Con el voto unánime de los 130 diputados que este viernes acudieron a la sesión extraordinaria del Congreso, convocada para dar marcha atrás a la modificación de dos artículos del Código Penal con los que los legisladores pretendían blindar al presidente Jimmy Morales, el Legislativo sepultó una ley que la opositora Nineth Montenegro definió como “atrocidad jurídica”.
Para colmo, durante la semana trascendió que el mandatario cobraba del Ejército un “bono de seguridad” –incomprensible en la medida en que el mandatario no es empleado de la institución armada y, como presidente, tiene un cuerpo de seguridad concebido para su protección y la de su familia– con el escándalo consecuente. En un vídeo pre grabado difundido por el canal televisivo de la Presidencia, el mandatario, que lleva más de un mes sin dar la cara a los medios, anunció que devolvía al Ejército el monto acumulado de las mensualidades recibidas, equivalentes a unos 70.000 dólares. El gesto, sin embargo, fue calificado como “insuficiente” por Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana, quien comentó para este periódico que prepara una demanda para que el mandatario responda penalmente por lo que Marroquín considera un delito.
Y la noche del 14 de septiembre, cuando el mandatario y sus ministros acostumbran presidir el inicio de las celebraciones de la Independencia en la Plaza Mayor, una multitud enardecida irrumpió en la tribuna de honor desde donde tradicionalmente se preside el acto y destrozó el escenario, al grado de impedir el acto. Jimmy, que el lunes viajará a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, vive en horas bajas, aún sin llegar al ecuador de su mandato.