El retorno de los mercenarios

Desde el fin de la guerra fría, los ejércitos privados se han multiplicado en todo el mundo. Sobre el terreno, principalmente en Iraq y Afganistán, las sociedades de seguridad y de asistencia militar desempeñan un papel cada vez más importante. Este fenómeno inquietante repercute seriamente en el derecho humanitario y exige una nueva postura.

QUIÉN hubiera imaginado hace sólo diez años que un día iba a volver el tiempo de los mercenarios? El fenómeno es sorprendente: el número de especialistas del gatillo y de toda la parafernalia militar que viven gracias a la guerra se ha disparado. Durante la primera guerra del Golfo, representaban sólo el uno por ciento de los soldados estadounidenses. Con los conflictos de los Balcanes y Afganistán, su número no ha cesado de aumentar. Según se estima, unos 20.000 de esos nuevos mercenarios están desplegados hoy en Iraq, es decir el 15 por ciento del personal militar estadounidense total. No se trata de unos simples pistoleros a sueldo, sino de un negocio efectuado por multinacionales, a menudo cotizadas en bolsa, cuyas ganancias por esta actividad rebasan los cien mil millones de dólares por año.

La guerra es un negocio redondo: dichas sociedades representan un tercio del presupuesto estadounidense para las operaciones militares en Iraq en 2004 (es decir varias decenas de millones de dólares). Este ascenso impresionante de los mercenarios no es sólo cuantitativo: los nuevos "mercenarios", que ganan entre 500 y 1.500 dólares por día (muchísimo más que los soldados, aunque menos expuestos al peligro) no sólo se encargan de la intendencia de las tropas de combate como en los tiempos casi prehistóricos de la primera guerra del Golfo. Esos actores privados desempeñan cargos clave en la inteligencia, la seguridad, la logística y el entrenamiento. De ahora en adelante, el neoliberalismo y la mundialización también forman parte del paisaje en las zonas de combate.

La tercerización de la guerra

Ante la magnitud del fenómeno y en vista de que esos combatientes privados a menudo desconocen los principios del derecho internacional humanitario, a comienzos de 2004 el CICR reforzó su postura respecto de la "responsabilidad de los Estados", asegura Gilles Carbonnier, que trabaja para la organización humanitaria en Ginebra. "Queremos evitar las situaciones de imprecisión jurídica. Es necesario que esas personas sepan que las disposiciones de los Convenios de Ginebra y del derecho humanitario en general se aplican a ellas también y que están obligadas a responder de sus actos. Si hay empleados que violan esas normas, se requiere un marco de aplicación claro para que sean sancionados". El CICR ha comenzado a analizar las legislaciones de los diferentes países para evaluar en qué medida responden a los nuevos casos sobre el terreno. "Imaginemos que un empleado sudafricano contratado por una sociedad militar estadounidense comete abusos en Iraq y que el sistema jurídico local es deficiente. Se trata de determinar ante qué justicia se procesará a este hombre", explica Gilles Carbonnier. El CICR puntualiza que en virtud del artículo 1 común a los Convenios de Ginebra, los Estados deben "respetar y hacer respetar" el derecho internacional humanitario.

Por el momento, domina la imprecisión jurídica, lo cual favorece la impunidad, pues permite a los actores privados estar prácticamente al resguardo de un enjuiciamiento. Por consiguiente, el CICR no sólo insta a los Estados a asumir las responsabilidades que les competen, sino que tiene también la intención de entablar conversaciones con las sociedades militares privadas más grandes. Gilles Carbonnier precisa: "En el pasado, manteníamos un contacto informal con esas sociedades cuando nos encontrábamos con sus empleados en las zonas de conflicto. Hoy queremos iniciar un diálogo sistemático con las más importantes. Son actores que desempeñan un papel importante en los conflictos. Queremos darles a conocer el derecho humanitario, así como la acción que realizamos para que no nos impidan actuar sobre el terreno. En último término, aunque la tarea incumba a los Estados, no descartamos la idea de difundir el derecho internacional humanitario entre ellos si fuera necesario para proteger mejor las comunidades afectadas por la guerra".

Peter Singer fue el primero que señaló los efectos perversos de la privatización de la guerra en su obra Corporate Warriors: Rise of the Privatized Military Industry (Cornell University, 2004). Los soldados son responsables si transgreden el código militar. Pero los combatientes privados no forman parte de la cadena de mando. No pueden ser procesados. Normalmente, podrían ser juzgados por tribunales locales, pero en Iraq el sistema judicial todavía no funciona bien. Además, a veces se estipula explícitamente en sus contratos que la justicia local no puede procesarlos".

Responsabilidades diluídas

Esta impunidad casi garantizada abona el terreno para cometer los peores actos. En la prisión de Abu Ghraib, cerca de Bagdad, dos "privados" participaron en los interrogatorios violentos, pero se salvaron de toda sanción. Los políticos tienen interés en recurrir a los servicios de esos ejércitos privados pues, si alguno de sus miembros muere o es hecho prisionero, la opinión pública no se pondrá en contra del gobierno, puesto que no son sus soldados los que están en peligro. Además, esos antiguos boinas verdes, ex agentes del régimen del apartheid o de la KGB y otros "especialistas" pueden efectuar una represión particularmente brutal sin que su comportamiento pueda ser imputable directamente a un Estado. Pueden limitar los movimientos de los trabajadores humanitarios y aterrorizar a la población local. Citado por la agencia Reuters, Kenny Gluck, director de las operaciones de MSF-Holanda, da la alarma: "Esas sociedades cuya finalidad es obtener ganancias plantean nuevos problemas a las organizaciones humanitarias, pues no tienen un estatuto bien definido. Frente a los militares podemos negociar con la jerarquía, hay una cadena de mando que es clara. Pero con los combatientes privados, ¿quién es responsable? ¿Sus accionarios?

El ex embajador estadounidense, Jonathan Moore, denuncia las consecuencias de la política de privatización de la guerra: "El Estado se vuelve dependiente de operadores que no controla (...). Las cadenas de mando y las jerarquías se difuminan. La disciplina, el control e incluso los valores y actitudes de los militares profesionales se ven amenazados... La privatización del ejército acrecienta las ambigüedades y podría escapar a todo control".

Esta inquietante evolución ha avanzado un paso más. El 10 de agosto pasado, Paul Wolfowitz, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, reveló la nueva estrategia del Pentágono. Pidió al Congreso que le concediera 500 millones de dólares para construir una red de milicias amigas en todo el mundo a fin de "combatir el terrorismo y la insurrección". Esta medida intenta beneficiar a grupos establecidos a lo largo de la frontera afgano-pakistaní, en Iraq, el Cáucaso, el Cuerno de África y en varias islas de Filipinas donde operan combatientes islamistas. La guerra, tercerizada de esta manera, va cobrando nuevos visos. Pocas veces ha peligrado tanto el respeto del derecho internacional humanitario. Sin embargo, una cosa es evidente: responsabilizar a esos nuevos mercenarios es una necesidad y lograrlo plantea un formidable desafío.