%.
Estos días han demostrado que los fanáticos no quieren saber de conciliación, ni de paciencia, ni de mesura. A diario, basta cualquier nuevo anuncio del gobierno para que los opositores macristas instalen como tendencias "jódanse" y "genios del voto"
El déjà vu fue inmediato. En 2008, la modificación del esquema de retenciones le valió al kirchnerismo su primera y decisiva gran crisis política. Las patronales agropecuarias se resistieron, hicieron marchas masivas, bloquearon rutas y tiraron toneladas de alimentos. Con el apoyo de la prensa antikirchnerista, romantizaron sus protestas. Fue bautizada como la lucha "del campo". La tensión escaló de tal modo que, después de que las retenciones fueran rechazadas en el Senado por el voto del entonces vicepresidente Julio Cobos, Fernández de Kirchner estuvo a punto de renunciar a la presidencia. Desde ese momento, la guerra entre el kirchnerismo con la prensa opositora, que era y sigue siendo la más influyente, fue total. Ahora, con Alberto Fernández, la disputa revivió. "El campo" volvió a las primeras planas y a los editoriales en horario estelar de radio y televisión para denostar al gobierno.
Lo curioso es que Macri ganó la presidencia en 2015 con el apoyo de esa misma prensa pero, cuando el fracaso de su gobierno se acentuaba y comenzó a aplicar medidas kirchneristas que tanto había criticado, como los controles al mercado cambiario y la aplicación de retenciones, no tuvo el nivel de rechazo que sí está encontrando Fernández. De hecho, la oposición más extremista ya convocó a un "cacerolazo" para el próximo miércoles en "repudio" al "autoritarismo" y "la impunidad" y a favor "del campo".
Presidente y ex presidente apostaron en las últimas semanas a cerrar la polarización que aquí se conoce como "la grieta". La transición fue ordenada, sin mayores disputas entre el gobierno entrante y el saliente, como sí ocurrió en 2015. Cuatro años más tarde, de manera sorpresiva incluso para los argentinos, que están acostumbrados a los pleitos entre su clase política, Macri y Fernández se mostraron juntos en una misa. Se abrazaron y sonrieron durante la ceremonia de traspaso de mando. Pero estos días han demostrado que los fanáticos no quieren saber de conciliación, ni de paciencia, ni de mesura. A diario, basta cualquier nuevo anuncio del gobierno para que los opositores macristas instalen como tendencias "jódanse" y "genios del voto".
Es su manera de regañar, burlarse o atacar a quienes votaron mayoritariamente por el peronismo. Y de vaticinar el fracaso absoluto de un gobierno que apenas lleva siete días en el poder. Si siguen así, los 1453 días que le restan a Fernández en la Casa Rosada se harán eternos.
El Presidente propuso al juez Rafecas como Procurador de la Nación
Daniel Rafecas tiene una extensa trayectoria en Comodoro Py. Con 32 años de trabajo en los Tribunales penales, pasó por todos los cargos de la carrera judicial y en 2004 fue designado en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3. Durante los últimos 15 años investigó delitos de lesa humanidad.
El juez federal Daniel Rafecas. Imagen: Pablo Piovano
El presidente Alberto Fernández propuso al juez federal Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación. El cargo, que se encuentra vacante desde la salida de Alejandra Gils Carbó, fue cubierto de manera interina por Eduardo Casal. Para que se dé su aprobación, el Gobierno dependerá del apoyo de la oposición, ya que deberá contar con mayoría especial -dos tercios de los presentes- en la Cámara de Senadores.
La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, confirmó la designación anoche durante la cena anual de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. “El Poder Ejecutivo enviará, en breve al Senado, el pliego del juez federal Daniel Rafecas, para ocupar el cargo de Procurador General de la Nación”, manifestó.
Losardo destacó “la importancia de la independencia del Poder Judicial” y sostuvo que “trabajaremos en forma conjunta parar realizar aquellas modificaciones de fondo y de forma que requiere la ciudadanía y el ejercicio de Justicia”.
De 52 años, casado y con dos hijos, Rafecas tiene una extensa trayectoria en Comodoro Py. Con 32 años de trabajo en los Tribunales penales, pasó por todos los cargos de la carrera judicial hasta que en 2004 fue designado en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3. Durante los últimos 15 años su labor estuvo enmarcada en investigar delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura cívico-militar; de hecho, fue quien dispuso la orden de detención contra Jorge Rafael Videla.
Su trabajo en esa materia fue reconocido por la comunidad internacional. Es un experto en estudios sobre el Holocausto. Se especializó en el tema en centros de estudio de Alemania, Francia, Estados Unidos e Israel. Publicó el ensayo "Historia de la Solución Final" en Siglo XXI Editores. Recibió numerosos premios, diplomas y distinciones a lo largo de su carrera profesional, entre ellos en el año 2012 el premio de la DAIA-AMIA "por su compromiso con la memoria de la Shoá, la Promoción de la Diversidad y la defensa indeclinable de los Derechos Humanos"
Félix Crous estará a cargo de la Oficina Anticorrupción
Félix Crous. Imagen: Bernardino Avila
El presidente Alberto Fernández anunció que el fiscal Félix Crous, extitular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), estará a cargo de la Oficina Anticorrupción. Crous tuvo una activa participación en los juicios por delitos de lesa humanidad y en el ministerio público fiscal de la mano de la exprocuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó. Será el sucesor de Laura Alonso, actualmente procesada por su rol al frente de este organismo.
"He propuesto el cargo a Félix Crous, el fiscal, que aceptó. Vamos a hacer que la Oficina deje de depender de Presidencia y que opere con autarquía y autonomía, y que se sienta libre para hacer lo que tenga que hacer", señaló Alberto Fernández en su diálogo con Telefé.
Hace dos años, en diciembre de 2017, había sido desplazado por el Gobierno de Cambiemos de la titularidad de la Procuvin. Además de su actividad junto a la demonizada Gils Carbó, y su participación en la aún más demonizada Justicia Legítima, Crous intervino también en el inicio de la investigación sobre la desaparición de Santiago Maldonado, lo cual generó las críticas del Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, y de la cadena de medios privados afines al gobierno de Cambiemos.
Tiene una larga trayectoria judicial. Como fiscal de los Juicios por la Verdad, en la época en que la posibilidad de llevar al banquillo a los responsables de la última dictadura cívico-militar estaba obturada por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, fue quien realizó la denuncia que dio origen a la causa contra el capellán de la policía bonaerense, Christian von Wernich. Una vez reabierta la posibilidad de justicia por la anulación de esas leyes, y su declaración de inconstitucionalidad, el capellán policial fue condenado a prisión perpetua por su participación en homicidios y secuestros en el circuito Camps.
Integrado a la estructura de la Procuración General, Crous estuvo a cargo también del área especial de lucha contra la narcocriminalidad y el narcotráfico. Durante su gestión se logró desactivar una banda narco en Rosario producto de un operativo conjunto entre las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.
En el campo de los juicios por los crímenes de Lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, su última participación destacada, en mayo de este año, fue en el cuarto juicio por los hechos sucedidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Fue el fiscal encargado de presentar los argumentos de la acusación y de pedir la pena máxima a los represores.
Alberto Fernández se reunió con los gobernadores y acordaron suspender el pacto fiscal
A excepción del mandatario de Tierra del Fuego, quien asume esta tarde, el Presidente logró la asistencia completa de los gobernadores. En el encuentro se dispuso suspender hasta diciembre de 2020 el acuerdo firmado en 2017 por Macri y 19 mandatarios provinciales. Se suspenden los juicios contra el Estado nacional.
El Presidente Alberto Fernández se reunió en la Casa de Gobierno con los gobernadores provinciales y el Jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Durante el encuentro decidieron suspender el pacto fiscal celebrado por el macrismoy postergar todos los compromisos fiscales previstos para este año
De esta manera, todas las facultades que se les habían quitado a las provincias se devolverán con el fin de fortalecer "las autonomías provinciales a través de la modificación de los compromisos asumidos entre el Estado nacional y las jurisdicciones".
El pacto fiscal suspendido esta mañana había sido firmado en 2017 por el expresidente Mauricio Macri y 19 mandatarios provinciales.
Uno de las claves de la medida es la suspensión de la rebaja del Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB), de modo que las empresas que producen en el país deberán pagar la misma alícuota en 2020 que la de este año. Además se suspenden los juicios contra el Estado.
De la audiencia, que se realizó en el Salón Eva Perón, participaron también el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
Estuvieron presentes los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; Catamarca, Raúl Jalil; Chaco, Jorge Capitanich; Chubut, Mariano Arcioni; Córdoba, Juan Schiaretti; Corrientes, Gustavo Valdés; Entre Ríos, Gustavo Bordet; y Formosa, Gildo Insfrán. También participaron los mandatarios provinciales de Jujuy, Gerardo Morales; La Pampa, Sergio Ziliotto; La Rioja, Ricardo Quintela; Mendoza, Rodolfo Suárez; Misiones, Oscar Herrera Ahuad; Neuquén, Omar Gutiérrez; y Río Negro, Arabela Carreras. Concurrieron los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz; San Juan, Sergio Uñac; San Luis, Alberto Rodríguez Saá; Santa Cruz, Alicia Kirchner; Santa Fe, Omar Perotti; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Tucumán, Juan Manzur; y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.
El único gobernador ausente fue el de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, quien asume esta tarde.
Los anuncios económicos de Martín Guzman, uno por uno
El ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó las nuevas medidas económicas. Imagen: Joaquín Salguero
El ministro de Economía Martín Guzmán presentó el proyecto de ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, que ingresó esta mañana a la Cámara de Diputados. Según las propias palabras del funcionario, el proyecto es el primer paso “para resolver la crisis social y economía que atraviesa” el país, con graves indicadores de pobreza, indigencia y una situación crítica con respecto al hambre.
Guzmán planteó que el conjunto de medidas tiene como prioridad “proteger a los sectores de mayor vulnerabilidad al mismo tiempo que reestablece los parámetros macroeconómicos”. “Buscamos que la Argentina deje de caer mientras protegemos a aquellos a quienes no les podemos pedir más esfuerzo”, apuntó el ministro.
Las definiciones de Guzmán y sus principales precisiones sobre las medidas:
Jubilaciones
-“Lo que se hizo con los jubilados es grave. Ahora tenemos un sistema que necesitamos cambiar porque no funciona. Desprotege al país”.
-“Nos tomaremos 180 días para reemplazar un sistema pensado para una economía que iba despegar y sostener niveles altos de crecimientos por otra que tiene que ser razonable”.
-“Habrá un bono adicional para quienes perciben un solo haber mínimo, tomando recaudos para que no se modifiquen las escalas. Serán dos pagos de 5.000 pesos, uno en diciembre y otro en enero”.
Dólar e impuestos
-“En el año 2007 se sancionó una reforma pensada para una economía que iba a crecer y la economía no creció. Si no hacemos nada los problemas fiscales se van a agravar”.
-“No podemos permitir que el déficit crezca, no tenemos cómo financiarlo y no vamos a recurrir a la emisión monetaria. Sería desestabilizante”.
-“Se va a gravar la tenencia de activos financieros de argentinos en el exterior pero con incentivos para que esos activos vuelvan".
-“Eliminamos el impuesto que grava al ahorrador en activos en pesos“.
-"Necesitamos desalentar el ahorro en una divisa que no producimos, que son los dólares.
Se aplicará un impuesto de 30 por ciento a la compra de divisas
. El 70 por ciento de ese impuesto será destinado a financiar la seguridad social. El otro 30, para la vivienda solidaria"
Tarifas
-“El esquema del gobierno anterior agravó mucho la situación de la gente y de las empresas”.
-“Necesitamos un nuevo marco general integral. Proponemos un plazo de 180 días para cambiar el esquema tarifario y que tenga un balance adecuado entre los objetivos de protección social y las condiciones que fomenten la inversión en energía”.
-“Se mantiene la postergación por ese mismo plazo de los aumentos tarifarios”.
Deuda Pública
-“Pedimos facultar al Poder Ejecutivo para llevar adelante las gestiones necesarias para recuperar la sostenibilidad de la deuda pública incluida la externa, que tuvo un brutal aumento durante la gestión anterior”.
-“Cuando un país aumenta tanto sus niveles de deuda pero no utiliza esa deuda para invertir en su matriz productiva pasa lo que nos pasa ahora. Tenemos un descalabro económico y social”.
-“Y si no sacamos al país de esa situación y forzamos algo insostenible, como es pagar niveles de deuda imposibles, la situación se agrava. Por eso necesitamos una política pública de deuda que esté alineada con el objetivo de la recuperación económica”.
-“La Argentina que se pone de pie sí genera capacidad de repago para hacer frente a los compromisos”.
El cargo del 30 por ciento se aplica a servicios de streaming de firmas del exterior, y para todo consumo en dólares con la tarjeta
Con el dólar turista, ¿se pagará el adicional por Netflix y Spotify?
El dólar tarjeta subirá a 82 pesos. El objetivo principal de la medida es proteger las reservas del Banco Central, pero además se formentará el turismo local y la generación de empleo.
El impuesto de 30 por ciento que anunció el gobierno el fin de semana alcanzará a todos los pagos por compras en moneda extranjera realizados con tarjeta de crédito. Por lo tanto, no sólo se aplicará a los consumos en el exterior sino también a servicios online como Netflix, Spotify y Airbnb. El llamado dólar tarjeta se ubicará en torno a los 82 pesos, si se le aplica el 30 por ciento al dólar oficial, hoy en 63 pesos.
“Los sectores que tienen la capacidad de hacer un viaje al exterior van a tener un tributo, que también se aplicará a la compra de pasajes que estén en dólares o en servicios como Netflix”, afirmó el fin de semana Santiago Cafiero, jefe de Gabinete.
El anuncio generó una catarata de consultas de los consumidores. Desde el Banco Central indicaron a PáginaI12 que no será este organismo el encargado de realizar la regulación, sino que la competencia recaerá en el Poder Ejecutivo. Los detalles se conocerán este martes cuando el gobierno presente el proyecto de ley de Solidaridad y Reactivación Económica.
“El proyecto debería aclarar que el impuesto es para compras en comercios domiciliados fuera de Argentina, sin importar la moneda de venta”, indicó a PáginaI12 Ariel Setton, economista especializado en medios de pago. “Si la compañía es extranjera pero hace onshoring, no debería aplicar”, agregó. Es decir, el tributo no aplicaría a compañías multinacionales que presten el servicio desde Argentina.
Por ende, el impuesto aplica a servicios como Netflix, Spotify o Airbnb, más allá de que puedan tener oficinas en Argentina, dado que el servicio se brinda desde el exterior. Esto va más allá de la moneda en que se cobre. Pagarán el tributo los usuarios de Netflix, por más que la tarifa esté en pesos. Queda definir si el 30 por ciento es sobre el precio final, dado que las tarifas incluyen 21 por ciento de IVA. En caso de que así sea, el plan básico de Netflix pasaría de 179 a 233 pesos; el plan standard de 269 a 350 pesos y, el plan premium, de 369 a 480 pesos. Lo mismo ocurre con Spotify. El plan individual pasaría de 99 a 129 pesos y el familiar de 149 a 194 pesos.
También el tributo recaerá en servicios de alojamiento como Airbnb. Por más que tenga oficinas en Argentina y la contratación sea para un alojamiento en algún destino del país, dado que la facturación se hace con tarjeta a través de las empresas en el exterior, y no mediante los dueños de las propiedades de alojamiento. Por las sucesivas devaluaciones, la compañía dejó de aceptar pagos en pesos y hasta exhibe sus tarifas directamente en moneda extranjera, aun cuando se trata de un departamento en Mar del Plata.
Apenas el usuario ingresa al sitio web, se muestra un cartel que indica que los términos de pago fueron actualizados y exige que sean aceptadas las nuevas políticas para utilizar sus servicios. A través del servicio de atención al cliente, desde AirBnb explican que este cambio debió ser implementado "luego de varios inconvenientes, ya que algunos bancos dolarizaban la tarifa y otros no, por lo que se decidió quitar el peso argentino de la plataforma".
Con estas modificaciones estarán alcanzados otros servicios provistos desde el exterior, como servicios de almacenamiento estilo Dropbox o iCloud de Apple, aplicaciones en Google Play o iOS, videojuegos, plataformas de streaming, antivirus, plataformas de compras como Amazon o Ebay, entre otros. “Más allá de que puede perjudicar al consumidor, lo más importante no es Netflix, sino la pérdida de competitividad de los profesionales que compran insumos para trabajar, como suscripciones a software”, opinó Romina Gaya, economista especializada en comercio y servicios basados en el conocimiento. “Armar un listado de servicios excluidos es muy difícil porque hay herramientas de trabajo que pueden ser generalizadas como el uso de Google Drive, pero otras son muy específicas”, agregó. Las discriminaciones que podrían realizarse son entre bienes y servicios o rubros de comercio, pero no por locación de compra.
Cabe aclarar que el tributo no aplicará en servicios de mensajería como Glovo. Desde la compañía dijeron a PáginaI12 que proveen los servicios localmente dado que en su desembarco Glovo España compró una empresa local.
El objetivo de la medida es proteger las reservas del Banco Central. “Las compras con tarjeta en el extranjero se pagan con dólares del Central, que hay que cuidarlos mucho porque tenemos un virtual default. Con el reperfilamiento se pateó deuda de este año para el que viene y hay una herida muy fuerte con respecto a la deuda externa. Necesitamos recaudar esa diferencia entre el gasto con tarjeta que después se paga en pesos aquí y los dólares que terminan saliendo del Banco Central”, indicó el Jefe de Gabinete.
Una de las externalidades de esta imposición será el fomento al turismo local, generador de empleo en diversas ciudades del país. “No hay que prohibirle a nadie que viaje o compre lo que quiera. Pero es importante que el que tenga capacidad de comprar en el extranjero haga un aporte a los sectores más postergados”, indicó Cafiero.
Dos voluntarias que solo comían alimentos de la canasta básica debieron abandonar el experimento
Una investigación busca conocer qué produce en el organismo ingerir únicamente alimentos de la canasta que usa el Indec para medir pobreza. A tres meses, dos mujeres sufrieron varios trastornos.
Dos voluntarias que comieron durante tres meses alimentos de la canasta básica alimentaria que utiliza el Indec para medir pobreza dejaron de hacerlo para evitar problemas de salud. A 90 días de iniciado elproyecto en el que investigadores cordobeses y un grupo de voluntarios buscan saber qué efectos tiene alimentarse con la canasta que consumen millones de pobres en el país, dos de los participantes abandonaron el experimento. Aumento del colesterol y de los triglicéridos, baja de las vitaminas y de peso, alteración del ciclo menstrual, trastorno del sueño, cambio en la sudoración, sensación de deshidratación constante y mal humor son algunos de los síntomas que presentan los participantes. “Bajaron de peso, una de ellas dejó de menstruar, y le dieron mal los estudios de laboratorio comprometiendo la salud”, dijo el investigador de Conicet Martín Maldonado, responsable del proyecto Czekalinski y uno de los que ponen el cuerpo en la investigación.
El proyecto que busca poner en agenda pública cómo se mide la pobreza en la Argentina y abolir la canasta básica para reemplazarla por las GAPA, (Guías Alimentarias de la Población Argentina, recomendada por el Ministerio de Salud de la Nación) sufrió la baja de dos de sus voluntarias: Florencia Demarchi y Claudia Albrecht.
Ambas integraban el grupo de nueve voluntarios que deben arreglárselas para alimentarse durante seis meses --con 3000 pesos por mes las mujeres y 4000 los hombres-- con los 58 alimentos que integran la canasta básica, conformada por muchos hidratos de carbono, pocas proteínas y poca fibra. Es decir, mucha papa, fideos, arroz, pan, y poca verdura y frutas.
El estudio cuenta además con otros dos grupos de voluntarios: uno que se alimenta con la GAPA, y otro, el denominado grupo control, que no varió su alimentación habitual.
Maldonado, politólogo especializado en pobreza y políticas sociales, explicó a Página/12 que “una de ellas bajó 5 kilos y la otra 3. Una dejó de menstruar. Y los estudios de sangre dieron mal. Se registraron aumentos de colesterol, triglicéridos, insulina y la baja de magnesio y la vitamina B12. A mí me subieron los triglicéridos por encima del límite máximo, algo que nunca me había pasado. Me cambio la sudoración, estoy constipado de tanto comer arroz y fideos, y estoy de mal humor y con sensación de deshidratación constante. Hay que tener en cuenta que comemos cantidades mínimas y de los alimentos más baratos disponibles en góndola". En cambio, señaló que “los que se alimentan con la GAPA bajaron de peso también pero están superbien. Comen bien, duermen bien y mejoraron los resultados de laboratorio: les bajó el colesterol y los triglicéridos y les aumentó la vitamina B12”.
En tanto Albrecht, que es nutricionista, contó a este diario que “inicié la investigación en septiembre con un peso saludable, que fue disminuyendo en mayor medida en el primer y segundo mes. A pesar de que en las últimas semanas este peso se estabilizó, el descenso de peso total me ponía en un límite más cercano al bajo peso. Si bien esto era un criterio de exclusión del estudio, no fue el único determinante para bajarme del proyecto. En mi caso, la decisión estuvo particularmente determinada porque me resultaba inviable, por tiempos, y por aspectos más vinculados a lo emocional que a lo físico darle continuidad a la investigación”.
“Remarco esto porque si bien son muchos los indicadores bioquímicos y antropométricos que se modificaron en estos tres meses, aún resta el procesamiento, análisis e interpretación exhaustiva de los mismos, con lo cual arriesgar conclusiones que no son concluyentes sería imprudente y apresurado”. “Sin embargo, lo que sí está claro y no requiere de mayor profundización es el hecho de que limitarte a un listado de alimentos, no poder decidir qué, cuánto y cuándo comer vulnera el derecho a la alimentación y te afecta emocionalmente, independientemente de que no pases hambre o que puedas, valiéndote de otros recursos, combinar esos alimentos de forma tal que rindan hasta fin de mes”.
Con relación a la baja de peso explicó que “el descenso inicial se debe particularmente a los cambios de hábitos abruptos que implican pasar de una alimentación libre a una restringida tanto en cantidades como en tipo de alimentos. En los últimos meses considero que se suma un factor emocional, en el cual uno prefiere pasar horas sin comer antes que comer esos alimentos que tiene disponibles y que no resultan atractivos (como por ejemplo pan solo). Obviamente esto en una situación de hambre real, fisiológico, obligaría a consumirlos igual e incluso reemplazar los pocos alimentos de mejor calidad nutricional, por otros más 'llenadores'”.
En cuanto a cómo se sintió durante investigación con las restricciones alimentarias sostuvo que “las sensaciones fueron mutando, quizás el primer mes fue de una sensibilidad mayor porque te hace presente todo el tiempo a ese otro que no tiene opción y que vive en situación de pobreza real, y que si bien uno no es ajeno a eso, este proyecto te hace cuestionar todo el tiempo y pensar la problemática todo el día”. “Después del primer mes, también pasás por los enojos, las frustraciones, las broncas que te genera no poder elegir qué comer. Además, estuve muy cansada, porque pensar todo el tiempo en comida y pensar qué estrategias implementar para llegar a fin de mes, supone una carga mental extra que se suma a los problemas personales o laborales que cada uno trae”.
Esta dependencia cultural impacta directamente en la economía. Y sorprende y confunde por las múltiples cotizaciones y denominaciones que se imponen: desde dólar solidario, blue y turista, al dólar futuro, bolsa, contado con liquidación y Banco Nación.
Cada uno tiene precios y mecanismos diferentes de adquisición. Es un complejo mercado cambiario no apto para despistados.
Basta que el gobierno de turno anuncie controles a la compra y venta de divisas, o que asegure que no habrá devaluación, para que se dispare la ansiedad por conseguir la moneda estadounidense, aunque sea a un precio caro, en mercados formales e informales.
La sicosis es permanente y se acrecienta en tiempos de crisis económica, como los de ahora. El expresidente Mauricio Macri le heredó a Alberto Fernández un combo explosivo que incluye recesión, inflación, devaluación, empobrecimiento y una multimillonaria deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que Argentina debe pagar en dólares que no tiene.
Cecilia González, escritora y periodista.
El expresidente Mauricio Macri le heredó a Alberto Fernández un combo explosivo que incluye recesión, inflación, devaluación, empobrecimiento y una multimillonaria deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que Argentina debe pagar en dólares que no tiene.
De ahí que los esfuerzos del presidente peronista para equilibrar la maltrecha economía incluyan llamados a que los ciudadanos terminen con la práctica de ahorrar en dólares. Son recursos superiores a los 300.000 millones de dólares que se mantienen inactivos porque están guardados en cuentas en el exterior o en los hogares argentinos. Sí, en efectivo. Así es la desconfianza en el sistema bancario y en el político.
Para desalentar esta práctica, Fernández impuso un recargo del 30% a la compra de la divisa con fines de atesoramiento ("dólar ahorro") y a las compras que se realicen en el extranjero ("dólar turista"), ya sea billetes de avión, hoteles y todo tipo de consumo en otros países, hasta la suscripción dolarizada de plataformas digitales.
La prensa bautizó este nuevo mecanismo como "dólar solidario", en referencia a la Ley de Solidaridad Social, que incluyó un paquete de medidas económicas de emergencia propuestas por el presidente y aprobada por el Parlamento. Hoy, este dólar cotiza en 81,90 pesos.
Pero también está el "dólar Banco Nación", que cuesta 63 pesos y que promedia la cotización oficial de la entidad estatal y del resto de los bancos privados. En realidad es un precio prácticamente inconseguible, porque se le debe implementar el 30% de recargo aplicado por el nuevo gobierno. Además, hay un tope. Cada persona sólo puede comprar un máximo de 200 dólares mensuales.
El "dólar blue" es la estrella del mercado negro, ilegal o paralelo, y hoy vale 77 pesos. Lo ofrecen los "arbolitos", personas que, paradas en las calles del centro de Buenos Aires, gritan "¡cambio, cambio!" para atraer a clientes interesados en comprar la divisa en montos mayores a los permitidos, aunque el precio sea más alto que el oficial. Para ello, son llevados a las "cuevas", oficinas muchas veces lúgubres, semi escondidas en los cientos de edificios de oficinas de "la city" porteña, ubicada en los alrededores de la Plaza de Mayo, y que es el corazón financiero del país.
Un turista ni siquiera lo piensa: si va a una casa de cambio legal, le darán 58 pesos por cada dólar, pero si lo hace en una "cueva", obtendrá 71,50 de la moneda local.
Otras opciones son el "dólar contado con liquidación", operación que permite cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, a través de la compra y venta de acciones o títulos de deuda, o el "dólar bolsa", que se obtiene mediante la compra de bonos en pesos que se pueden revender en divisa estadounidense durante una misma jornada y que también es conocido como "dólar MEP", por las siglas del Mercado Electrónico de Pagos.
El "dólar futuro", por otro lado, se basa en los acuerdos que establecen dos agentes financieros para calcular el precio de compra y venta de la divisa en un lapso determinado, siempre a partir de la especulación de lo que puede valer una vez concluido el plazo.
Ninguna de estas tres alternativas paga el 30 % de recargo del "dólar solidario", pero son operaciones más complicadas para el ciudadano de a pie, argentinos que, por más llamados que haga el presidente de turno, no van a dejar de buscar alternativas para comprar divisas.
La dependencia con el dólar tiene una larga historia, ya que el ahorro en esta moneda es el único refugio que los argentinos han encontrado ante sus intermitentes crisis económicas.
En 1975, un ajuste provocó que la inflación aumentara más del 700 % anual. En 1989 fue todavía peor. Padecieron una hiperinflación superior al 3.000%, con jornadas caóticas, saqueos a supermercados y reetiquetación de precios durante un mismo día. En los 90, la subordinación de la moneda argentina se consolidó cuando el gobierno de Carlos Menem decretó que un peso valía igual que un dólar, ficción que no se sostenía con las condiciones económicas del país y que terminó en una grave crisis, con muertos incluidos, en diciembre de 2001. La crisis marcó el fin anticipado del presidente Fernando de la Rúa, quien sólo pudo cumplir dos de los cuatro años para los que había sido elegido.
Frente a cada uno de estos episodios, quienes podían compraban dólares para proteger sus ahorros. Aun así, fueron estafados con el "corralito" que estableció el gobierno de De la Rúa durante sus últimos días y que limitó la extracción de las cuentas de ahorro. "El que depositó dólares, recibirá dólares", prometió más tarde el presidente interino Eduardo Duhalde. En realidad, quienes depositaron dólares recibieron pesos en bonos que se pagaron en plazos de varios años.
Aunque la convertibilidad que igualaba al peso con el dólar terminó en 2002, la desconfianza hacia los bancos y a los gobiernos persistió tanto como las prácticas que todavía hoy tienen al dólar y no al peso como moneda de referencia, en particular las propiedades que se tasan en divisa estadounidense. El mercado inmobiliario siempre es de los primeros afectados por las crisis porque las ventas se paralizan, ya que cada centavo que aumenta, la divisa incrementa de manera automática el valor de la propiedad y desalienta a los compradores.
Cecilia González, escritora y periodista.
La desconfianza hacia los bancos y a los gobiernos persistió tanto como las prácticas que todavía hoy tienen al dólar y no al peso como moneda de referencia, en particular las propiedades, que se tasan en divisa estadounidense.
En 2011, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien padeció nueve corridas bancarias de especuladores que impulsaban devaluaciones, aplicó una serie de controles al mercado cambiario que la prensa bautizó como "cepo", aunque en estricto sentido este no existía porque sí había alternativas para comprar la moneda estadounidense.
Entre más controles se impusieron, mayor fue la compra del "dólar blue" o ilegal, que llegó a costar incluso un 70 % más que el dólar oficial, que era mucho más barato, pero de difícil acceso porque se debían cumplir trámites ante las autoridades fiscales. Fue en esa época que aparecieron los variados y confusos nombres de la divisa como dólar ahorro, dólar bolsa, dólar turista o dólar tarjeta.
Más tarde, una alta inflación que jamás fue reconocida por el kirchnerismo, conflictos con el pago de la deuda, los controles confusos, el permanente temor a una crisis económica y las elecciones presidenciales formaron una mezcla que, otra vez, llevó a miles de argentinos a refugiarse en el dólar.
Desde 2011 a 2015, cuando Fernández de Kirchner terminó su segundo mandato, el dólar oficial aumentó su precio de 4,20 a 9,90 pesos, mientras que el ilegal se disparó de 4,80 a 14,60 pesos.
Cecilia González, escritora y periodista.
Cuando Macri asumió la presidencia, cumplió su promesa de terminar con el "cepo". En un solo día, el dólar oficial pasó de 9,9 a casi 15 pesos. El papel de la prensa más influyente fue decisivo, ya que, a diferencia de lo que habían hecho durante el kirchnerismo, no azuzaron sicosis alguna.
Cuando Macri asumió la presidencia, cumplió su promesa de terminar con el "cepo". En un solo día, el dólar oficial pasó de 9,9 a casi 15 pesos. El papel de la prensa más influyente fue decisivo, ya que, a diferencia de lo que habían hecho durante el kirchnerismo, no azuzaron sicosis alguna.
El modelo macrista, sin embargo, fracasó. Las inversiones que esperaba gracias a la confianza que creía que los mercados tenían en su gobierno, nunca llegaron. Tampoco la recuperación económica. Al final de su gestión, restringió la venta de divisas. En una nueva variante del "cepo", estableció, por decreto, que había que pedir autorización al Banco Central para comprar dólares con un tope de 10.000 dólares al mes. El monto se redujo luego a sólo 200 dólares. Fue una derrota para él, ya que tuvo que aplicar una de las medidas kirchneristas que tanto había criticado.
Así, Macri recibió un dólar oficial a 9,90 pesos y lo entregó en 63,30 pesos. La devaluación durante su gobierno fue aguda y persistente, a pesar de que en varias ocasiones prometió que lo peor ya había pasado.
Ahora, Alberto Fernández se encuentra con el reto de normalizar al mercado cambiario, evitar más fuga de capitales, conseguir financiamiento e inversiones, cumplir los compromisos con el FMI y lograr que volatilidad, crisis, sicosis, incertidumbre, temor y desconfianza dejen de ser palabras asociadas de manera permanente con el dólar, esa gran obsesión argentina.
Alberto Fernández niega que la decisión de expropiar una empresa agrícola sea de Cristina Kirchner y califica la medida de "excepcional"
Publicado:
Ricardo Moraes / Reuters
El presidente argentino, Alberto Fernández, señaló este martes en Radio con Vos que la decisión de expropiar la empresa cerealera Vicentín no fue una idea de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y añadió que se trata de una medida "absolutamente excepcional" para garantizar que la empresa siga activa y preservar los puestos de trabajo.
En concreto, indicó que la disposición surgió en un diálogo con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. A su vez, reiteró que esta no será una política de Estado frecuente: "No está en la cabeza de ninguno de nosotros andar expropiando empresas". También expresó que la administración pública "no se puede hacer cargo de la economía privada", pero sí de "una situación como esta".
Vicentín es una de las principales agroexportadoras del país sudamericano, y contrajo una deuda por 1.350 millones de dólares, donde se destacan créditos del Banco Nación durante el Gobierno de Mauricio Macri. Así, desde la compañía declararon el "estrés financiero" al no poder afrontar los pagos. Según sospechan las autoridades, al menos 270 millones de dólares se habrían prestado de modo irregular desde la banca nacional.
"El Gobierno se hace cargo de una empresa en quiebra"
Ante este escenario, durante la entrevista radial el jefe de Estado aclaró que el Gobierno "se está haciendo cargo de una empresa en quiebra, no de una empresa próspera".
Tras la medida anunciada en la noche del lunes, muchos comunicadores compararon la situación de Argentina con Venezuela, e incluso se insinuó que el país del Cono Sur va directo hacia el socialismo. "A mí no me da vergüenza decir que soy un capitalista. Pero cuando el capitalismo se volvió financiero, se quedó sin contenido ético", indicó Fernández durante el reportaje.
También insistió: "No hacemos esto para salvar accionistas, hacemos esto para salvar una empresa".
El líder peronista repasó que en el caso de otras firmas alimenticias que tienen dificultades, como SanCor y Cresta Roja, se brindó otro tipo de asistencia, sin éxito: "Hubo auxilios financieros que no terminaron bien ni lograron los objetivos que se habían planteado".
De esta forma, el Estado pasa a obtener el 51 % de la compañía, siendo ahora su accionista mayoritario. Esta situación también se generó cuando el Gobierno expropió la compañía petrolera YPF a la española Repsol, para ser administrada nuevamente por las autoridades locales.
Durante el anuncio del lunes, que generó reacciones encontradas, Fernández sostuvo el motivo de la determinación: "Que los pequeños productores puedan seguir contando con una empresa a la que venderle lo que ellos producen".
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