Organizaciones sociales como la ANC y òmnium han criticado la "violencia del Estado", mientras que el Ministerio del Interior ha defendido la actuación "profesional".
La propuesta de Puigdemont: presidencia "simbólica" en Cataluña y Asamblea con poder real en el exilio
EL MUNDO
Barcelona
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La CUP tiene previsto consultar a la militancia las distintas propuestas que puso sobre la mesa Carles Puigdemont en la reunión que tuvieron en Bruselas, entre las que se plantea una presidencia "simbólica" de la Generalitat en Cataluña mientras el líder de Junts per Catalunya es proclamado president en Bruselas.
La propuesta, que no cuenta de momento con el apoyo de ERC, supone la creación de un "contrapoder al Estado" en el exterior, llamada Asamblea de cargos electos constituyente, y que reúna a los miembros del Govern en el exterior y a otros políticos de la CUP y ERC, así como independientes.
Según esta configuración, que refleja una circular enviada por la CUP a su militancia y recogida por Vilaweb, el Parlament se quedaría las competencias en políticas públicas y desarrollaría las "iniciativas políticas y legislativas acordadas en la Asamblea en el exilio", que se convertiría en la "real dirección política" de Cataluña.
El Govern exterior gestionaría asimismo la internacionalización de la república y la diplomacia catalana.
Para dar un encaje legal a esta estructura, la CUP somete a debate de la militancia su apoyo a la propuesta de presentar una propuesta de resolución en el Parlament que implique la restitución de Puigdemont como president, en aras de resultado del referéndum del 1-O y la Declaración de independencia del 27-O. También se modificaría la Ley de Presidencia para poder dar cabida a una investidura telemática de Puigdemont, a través de una reforma exprés.
En la hoja de ruta planteada por Puigdemont, el 18 de febrero se celebraría la Asamblea de Electos y la Investidura del president en Bruselas, y unos días después se intentaría su investidura en el Parlament. Si ésta no fuera posible, se buscaría otro candidato.
Elsa Artadi en el Parlament de Cataluña.MASSIMILIANO MINOCRI / ATLAS
Las negociaciones entre Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y la CUP para formar gobierno en Cataluña han avanzado de manera notable las últimas horas y apuntan a un relevo en la presidencia de la Generalitat. El nombre de Elsa Artadi, mano derecha del expresidente Carles Puigdemont, ha generado consenso para presidir la institución entre las partes negociadoras, aunque el pacto final depende del papel que se le reserve precisamente a Puigdemont. La intención de Junts per Catalunya es que el expresidente siga gobernando de facto desde su refugio de Bruselas, donde está huido de la justicia desde el pasado mes de noviembre.
Paralelamente a este reconocimiento Junts per Catalunya quiere que el Parlament apruebe una propuesta de resolución en la que se condene la aplicació del artículo 155 de la Constitución y se defienda la "legitimidad" de Puigdemont y sus exconsejeros para seguir mandando sobre la Generalitat. Sin embargo, el Partido Popular ya ha avanzado que, en virtud precisamente de este artículo, impugnará la propuesta si aparece en el orden del día de la sesión. "No podemos estar con plenos simbólicos para que parezca que hay una doble legalidad. Nos vamos a oponer a estos disparates", ha advertido Xavier García Albiol, que ha querido recordar al presidente del Parlament que la Cámara no puede por ahora legislar "lo que le venga en gana". "Estamos bajo el artículo 155 que regula de forma muy clara las propuestas que se pueden presentar y cuales no. Es para mayor gloria de Puigdemont y es inviable".La fórmula para lograr que Puigdemont pueda seguir moviendo los hilos de la política catalana se basaría en darle un cargo más o menos simbólico como presidente del llamado Consejo de la República. Este ente, que ahora no existe, podría ser creado a través de una reforma de la ley de la Presidencia y del Gobierno de la Generalitat. La discrepancia entre los dos partidos es si esta reforma se puede hacer por la vía exprés –que será impugnada con toda probabilidad por parte de la oposición- o si se hace por la vía ordinaria, lo que retrasaría la creación de este organismo. Una tercera vía sería darle a este organismo un carácter puramente simbólico para dificultar impugnaciones ante el Tribunal Constitucional. Esta es la vía favorita de Esquerra Republicana.
Si este último principio de acuerdo llega a buen puerto Puigdemont sería objeto de un acto de reconocimiento por parte de una asamblea de cargos electos independentistas en Bélgica para intentar darle una pátina de legitimidad a su posición. Con ello su equipo busca transmitir la imagen de que sigue siendo el presidente legítimo por más que ya no lo sea. Las negociaciones continuarán durante el día de hoy para formar un gobierno que será paritario entre Junts per Catalunya y ERC.
En soledad, su partido pidió modificar la ley para investirlo
La última carta de Puigdemont
Sus socios en la coalición independentista advirtieron esta semana que no consideran viable la propuesta porque la reforma será previsiblemente impugnada por el gobierno español presidido por Rajoy ante el Tribunal Constitucional.
Puigdemont ayer en Bélgica durante un acto por los 100 días desde que empezó su exilio. Imagen: EFE
El partido de Carles Puigdemont, Juts per Catalunya (JxCat) registró ayer en el Parlamento de Cataluña una propuesta para modificar la ley vigente y poder nombrar así a distancia jefe del Gobierno regional al líder independentista, quien se encuentra prófugo en Bélgica.
La propuesta, que pretende modificar la Ley de la Presidencia del Gobierno catalán (una de las normas fundamentales vinculadas al autogobierno),fue registrada por JxCat en solitario, es decir, sin el apoyo de Esquerra Republicana (ERC), partido separatista con el que gobernó en la región española entre 2016 y 2017.
Desde ERC advirtieron esta semana que no lo consideran viable porque la reforma será previsiblemente impugnada por el Gobierno español de Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional. El partido aboga por una doble presidencia: una simbólica que recaiga sobre Puigdemont y otra “efectiva” y material en Cataluña, ejercida por otro candidato.
El ex presidente regional permanece en Bélgica desde el pasado octubre, cuando fue destituido por Madrid como jefe del Ejecutivo catalán en el marco de una serie de medidas para frenar sus planes separatistas. En España está siendo investigado por delitos vinculados a ese proceso, por lo que su regreso supondría su detención. Es por esta razón que su partido busca investirlo jefe del Gobierno catalán desde Bruselas, después de que los independentistas lograran la mayoría absoluta en las elecciones catalanas de diciembre.
Sin embargo, el Constitucional prohibió hace unos días una posible investidura a distancia tras el recurso interpuesto por Rajoy contra
la sesión convocada para ello en el Parlamento catalán. El presidente de la Cámara, el independentista Roger Torrent, decidió entonces posponer la sesión parlamentaria indefinidamente, lo que provocó una brecha entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana.
A raíz de esto, los abogados del Parlamento concluyeron ayer que el aplazamiento de la investidura del Puigemont paralizó el proceso de designación de un nuevo gobierno, con lo que el plazo de dos meses para convocar a nuevas elecciones en Cataluña aún no comenzó a correr.
El informe jurídico, del que estaban pendientes los dirigentes de Cataluña y de Madrid, no acaba con la incertidumbre en la que está instalada la norteña región española, ya que la decisión de activar el reloj que presiona para llegar a un acuerdo de investidura queda en manos del propio Torrent. El diputado de Esquerra Republicana de Catalunya es quien tiene en su poder comunicar a la Cámara que existe un bloqueo, lo que se equipara con una votación de investidura fallida.
También podría empezar a correr el tiempo con una resolución del Tribunal Constitucional (TC), que debe resolver las alegaciones presentadas por los independentistas, que impugnaron la decisión de prohibir una investidura de Puigdemont a distancia. No obstante, los juristas del Parlamento catalán matizan y señalan que si una vez admitida a trámite la impugnación ante el TC el bloqueo continúa, sigue siendo Torrent el que tiene la facultad de activar el inicio del plazo para las nuevas elecciones, mediante un comunicado que constate la imposibilidad de la investidura. Recién en caso de que el presidente del Parlamento catalán no tome esta decisión en un plazo prudente, se puede estudiar la posibilidad de que los grupos parlamentarios impulsen un acto equivalente, señalaron los letrados.
De esta forma, el proceso de designación del Presidente y del nuevo gobierno catalán queda congelado, lo que deja a Cataluña oficialmente en un impasse hasta tanto los propios independentistas resuelvan cómo darán salida a la situación.
Ante las dificultades que conlleva la investidura de Carles Puigdemont, quien se encuentra en Bélgica prófugo de la Justicia, en estos días emergió como posible candidata de consenso Elsa Artadi, vocera de JxCat. Artadi, sin embargo, insistió en que “el candidato es Puigdemont”. También lo hizo el jefe de la Cámara catalana y advirtió de la necesidad de cerrar una investidura lo antes posible para que la administración de la región deje de estar intervenida por Madrid como ahora.
A pesar de que todavía no hay un acuerdo cerrado, el plan que sigue ganando fuerza es que Artadi u otro diputado de JxCat se ponga al frente de un gobierno oficial elegido por el parlamento catalán por los causes legales y Puigdemont asuma un cargo simbólico, pero con la legitimidad para mover las riendas de la política catalana desde el exilio.
Al respecto, líder del conservador Partido Popular en Cataluña, Xavier Garcia Albiol, opinó: “Con toda sinceridad: el mérito que le conocemos (a Artadi) es que es que fue directora de campaña de Puigdemont. No es la mejor opción. Y me consta que una parte importante de los miembros independentistas del Parlament no están conformes.” Además, agregó: “Su mérito es esta confianza del anterior Govern y directora de campaña de Puigdemont. Creo que la política es algo más serio del espectáculo que nos están dando en las últimas semanas”.
Los militantes de la CUP, reunidos esta mañana en la sede del partido en Barcelona, deberán decidir pues si secunda el paso al lado del hasta ahora candidato a la investidura, Carles Puigdemont, líder de JxCat, para que sea investido Jordi Sànchez.
A la militancia se le plantean tres opciones: apoyar el acuerdo definitivo que alcancen JxCat y ERC sin condiciones, apoyarlo siempre que se acepten puntos programáticos para "materializar la república" catalana o rechazarlo por su carácter "autonomista".
El documento que la dirección del partido ha hecho llegar a sus bases explica que JxCat y ERC proyectan constituir en Bruselas una "Asamblea de Representantes de la República" y un "Consejo de la República" que estaría presidido por Carles Puigdemont, en paralelo a un Govern presidido por Jordi Sànchez, de "legalidad autonómica y obediencia republicana".
El candidato propuesto, Jordi Sánchez, ha pedido que le dejen salir de la cárcel para asistir a la sesión.
Albert Gea / Reuters
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El presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, ha convocado el pleno de investidura para el próximo lunes 12 de marzo, a las 10:00 horas.
Por su parte, Jordi Sánchez, propuesto como candidato a la presidencia de la Generalitat, ha pedido al Tribunal Constitucional y al Supremo que lo dejen en libertad para poder asistir a su propia investidura, alegando que su voluntad y la de su grupo político –Junts per Catalunya– es proceder de acuerdo a la "legislación vigente".
En el escrito presentado al Supremo por Jordi Pina, abogado de Sánchez, al que ha tenido acceso el diario El Mundo, se explica que "no suspender la prisión que pesa sobre mi mandante afectaría de modo irreversible ya no solo a sus derechos individuales (libertad, participación política, presunción de inocencia), o a los derechos de los ciudadanos que votaron a aquellos partidos que promueven su candidatura, sino que tendría graves e irreparables efectos en el normal funcionamiento institucional de la Generalitat de Catalunya".
El letrado solicita al tribunal que se pronuncie lo antes posible dada la proximidad de la fecha propuesta para la investidura de su cliente.
Jordi Sànchez pide su libertad para ser elegido president de la Generalitat
El número dos de JxCat solicita al Tribunal Supremo y al Constitucional que lo dejen libre o le permitan acudir al Parlament para su investidura el próximo lunes. Torrent convoca el pleno de investidura para el próximo lunes 12 de marzo.
Jordi Sànchez pide el amparo del Constitucional por violación de sus derechos fundamentales al seguir en prisión. EFE/Archivo
El expresidente de la ANC y número dos de JxCat, Jordi Sànchez, ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) que lo deje en libertad para poder ser investido en un pleno del Parlament el 12 de marzo. Lo ha hecho en dos escritos al juez recogidos por Europa Press, en los que a través del abogado Jordi Pina pide que se lo ponga en libertad provisional o se le dé permiso para ir presencialmente al pleno.
Argumenta que si no se le permite ir al pleno se estarán vulnerando sus derechos personales y los de los ciudadanos, ya que no se estará respetando la voluntad de un Parlament elegido democráticamente que quiere investirle.
Por ello, solicita al juez la "inmediata puesta en libertad provisional" y que resuelva el asunto en la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta que el pleno de investidura se celebrará en seis días.
En caso de no lograr la libertad provisional, Sànchez pide que se le otorguen "permisos extraordinarios para poder acudir al acto de investidura previsto para el día 12 de marzo".
Pina cita el antecedente de Juan Carlos Yoldi, que siendo preso preventivo de ETA fue autorizado por un juez en 1987 para acudir presencialmente a una sesión de investidura en el Parlamento vasco.
"Esta defensa está convencida de que, más allá de lo que reclamen ahora ciertos partidos políticos o aventuren los medios de comunicación, el Sr. Instructor compartirá el mismo criterio aplicado en su día al 'caso Yoldi' y no desautorizará aquella decisión", arguye Pina.
Y añade que "en un sistema constitucional mínimamente respetuoso con las libertades ciudadanas, riesgos difusos para el orden público no pueden legitimar nunca la anulación de derechos políticos elementales, ni alterar tampoco el sentido de la voluntad de una cámara parlamentaria elegida democráticamente".
"Desautorizar el criterio aplicado en el único precedente español de 1987 supondría, con los debidos respetos, una triste involución en materia de respeto a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, además de un grave perjuicio para la democracia y el pluralismo político", sentencia.
También defiende que, tal jurisprudencia, evidencia que los derechos políticos no pueden limitarse "hasta el extremo de impedir que un diputado todavía inocente" pueda presentar su candidatura ante una cámara parlamentaria por muy graves que fueran los delitos imputados.
La experiencia previa del 'caso Yoldi', añade Pina, "demuestra que, pese a las interesadas voces de alarma, la asistencia al pleno se desarrolló con absoluta normalidad y el sistema constitucional español pudo dar una lección al mundo de respeto a los derechos humanos y a la democracia".
Por ello, rebate "el (supuesto) peligro para la seguridad pública que puede entrañar la conducción del candidato a la sede parlamentaria", y rechaza que puedan producirse tumultos.
Pina también pone énfasis en "la muestra evidente de la voluntad, no sólo personal (Jordi Sànchez), sino de todo su grupo parlamentario (JxCat), de respetar las decisiones del Tribunal Constitucional aunque no se comparta su contenido".
Y recuerda que la candidatura de Sànchez se presenta "una vez que se ha decidido retirar la previa candidatura de Carles Puigdemont tras el correspondiente pronunciamiento cautelar del Tribunal Constitucional".
"Si realmente la voluntad de mi mandante -y de los restantes miembros de su candidatura- hubiera sido la de rebelarse violentamente es evidente que en ningún caso se hubiera optado por concurrir a las elecciones o presentar un candidato alternativo" a Puigdemont para presidir un Gobierno autonómico.
Caso Blanquerna
El letrado argumenta que la Sala del Supremo dio tres días a partir del 3 de febrero a las partes para presentar alegaciones contra la resolución, que Pina aportó sus argumentos para solicitar la suspensión del dictamen por el que Sànchez está en prisión provisional, pero que la Fiscalía no presentó documentación alguna.
"Esta defensa no tiene constancia de que, por parte del Ministerio Fiscal, se haya emitido informe sobre la suspensión solicitada", esgrime la defensa que no ve justificación a la dilación de la Fiscalía, teniendo en cuanta que Sànchez se encuentra privado de libertad.
Por eso pide a Llarena que considere vencido el plazo concedido a la Fiscalía y, al no existir oposición por parte del Ministerio Fiscal a la petición de suspensión de la resolución por la que Sànchez está en la cárcel, "proceda a suspenderla".
El escrito recuerda el caso por el que el Tribunal Constitucional decidió suspender cautelarmente el ingreso en prisión de los ultras condenados por el asalto al centro Blanquerna de Madrid durante la Diada de 2013, mientras no se resolvieran los recursos de amparo contra las penas de cerca de cuatro años de cárcel que les impuso el Supremo.
Otro de los motivos que argumenta el escrito de defensa es la decisión de Torrent de proponer a Sànchez como candidato a la Presidencia, que previsiblemente cuenta el apoyo mayoritario de la Cámara y que no permitir su asistencia al pleno "tendría graves e irreparables efectos en el formal funcionamiento institucional de la Generalitat".
"Se estaría lesionando gravemente el derecho de Catalunya a su autonomía", añade Pina, que considera que sería una grave alteración de voluntad de los ciudadanos catalanes manifestada en las elecciones del 21 de diciembre y que supondría un grave daño para la credibilidad nacional e internacional de un ordenamiento constitucional que dice estar basado en valores como la democracia, la libertad y el pluralismo.
Torrent convoca el pleno para el lunes 12 de marzo
El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado oficialmente el pleno de investidura de Jordi Sànchez (JxCat) el lunes 12 de marzo a las 10 horas. Según ha informado el Parlament en un comunicado, Torrent ha firmado la convocatoria este martes por la mañana, antes de presidir la reunión ordinaria de la Mesa programada a las 10 horas.
Se trata del segundo pleno de investidura que convoca Roger Torrent esta legislatura: el primero fue con Carles Puigdemont (JxCat) como candidato, pero finalmente renunció y señaló a Sànchez.
La exconsejera de Educación de Cataluña, Clara Ponsatí, se ha presentado en una comisaría de Edimburgo, Escocia, acompañada de su abogado, el rector de la universidad de Saint Andrews. Ha quedado en libertad aunque le ha sido retirado el pasaporte.
Clara Posantí, exconsejera catalana.
Wikipedia / Generalitat de Catalunya
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Clara Posantí, exconsejera del Gobierno de Carles Puigdemont, se ha entregado esta mañana a la justicia de Reino Unido presentándose en una comisaría de Edimburgo (Escocia) acompañada de su abogado. Lo ha hecho tras el requerimiento de la justicia española que ha emitido una Orden Europea de Detención y Entrega a las autoridades judiciales británicas.
Su abogado, el rector de la Universidad de Glasgow Aamer Anwar, que la ha acompañado hoy, ha declarado que su defendida "no confía" en la independencia e imparcialidad de los tribunales españoles, como recoge el periódico ABC. Igualmente ha afirmado a través de Twitter que "voy a defender a Clara Posantí de los intentos de España de extraditarla sobre la base de que se trata de una persecución política y no hay garantía de que se respeten sus derechos humanos en los tribunales españoles".
El juez de Edimburgo ha determinado su puesta en libertad y le ha impuesto como medida cautelar la retirada del pasaporte, como publica Catalunya Radio.
El juez del Tribunal Supremo de España Pablo Llarena comenzó el procesamiento de Posantí el 23 de marzo por el delito de rebelión acusada de "asumir el control y ocupación de todos los centros escolares dependientes de su Consejería para garantizar su utilización para el referéndum", rezaba el auto recogido por el diario Crónica Global.
Posantí era Consejera de Educación cuando se produzco el referéndum del 1 de octubre en Cataluña, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional español. El 30 de octubre de 2017 salió del país hacia Bélgica en compañía del expresidente Carles Puigdemont y otros tres exconsejeros con la intención de eludir la acción de la justicia española. Posteriormente se trasladó a Escocia, donde estaba ejerciendo de profesora en la Universidad de Saint Andrews, Glasgow.
El líder de Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont, ha lanzado este sábado una advertencia a través de Twitter con respecto a su futuro político: “No claudicaré, no renunciaré, no me retiraré ante la actuación ilegítima de quienes han perdido en las urnas ni ante la arbitrariedad”.
En el primer tuit difundido desde que cedió el control de sus perfiles en las redes sociales al encontrarse recluido en el centro penitenciario de Neumünster, Puigdemont ha dado a entender que no forma parte de sus planes dar un paso atrás en la primera línea de la política.
“Que todo el mundo lo tenga claro: no claudicaré, no renunciaré, no me retiraré ante la actuación ilegítima de quienes han perdido en las urnas ni ante la arbitrariedad de quienes están dispuestos a pagar el precio de abandonar el Estado de derecho y la justicia por la unidad de la patria”, ha recalcado.
Información y privacidad de Twitter AdsPuigdemont se encuentra bajo custodia policial desde que fuera detenido el pasado domingo cuando se desplazaba desde Helsinki hasta Bélgica, tras la euroorden dictada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que le acusa de presuntos delitos de rebelión y malversación de caudales públicos.
El expresident de la Generalitat de Catalunya fue arrestado por la policía en un área de servicio de una autopista en el norte del país, después de cruzar la frontera desde Dinamarca en su regreso desde Finlandia a Bruselas tras ofrecer una conferencia.
El líder de Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont, ha lanzado este sábado una advertencia a través de Twitter con respecto a su futuro político: “No claudicaré, no renunciaré, no me retiraré ante la actuación ilegítima de quienes han perdido en las urnas ni ante la arbitrariedad”.
En el primer tuit difundido desde que cedió el control de sus perfiles en las redes sociales al encontrarse recluido en el centro penitenciario de Neumünster, Puigdemont ha dado a entender que no forma parte de sus planes dar un paso atrás en la primera línea de la política.
“Que todo el mundo lo tenga claro: no claudicaré, no renunciaré, no me retiraré ante la actuación ilegítima de quienes han perdido en las urnas ni ante la arbitrariedad de quienes están dispuestos a pagar el precio de abandonar el Estado de derecho y la justicia por la unidad de la patria”, ha recalcado.
Información y privacidad de Twitter AdsPuigdemont se encuentra bajo custodia policial desde que fuera detenido el pasado domingo cuando se desplazaba desde Helsinki hasta Bélgica, tras la euroorden dictada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que le acusa de presuntos delitos de rebelión y malversación de caudales públicos.
El expresident de la Generalitat de Catalunya fue arrestado por la policía en un área de servicio de una autopista en el norte del país, después de cruzar la frontera desde Dinamarca en su regreso desde Finlandia a Bruselas tras ofrecer una conferencia.
Exploramos con ayuda de un analista el escenario político y social catalán, ante las últimas noticias del proceso judicial al expresidente de la Generalitat.
Un folleto reclama la libertad del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont.
Daniel Reinhardt / www.globallookpress.com
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En la mañana de este martes la fiscalía alemana ha solicitado a la Audiencia territorial de Schleswig que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont sea extraditado a España, por los delitos de rebelión y malversación de fondos. Asimismo, ha pedido que se le mantenga en prisión, porque considera que existe riesgo de fuga.
El tribunal regional que ha recibido la petición de la fiscalía dispone de un plazo de 60 días para tomar la decisión.
El abogado de Carles Puigdemont ha reaccionado a la noticia en su cuenta de Twitter, señalando que "la decisión de hoy era la esperada", y que habría sido "verdaderamente excepcional que la fiscalía no admitiese ni a trámite la petición". "Ahora se inicia el proceso judicial donde ya podremos hacer alegaciones", añadió.
La decisió d’avui era l’esperada. Hauria estat veritablement excepcional que la fiscalia no admetès ni a tràmit la petició. Ara s’inicia el procés judicial on ja podrem fer al·legacions
A Alemanya el President no té (encara) residència coneguda. Ara treballarem aquest aspecte
En cualquier caso, si la extradición fuese finalmente llevada a cabo se abriría un nuevo escenario social y político en relación al proceso independentista catalán. Para explorarlo, hemos recurrido a la ayuda del analista político Nuño Rodríguez.
En opinión de este politólogo, si el trámite de la extradición llega al puerto deseado por la fiscalía y el tribunal aprueba su extradición a España —cosa que considera muy probable—, "Puigdemont compartiría con el resto de encausados prisión preventiva hasta la celebración del juicio".
En este sentido, nos comenta que "haber sido detenido por las autoridades alemanas era lo peor que podía sucederle [a Puigdemont], porque la legislación alemana contempla delitos similares a los que es acusado por el poder judicial en España".
La importancia del poder en la sombra
No obstante, Nuño Rodríguez no cree que lo que suceda con Puigdemont sea lo más relevante en este momento. A su modo de ver, los actores políticos independentistas encausados o encarcelados se han convertido en "elementos de catalización de movilizaciones o discordias en las calles", y a pesar de estar procesados o en prisión "siguen siendo elegibles en procesos electorales. Aun a pesar de estar en aplicación el artículo 155 de la constitución, todo el gobierno destituido ejerce un inmenso poder en la sombra".
Manifestantes independentistas reclaman la libertad de Puigdemont en Alemania, 1 de Marzo de 2018. / Hannibal Hanschke / Reuters
"Todos los días —señala Rodríguez— vemos como desde la cárcel, o desde las cuentas en redes sociales de los presos, salen instrucciones o propuestas para ser tomadas en consideración por los grupos secesionistas en libertad".
Así, este analista vaticina que "con Puigdemont en la cárcel vamos a ver exactamente los mismo: cartas a los principales noticieros pro secesionistas a nivel internacional, visitas a prisión de marginales grupos políticos radicales, en definitiva ejercicio libre y abierto de actividades políticas".
¿Peligro en las calles?
Nuño Rodríguez llama la atención sobre un hecho de actualidad: "las calles en Cataluña están soportando la presión de grupos minoritarios como los Comités de Defensa de la República (CDR)".
Los CDR nacieron el año pasado con la intención de contribuir a que tuviera lugar en Cataluña el referéndum del pasado 1 de octubre —que el Tribunal Constitucional de España declaró ilegal— y, posteriormente, para que se aplicara el resultado de esa consulta. Aunque se trata de una organización independiente, cuenta con el apoyo de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), un partido independentista con cuatro diputados en el Parlamento catalán.
Manifestantes independentistas piden la libertad de Puigdemont. Barcelona, 27 de Marzo de 2018. / Susana Vera / Reuters
"Estos grupos son minoritarios pero están bien organizados", explica el politólogo, que advierte además de que "en las calles pueden ser bastante peligrosos".
Más allá de Cataluña y España
Rodríguez predice que las implicaciones políticas del escenario actual "no se van a limitar a Cataluña o España" y explica que "hay un proceso de desestructuración europea que quiere convertir a las naciones en regiones".
"El asunto catalán —continúa— ha polarizado propuestas políticas y sistemas mediáticos a lo largo y ancho de Europa y del globo".
Este analista señala también que "el Parlamento catalán ya no es el mecanismo motriz del secesionismo; el mecanismo motriz ha de cambiar de escenario y de actores, y esto va a ser un problema para la judicatura española, porque muy seguramente se realice desde lugares donde no tienen legislación".
Cataluña es hoy, sin duda, un escenario político complejo, cuyo análisis obliga a tener en cuenta factores regionales, nacionales y globales, de tipo político, social y legal. La solicitud que ha hecho hoy la fiscalía alemana es solo un hito en el procesamiento judicial de uno de los políticos catalanes independentistas encausados, pero forma parte de un proceso político cuyas consecuencias sociales son indiscutiblemente relevantes.
Nueva sesión en el Parlamento catalán, ¿y ahora qué?
Publicado: 5 abr 2018 06:53 GMT
El pleno que se celebra hoy es el primero en el que cambian los equilibrios de poder entre fuerzas independentistas y constitucionalistas en la cámara autonómica de Cataluña.
Parlamento catalán durante el pleno del 28 de marzo de 2018. Barcelona.
Albert Gea / Reuters
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El Parlamento catalán celebra hoy un nuevo pleno con la novedad de la admisión de la delegación de voto del expresidente Carles Puigdemont. La Mesa de la Cámara tomó la decisión este martes por mayoría, y lo hizo público a través de Twitter, a pesar de las reticencias de los letrados de la institución. La solicitud había sido hecha después de la detención en Alemania de Puigdemont, el pasado día 25 de marzo, pero no fue estudiada y posteriormente aceptada por el órgano de gobierno del Parlamento regional hasta esta semana.
Después de las elecciones del pasado mes de diciembre y de dos candidatos fallidos a la investidura –el propio expresidente catalán y Jordi Sánchez–, el 22 de marzo se produjo el primer debate de investidura con el candidato Jordi Turull, que no consiguió la confianza de la Cámara. Desde ese día, según estipula la ley, se disponen de dos meses de plazo para investir un presidente de la Generalitat, para lo cual se necesita un nuevo candidato. De no ser así, se celebrarán nuevos comicios este verano.
En la sesión plenaria de este jueves la cuestión de la investidura no está sobre la mesa. La parálisis que está suponiendo la carencia de un Gobierno efectivo y la prórroga de la intervención de la autonomía catalana por parte del Estado hace que sea indispensable comenzar a tomar medidas legislativas. Así, la Cámara deberá debatir y votar sobre la convalidación o revocación de dos Decretos Leyes, uno que prevé recuperar la paga extraordinaria de los funcionarios catalanes de 2012 y otro sobre las necesidades financieras de la prórroga presupuestaria.
Exigencia de responsabilidad al presidente del Parlamento
El punto más polémico del día será el debate y votación sobre la propuesta de resolución de Ciudadanos, el partido más votado en las elecciones, sobre la exigencia al presidente del Parlamento de transparencia y responsabilidad institucional en el ejercicio de sus funciones.
El texto que ha presentado la formación tacha la actitud del presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, como "de cariz tacticista, falto de buena fe". Afirma también que "ha posibilitado la parálisis de una institución", en referencia a la Cámara legislativa.
Cambio de mayorías
La investidura de Jordi Turull resultó fallida porque, con la abstención de los cuatro diputados de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), los independentistas contaban con un voto menos que el denominado bloque constitucionalista: 64 a 65.
Este equilibrio ha cambiado a raíz de la admisión del voto delegado de Carles Puigdemont, que a partir de ahora podrá ejercer en su nombre Elsa Artadi, diputada de su mismo grupo parlamentario, Junts per Catalunya (JuntsxCat). En estos momentos, si la abstención de la CUP se mantiene, se produciría un empate entre ambos bloques.
Los partidos nacionalistas podrían alcanzar la mayoría en futuras votaciones si consiguieran la delegación del voto de Antoni Comín, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el único diputado que se encuentra fuera de España (además de Puigdemont). La cuestión no parece fácil, puesto que el Tribunal Supremo de España ya vetó que se pudiera conceder a políticos que se encontraran en busca y captura.
Precisamente esta ha sido la argumentación utilizada por la Mesa del Parlamento catalán para aceptar la solicitud de Carles Puigdemont, puesto que tras su detención por las autoridades alemanas ya no se encuentra en busca y captura. Esta decisión ha acarreado las críticas de la oposición y las dudas de los letrados del Parlamento, que no tienen claro que se ajuste al derecho.
¿Se puede lograr la investidura con esta composición del Parlamento?
Con las cifras actuales es imprescindible el apoyo de los cuatro escaños de la CUP. Si su abstención se mantiene no sería posible investir a un candidato, pues los diputados de los partidos independentistas JuntsxCat y ERC sumarían 65 votos, al igual que la suma de los escaños de Ciudadanos, Partidos Socialista de Catalunya, En Comú-Podem y Partido Popular. Para que la investidura se produzca es necesario que los votos afirmativos superen a los negativos, no basta con un empate.
Desde ERC hace semanas que parece que se apuesta por aparcar el proceso soberanista y formar Gobierno cuanto antes, contrastando con el enroque de JuntsxCat. Una de las posibilidades contempladas sería atraer al bloque de gobierno al grupo parlamentario de En Comú-Podem, que pese a no ser independentista, se ha mostrado muy crítico con la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que ha habilitado la intervención de la autonomía catalana. Esta hipótesis pasa porque JuntsxCat se alejara de las posturas más extremistas, aceptaran un candidato que no tenga causas pendientes con la justicia y accedieran a dejar de lado el proceso independentista.
Los letrados de la Cámara no están convencidos de su viabilidad.
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La mayoría independentista de la Mesa del Parlamento catalán ha decidido este viernes presentar una querella contra Pablo Llarena, el juez del Tribunal Supremo que se negó a excarcelar a Jordi Sànchez, candidato la presidencia de la Generalitat, para que pudiera asistir al pleno de su investidura.
Tal como informa el diario catalán El Nacional, los letrados de la Cámara han manifestado dudas acerca de si el Parlamento catalán, como institución, es competente para llevar a cabo esta acción jurídica. Sin embargo, se han mostrado conformes sobre la supuesta existencia de una vulneración de los derechos políticos del candidato Jordi Sànchez.
El 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales en toda España y las candidaturas republicanas consiguieron la mayoría en cuarenta capitales de provincia. Los partidos monárquicos únicamente ganaron en nueve: Ávila, Burgos, Cádiz, Lugo, Orense, Palma de Mallorca, Pamplona, Soria, Vitoria. Incluso aquellas que hoy consideramos atrasadas o reaccionarias como las gallegas o las castellanas votaron entusiasmadas por la República.
En palabras del ministro de la Gobernación la tarde de las votaciones, «las informaciones recibidas de los pueblos pequeños acusaban favorables impresiones, pero las de los pueblos importantes eran, como las de las capitales de provincia, desastrosas.» En Vitoria y Pamplona, donde triunfaron los jaimistas (partidarios del infante Jaime, primer hijo de Alfonso XIII), tras la proclamación de la Segunda República se repitieron las votaciones el 31 de mayo, y se obtuvieron sendas victorias republicanas. La corriente antimonárquica había triunfado en 41 capitales de provincia. En Madrid, los concejales republicanos triplicaban a los monárquicos y en Barcelona los cuadruplicaban. España se acostaba monárquica y se levantaba republicana, y así lo constató el conde de Romanones cuando aconsejó al rey Alfonso XIII que se fuera porque su pueblo no lo quería, a pesar de las consultas que aquel pretendía hacer a su Ejército.
Han transcurrido 87 años y la España que fue republicana, ilustrada, progresista, incluso socialista, acepta la monarquía, al parecer como mal menor, utilizando como chantaje la amenaza siempre presente de otra conflagración civil, cuando ninguna situación actual es comparable con la de 1936 ni existe ninguna justificación a que España, que tanto luchó por la República deba aguantar, sin esperanza de cambio, la saga de los Borbones. Al parecer hay que cumplir el dicho de que los Borbones siempre vuelven: se echó a Isabel II y regresó Alfonso XII, se echó a Alfonso XIII y aquí tuvimos a Juan Carlos I. Pero para ver la corona nuevamente reinando en Españaeste martirizado pueblo, que, como decía Bernardo López García, “no ha tenido más verdugo que el peso de su corona”,que ha librado tres guerras civiles para acabar con el feudalismo, los gobiernos corruptos, una Administración anquilosada, el amiguismo y el enchufismo, la explotación de sus trabajadores, las desigualdades de renta y la marginación y la opresión de sus mujeres, tuvo que ser derrotado trágicamente en la última y soportar 40 años de dictadura. Para encontrarse nuevamente con el reinado borbónico que mantiene los mismos privilegios que un siglo atrás.
Las generaciones crecidas en el caldo de cultivo de la dictadura primero y de la democracia después, no solo en los colegios fascistas, jesuíticos y del Opus sino también en esta escuela pública que no enseña nuestra verdadera historia, no saben nada de lo que fue aquella heroica República y los principios que defendía y que aprobó una Constitución que comenzaba diciendo que “España es una República democrática de trabajadores de toda clase,” y cuyo artículo 3 afirmaba que “El Estado español no tiene religión oficial”. Como declaración de principio ratificaba en su artículo 6 que “España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional”. Ya sabemos lo que duró aquella paz y cómo la traicionaron los generales que habían jurado fidelidad a la República.
Aquellos que reclaman la Mancomunidad de sus provincias bajo este Estado monárquico no parecen saber que el Artículo 10 de la Constitución republicana afirmaba que “las provincias se constituirán por los Municipios mancomunados conforme a una ley que determinará su régimen, sus funciones y la manera de elegir el órgano gestor.” Y que este mismo cuerpo legal fue el que estableció las regiones autónomas y aprobó el Estatut de Cataluña y el del País Vasco.
Esa Constitución es la primera en España que establece en su artículo 25 que “No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas. El estado no reconoce distinciones ni títulos nobiliarios.” Con tales principios se eliminaban las discriminaciones que sufría la mujer, los privilegios de la aristocracia, las prebendas que mantenía la Iglesia católica y en dos años suprimía el mantenimiento económico de esta, así como disolvía las órdenes religiosas.
Era la primera vez también que se reconocía la igualdad de derechos de ambos sexos en el matrimonio y su disolución por mutuo disenso o con justa causa, así como terminaba con la discriminación de los hijos según fueran habidos fuera o dentro del matrimonio. Y sabemos que en ese mismo texto legal se establecía la igualdad para el hombre y la mujer en el derecho al sufragio universal, igual, directo y secreto.
Con enorme valor que rayaba en una ingenua temeridad, la Constitución republicana se atrevía a declarar en su artículo 44 que“Toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la economía nacional…con los mismos requisitos la propiedad podrá ser socializada.” Lo que permitió que antes de un año las Cortes Republicanas aprobaran la Ley de Reforma Agraria de 1932, promulgada el 9 de septiembre, que pretendía resolver un problema histórico: la tremenda desigualdad social que existía en la mitad sur de España. Pues junto a los latifundios propiedad de unos centenares de familias, casi dos millones de jornaleros sin tierras vivían en condiciones miserables. El método que finalmente se escogió para resolver el problema fue la expropiación con indemnización de una parte de los latifundios que serían entregados en pequeños lotes de tierra a los jornaleros.
Antes de ello, para solucionar la difícil situación de los jornaleros desde el primer gobierno provisional se tomaron unas medidas en los llamados “Decretos agrarios” de Largo Caballero, en los que se prohibía a los propietarios de tierras que echaran a los campesinos que las arrendaban. Se aplicaba también a los jornaleros la jornada de 8 horas ya conseguidas por los obreros industriales, se obligaba a contratar a jornaleros del propio municipio, y se obligaba a los propietarios a cultivar las tierras bajo amenaza de confiscación, para evitar que los terratenientes boicotearan a la República dejándolas en barbecho. Era evidente que la República no podía sobrevivir ante la feroz ofensiva de los latifundistas que poseían la mayor parte de la riqueza agraria de nuestro país. Y que en alianza con la banca y la gran industria financiaron el golpe de Estado y la Guerra Civil, con las bendiciones de la Iglesia Católica.
Quizá ustedes crean que en la actualidad esa cuestión está resuelta, ya que no se menciona, pero en el día de hoy el 55 por ciento de las tierras cultivables son propiedad de los latifundistas, que son los Grandes de España de la aristocracia, igual que a principios del siglo XX, y que además hoy reciben la mayor parte de las ayudas económicas de la UE en el Plan Agrario Europeo.
Por supuesto, el Presidente de la República era “criminalmente responsable de la infracción delictiva de sus obligaciones constitucionales” al que se podía acusar por la comisión de cualquier delito. La impunidad solo es privilegio de reyes.
Y sería bueno recordar cómo se escogía a los componentes del Tribunal de Garantías Constitucionales, que hoy se encuentra en estado de sospecha por su forma de elección, mientras que la República establecía una enorme variedad de participantes, desde los magistrados escogidos por el Parlamento a un representante de cada una de las regiones españolas, dos miembros nombrados por todos los colegios de Abogados de la República y cuatro profesores de las Facultades de Derecho, que hacía imposible la venalidad o la parcialidad en sus resoluciones.
Ciertamente esa República elegida en 1931 se adelantaba en medio siglo a la de muchos otros países europeos y hoy sería modelo de la que España necesita.
Manifestantes también exigen el retorno a Cataluña de otros representantes y activistas huidos de la Justicia española.
Esa concentración tiene lugar 10 días después de que un juez alemán liberara al expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y seis meses después de que los responsables de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y la asociación Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente —dos de las figuras principales del proceso independentista catalán— fueran puestas en prisión preventiva.
El problema catalán sigue atascado, tanto en la vía judicial como en la vía política: casi cuatro meses después de las últimas elecciones autonómicas, el Parlamento de Cataluña aún no ha propuesto un candidato presidenciable.
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