Panamá, 11 abril (RHC) Los docentes de los 16 gremios nacionales de Panamá se mantienen en una huelga preventiva de 24 horas que se inició en todos los planteles del país a pesar de que el Ministerio de Educación afirma que algunos están abiertos.

Diógenes Sánchez, dirigente de la Asociación de Profesores de Panamá, expresó que hay un acatamiento general del paro en rechazo a la medida de autoevaluación obligatoria que impone la ministra Lucy Molinar como precondición para otorgar el pretendido aumento de salario que se les prometió.

Sánchez reveló que intentaron, sin éxito, conversar con autoridades educativas por lo que volverán a marchar para presentar nuevamente sus demandas y acusó a la ministra Molinar de mantener una actitud hostil hacia ellos.

También se divulgó que la cacica general Silvia Carrera de la comarca panameña Ngñbe Buglé presentó una demanda en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la Ley 18 que permite la adjudicación de tierras para realizar proyectos energéticos.

La líder indígena explicó que se trata de una demanda por inconstitucionalidad contra esa legislación ya que presenta algunas irregularidades que violan lo establecido, como la prohibición de adjudicar tierras comarcales o aledañas para el establecimiento de hidroeléctricas.

Dicha demanda, presentada por Mario Velásquez Chizmar, abogado de los indígenas, se basa en que la ley permite la posibilidad que el Estado decrete una expropiación extraordinaria sin presentarse las condiciones que la Constitución establece para su validez.

Carrera reprochó que la Autoridad de los Servicios Públicos de Panamá (Asep) sea la encargada de establecer los precios de las propiedades sin siquiera consultar a su propietario que es el pueblo originario.

También denunció que este gobierno ha incumplido acuerdos establecidos luego de las pasadas protestas en el distrito de San Félix, Chiriquí que dejaron varios muertos y mutilados por la feroz represión de los antimotines autorizados por la administración de Ricardo Martinelli.

Otros fundamentos de la demanda sustentan que dicha ley contiene un mecanismo de expropiación administrativa o extraordinaria y establece el procedimiento sumario para el uso y adquisición de inmuebles y servidumbres.

La petición expone que las autoridades de Panamá están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que están bajo su jurisdicción.