Alrededor de un millón de personas, según la Guardia Urbana, llenaron ayer la Diagonal de Barcelona, entre la plaza de las Glòries y el Palau Reial, para participar en la jornada del Onze de Setembre anunciada bajo el lema “Fem la república catalana”. Fue esta la séptima manifestación consecutiva de la Diada en inequívoca clave independentista. Y, como las anteriores, acreditó el músculo del soberanismo, su capacidad de movilización y el civismo de los manifestantes. Un civismo –queremos subrayarlo– a prueba de provocaciones y refractario a propuestas extremistas. Así pues, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) redondeó un nuevo evento que, pese a sus similitudes con los de años anteriores, tuvo sus toques coreográficos particulares y volvió a atraer a soberanistas de toda Catalunya, llegados a Barcelona a bordo de distintos medios de transporte, entre ellos unos 1.500 autocares, según la ANC.

La manifestación del Onze de Setembre de este año ha estado marcada por la reivindicación de libertad para los políticos que siguen en prisión preventiva por haber quebrantado el orden constitucional hace ahora un año. También por la petición de regreso para los que prefirieron eludir la acción de la justicia y afincarse en el extranjero. Pese al lema de la marcha de ayer, mencionado en el primer párrafo, la defensa de la república y de la independencia no tuvieron más protagonismo que el mensaje de solidaridad con presos y expatriados.

Es algo comprensible. La libertad de los presos no es un anhelo privativo de los soberanistas. Lo comparte buena parte de la sociedad catalana, que considera excesiva la duración de la prisión preventiva aplicada a los presos, y que aplaudiría una revisión de los cargos que se les imputan. Incluso Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores, que ha destacado por su firmeza ante el unilateralismo, aseguró ayer que preferiría ver a los encarcelados en la calle. Tiene razón Borrell. Como la tienen todos los demás partidarios de la libertad de los presos. Y no sólo por el bien de ellos y los suyos. También porque su liberación contribuiría a destensar la situación y, más importante todavía, a trabajar en pos de una solución política a un conflicto que ha dividido a la sociedad catalana, ha tenido un alto coste económico y compromete seriamente el futuro colectivo.

La Diada de 2018 ya es historia. En su haber podemos añadir, además de lo dicho hasta aquí, que se celebró en un clima acaso más sosegado que el del año anterior. En el 2017, por estas fechas, el ambiente político, tras las aciagas jornadas parlamentarias del 6 y el 7 de septiembre, y en vísperas del referéndum ilegal del 1 de octubre, era considerablemente más caldeado.

Son ya siete manifestaciones del Onze de Setembre por la independencia, todas masivas. Sin duda, un motivo de orgullo para sus convocantes y para sus participantes. Pero no es ocioso recordar que a menudo se afirma en ellas, también en la de ayer, que la independencia está a la vuelta de la esquina. Pese a que la realidad se ha encargado de desmentir, hasta la fecha, esa pretensión. Entre otras razones, porque el independentismo no dispone de una mayoría suficiente para imponer su criterio. Y porque las soluciones unilaterales, como bien saben quienes están en la cárcel o en el extranjero, no van lejos ni conducen al puerto previsto.

Los despliegues callejeros cohesionan al independentismo. Pero hay que buscar soluciones más allá. Esto lo saben, y lo comparten, aunque no siempre en público, una mayoría de independentistas. Como sabe ahora el Estado que ya no es posible mirar a otro lado cuando el soberanismo expone sus reclamaciones. Tales soluciones sólo pueden buscarse con diálogo y respeto mutuo. Es decir, sin descalificaciones como las pronunciadas ayer por Aamer Anwar, letrado de la exconsellera Ponsatí, que tildó a España de “dictadura fascista”. No es ese el camino. Tras siete Diades vibrantes, pero sin los frutos prometidos, es hora de aparcar los reproches y avanzar por la vía del diálogo (ayer apuntalada por el PDECat y el PSOE), con sinceridad y voluntad constructiva, sabiendo que el maximalismo es mal consejero, y que sin concesiones por ambas partes no habrá progreso para todos los catalanes.