En canciller cubano, Bruno Rodríguez, manifestó en una rueda de prensa en Viena, Austria, que los anuncios hechos el pasado viernes por el presidente de EE.UU., Donald Trump, son insostenibles en el tiempo.

El pasado viernes el presidente estadounidense anunció que arreciaría la política en contra de isla, lo que implica endurecimiento del bloqueo económico y prohibición de viajes de estadounidenses a Cuba, entre otras.

Trump afirmó que las sanciones en contra de la isla no se levantarían hasta que hubiera una "Cuba libre

Un escándalo de uso de alta tecnología para el espionaje de activistas y periodistas está cimbrando a México. Por ello, diversos defensores de derechos humanos y famosos periodistas se aliaron para exigir al Gobierno una explicación de lo que llamaron una "vigilancia sistemática" ejercida contra ellos.

En conferencia de prensa, la famosa periodista Carmen Aristegui, acompañada de activistas de diversas organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, presentaron un informe que desde la mañana de este lunes encendió las redes sociales y colocó el 'hashtag' #GobiernoEspía como 'trending topic'.

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La investigación reveló que diferentes instancias de Gobierno usan un 'malware' que infecta los celulares y permite el acceso a todos los datos personales.

Aristegui, cuyo equipo de trabajo, además de su hijo, han recibido diversos mensajes para infectar sus celulares, lanzó un fuerte reclamo durante la conferencia de prensa: "Enrique Peña Nieto tiene que dar explicaciones. Le preguntamos al presidente muchas cosas: ¿qué tiene que decir el jefe del Estado mexicano como una operación de Estado donde los agentes, lejos de hacer lo que deben hacer, usan nuestros recursos y dinero para cometer ilícitos graves?".

La periodista recordó que en México existen sospechas de conductas institucionales como impunidad y corrupción, pero de manera general. Sin embargo, este nuevo informe significa, en expresión coloquial, que "tenemos los pelos de la burra en la mano". Es decir, que hay pruebas científicas que delatan quién ha espiado a periodistas y activistas y cómo lo ha hecho.

El Gobierno mexicano espía a periodistas y activistas con un software malicioso comprado a Israel

También enfatizó que, en momentos de violaciones graves a derechos humanos como los casos Ayotzinapa, Tlatlaya o Tanhuato, o de corrupción institucional, "en lugar de investigar, el Gobierno mexicano espía".

Aristegui resaltó también que la investigación vincula a agencias cercanas a la presidencia de la república: la inteligencia mexicana (CISEN) y la Procuraduría General de la República. Además, exigió que sea público lo que se hizo con la información.

Visiblemente molesta, la periodista se refirió al espionaje que ha vivido su hijo: "¿Qué sigue si ha llegado al grado de espiar a un adolescente? ¿Qué sigue, presidente siniestro?"

Seguimiento sistemático

Por su parte, John Scott-Railton, del centro de investigación independiente Citizen Lab, dijo que el espionaje en México fue detectado mientras investigaban a la corporación NSO Group, que vende tecnología únicamente a Gobiernos para que puedan infectar celulares. Scott-Railton explicó que la infección se da mediante un mensaje de texto que contiene un enlace portador de un 'malware' conocido como Pegasus.

"Una vez que empieza la infección es imposible salvar ese teléfono. El teléfono es un espía en tu bolsillo".

Es usado bajo la idea de investigar criminales y terroristas, pero en México se usa para periodistas y activistas. Es el caso más claro de abuso y uso indebido de este tipo de tecnologías

"Es usado bajo la idea de investigar criminales y terroristas, pero en México se usa para periodistas y activistas. Es el caso más claro de abuso y uso indebido de este tipo de tecnologías" agregó el representante de Citizen Lab.

Luis Fernando García, integrante de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, reveló que para cada infección son necesarios 77.000 dólares. También advirtió que los mensajes no son aislados, sino sistemáticos, pues la mayoría llega en casos muy mediáticos, son implementados con una infraestructura común y contienen textos muy parecidos. También reveló que actualmente hay más de 80 casos de mensajes de infección conocidos en México.

Incómodos

Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, explicó que el factor común que une a quienes son espiados son los temas que trabajan: corrupción, rendición de cuentas y violación a derechos humanos.

"Somos vistos como incómodos o ponemos en riesgo a quienes se sienten observados desde nuestro trabajo", aseveró Patrón.

Además, aclaró que es posible que el Gobierno mexicano quiera filtrar la información, por lo que exigió la conformación de una comisión independiente que pueda investigar este caso, además de que el Gobierno haga público si existen órdenes de aprensión en contra de las personas espiadas.

"¡Justicia!" Periodistas increpan a Peña Nieto mientras cubren conferencia de prensa (VIDEO)

Por último, los asistentes pidieron que periodistas y activistas revisen a detalle el informe, y que si encuentran en sus celulares alguno de los mensajes con el 'malware' acudan inmediatamente a las organizaciones denunciantes.

Nadie pide permiso

En anteriores acusaciones de espionaje contra opositores en tiempos electorales, el Partido Revolucionario Institucional de Peña Nieto ha negado los hechos, reporta EFE.

'The New York Times', periódico que sacó a la luz el caso de espionaje gubernamental, entrevistó a un exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la inteligencia mexicana, quien asevera: "Por supuesto que no se puede justificar esa intervención. Pero eso es irrelevante. En México nadie pide permiso para hacerlo".

Esta vez, el Gobierno mexicano respondió que no existe prueba de que sus agencias sean responsables de espionaje. Mediante una carta publicada a raíz reportaje de 'The New York Times', la Dirección de Medios Internacionales de la presidencia declaró: "El respeto a la privacidad y la protección de datos personales de todos los individuos son valores inherentes a nuestra libertad".

Sin embargo, no contestó a los cuestionamientos de los periodistas y activistas mexicanos.

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Pero el pasado 4 de junio, en Coahuila y el estado de México, los mexicanos sufrimos un terrible fraude electoral. El régimen autoritario se niega a aceptar la derrota y se aferra al poder con dinero, con violencia y con conteos truqueados, subordinando a las instituciones democráticas. 

¿La reacción de la OEA? Silencio y complicidad absoluta.

Hay dos razones para esta actitud de la OEA. En primer lugar, la OEA se apega a la política exterior de los Estados Unidos. La organización recibe la mitad de su financiamiento del Gobierno de Donald Trump.

Y Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto son grandes aliados de Washington. El Gobierno mexicano no defiende a los migrantes mexicanos en los Estados Unidos y ha invitado al Gobierno de los Estados Unidos a participar directamente en la vigilancia de la frontera sur con Guatemala.

En segundo lugar, el funcionario de la OEA responsable de la cartera del "fortalecimiento democrático", el 'Secretary for Stengthening Democracy' Francisco Guerrero Aguirre, es un convencido priista, desde siempre muy cercano a Emilio Gamboa Patrón.

Guerrero ha sido presidente del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político de la Fundación Colosio y director general de la Fundación José Luis Lamadrid, organizaciones ambas ligadas al PRI.

En 2008, entró como consejero electoral del IFE, impulsado por el mismo Gamboa, y fue uno de los consejeros que más protegió a Enrique Peña Nieto durante las elecciones presidenciales de 2012 y avaló el fraude de aquel año.

El próximo 19 de junio, la OEA tendrá el descaro de celebrar su próxima Asamblea General en México. Originalmente tenían planeado celebrarla en la Ciudad de México, pero ante al miedo a las protestas del pueblo frente a la hipocresía de Almagro y Guerrero, han decidido realizarla en Cancún detrás de muros fortificados.

Es un escenario apropiado para una organización que cada día más se evidencia como un agente de Trump y un vil escudero del régimen autoritario mexicano.

El término no había aparecido en todas las coyunturas políticas que ha vivido Venezuela desde que el chavismo es Gobierno. Apenas el 12 de junio durante su programa televisivo, el alcalde de Caracas Jorge Rodríguez se refirió a "la utilización de niños como niños soldados" en las protestas violentas convocadas por la oposición venezolana, según publicó el diario 'Últimas Noticias'.

Una calificación incluso más dura que la referida por el presidente Nicolás Maduro en su carta al papa Francisco, en la que condenó "la utilización frecuente y perversa de niños, niñas y adolescentes en acciones de violencia terrorista callejera". A través de las redes sociales ha circulado material audiovisual que demuestra y condena la presencia de niños en las llamadas guarimbas opositoras.

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Tibymore @Tibymore

OPOSICIÓN UTILIZA A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ACTOS TERRORISTAS

NO MÁS NIÑOS EN GUARIMBAS!

HASTA CUANDO TANTA IMPUNIDAD?@LaZurdaDeChavez

23:20 - 13 Jun 2017

 
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Delito

En opinión de la presidenta de la Fundación Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno del Distrito Capital (GDC), Anahí Arizmendi, esa actitud de la dirigencia opositora constituye un delito, porque "existe una voluntad manifiesta de captar niños para entrenarlos en prácticas paramilitares y utilizarlos como escudos humanos en las guarimbas".

Entrevistada por RT, Arizmendi precisó que los actores políticos deben saber "que no pueden usar niños en las manifestaciones". Además subrayó que incluso cuando la convocatoria a una manifestación es realizada por un partido político, "eso no los exime de sanciones penales". "Mucho más cuando esas protestas terminan en violencia, o cuando es la violencia su herramienta principal", precisó.

Marco legal

En Venezuela existe un amplio marco legal que, además de catalogar a los niños como "sujetos plenos de derecho", les ofrece protección integral. El artículo 78 de la Constitución obliga al Estado a desarrollar "la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales", pero, además, asegura a los menores "prioridad absoluta" al tomar en cuenta "su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernan".

Venezuela denuncia ante la Unicef el uso de niños en protestas violentas

Por su parte, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNA), considerada una avanzada legislación, amplía y detalla los mandatos constitucionales. El artículo 83 de esa ley garantiza el derecho a la protesta de los niños cuando se realizan "pacíficamente y sin armas (…) sin más limites que los derivados de las facultades legales que corresponden a sus padres, representantes o responsables".

En ese sentido, las protestas violentas conocidas como guarimbas violan el derecho a la vida del niño, contemplado en el artículo 15 de esa misma ley, y su integridad física, psíquica y moral, garantizada en el artículo 32. Mientras que movilizar niños sin consentimiento de sus padres puede catalogarse como "traslado ilícito dentro del territorio", según los postulados del artículo 40 de la LOPNA.

Otros artículos custodian el derecho al honor, reputación y propia imagen (artículo 65); prohíben la exposición pública de niños (artículo 79,) y condenan expresamente cuando se facilitan armas, municiones y explosivos (artículo 92).

Para los adultos se prevén penas de entre 25 y 30 años de prisión si cometen un delito en concurrencia con un niño (artículo 264). Por lo tanto, precisa Arizmendi, "existe legislación suficiente, en el marco nacional e internacional, como para poder sancionar a aquellos que utilizan niños en las protestas políticas".

Impunidad

Luego de casi tres meses de protestas violentas en Venezuela, aún no se ha sancionado el uso de niños en las guarimbas, "porque el actual Ministerio Público (MP), se comporta como una institución forajida y no cumple sus tareas como órgano del Estado venezolano", indica la presidenta de la Fundación Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno del Distrito Capital. Para la funcionaria capitalina "la impunidad es el alimento de quienes usan a niños soldados en Venezuela".

Por estas razones, la comunicadora venezolana Larissa Costas, presentadora en Venezolana de Televisión, estima que "es una responsabilidad de la fiscal Luisa Ortega imputar esos delitos que son públicos, notorios y hasta comunicacionales". Consultada por RT, aclaró que es esa institución la que debe agilizar sus actuaciones porque en Venezuela "la infancia tiene prioridad en el marco de todos los principios constitucionales".

Ernesto J. Navarro

Los derechos humanos sirven de argumento para defender o atacar a los sectores opositores que generan hechos violentos en su protesta contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

RT analizó este tema con la psicóloga argentina y activista por los derechos humanos Cristina Solano. Es, además, una de las ponentes del Foro Internacional de Psicología, Violencia y Operaciones Psicológicas, finalizado la semana pasada en Caracas.

RT: Buena parte de la prensa acusa la violación de los derechos de aquellos que protagonizan las guarimbas en Venezuela. ¿La protesta violenta es un derecho humano?

CS: No se las puede permitir. Hay cuestiones que tienen que ver con el respeto a la sociedad, el respeto al otro. Nadie puede cometer actos delictivos contra otras personas, ni puede incitar al delito, al magnicidio, a la muerte. Eso debe ser penalizado, supongo que las leyes venezolanas lo tienen previsto y la justicia debe actuar sobre ellos.

Las 'guarimbas' son un atentado a los derechos humanos. La sociedad no debe permitir lo que hacen esos vándalos en Caracas. Los que generan esa violencia, en mi opinión, son delincuentes y como tal deben ser tratados.

Me llama la atención que la Policía y las fuerzas de seguridad de Venezuela sean tan blandas y permitan que estos hombres cometan los actos vandálicos que cometen.

Los derechos humanos que se vulneran son los de la sociedad. Hay que respetar a la comunidad y ellos (los 'guarimberos') no los están respetando.

Recientemente murió un hombre al estrellarse porque lanzaron aceite en una calle. ¡Eso es un asesinato!.

Venezuela: Estos son los derechos humanos que viola la 'guarimba'

RT: ¿La violencia que generan las guarimbas se parece a otra que se produzca en la región?

CS: No. Y eso llama poderosamente la atención. En mi opinión son las últimas artimañas que se inventó el imperialismo como forma de guerra en nuestros países.

Lo mismo que el desabastecimiento, la desinformación o los intentos de aislamiento es una estrategia esto de armar a algunos cabecillas en ciertas comunidades, importar paramilitares y contratar a sectores lúmpenes de la sociedad para cometer vandalismo. Visto así es una práctica nueva.

RT: Se critica mucho la actuación de las fuerzas del orden en Venezuela. ¿Actúan igual en su país?

CS: En Argentina tenemos experiencias lúgubres con la Policía, porque es directamente un cuerpo enemigo, mientras que las fuerzas armadas responden al poder del más fuerte y no a las necesidades de la población.

Tenemos también las llamadas barras bravas asociadas al fútbol. Se trata de sectores lúmpenes que contratan para cometer hechos violentos puntuales, pero en Venezuela hoy esos grupos que generan violencia están en las calles atacando a la gente.

Me parece que la policía debe ser más contundente para defender los derechos de la población, que son los que hay que defender.

RT: No obstante en la prensa se publica con frecuencia que la Policía reprime a los que protestan…

CS: ¡Por Dios! Basta con mirar las imágenes para darse cuenta que en la mayoría de los casos hay que defender a los policías que son las víctimas.

¿De qué derechos humanos? Si se manifiestan como quieren. Matan, linchan o incendian a personas por creerlos chavistas o porque piensan diferente. Son ellos los que violan los derechos humanos.

Reclamar derechos para los guarimberos es ignorar todo lo que significan los DD.HH. Los derechos humanos suponen el respeto del otro, el respeto a la vida, es no invadir el territorio del otro.

Guarimba contra periodistas: el necesario estado de desinformación

RT: ¿El lícito convalidar la violencia para obtener objetivos políticos?

CS: Siempre hay una parte de la sociedad que comulga con los postulados de la derecha o extrema derecha, eso no lo podemos negar. Pero cuando el discurso hegemónico es el de la libertad, la democracia y la paz, estos sectores de derecha se ven obligados a controlar sus impulsos homicidashacia el otro. Al contrario, si en la sociedad impera el discurso de ese sector, la violencia surge y se fortalece.Por ejemplo, en la Argentina de hoy ya no está tan mal visto decir: 'Hay que matar a los negros', que son los pobres.

Mientras gobernaron Néstor y Cristina Kirchnner estaba muy mal decir algo como eso. Pero ahora, los fascistas pueden decir con tranquilidad: 'estos negros de mierda se embarazan para cobrar el plan' (refiriéndose al programa Asignación Universal por Hijo). Y lo pueden decir porque el discurso del poder político es justamente ese.

Cuando niegan que la dictadura haya desaparecido a 30.000 personas o cuando el presidente Macri se refiere al 'curro de los derechos humanos (utilizando curro como sinónimo de robo o atribuido a alguien que vive o se vale de los derechos humanos)', avala que ese sector de la población diga los horrores que dice, incluso en los medios de comunicación.

RT: ¿Es Venezuela un experimento para probar el uso de la violencia en la disputa política?

CS: Sí. Sin duda es un experimento que supongo lo van a replicar en Bolivia, Nicaragua, Ecuador o donde sea que EE.UU. quiera extender sus garras.

A nosotros los argentinos nos ganaron por los votos, por el momento no necesitan este tipo de violencia. Lo que está haciendo en mi país es destruirnos económicamente. Desde el punto de vista político no pueden, pero sí en el aspecto económico.

Por eso digo que hay que parar a los guarimberos, no pueden seguir avanzado. Si en Venezuela permiten que el discurso dominante sea el de los violentos, eso se extenderá como una lava por la región. Los venezolanos tienen el compromiso de defender la revolución, porque es la defensa de Suramérica.

Ernesto J. Navarro