“Un millón de créditos hipotecarios a 30 años. Eso prometió el candidato Mauricio Macri en las elecciones presidenciales de 2015 en Argentina. Una vez en el poder, Macri se puso manos a la obra, se alió con los bancos y logró que, por ejemplo, en 2017 las ventas de viviendas aumentaran un 40 por ciento. Lo que muchos llamaron un “boom inmobiliario” es hoy motivo de preocupación para los miles de argentinos que se endeudaron en ese momento, cuando la tasa de interés de referencia en Argentina era del 26 por ciento. Ahora que esa tasa es del 60, el esquema de crédito se va a modificar y dejará en el limbo a quienes acudieron al llamado prometedor de Macri. Ningún otro país en el mundo tiene una tasa de interés como Argentina. Las siguientes más altas son las de Surinam (25%), Venezuela (22%) y Haití (20%)”. (Artículo de la BBC Mundo)
En este episodio de Keiser Report, Max y Stacy hablan de la inminente crisis financiera anunciada por The New York Times y de cómo ambos llevan años advirtiendo que la fracturación hidráulica carece económicamente de sentido… por más que economistas como Paul Krugman crean que es buena para la economía. En la segunda parte, Max entrevista a Wolf Richter, de WolfStreet.com, sobre Argentina, que recientemente ha emitido un bono a cien años, que supondrá el desplome definitivo de su economía.
"Si bien la inflación es un acontecimiento monetario, una hiperinflación ya es más bien un asunto político, porque se produce cuando la gente pierde la confianza en las fuerzas políticas", señala Max Keiser, poniendo como ejemplo a Venezuela y también a Argentina, donde "ahora se observan movimientos de tipo hiperinflacionario" en la moneda nacional.
Tras emitir un bono a 100 años, el Gobierno argentino prácticamente ha dictado "la propia sentencia de muerte", lo que "en cierto modo es bonito", porque se asemeja a "la Grecia original, o el 'Brexit' original" o cualquier otro país que comete "un suicidio financiero": "está volviendo a pasar y es precioso", cree Max.
"Argentina es un país ocupado por banqueros corruptos de Wall Street", sostiene el presentador, quien opina que Estados Unidos utiliza a Argentina "para pasar deuda mala" y dejarla en situación de deuda imposible de pagar, con lo cual "Argentina lleva siendo un Estado vasallo desde hace casi 40 años, desde que acabaron derrotados en la Guerra de las Malvinas".
Personalmente, Max Keiser no cree que Buenos Aires se vaya a recuperar por endeudarse desde los años 80 ―"con George Bush padre y ciertos actores en Wall Street como el Citibank"― "de una forma que jamás podría pagar" y quedarse "sin nada que generase ingresos".
Seis prefectos recibieron penas de ocho a diez años y medio de prisión por torturar y realizar simulacros de fusilamiento a dos jóvenes de la Villa 21-24 de Barracas. Es la primera condena a miembros de fuerzas de seguridad por delitos represivos cometidos en el gobierno de Cambiemos.
Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya, las dos víctimas, emocionados después del fallo.
Sobre los hombros de sus compañeros de La Poderosa, Iván y Ezequiel flamearon como banderas, convertidos en héroes de una batalla judicial que supieron ganar en buena ley, porque terminó con condenas de 10 años y seis meses y de 8 años y once meses de prisión para los seis prefectos que en septiembre de 2016 los sometieron a torturas, humillaciones y simulacros de fusilamiento en la villa 21-24 de Barracas. Los dos chicos, Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya, salieron llevados en andas por la puerta del Palacio de Tribunales que da a la calle Tucumán, mientras centenares de personas que los esperaban fuera del recinto coreaban: “Olé, olé, a nuestros chicos no les pegan nunca más, Patricia Bullrich vos tenés que renunciar”. Las abogadas querellantes, Agustina Lloret, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Gabriela Carpinetti, por La Poderosa, coincidieron en que fue “un fallo histórico” porque el accionar represivo fue calificado como “torturas, tal como corresponde” y la decisión del Tribunal Oral 9 “debe servir para poner freno a un accionar de las fuerzas de seguridad que es sistemático”.
Carpinetti recalcó que debe tomarse en cuenta “la responsabilidad política que tiene en casos como este el Ministerio de Seguridad” a cargo de Bullrich. De hecho, es la primera condena a integrantes de fuerzas de seguridad por un delito cometido durante la gestión de Patricia Bullrich. Agregó que “como militantes populares y abogados de derechos humanos, no podríamos festejar efusivamente la cárcel para ninguna personas, pero en este contexto pensamos que es un mojón importantísimo en la lucha contra la impunidad”.
Los prefectos Leandro Antúnez, Orlando Benítez y Osvaldo Ertel fueron condenados a 10 años y seis meses de prisión, mientras que sus coimputados Eduardo Sandoval, Ramón Falcón y Yamil Marsilli, recibieron penas de 8 años y once meses de cárcel, además de la inhabilitación absoluta y perpetua para volver a ejercer cargos públicos. En todos los casos, la calificación del hecho fue durísima: “Privación ilegítima de la libertad, torturas, lesiones leves, en concurso real con robo agravado en poblado y en banda, con el agravante de haber sido cometido por miembros de las fuerzas de seguridad”. Además de los golpes, la tortura psicológica y las amenazas de muerte, los prefectos se quedaron con un celular y efectos personales de uno de los dos chicos. Los fundamentos del fallo se conocerán el 22 de octubre.
Iván, cuyo testimonio fue fundamental a la hora de describir el itinerario que tuvieron que sufrir, esposados y a los golpes, entre las 23 del 24 de septiembre de 2016 y las siete de la mañana del día siguiente, le dijo a PáginaI12 que estaba “muy bien, muy emocionado por este fallo, porque se hizo justicia, gracias al acompañamiento que tuvimos de todos los chicos del barrio”. Consultado sobre su situación actual, luego de las amenazas y presiones sufridas durante el juicio, reiteró que está “muy bien, conforme porque lo que más queríamos es que ellos pagaran por lo que nos hicieron y la Justicia nos dio la razón, de manera que hemos logrado lo que queríamos”. A su lado estaba Ezequiel, perdido entre abrazos, risas y llantos. El chico, que tenía 15 años cuando ocurrieron los hechos, sólo se limitó a sonreír porque “ahora por fin estamos mejor, más tranquilos”.
En la calle, Nacho Levy, referente de La Poderosa, destacó la participación que tuvo todo el proceso el Centro de Estudios Legales y Sociales. En nombre del CELS, Paula Litvachky, directora del equipo de Justicia y Seguridad del CELS, dijo que la condena “es muy importante porque estableció como tortura hechos que son cotidianos” y al mismo tiempo señaló que “más allá de la tarea jurídica, fue muy importante la movilización de La Poderosa y otras organizaciones sociales porque está claro que estos logros se van a alcanzar en la calle”.
La sesión comenzó a las 10.45 con las últimas palabras de los imputados ante los jueces. Todos los prefectos hablaron, con la única excepción de Yamil Marsilli. Algunos dijeron estar “arrepentidos” de lo que habían hecho contra los dos chicos, pero de todos modos recalcaron que no son “ni torturadores ni delincuentes como se nos ha tratado en esta audiencia”. En sus declaraciones indagatorios, algunos de los imputados dijeron que los golpes, amenazas y simulacros de fusilamiento fueron “sólo correctivos” físicos contra dos chicos a los que acusaban, sin ningún fundamente ni prueba alguna, de haber cometido un supuesto robo. Fue curioso cuando ayer, en su última presentación ante los miembros del Tribunal Oral 9, al menos dos de los prefectos comenzaron diciendo “no hicimos nada” y terminaron pidiendo disculpas “por lo que hicimos”. Uno de ellos, incluso, dijo que tenía ganas de “estrechar las manos de los dos chicos”, frase que provocó el rechazo de los familiares de Iván y Ezequiel.
Nora Cortiñas, de Madres Línea Fundadora, le dijo a este diario que “lo que hicieron los prefectos fue una parodia, una mentira que nada tiene que ver con lo que hicieron”. Precisó que “al pedir perdón, lo único que hicieron fue reconocer el delito que habían cometido”. Criticó además que hayan hablado “del dolor de sus familias, de sus hijos, porque ellos están presos, sin tener en cuenta el dolor que le causaron ello a los dos chicos torturados y a sus familias, que luego sufrieron amenazas y persecución”. Sobre el fallo condenatorio, consideró que se ha dado “un paso importante, pero hay que seguir luchando para que haya justicia en otros muchos casos similares que ocurren en las villas y que siguen impunes, como Kevin (Molina) y como tantos otros”.
Carpinetti coincidió en que “esta sentencia es la que todavía le debemos a Kevin Molina, a Kiki Lescano, a Nehuén Rodríguez y a un montón de pibes; en esta sentencia está resumido todo el dolor, pero también toda la lucha que hizo posible esta condena y toda la esperanza puesta en que la justicia es posible”. En el acto realizado sobre la calle Tucumán, Levy destacó que “este fallo fue posible, primero, para la valentía de Iván y Ezequiel, por el apoyo de su familia, y por la labor del CELS, que a veces no se nota tanto, pero que tiene una importancia enorme”. El agradecimiento se extendió a la presencia de Pablo Pimentel, de la APDH de La Matanza, y a Norberto Liwsky, víctima de la dictadura militar. Cuando la multitud reunida frente a Tribunales elevó el festejo a su máxima expresión, Levy concluyó: “Esta vez podemos decir con más razón que nunca: Feliz Primavera”. Luego hubo aplausos y risas, para cerrar una historia de dolor.
El directorio del FMI aprueba el nuevo acuerdo con Argentina
Publicado: 26 oct 2018 16:55 GMT | Última actualización: 26 oct 2018 17:25 GMT
Es un paquete de 56.300 millones de dólares en total, de los cuales 5.700 millones estarán desponibles de inmediato.
El logotipo del FMI se ve fuera del edificio de la sede en Washington, DC.
Yuri Gripas / Reuters
El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó este viernes la primera revisión del acuerdo Stand-By con Argentina y aprobó el plan económico forzado para esta nación.
Con esta revisión, el FMI incrementó a 56.300 millones de dólares el acuerdo con el país suramericano e informó que 5.700 millones de dólares estarán disponibles de inmediato; mucho menos de los 7.100 solicitados inicialmente.
El nuevo desembolso elevará a 20.400 millones de dólares la cantidad que el FMI ha entregado a Argentina desde junio pasado.
El visto bueno del FMI llega luego que esta semana el oficialismo lograra la media sanción del proyecto de Presupuesto 2019 en la Cámara de Diputados del Congreso argentino. La votación era un paso clave para el Ejecutivo liderado por Mauricio Macri, ya que establece los puntos principales de las exigencias del FMI.
Entre los aspectos más destacados está el incremento del dinero destinado a pagar los intereses de deuda y un importante recorte del gasto público. El objetivo es lograr el llamado "déficit cero" y así contener la inflación y devaluación del peso que fue superior al 100% en lo que va de 2018.
Según informa el diario Clarín, en la nueva decisión del Directorio Ejecutivo del FMI, conformado por 24 representantes de todos los países miembros, también se acordó acelerar los desembolsos. Después de que el Tesoro argentino reciba los 5.700 millones de dólares en los próximos días, podría haber un desembolso similar en diciembre.
La economía argentina cae 5,8 % en septiembre y se abre un nuevo período de recesión
Publicado: 24 nov 2018 01:57 GMT | Última actualización: 24 nov 2018 02:07 GMT
Se trata de la mayor retracción de la actividad en lo que va de 2018, según datos oficiales.
La bolsa de Buenos Aires, el 9 de mayo de 2018.
Marcos Brindicci / Reuters
La actividad económica en la Argentina alcanzó en septiembre una retracción interanual del 5,8 % según cifras oficiales, e ingresó así en una segunda etapa recesiva desde el inicio de la presidencia de Mauricio Macri, quien llegará a su último año de mandato en 2019.
Se trata de la mayor caída en lo que va de 2018, con un acumulado negativo de 1,5 % durante los primeros nueve meses del año en comparación con el mismo período de 2017, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
De acuerdo con las cifras publicadas hoy por el organismo oficial, a partir de un estudio elaborado por el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), la producción de bienes y servicios se redujo un 1,9 % en septiembre, respecto del mes anterior.
La actividad económica de la Argentina atravesó en este 2018 algunos efectos negativos por la crisis cambiaria, las altas tasas de interés y una fuerte retracción del consumo.
El comercio mayorista y minorista es la actividad que refleja con mayor nitidez la caída de la economía, de acuerdo al indicador interanual del EMAE, ya que durante septiembre sufrió un derrumbe del 12,8 % debido a la reducción del consumo.
Luego le sigue la industria manufacturera, con una caída del 10,8 % en lo que va del año.
Fuerte aumento del costo de la canasta básica
El Indec difundió este jueves su estudio mensual sobre el valor de la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que dan cuenta del dinero que una familia de cuatro miembros necesita para no caer debajo de la línea de pobreza. El primero arroja en octubre un alza del 7,5 % respecto al mes anterior.
Este índice, impulsado por la fuerte inflación, acumula un incremento anual de 45,4%.
Se cumplieron 17 años del inicio de la última gran crisis económica e institucional, iniciada el 19 de diciembre de 2001, que le costó la vida de 39 personas en todo el país, cinco presidentes en el lapso de una semana y dos años de hundimiento.
Jorge Cárdenas está cubierto en sangre tirando en las escalinatas del Congreso Nacional. Es la noche del 19 de diciembre y los medios lo dan por muerto. Cárdenas no murió ese día sino meses después pero su imágen fue la anticipación a la masacre que vendría el día siguiente, donde murieron Carlos Almirón, Gustavo Benedetto, Diego Lamagna, Alberto Márquez y Gastón Riva.
Al grito unísono de "¡Que se vayan todos! ¡Que no quede ni uno solo!", el 19 y 20 de diciembre de 2001, miles de personas desoyeron el estado de sitio establecido por el entonces presidente argentino, Fernando De la Rúa, en una multitudinaria revuelta popular. La brutal represión policial causó cinco muertos en la Plaza de Mayo y sus inmediaciones, cientos de heridos y lesionados, y la posterior renuncia y huida en helicóptero del mandatario.
En todo el país se produjeron un total de 39 asesinatos en esos días y el país entró en una profunda crisis que le cobró las cabezas a cinco presidentes en el lapso de una semana, con severas secuelas institucionales y económicas que fueron causadas como consecuencia del default financiero, el "corralito" bancario y la pérdida de confianza del mercado internacional.
"Empezar a ver la llegada de gente a la Plaza [de Mayo], gente que nunca había estado en una movilización y que venía con toda la fuerza, con los hijos, la familia, fue impresionante, yo nunca había vivido una cosa así, un hecho inédito. Ya desde la primera noche hubo represión y eso incentivó a la gente a no abandonar la calle. Eso llevó a avanzar, a fusilar a gente que había venido porque la bronca la llevó a la plaza", contó a Sputnik Vilma Ripoll, referente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MTS) Nueva Izquierda.
"Hoy estamos en una situación, en su esencia, en mismo proceso de haber llegado a esta crisis social, económica y política que ha generado el Gobierno de Mauricio Macri con la devaluación, el endeudamiento, los cierres de fábricas, los despidos. Creo que hubo en este proceso momentos muy graves donde estuvo planteado el estallido social", continuó.
"Ahora hay una situación de tensa calma que el Gobierno trata de apagar con plata, porque eso es lo que hacen con los sectores populares, seguir diciendo que van a subir los planes sociales y que van a mandar comida, medidas que no resuelven ningún problema de fondo, por no pasar el diciembre que tanto temen", dijo.
Ripoll acusó "a la oposición política y a la sindical" de neutralizar el rechazo al Gobierno y de apoyar al oficialismo aprobando la ley de presupuesto y no movilizándose en contra de la cumbre del G20 y el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde solo marcharon los frentes de izquierda.
"Llegaremos a una situación electoral terrible, porque quien gane en 2019, si no se modifica el país, lo único que va a poder hacer es juntar plata para pagar la deuda. Esa plata sale de nosotros y de nuestros niveles de vida, por eso no cierra la posibilidad de que más adelante se plantee otra vez otro 2001", concluyó.
Piden sumar al ídolo de Boca en una causa contra Mauricio Macri
Tevez, de jugador a sospechoso
El diputado Tailhade solicitó la ampliación de su denuncia contra el presidente Macri por la compra y venta irregular de parques eólicos e incorporó al jugador de Boca como sospechoso de haber participado en la maniobra.
Carlos Tevez supo decir que Macri es como un padre que lo aconseja cómo invertir.
El alguna vez llamado “jugador del pueblo” está en problemas y no por su rendimiento deportivo. Carlos Tevez fue incluido en la ampliación de la denuncia que realizó el diputado del FpV, Rodolfo Tailhade, contra el presidente Mauricio Macri por “defraudación al Estado” en la adquisición “irregular e ilegal” de las adjudicaciones de seis parque eólicos, que las empresas de la familia presidencial vendieron cinco meses después con una ganancia de 70 millones de dólares sólo por el pase de manos. Tevez figura como accionista de una de las sociedades vinculadas a Macri y por lo tanto –según Tailhade– como “sospechoso” de la maniobra económica.
Tailhade presentó ayer en los tribunales federales de Comodoro Py la ampliación de la denuncia contra Macri ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi, que investiga la denuncia presentada en enero de 2018. Allí suma las notas periodistas del diario Perfil que revelaron que Tevez figura como accionista de uno de los grupos que se benefició con el negocio.
“Uno de los accionistas de Sideli SA es el jugador del club Boca Juniors, Carlos Alberto Tevez, quien tiene el 10 por ciento del capital accionario de dicha firma”, dice el escrito. En otro tramo indica que “la presencia de Tevez en el negocio obliga a pensar en su participación en la maniobra, y en ese sentido corresponde focalizar dos cuestiones centrales: (1) cuánto dinero puso Tevez en el negocio –el capital social de Sideli es de cien mil pesos y por lo tanto su participación sería tan sólo de diez mil pesos–, teniendo en cuenta que Sideli SA compra el parque Loma Blanca IV y luego lo vende a la firma Genneia en cuarenta millones de dólares; y (2) quién lo invitó a participar del negocio, ya que esa información resultará de vital importancia para establecer si existió tráfico de información privilegiada”.
“No lo veo a Gianfranco Macri ni a ninguno de los empleados de Macri, ni en Sideco ni en Socma invitándolo a Tevez a poner unos millones de dólares, todavía no se sabe bien cuanto en un negocio”, dijo Tailhade en declaraciones periodísticas, en referencia a una entrevista televisiva de un año atrás en la que Tevez habla de su relación con el Presidente, a quien calificó como “un padre” que le “aconseja cómo invertir” su dinero.
Tailhade también sostuvo que la venta de la concesiones a la empresa china Genneia coincidió con una visita oficial de Mauricio Macri a Beijing y donde también se encontró con Tevez, que ese momento jugaba en un club de ese país. El diputado del FpV-PJ, valoró la revelación periodística de la presencia de Tevez en la sociedad, “a pesar del intento de ocultar la información de parte de la Inspección General de Justicia (IGJ), que está manejada por el abogado Sergio Brosky, vinculado al presidente de Boca, (Daniel) Angelici”.
La denuncia surgió cuando la compañía española Isolux, “socia histórica del grupo Macri”, se desprendió de 6 parques eólicos que ganó a través de licitaciones en 2016. “El Estado avaló el traspaso pese a que Isolux no realizó ninguna de las inversiones exigidas en las licitaciones provocando un perjuicio para el Estado”, dijo Tailhade y agregó: “Las empresas que creó el grupo Macri meses antes y sin experiencia en el rubro se quedaron con las concesiones por izquierda: la pagaron 25 millones de dólares y las vendieron cinco meses después por 95 millones al grupo chino Genneia. Una ganancia de 75 millones de dólares por el paso de manos”.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, recibió en su residencia al autoproclamado mandatario venezolano, el líder opositor Juan Guaidó. Así, el jefe de Estado argentino "está hipotecando una historia de diplomacia" basada en la no injerencia en asuntos externos, dijo a Sputnik Oscar Laborde, integrante del Parlamento del Mercosur (Parlasur).
Tras su paso por Brasil y Paraguay, Guaidó siguió hacia Argentina, en el marco de su gira por los países del Grupo de Lima, que desconocen los resultados de los comicios de mayo de 2018, en los que el pueblo venezolano eligió a Nicolás Maduro como presidente del país.
Para Laborde, coordinador de la bancada del Frente para la Victoria-Partido Justicialista (FpV-PJ) en el Parlasur, es necesario que el presidente argentino "reflexione sobre el camino por el que va llevando" a su país en materia de relaciones exteriores, cuya tradición es "no involucrarse en los problemas internos de los países y plantear el diálogo interno".
Argentina, así como México, se había caracterizado por mantener a lo largo de su historia la doctrina Estrada de no intervención en los asuntos internos. La Cancillería argentina gestó la doctrina Drago, llamada así por Luis María Drago, entonces ministro de Relaciones Exteriores del país.
Este principio de política exterior establece que ningún país puede atacar a una nación americana para cobrar una deuda. Surgió en 1902, cuando EEUU no aplicó la doctrina Monroe, que establecía que cualquier acción contra un país americano por parte de una potencia europea sería vista como una agresión a Washington.
Cuando Venezuela fue sometida a un bloqueo naval de varias potencias europeas para presionarla a pagar su pesada deuda externa, EEUU se negó a intervenir, argumentando que su doctrina solo se aplicaría si un país europeo intentara tener control territorial.
Un jurista argentino, Carlos Calvo, dio origen a otra doctrina, para que las controversias con extranjeros se resolvieran en tribunales locales, sin la intervención diplomática de su nación de origen.
El combinado de estas tres doctrinas marcó la política exterior de Argentina durante buena parte de su historia. Laborde recordó también que en 1985, en un discurso histórico en los jardines de la Casa Blanca, el expresidente argentino Raúl Alfonsín (1983-1989) se negó a apoyar las intervenciones estadounidense en América Central.
"[Lo que hace Macri] es descabellado, está hipotecando toda una historia de la diplomacia de un país importante como Argentina. Sus decisiones tienen consecuencias. Gestionando este tipo de entrevistas, incluso está azuzando la intervención militar, porque el propio Juan Guaidó está planteando que llegado el caso haría todo para salvar al pueblo de Venezuela de su situación hasta la intervención militar", dijo Laborde.
"Al final de todo Juan Guaidó es un diputado que salió segundo en el estado de Vargas y que se autoproclamó presidente en una plaza. Entonces es muy grave, creo que lo que hace es agitar las aguas y lejos de la intención que debería tener cualquier estadista de sanar la situación (…) Macri no lo hace", agregó.
El diputado del Parlasur indicó que él y otro grupo de personalidades destacadas de Argentina escribieron una misiva al presidente para explicarle esta situación y sus posibles consecuencias, así como han pedido una cita, pero no han recibido respuesta. En el marco de esta crítica, el dirigente del FpV-PJ expresó el "repudio absoluto" de la reunión con Guaidó.
Consultado sobre la coincidencia de la visita de Guaidó a Argentina el mismo día que el presidente realizó un polémico discurso de inicio de legislatura, Laborde apuntó que "habría que preguntarle a los estadounidenses".
"Lamentablemente todo lo que hace Macri en política exterior está ordenado por los estadounidenses. No tiene decisión propia no tiene juego propio. Yo fui embajador y me quedan amigos en la Cancillería que están escandalizados con este accionar", expresó.
"Dicen que llaman directamente de la embajada de EEUU y le dicen de allá [qué hacer]. Cuando Guaidó cuando se autoproclamó, que se atolondraban el gobierno de Brasil y el de Argentina para ver quién lo reconocía primero, hubo un llamado directo de la Embajada de EEUU", indicó.
El mandatario accedió a saludar a unos jóvenes argentinos que en un primer momento le pidieron sacarse fotos. Sin embargo, se llevó una amarga sorpresa.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri.
Marcos Brindicci / Reuters
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Ante la inesperada frase, el presidente no hizo nada más que sonreír, mientras que uno de los guardias retiró a los muchachos del auto. Cuando el vehículo ya se estaba alejando, uno de los militantes gritó "Vuelve Cristina. Fernández presidente. Viva Perón, Macri". Sus compañeros lo apoyaron entonando una consigna kirchnerista: "Vamos a volver".
El episodio fue grabado por uno de los participantes, y el video se hizo viral rápidamente.
Según trascendió más tarde, los jóvenes que aparecen en el video son militantes kirchneristas: Iván Hossly, quien fue delegado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en la ciudad de Córdoba durante la gestión de los Kirchner, y su hermano Sebastián, integrante de la agrupación Kirchnerista Unidos y Organizados.
Alberto Fernández: "Solo soy un candidato a presidente, es Macri quien maneja la economía"
Publicado: 14 ago 2019 22:18 GMT
El ganador de las elecciones primarias en Argentina responsabilizó al Gobierno por el agravamiento de la crisis económica, aunque se mostró dispuesto a "ayudar".
Agustin Marcarian / Reuters
El candidato a presidente por el peronismo en las elecciones de Argentina, Alberto Fernández, reconoció este miércoles que mantuvo una charla telefónica "cordial" con el presidente Mauricio Macri, a quien dijo estar dispuesto a "ayudar a superar el trance" de la crisis económica, tras la dura derrota del oficialismo en las primarias del domingo.
"Le di mi opinión sobre lo que estaba pasando. Le manifesté mi voluntad de ayudar. Pero solo soy un candidato a presidente, es él quien maneja la economía", señaló Fernández durante una conferencia de prensa realizada en horas de la tarde, respecto a la conversación.
El hombre que aspira a suceder al actual mandatario a partir del 10 de diciembre, despejó así la responsabilidad de su espacio político en relación al impacto que tuvo el lunes su amplia victoria en las urnas, tanto en la histórica suba del dólar como en los mercados financieros.
"Ellos fueron los que generaron este caos", manifestó el candidato que comparte fórmula con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
No obstante, Alberto Fernández indicó que su diálogo con el presidente fue "una buena forma de llevar tranquilidad al país y a los mercados", y dijo que la intención de su espacio político es que la economía se estabilice.
Más allá de la "cordialidad" del diálogo, el exjefe de Gabinete del kirchnerismo se diferenció del Gobierno y sus políticas: "Está claro que Macri y nosotros [el Frente de Todos] representamos cosas diferentes, tenemos ideas diferentes de lo que queremos para el país. Si no, no hubiera sido un opositor".
En otro tramo de la rueda de prensa, Fernández se refirió al resultado electoral del domingo, en el que el peronismo superó por 15 puntos al gobernante Juntos por el Cambio, en una primaria que lo coloca cerca de volver a gobernar la Argentina si se mantiene la diferencia en las generales de octubre: "Sentimos que la gente respaldó nuestra propuesta, que no propone no pagar la deuda, pero sí un funcionamiento diferente de la economía".
El candidato del Frente de Todos fue consultado también sobre las medidas económicas anunciadas este miércoles por el Ejecutivo: "No están mal, promueven el consumo, pero en el contexto en el que se toman pueden ser muy riesgosas", advirtió. Y añadió que será necesario llevar tranquilidad a los argentinos para "llegar al 10 de diciembre", día en que asuma el ganador de las elecciones generales de octubre.
La lista es larga y todavía indeterminada. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué hicieron con la información recolectada? Esas son las preguntas que esperan responder los diferentes tribunales que investigan la actuación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la Presidencia de Mauricio Macri.
El espionaje clandestino, que amenaza con convertirse en una megacausa por la cantidad de personajes involucrados y en uno de los principales escándalos del macrismo ya fuera del poder, estalló con las denuncias de Cristina Caamaño, la exfiscal designada por Alberto Fernández como interventora de la AFI, el organismo en el que, según el propio presidente, operaban "los sótanos de la democracia", es decir, políticos, agentes de inteligencia y jueces que, desde que terminó la dictadura en 1983, se dedicaron a diseñar conspiraciones con intereses nada republicanos a través de los órganos de inteligencia.
Las denuncias por intervenciones de correos y teléfonos, el seguimiento físico y la elaboración de fichas personalizadas, todas actividades ilegales si no son ordenadas por un juez o si están basadas en presunciones ideológicas, no son nuevas. Ya en 2015, Laura Alonso y Patricia Bullrich, dos fervorosas militantes y funcionarias macristas habían acusado al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por espionaje, pero jamás presentaron pruebas, lo que no impidió que el tema copara portadas y programas de radio y televisión.
No deja de ser curioso que los mismos periodistas y políticos que se escandalizaron por el jamás probado espionaje del gobierno de Fernández de Kirchner, prefieren no mencionar o minimizar las sospechas del espionaje masivo e ilegal en el pasado gobierno
El escenario ahora es diferente. Caamaño ya entregó a la justicia un disco que contiene rastros de espionaje digital de los correos personales de 86 políticos, funcionarios, escritores periodistas y líderes sociales. También presentó sobres que encontró en la AFI con fichas de 403 periodistas, 28 académicos y 59 empresarios y representantes de la sociedad civil que se acreditaron en las cumbres que la Organización Mundial del Comercio y el G20 realizaron en Buenos Aires.
Cada reporte escrito incluye una fotografía, nombre, medio o institución de los ciudadanos espiados, y desglosa información sobre sus publicaciones en redes sociales; su activismo feminista, si es que lo había; simpatías o antipatías con el gobierno; posiciones políticas; aficiones personales, su militancia en sindicatos y otras organizaciones y datos personales que van desde cuentas bancarias y propiedades hasta relaciones familiares.
No deja de ser curioso que los mismos periodistas y políticos que se escandalizaron por el jamás probado espionaje del gobierno de Fernández de Kirchner, prefieren no mencionar o minimizar las sospechas del espionaje masivo e ilegal en el pasado gobierno. "Era información pública", aducen algunos, ya que varias de las fichas se basan en post publicados en redes sociales. Quizá esos periodistas no saben que recolectar y sistematizar esta información desde el principal organismo de inteligencia del Estado también está prohibido por la ley, o que otros reportes sí incluyen datos personales que sólo pudieron haber sido obtenidos a través de intervenciones jamás autorizadas.
Son los mismos periodistas que durante el kirchnerismo armaron un paso de comedia televisivo para exigir: "Queremos preguntar". Se ve que se les quitaron las ganas y prefieren no cuestionar, no indagar, no saber nada del espionaje macrista.
Más curioso aun es que mantienen el silencio a pesar de que el espionaje alcanzó no sólo a opositores. Digamos que el macrismo fue democrático: espió a todos y todas, sin importar que fueran del mismo partido gobernante.
En las investigaciones aparecen, por ejemplo, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y la extitular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. Sí, es la misma que hace cinco años denunció sin pruebas al kirchnerismo. Debe estar procesando la decepción de que la haya espiado su propio gobierno. Igual que le pasó a los líderes parlamentarios Emilio Monzó, Nicolás Massot y Mario Negri, todos aliados macristas. Ya no se puede confiar en nadie.
La doble vara para evaluar una acusación se impone a pesar de que entre los espiados están incluidos periodistas de los medios que apoyaron al macrismo. Ni siquiera con ellos hay alguna mínima muestra de solidaridad. No hay indignadas columnas de opinión. Críticas. Nada.
Menos aun se entiende que el espionaje haya alcanzado a Florencia Macri, hermana menor del expresidente, y a su novio Salvatore Pica. Tampoco es la primera vez que Macri se ve envuelto en casos de espionaje contra su propia familia.
La causa sigue. Que Fernández de Kirchner sea querellante es obvio. Era la principal líder opositora al macrismo. La actual vicepresidenta ya realizó un pormenorizado informe en video sobre su declaración en el juzgado en el que le entregaron pruebas del espionaje ilegal en su contra. "La asociación ilícita eran ellos", acusó en una referencia irónica, ya que ese es el delito que se le imputa a ella en las causas en las que está procesada por presunta corrupción.
A la lista de querellantes también se sumó el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que colma de tensión a una alianza hoy opositora que aspira a volver al poder en 2024 y en la que juega un rol central Patricia Bullrich, la belicosa exministra de Seguridad reconvertida en dirigente del PRO, el partido de Macri, y quien, por supuesto, desestimó las maniobras de inteligencia porque, dijo, es algo usual cuando hay reuniones internacionales del calibre de la Cumbre del G20. Algo así como: "No es para tanto".
Macri reapareció en redes sociales para alertar sobre los "atropellos institucionales" del peronismo. Por supuesto, no mencionó el atropello que padecieron las personas que fueron sometidas a espionaje ilegal bajo su gobierno y que comienzan a desfilar por los juzgados para recibir las pruebas y decidir si serán o no querellantes
Bullrich impulsó un comunicado firmado por decenas de personajes macristas en el que denuncian un intento de venganza, denuncias falsas y operaciones del gobierno peronista de Alberto Fernández con intereses meramente políticos. Es un intercambio de papeles, porque cuando Macri gobernó, el kirchnerismo hacía las mismas acusaciones. Pareciera que es el libreto que debe seguir la oposición de turno en Argentina.
A pesar de no ser cubierto por los grandes medios, el caso preocupa, y mucho, a funcionarios del gobierno anterior, empezando por Gustavo Arribas, el ex titular de la AFI que consiguió el cargo gracias a que era uno de los mejores amigos de Macri y que ahora es uno de los principales imputados en las causas por las labores de inteligencia clandestina.
Incluso el expresidente reapareció en redes sociales para alertar sobre los "atropellos institucionales" del peronismo. Por supuesto, no mencionó el atropello que padecieron las personas que fueron sometidas a espionaje ilegal bajo su gobierno y que comienzan a desfilar por los juzgados para recibir las pruebas y decidir si serán o no querellantes.
Mientras se quejaba del gobierno de Alberto Fernández, sin mencionarlo explícitamente, Macri también comenzaba a contratar a un equipo de abogados.
Ministerio de Salud de Argentina denuncia el hallazgo de 4 millones de dosis de vacunas vencidas que no entregó el gobierno de Macri
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Vacunas vencidas encontradas en un almacén en Buenos Aires, 19 de agosto de 2020.Foto: argentina.gob.ar
El ministro de Salud de Argentina, Ginés González García, denunció hoy el hallazgo de cuatro millones de dosis de vacunas vencidas que el pasado gobierno –encabezado por el expresidente Mauricio Macri– no llegó nunca a distribuir y que estaban guardadas en un depósito frigorífico.
"Los argentinos habíamos comprado las vacunas. Las habíamos pagado. No se habían distribuido a la gente y no se las vacunó. No sé cómo llamarlo a esto, es una barbaridad", reclamó el funcionario al precisar que se encontraron más de dos millones de vacunas antigripales y 600.000 de la vacuna triple.
En un diálogo con la prensa, afuera del frigorífico en donde estaban las cajas almacenadas y vencidas, el ministro manifestó su sorpresa porque la vacunación con la triple, que inmuniza a embarazadas y menores de 11 años contra difteria, tétanos y tosferina, tuvo una cobertura baja en 2018, lo que hace inexplicable que se mantuviera guardada y sin uso.
También señaló que los lotes se descubrieron cuando llegaron al ministerio las facturas por el almacenamiento de las vacunas, lo que demuestra que el de Macri "fue un gobierno al que no le importó la gente, porque gastó la plata del Estado para que después el bien no esté a disposición de la gente, porque simplemente no se distribuyó".
González García ironizó al afirmar que las autoridades del pasado gobierno, de las que dijo que se la pasan en los medios de comunicación criticando y dando consejos sobre el manejo de la pandemia de coronavirus, ahora tendrán que dar explicaciones sobre las vacunas vencidas.
El Ministerio de Salud explicó en un comunicado que en diciembre pasado, al inicio de la presidencia de Alberto Fernández, González García realizó las gestiones pertinentes para eximir de impuestos y liberar de los depósitos de aduana más de 12 millones de dosis de vacunas, lo que permitiría regularizar la estrategia de prevención primaria.
"Algunas [vacunas] llevaban más de siete meses en el depósito de frío de la aduana. Al mismo tiempo, se identificaron alrededor de cuatro millones de dosis de vacunas vencidas en un depósito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, algunas de las cuales datan del año 2015. Ante esta situación, inmediatamente se instruyeron las acciones para reactivar la licitación y los trámites necesarios para la destrucción de los insumos vencidos", explicó.
De manera conjunta, agregó, el Ministerio de Salud y la Sindicatura General de la Nación iniciaron las acciones y sumarios correspondientes, ya que el costo de las dosis que no se aplicaron se estima en 1.400 millones de pesos (alrededor de 19 millones de dólares en la actualidad, pero que en 2015, cuando se adquirieron, equivalían a 100 millones de dólares), mientras que el costo derivado del almacenamiento acumulado en los últimos cinco años, más la destrucción, rondará los 19 millones de pesos (unos 260.000 dólares).
"Cabe mencionar que, promediando el presente año, desde el Ministerio de Salud se solicitó la presencia en el Frigorífico Oneto de la Escribanía General de la Nación, personal de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles y representantes de la Secretaría de Acceso a la Salud, la Dirección Nacional de Medicamentos y Tecnología Sanitaria, la Dirección de Asuntos Judiciales, la Unidad de Auditoría Interna y la Sindicatura General de la Nación, a fin de realizar un inventario y constatar la cantidad y tipo de material almacenado", añadió.
La revelación provocó fuertes críticas contra el pasado gobierno, debido a que la pandemia de coronavirus ha evidenciado la importancia de las vacunas y a que hace apenas dos días la oposición macrista violó la cuarentena y marchó de manera masiva en las calles, a pesar de los riesgos de contagio, para denostar del gobierno, entre otros temas, por su manejo de la crisis sanitaria.
Además, durante su mandato el expresidente había rebajado el Ministerio de Salud a la categoría de Secretaría, lo que fue modificado cuando Fernández asumió la presidencia.
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