Este sábado en el Palacio de Convenciones de La Habana, los parlamentarios cubanos concurrentes a la sesión extraordinaria de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, aprobaron por unanimidad la nueva Ley de Inversión Extranjera, consecuencia de un proceso previo de consulta a los diputados, especialistas, organismos, entidades e instituciones docentes relacionadas con esta materia.

Del 15 al 19 de marzo se cumplió una de las partes del cronograma de discusión del anteproyecto de ley, que constó de cinco reuniones en dispares puntos del país. En ellas participaron 575 de los 612 diputados (92 por ciento) y varios invitados, en las que se recogieron 47 planteamientos, que propiciaron 7 modificaciones en el proyecto original.

La nueva norma, aprobada en sesión presidida por el General de Ejército Raúl Castro Ruz,  ofrece garantías al inversionista extranjero, así como mantiene el respeto y defensa de la soberanía de nuestro país sobre sus recursos humanos, naturales, tecnológicos y de mercados en los sectores productivo y de servicios, porque así fue exigido y aprobado por los diputados.

Al respecto, Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, fue preciso: “La Ley de Inversión Extranjera y sus normas complementarias atraerán capital foráneo con reglas claras y respeto a la soberanía de la nación en beneficio mutuo”.

Su objetivo primero, así expuesto en el documento, es fortalecer el desarrollo económico y social cubano, que contribuya en el empeño gubernamental de elevar la calidad de vida de todo el pueblo.

“Se trata -dijo Malmierca-, de lograr un marco legal que acompañe y garantice con total transparencia la inversión extranjera, con el objetivo de desarrollar la economía nacional.”

Según el vicepresidente del Consejo de Ministros Marino Murillo, en una presentación antes del inicio de la discusión final, Cuba necesita alrededor de 2 500 millones de dólares anuales en inversiones para estimular un desarrollo que devenga en prosperidad y sustentabilidad para su proyecto socioeconómico socialista.

Murillo aseguró que hay necesidad de seducir al capital foráneo para elevar la tasa de crecimiento promedio de la nación durante la última década, que es de 1.8 por ciento, casi la mitad del ritmo promedio de América Latina.

Para el economista, el plan de crecimiento de Cuba para 2014 es de 2.2 por ciento y puede cumplirse, pero la cifra es inferior al cinco o siete por ciento que se precisa y al que puede llegarse en caso de implementarse como es debido la inversión extranjera directa.

Bien pensada y ejecutada, la inversión de capital en nuestra economía no significa bajo ningún concepto que estemos regalando las riquezas y recursos del país, especificó Murillo.

Luego, en un momento del debate, Rodrigo Malmierca Díaz, aseguró que ningún ciudadano del mundo tiene veto para invertir en Cuba, al responder si los cubanoamericanos podrían inyectar capital a la economía insular.

“Siempre que se trate de personas que no tengan posiciones adversas al proceso revolucionario, y que no estén vinculadas con la mafia terrorista miamense. Además, deben ofrecer posibilidades acorde con la cartera de inversiones que ya tenemos o que ofrezcan negocios de interés sustantivo para el país”, aclaró.

En la Asamblea, por otra parte, se llegó al consenso de que se aplique un mecanismo para informar y orientar con detalles a los interesados en llegar a Cuba con afán inversor, para evitar fraudes, distorsiones o errores irreversibles.

Para lograr el objetivo de atraer inversiones desde el extranjero, Cuba presentará y promoverá en distintos espacios expositivos y soportes técnicos su cartera de proyectos integrales para realmente encadenar procesos productivos y, entre más ambiciones, modernizar y crear infraestructuras, contribuir al cambio de la matriz energética, producir alimentos, crear fuentes de empleo, captar métodos gerenciales, servirse de tecnologías competitivas y aprovechar nuevos mercados.

Esta política se encauzará, en primer término,al desarrollo agrícola y forestal, el crecimiento del comercio mayorista, las industrias, el turismo y la construcción, la biotecnología, más los sectores de energía, minas y transporte.Para ello se ha ampliado la cartera de proyectos abiertos a la inversión y se priorizará el desarrollo de la Zona Económica Especial del Mariel.

Los diputados, en las discusiones anteriores y este sábado, indistintamente expresaron que es necesario que la empresa estatal socialista gane prestigio crediticio, estabilidad económica y que los decisores actúen con total transparencia en todos los órdenes, para así poder enfrentar las posibles campañas de tergiversación de la Ley.

Así mismo, se pronunciaron por superar la situación de endeudamiento interno, resolver la escasez de divisas y no repetir los errores cometidos en la aplicación de la Ley anterior.

La nueva legislación también autoriza, con carácter excepcional, la inversión extranjera en organizaciones económicas de propiedad no estatal con personalidad jurídica, conjuntamente con sociedades mercantiles de capital cubano.

Se mantiene la excepción a la inversión en los servicios de salud y educación a la población y de todas las instituciones armadas, salvo en sus sistemas empresariales.

La Ley, que debe regir a los 90 días de su publicación en la Gaceta Oficial de Cuba, fue considerada por los diputados como garante de seguridad y protección para el inversionista, que podrá disponer de fuerza de trabajo calificada y apta para utilizar tecnologías novedosas, de un territorio casi completamente electrificado, de un país estable socialmente y en procesos de integración, que lo colocan al centro de importantes rutas comerciales.

El presidente del Parlamento cubano, Esteban Lazo, destacó el proceso democrático que antecedió el proceso de prepararación de la legislación, lo que facilitará su instrumentación y aplicación exitosa. También destacó el valor del nuevo instrumento legal para el desarrollo futuro de nuestra economía con el objetivo fundamental de actualizar y consolidar el socialismo cubano.