Hoy, 14 de noviembre de 2009, se cumplen 34 años de la firma de los “Acuerdos Tripartitos de Madrid”, que representó la entrega por parte del régimen franquista del territorio del Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania, desentendiéndose de sus obligaciones como país colonizador, y posibilitando a Marruecos ocupar el territorio a sangre y fuego. Este reino echó de sus casas a los y las saharauis, que tuvieron que refugiarse en Argelia y crear una vida y un Estado en los campamentos; los que se quedaron, no corrieron mejor suerte y tuvieron que sufrir persecución, desapariciones, represión brutal, tortura y prisión… Una situación que se prolonga hasta nuestros días.

El Estado español continúa siendo responsable legal y político de esta tragedia. Mientras el pueblo saharaui no pueda decidir libremente su futuro, el Gobierno de España carga con la responsabilidad del sufrimiento y de la violación permanente de los Derechos Humanos que sufre la población saharaui en el Sáhara Occidental.

Por ello, le solicitamos al Gobierno español que, haciendo suyo un clamor social y político mayoritario en todo el Estado, haga frente a su responsabilidad histórica y a la deuda moral con el Pueblo Saharaui e impulse un proceso que le posibilite ejercer su derecho a la libre determinación, para de este modo contribuir a una paz justa y duradera, y a la estabilidad en el Magreb. El Estado español, antigua potencia colonial administradora aún del territorio según el derecho internacional, y ostentando para el próximo semestre la Presidencia de la Unión Europea, debe potenciar su papel en la resolución del conflicto, reforzar el papel europeo como actor global, impulsando todas sus capacidades, en coordinación con la nueva Administración Norteamericana, e implicarse mas en la búsqueda de una solución justa y definitiva, en una zona especialmente sensible para nuestra seguridad y la de toda el área.

Hoy, reafirmamos solemne y enérgicamente nuestro apoyo y solidaridad con el Pueblo Saharaui, y denunciamos:

 La responsabilidad histórica, política y ética de España en cuanto potencia colonial del Sáhara Occidental, y su actual “mirar hacia otro lado”, cuando no mostrando su apoyo a falsas soluciones que no resuelven el conflicto y demoran su solución.

 El estancamiento del conflicto por la intransigencia marroquí, con el silencio cómplice de algunos países con intereses económicos y políticos en la zona.

 La violación de los Derechos Humanos en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental y la campaña de represión contra la población civil indefensa y sus activistas.

 El expolio de las riquezas naturales del Sáhara Occidental, durante estos más de 30 años de ocupación militar marroquí, en contra del derecho internacional sobre protección de recursos naturales en los territorios pendientes de descolonización.

Asimismo, exigimos:

 Que se inste al Reino de Marruecos al cese de la represión, y violación de los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados y la inmediata liberación de todos los presos políticos saharauis en las cárceles de Marruecos.

 El cese de la venta de armamento y de material de uso militar y policial al Reino de Marruecos.

 La prohibición de todo tipo de negociación económica que implique la inversión de capitales españoles en el territorio del Sáhara Occidental y que suponga la obtención de beneficios usurpados a sus verdaderos dueños y poseedores: la población saharaui. No nos hagamos cómplices del expolio marroquí del territorio.

 La condena y el cese de la violencia brutal que en estos momentos ejerce la Policía y el Ejército marroquí sobre la población civil saharaui, que se acabe con las torturas y se anulen los juicios contra ciudadanos saharauis. Y en este caso queremos recordar a los siete defensores de los Derechos Humanos en el Sáhara a quienes se pretende juzgar ante un tribunal militar y con petición de penas de muerte. Y la detención en el día de ayer de Aminetu Haidar, cuyo paradero se desconoce y de dos periodistas españoles que le acompañaban y que posteriormente fueron expulsados de El Aaiún.

Exigimos, por tanto, la liberación inmediata de todos los defensores y defensoras saharauis de los Derechos Humanos, detenidos por el gobierno de ocupación marroquí, por reivindicar de manera pacífica el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y su independencia.

Es fundamental la intervención urgente de la Comunidad internacional, la protección de los DDHH por parte de la Misión de las Naciones Unidas para la realización del Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) y la presencia masiva de observadores internacionales y medios de comunicación en los territorios que sirvan de protección a la población indefensa y denuncien las injusticias que se cometen diariamente.

No descansaremos hasta que se haga justicia y este Pueblo hermano pueda vivir en paz en su tierra, unidas las familias, sin Muro y minas que se lo impidan.