“Un millón de créditos hipotecarios a 30 años. Eso prometió el candidato Mauricio Macri en las elecciones presidenciales de 2015 en Argentina. Una vez en el poder, Macri se puso manos a la obra, se alió con los bancos y logró que, por ejemplo, en 2017 las ventas de viviendas aumentaran un 40 por ciento. Lo que muchos llamaron un “boom inmobiliario” es hoy motivo de preocupación para los miles de argentinos que se endeudaron en ese momento, cuando la tasa de interés de referencia en Argentina era del 26 por ciento. Ahora que esa tasa es del 60, el esquema de crédito se va a modificar y dejará en el limbo a quienes acudieron al llamado prometedor de Macri. Ningún otro país en el mundo tiene una tasa de interés como Argentina. Las siguientes más altas son las de Surinam (25%), Venezuela (22%) y Haití (20%)”. (Artículo de la BBC Mundo)
Temas de debate. La crisis económica se acelera y ya impacta de lleno en el empleo
El retorno del “sálvese quien pueda”
El nivel de empleo registrado en las empresas de los principales centros urbanos del país viene cayendo en los últimos 6 meses. La caída porcentual del empleo en este período es mayor que la contracción verificada en la recesión de 2016.
El dólar está desbocado. La estabilización de su valor se ha convertido (lógicamente) en la principal prioridad de un gobierno que dejó a la economía en un nivel insólito de exposición a los mercados financieros globales, y ahora parece no encontrar el rumbo para volver a tomar el timón de las variables básicas de la economía. Los intentos de dar certidumbre a esos mercados han tenido, por ahora, el efecto contrario.
En ese contexto, la información oficial publicada recientemente muestra que el empleo está sufriendo un duro golpe. De acuerdo a la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL-MTEySS), el nivel de empleo registrado en las empresas localizadas en los principales centros urbanos del país viene cayendo de manera consecutiva en los últimos 6 meses. La caída porcentual del empleo en este período es mayor que la contracción verificada en la fase recesiva de 2016. Esta dinámica se trasladó al conjunto del país a partir de junio.
La contracción del empleo registrado se debió, no solo a los despidos colectivos en el sector público y privado, sino fundamentalmente a la decisión de las empresas de no cubrir las vacantes generadas durante el período. En julio, el nivel de contrataciones de personal fue el más bajo de los últimos 16 años (comparando siempre con los meses de julio). Además, este proceso de destrucción de empleo se concentra en los puestos de trabajo menos calificados: mientras que los puestos operativos y no calificados se contrajeron 1,4 por ciento durante este año, los profesionales y técnicos se mantuvieron estables.
Los salarios de los trabajadores también sufrieron una caída muy significativa. Entre octubre de 2015 y junio de este año, los asalariados registrados del sector privado experimentaron un deterioro salarial del 7 por ciento, y los del sector público, del 14 por ciento.
El abanico de políticas que emerge como respuesta a la crisis cambiaria incluye una nueva suba de las tasas de interés y una profundización del ajuste del gasto público y social, así como la rebaja de los costos laborales a través de una devaluación salvaje con el consiguiente impacto posterior sobre la capacidad adquisitiva del salario y el trabajo de los argentinos y argentinas. Así es como quedan completamente fuera del radar un conjunto de instrumentos como las políticas económicas y laborales contracíclicas.
Tales herramientas tienen como objetivo principal mitigar el impacto de una recesión económica en el empleo y en los ingresos. Apuntan no sólo a proteger la situación de los sectores más afectados por este tipo de situaciones sino, también, a estimular la demanda como forma de incentivar la actividad. En 2009 y 2014 cumplieron ese rol la Asignación Universal por Hijo, las moratorias previsionales, el programa Repro del Ministerio de Trabajo, el Progresar y la obra pública, entre otras.
Pero esos instrumentos implican, naturalmente, un aumento del gasto público y, por eso, se contraponen directamente con la estrategia del gobierno nacional para enfrentar la situación actual. La reducción del déficit fiscal se ha convertido en el eje del programa político, y cualquier iniciativa que vaya en sentido contrario parece quedar automáticamente excluida de la consideración. Por caso, sólo 8.300 trabajadores fueron beneficiarios del Programa Repro durante los primeros seis meses de 2018, cifra significativamente inferior a los 143.000 de 2009. Esta diferencia no es sólo de trabajadores que conservan su empleo, sino de orientación política. Si es sólo el mercado el que resuelve el futuro de los puestos de trabajo, todos sabemos qué nos espera.
El Poder Ejecutivo podría cambiar de parecer, tomar nota de experiencias pasadas, y replicar al menos algunas de estas herramientas. Es indudable que esta alternativa no anularía el impacto social de la crisis pero sí podría moderarlo. Pero en función de los términos del crédito otorgado (y de la situación de extrema vulnerabilidad actual), una decisión de esta naturaleza no podría ser tomada sin la aprobación previa del Fondo Monetario Internacional.
Este hecho evidencia que la pérdida de soberanía política está lejos de ser un concepto abstracto o simbólico; por el contrario, implica una fuerte restricción a la hora de definir estrategias que podrían proteger al conjunto de la sociedad de una fase recesiva como la que se cierne en nuestro país.
* CETyD - Idaes - Unsam.
El daño social de la precariedad
Por Sonia Balza *
Los últimos datos oficiales disponibles muestran que, en el primer trimestre de 2018, la población económicamente activa alcanzó los 12,9 millones de habitantes de los cuales 11,8 millones son personas ocupadas y 1,2 millón desocupados que buscan trabajo. Del total de los ocupados, cerca del 70 por ciento tienen un empleo asalariado, alrededor del 25 por ciento declaran trabajar por cuenta propia y el 5 por ciento restante son patrones. Es decir, la estructura laboral argentina continúa caracterizándose por el trabajo asalariado, y en menor medida, por un conjunto de trabajadores cuentapropistas, de los cuales el 70 por ciento no son profesionales. Dados estos números vale preguntarse: ¿Cuáles son las condiciones laborales de nuestra fuerza de trabajo?
La estructura productiva desequilibrada provocó históricamente heterogeneidad de ocupaciones y empleos, que impacta en la calidad de las inserciones laborales: al 34,3 por ciento de los asalariados no se les realizan aportes jubilatorios y, la incidencia de la informalidad en los cuentapropistas es del 64 por ciento. A su vez, los ocupados que necesitan trabajar más horas (subocupados) alcanzan el 15,3 por ciento. En ese sentido, existe un complejo vínculo entre desempleo y subocupación. El contexto actual de recesión y ataque hacia el mercado interno provoca crecimiento de los niveles de expulsión de mano de obra asalariada, con menor impacto en la tasa de desocupación que en la de subocupación, dado que funciona como refugio al desempleo por la ausencia de un seguro estatal que cubra las necesidades mínimas de cualquier individuo desocupado.
El sector informal es el primero en crecer por la ineficiencia de las instituciones de protección social. Además la necesidad de trabajar más horas responde a que un conjunto de asalariados, sobre todo precarizados, deben trabajar más para completar su salario. Los diferenciales de ingresos laborales están fuertemente asociados a las formas no reguladas del empleo. Es decir que el trabajador precarizado es doblemente penalizado: a las precarias condiciones de empleo, se le agrega la penalidad salarial por iguales características del puesto de trabajo dado que el salario de los informales es menor. Los patrones que incumplen la ley, descansan en el alcance limitado de la inspección laboral.
La carencia en los aportes jubilatorios profundiza la erosión del sistema de jubilaciones y pensiones. Por otra parte, el trabajador registrado como contribuyente (monotributista), diluye el carácter problemático de la negación de los derechos laborales. La pertenencia al ámbito comercial da lugar al desamparo frente a las garantías del derecho laboral clásico.
Durante el kirchnerismo el proceso de recomposición productiva tuvo como correlato directo el aumento de la demanda de mano de obra. Se corroboró un proceso de formalización del empleo que trajo aparejado una caída de la desigualdad dada por la reducción en 10 puntos de la informalidad. Se formalizó una parte de la estructura ocupacional lo que contribuyó a achicar la brecha salarial y aumentó la recaudación en la Seguridad Social. Sin embargo, la estructura económica argentina demostró un límite en la capacidad de absorción de empleo registrado. La expansión del mercado interno durante los años del kirchnerismo fue condición necesaria pero no suficiente para combatir la precariedad laboral.
Hoy en día debemos prepararnos para combatir una nueva reforma laboral que acompaña el perfil productivo del actual gobierno, cuyo eje es quitarle poder a la demanda y dinamismo al mercado interno. Esto afecta a las actividades económicas cuyo destino productivo es el ámbito local y, por lo tanto a los niveles de empleo. El cambio implementado a partir de diciembre de 2015 profundizó la fragmentación del mercado de trabajo. Los procesos de pauperización social impactan, aunque diferencialmente, sobre toda la población. La precariedad volvió a ser la alternativa al desempleo que los trabajadores se ven obligados a aceptar. Desde el momento en que esto se introduce como condición cuasi natural de trabajo, la subjetividad de quienes la asimilan se ve compelida a reproducir tales situaciones.
El presidente argentino reestructura su Administración para dar un mensaje de confianza a los mercados en medio de una fuerte crisis económica.
En sintonía con el mandatario, Dujovne explicó que "la causa de los cuadernos de la corrupción kirchnerista generó incertidumbre". Además, reveló: "Hoy estaré viajando a Washington para reunirme con el Fondo Monetario Internacional". El objetivo es acceder a la totalidad del crédito de 50.000 millones de dólares antes del 2021, como se había pactado al inicio del acuerdo.
"Le pido a los mercados que estén tranquilos, porque este equipo está dejando todo en la cancha", manifestó, usando una metáfora futbolística. En esa línea, el funcionario hizo hincapíe en el equilibrio fiscal, uno de los objetivos para 2019: "Vamos a ahorrar en inversión pública", afirmó. Uno de esos ajustes se aplicará en subsidios otorgados por el Estado en servicios, aunque prometió que "eso no significa una suba de tarifas".
Además, Dujovne aclaró que aumentarán los impuestos a las exportaciones de materias primas, aunque se reducirá al 18% las cargas de comercialización de la soja y sus derivados en el exterior del país. Vale destacar que la producción sojera representa grandes ganancias para los empresarios del sector agrario en ese país sudamericano, por ello su recaudación en materia tributaria es de vital importancia.
"Reconozco errores en el camino, pero tuvimos más aciertos", expresó el especialista cuando un reportero le consultó sobre el defasaje entre la subida generalizada de precios y los acuerdos salariales entre los gremios, el Estado y las empresas. Sin embargo, desmintió que la brecha salarial sea tan alta.
Por otro lado, cuando le consultaron sobre si es verdad que había renunciado a su cargo, contestó: "No se nos pasa por la cabeza abandonar al presidente". Al mismo tiempo, añadió: "Siempre estamos a disposición de su decisión cuando deba tomar alguna determinación".
Para concluir, sobre la devaluación del peso argentino declaró: "No podemos dar una estimación sobre a cuánto va a estar el dólar". Además, el ministro aclaró que "las economías emergentes se están depreciando" y que al tener elevados índices de inflación, eso se notó más que en otros países.
En opinión del economista Héctor Juan Rubini, las nuevas medidas del Gobierno argentino "apuntan a reducir la incertidumbre sobre la capacidad de pago" los años 2019 y 2020 y "a cerrar el déficit primario a cero", así como "reducir también a cero la emisión de bonos en los mercados internacionales" con el propósito de "asegurar a los acreedores de que no habrá 'default' ni reestructuración de la deuda".
LA ECONOMIA MACRISTA. Un mal plan, mal aplicado y fuera de época
La tormenta perfecta
En un texto especial para Cash, el ex ministro de Economía Axel Kicillof explica que la actual inestabilidad financiera es el resultado inexorable del programa económico que se viene aplicando desde la primera semana del gobierno de Macri. Dice que las políticas neoliberales conducen fatalmente a la desindustrialización, a la exclusión social y al sobreendeudamiento. Para concluir que la tormenta económica está íntegramente generada por las políticas que adoptó Macri.
A esta altura de los acontecimientos, a nadie se le escapa que la profunda crisis que atraviesa el país no es el resultado de los accidentes de la lira turca, ni del estancamiento de Brasil, ni de la sequía, ni de la tasa de interés internacional, ni de la herencia recibida, ni del último tuit de Donald Trump. Tanto la grave situación que atraviesa la economía real –empleo, producción y salarios en caída libre– como la enorme inestabilidad financiera, son el resultado inexorable del programa económico que Macri viene aplicando desde la primera semana de su gobierno.
Esto tiene gravedad desde el punto de vista económico y social. Pero no hay que perder de vista que el plan que ejecuta el gobierno se encuentra en abierta contradicción con todo lo que prometió en la campaña electoral para acceder al poder. Macri y Vidal van a ser recordados como los protagonistas de la más escandalosa estafa electoral de la que se tenga memoria.
¿Cómo llegamos hasta aquí?
El primer anuncio económico del gobierno, a una semana de asumir, exhibía ya, tempranamente, la orientación de la política económica, y mostraba también el estilo que iba a adoptar la gestión: tomar una medida, disfrazarla de otra distinta y luego esconder por el mayor tiempo posible sus resultados negativos o bien echarle la culpa a otro factor o circunstancia. Este método es la continuación del marketing electoral, pero ejercido ahora desde la comunicación del gobierno y de los medios oficialistas.
El 16 de diciembre de 2015, mientras se anunciaba con bombos y platillos “el fin del cepo”, se producía en realidad la primera devaluación del peso (de un 40 por ciento) y, al mismo tiempo, sin siquiera anunciarlo, se modificaba la normativa del Banco Central para desregular por completo la entrada y salida de capitales especulativos.
¿Cómo caracterizar el plan económico de Macri? Pese al bombardeo de los medios, a las maniobras de distracción y a las opiniones de los “expertos”, es imposible no advertir que se trata, en realidad, de un programa de neto corte neoliberal, inspirado en el llamado “Consenso de Washington”. En resumen, las medidas son las de siempre: 1. reducción salarial; 2. apertura importadora; 3. desregulación financiera; 4. dolarización de las tarifas; 5. tasa de interés elevada; 6. ajuste fiscal; 7. rebajas impositivas para los sectores concentrados; y 8. endeudamiento externo.
Tan neoliberal es el plan que en noviembre de 2016, Roberto Lavagna sostuvo que “ya tuvimos este modelo económico con los militares y en los 90”. Pero fue el propio Domingo Cavallo que en octubre de 2017 confesó que “hay una gran coincidencia entre la economía de Macri y la de los 90”, para agregar que “todos los que están en el gobierno de Macri trabajaron en algún momento conmigo”. A esta altura, los únicos que niegan la naturaleza neoliberal del programa son los apologistas y encubridores del gobierno.
Las políticas neoliberales conducen fatalmente a la desindustrialización, a la exclusión social y al sobreendeudamiento. Para la producción nacional el cóctel es fatal. La política de represión salarial y el ajuste fiscal reducen la demanda interna y, por tanto, la facturación y las ventas. Los tarifazos, por su parte, elevan los costos, y la elevada tasa de interés encarece el crédito hasta hacerlo inaccesible. De este modo, los ingresos bajan y los costos aumentan, comprimiendo las ganancias. Pero, además, el aluvión de importaciones le quita mercado a la producción nacional.
Para la industria es, en efecto, una tormenta perfecta, pero no se trata de un fenómeno desafortunado y fortuito de la naturaleza, sino que la tormenta está íntegramente generada por las políticas que Macri adoptó. Nada de esto tiene que ver tampoco con una supuesta “pesada herencia”, porque nada de lo que pasaba en 2015 obligaba al gobierno de Macri a abrir indiscriminadamente las importaciones o a habilitar una puerta giratoria con enorme rentabilidad para los capitales especulativos.
Es un mal plan porque se trata del paquete neoliberal que tantas veces se impuso en el país, en la región y en el mundo y que invariablemente fracasó. Pero, además, Macri lo está desplegando en un muy mal momento, a destiempo. En los noventa, el mercado mundial experimentaba una etapa de auge del libre comercio. Además, al menos durante un tiempo, abundaron los capitales dispuestos a colocarse en países “emergentes”. No por eso el neoliberalismo fue exitoso o adecuado para el país pero, al menos durante un tiempo, se sostuvo esa apariencia.
En las actuales circunstancias de la economía mundial, en cambio, las decisiones de Macri están indiscutiblemente fuera de época. Se intenta con desesperación alcanzar acuerdos de libre comercio cuando los países centrales adoptan políticas claramente proteccionistas. Y se buscan inversiones financieras cuando el flujo de capitales se dirige hacia los países centrales y no a la periferia.
Marketing económico
Durante 2016, los primeros efectos de las políticas neoliberales se hicieron sentir con crudeza. La economía se contrajo un 2,3 por ciento, la inflación alcanzó el 41 por ciento, el salario real cayó 7,2 por ciento y las jubilaciones 6,6 por ciento. Pero 2017 era un año de elecciones y Macri necesitaba a toda costa ganarlas. Con esos resultados desastrosos, las promesas de un “segundo semestre”, los “brotes verdes”, la “luz al final del túnel” y la “lluvia de inversiones” seguían sin aparecer. Por eso, el gobierno resolvió utilizar “anabólicos” para reanimar la economía. Se aplicaron cuatro medidas, encaminadas a impulsar transitoriamente la demanda: 1. se suspendió el cronograma de los tarifazos (incluidas las naftas y hasta el Fútbol para Todos); 2. se pusieron en marchas numerosas obras superficiales; 3. se repartieron cinco millones de créditos a jubilados y beneficiarios de AUH; y 4. se instrumentó la cláusula gatillo en las paritarias. De esta manera, la demanda se reavivó levemente, impulsando la actividad económica y produciendo un alivio durante algunos meses.
Sin embargo, ni bien finalizó el escrutinio, Macri retomó el camino del ajuste. Esa misma noche se anunció el aumento de las naftas y se cancelaron todas las medidas expansivas. A los pocos días, Macri reunió a gobernadores, empresarios, “opositores” y sindicalistas y anunció un paquete de reformas (fiscal, laboral, previsional) que, como acostumbra, nunca había mencionado en la campaña.
El gobierno y su prensa pretendían interpretar el resultado de la elección como un cheque en blanco. Pero la reacción de la sociedad no fue la esperada. La reforma laboral debió suspenderse y la reforma previsional, que no era otra que cosa que una reducción de las jubilaciones, terminó en un masivo cacerolazo, que fue violentamente reprimido.
Fragilidad financiera
Mientras tanto, detrás de escena, la situación financiera del país se iba volviendo cada vez más precaria e inestable. Como siempre ocurrió, la política neoliberal de tasas de interés elevadas y libre entrada y salida de capitales, tiene como resultado la conocida “bicicleta financiera”. Los capitales especulativos ingresan al país para lucrar con esa rentabilidad extraordinaria, y luego recogen sus ganancias y se retiran. Una vez que comienza el proceso, el Estado se convierte en rehén del mecanismo. Debe contraer cada vez más deuda para sostener la salida de capitales y debe mantener la tasa elevada para evitar la fuga masiva. El endeudamiento externo no es provocado por el déficit fiscal –como sostiene el gobierno–, sino por la necesidad creciente de dólares, lo que, a su vez obliga al Estado a endeudarse cada vez más, a mantener la tasa alta y a ajustar el presupuesto para poder cubrir los intereses crecientes de la deuda que contrae. Para ocultar este proceso el gobierno no paró nunca de mentir: sostiene que se endeuda para no hacer el ajuste cuando es justamente al revés. Debe ajustar cada vez más por haberse endeudado tanto.
Con el sobreendeudamiento y la apertura, la economía queda expuesta a una descomunal fragilidad externa. Cualquier situación de estrés internacional, cualquier muestra de debilidad interna, o cualquier modificación súbita en el cambiante humor de los especuladores puede producir un colapso. Ya sea porque deciden no prestarle más dinero al país o porque simplemente prefieren mudar sus carteras a otros mercados, retiran el capital y se produce la escasez de dólares provocando una crisis cambiaria. La inestabilidad financiera es otro resultado inexorable de la política neoliberal de Macri. Y cualquier chispa puede encender el polvorín.
Maratón cambiaria
A partir de diciembre de 2017, todo fue de mal en peor. La agenda de “reformas” estaba atascada. La actividad económica comenzaba a resentirse nuevamente, ya sin el impulso de las medidas electorales. El ministro de Finanzas viajó entonces a Nueva York para conseguir el financiamiento necesario para el año –30.000 mil millones de dólares– y se enteró allí de que el crédito para Argentina estaba agotado, antes de lo previsto. En sus primeros años de gobierno había contraído una deuda récord por casi 100.000 millones de dólares y había duplicado la deuda en moneda extranjera. La mitad se había escurrido ya como fuga de capitales. Al mismo tiempo, el déficit comercial había alcanzado en 2017 el récord de 8500 millones de dólares. Bajo las reglas que impuso Macri, la necesidad de divisas es imparable.
Finalmente, en abril, se desencadenó la corrida cambiaria. En los siguientes dos meses el dólar pasó de 20 a 28 pesos. Ante la presión cambiaria el gobierno puede reaccionar de tres maneras: puede convalidar la devaluación, puede subir la tasa de interés o bien puede sacrificar reservas para sostener el tipo de cambio. Todas las alternativas tienen costos elevados. Tal fue la impericia del gobierno que hizo las tres cosas a la vez: perdió casi 20.000 millones de dólares, subió la tasa al 47 por ciento y permitió una inmensa devaluación.
Sin fuentes privadas de financiamiento y luego de la fuerte pérdida de reservas, el 8 de mayo Macri anunció el acuerdo más grande de la historia con el FMI, por 50.000 millones de dólares. Ese acuerdo implicaba un durísimo ajuste fiscal para 2019, cercano a los 300.000 millones de pesos. Durante los primeros días, Macri intentó que los ganadores del modelo neoliberal contribuyeran con el ajuste. Pasó la gorra. Pero recibió la negativas de sus socios (complejo agroexportador, financistas y petroleras). Entonces, en estos últimos días, el gobierno ha intentado instalar, con poco éxito, que el ajuste lo van a tener que hacer las Provincias, los Municipios, los trabajadores, los jubilados y los sectores más postergados. Probablemente, la corrida que se desató con mayor violencia estos últimos días tenga como uno de sus factores explicativos el hecho de que las víctimas que nuevamente eligió Macri no están dispuestas a aceptar tan dócilmente ese destino. La solución no es ajustar y endeudar para desindustrializar y fugar. La solución es abandonar el desastroso programa neoliberal .
Como si no fuera suficiente con todos los paquetes de medidas anunciados o puestos en práctica, los recortes sociales y los acuerdos financieros con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que han endeudado cada vez más al país, y en medio de la creciente incertidumbre por la tensión cambiaria, el Presidente argentino anuncia ahora una reducción de su Gabinete y la reinstauración de las retenciones a las exportaciones
La decisión de Macri de acudir al FMI, motivó numerosas protestas en Argentina. Foto:Getty Images
Mauricio Macri llegó al poder con la promesa de que no habría ajuste, una palabra que provoca pesadillas a los argentinos, quienes sufren ahora todo lo contrario.
Como si no fuera suficiente con todos los paquetes de medidas anunciados o puestos en práctica, los recortes sociales y los acuerdos financieros con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que han endeudado cada vez más al país, y en medio de la creciente incertidumbre por la tensión cambiaria, el Presidente argentino anuncia ahora una reducción de su Gabinete y la reinstauración de las retenciones a las exportaciones.
La profunda reestructuración del gabinete argentino implicará la supresión de al menos diez ministerios, como medida contra una crisis económica marcada por el desplome de la moneda nacional, que alcanzó al finalizar la semana anterior la cifra histórica de 41 pesos por dólar.
Una decena de ministerios pasarán a ser Secretarías, entre ellos carteras tan importantes como Salud y Trabajo.
En la mayoría de los casos las funciones de los organismos ministeriales suprimidos serán asumidas por otras carteras que tendrán rango de secretarías como Ciencia y Tecnología, Cultura, Energía, Agroindustria, Salud, Turismo, Ambiente, Trabajo y Modernización.
«Con estos cambios y los avances que estamos haciendo con el fmi, empezamos a superar la crisis», dijo Macri.
En sintonía con el mandatario, el ministro de Hacienda argentino, Nicolás Dujovne Dujovne, pidió a los mercados que «estén tranquilos, porque este equipo está dejando todo en la cancha». En esa línea, el funcionario hizo hincapié en el equilibrio fiscal, uno de los objetivos para el 2019: «Vamos a ahorrar en inversión pública», afirmó.
El mayor recorte del gasto será en inversión pública: un 0,7 % del pib, pero tendrá también un importante impacto en el bolsillo de los argentinos a través de la eliminación de subsidios al transporte y la electricidad. Esa medida supondrá, además, otro tijeretazo del 0,5 % del pib. Finalmente, el Gobierno estableció un ahorro en remuneraciones y gastos operativos del 0,2 % del pib y del 0,2 % en otros gastos corrientes.
Por otro lado, Dujovne aclaró que aumentarán los impuestos a las exportaciones de materias primas, aunque se reducirán al 18 % las cargas de comercialización de la soja y sus derivados en el exterior del país. Vale destacar que la producción soyera representa grandes ganancias para los empresarios del sector agrario en ese país sudamericano, por ello su recaudación en materia tributaria es de vital importancia.
La tesis del Gobierno es que el culpable de todos los males de la economía argentina es el déficit fiscal. Argentina gasta más de lo que produce y su dependencia del crédito externo la puso a merced de la tormenta financiera que golpea a los mercados emergentes; de ahí que se sumerja en una nueva crisis económica que pone en jaque al gobierno de Macri. La vulnerabilidad del sistema financiero y la economía del país en su conjunto, sumado a la impericia gubernamental para lograr reencauzar la situación, ponen un manto de duda sobre el futuro inmediato de la nación sudamericana.
Según el economista y profesor universitario Martín Kalos, la crisis en Argentina es resultado de «medidas erráticas, confusas, ambiguas, desde el comienzo de la corrida cambiaria, cuatro meses atrás. El Gobierno fue perdiendo herramientas: ya subió las tasas de interés, se endeudó con el FMI».
«Es muy difícil entender cómo un país se puede recuperar bajo un modelo que centra sus esfuerzos en reducir el déficit fiscal y conseguir financiamiento externo. Es decir, ajuste y deuda», explicó la economista, investigadora y escritora argentina radicada en Nueva York, Mercedes D'Alessandro.
La crisis tiene, además, dos consecuencias importantes que son las que justifican la urgencia de detenerla según Kalos. En primer lugar está el «deterioro del poder adquisitivo de la población, porque con una inflación que se va a ir acercando al 40 % y unas paritarias que en el mejor de los casos llegaron al 25 %, tenemos una brecha demasiado grande».
Atados al Fondo
El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el pasado miércoles un plan para Argentina por valor de 50 000 millones de dólares y tres años de duración, destinado a «estabilizar» la situación financiera del país.
Al firmar otro acuerdo con el FMI, el Gobierno argentino acepta también sus condicionamientos y la aplicación de un programa determinado. En este sentido, cualquier modificación del rumbo elegido precisa la aprobación de la entidad financiera.
En entrevista para TeleSur, los economistas Andrés Asiain y Hernán Letcher explicaron las razones que llevaron a que el Gobierno de Macri pensara en solicitar la ayuda financiera del FMI.
Andrés Asiain indicó que Macri basó su plan económico en el endeudamiento externo y la atracción de capitales extranjeros especulativos como medio para acceder a dólares.
Los problemas estructurales provenientes de la política de la eliminación del control de capitales, de las retenciones a la soya, así como la apertura a la importación cuando no había condiciones globales para esta política y el financiamiento a partir de la deuda externa llevaron a la caída del peso frente al dólar, agregó Letcher.
El acuerdo con el ente financiero podría ser un salvavidas de plomo que llevaría a terminar de hundir la economía y el sistema financiero argentino y podría dejar una enorme deuda que terminarán pagando por años los ciudadanos argentinos; además del costo político y económico que significa para el Gobierno.
El FMI ha estado involucrado en la mayoría de las crisis financieras en la nación sudamericana. El pacto con el FMI supondría un beneficio para los capitales extranjeros que en opinión del analista seguirían sacando los dólares de Argentina.
Sin duda las acciones del gobierno de Macri hablan por sí solas: Argentina sigue en una ruta marcada hacia el neoliberalismo, y la restauración de la derecha en el país se hace evidente. El pueblo ahora sale a las calles, se indigna y padece las medidas de un presidente que no gobierna para ellos.
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