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General: PETRO APELARÁ A RECURSOS LEGALES DE APLAZARSE REFERENDO ...
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| De: Ruben1919 (Mensaje original) |
Enviado: 15/02/2014 14:23 |
Jueves 13 de Febrero de 2014, 06:31 am
Alcalde Gustavo Petro apelará a recursos legales de aplazarse referendo
El equipo defensor del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, pondrá en marcha acciones legales si la Registraduría insiste en aplazar el referendo que decidirá su permanencia, o no, en el cargo, fijada para el venidero 2 de marzo.
Los abogados, basados en el artículo noveno de la ley 131 de 1994, denunciarán por prevaricato (apartarse de las funciones inherentes al cargo) contra las autoridades electorales.
Según esa norma no se pueden dejar transcurrir más de dos meses para realizar las votaciones, y la consulta popular fue convocada el pasado 3 de enero.
El segundo recurso, a punto de ser presentado a las instancias judiciales, es el desacato al fallo del 23 de enero del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que suspendió temporalmente la sentencia de destitución e inhabilidad durante 15 años decretada por la procuraduría contra Petro el 9 de diciembre de 2013.
Guillermo Jaramillo, quien encabeza la campaña por la consulta popular solicitará a la Registraduría distrital y nacional no aplazar los comicios porque "la falta de fondos para los preparativos del referendo" no es una excusa válida para interrumpirlos, ya que pueden ser transferidos de otros rubros.
Petro afirmó que el aplazamiento de la convocatoria no respondía en realidad a la falta de recursos sino al abrumador No a su destitución que arrojaría un referendo.
La autoridad electoral colombiana aplazó el referendo revocatorio al mandato del alcalde de Bogotá (capital colombiana), Gustavo Petro, prevista para el próximo 2 de marzo, por considerar que no hay tiempo suficiente para preparar esa consulta debido a que no se han desembolsado los recursos necesarios.
La Registraduría Nacional manifestó en su cuenta de Twitter que "por falta de recursos, votación de revocatoria del mandato en Bogotá tendrá una nueva fecha, posterior a la del 2 de marzo".
teleSUR-PL/KP
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Aplazan referendo revocatorio del alcalde Gustavo Petro por falta de fondos
La autoridad electoral colombiana aplazó el referendo revocatorio al mandato del alcalde de Bogotá (capital colombiana), Gustavo Petro, prevista para el próximo 2 de marzo, por considerar que no hay tiempo suficiente para preparar esa consulta debido a que no se han desembolsado los recursos necesarios.
La Registraduría Nacional manifestó en su cuenta de Twitter que "por falta de recursos, votación de revocatoria del mandato en Bogotá tendrá una nueva fecha, posterior a la del 2 de marzo".
El hecho sucede luego de conocerse que el Ministerio de Hacienda desembolsará el dinero para el referendo revocatorio la próxima semana.
Petro, que fue elegido por voto popular para el periodo 2012-2015, pero será sometido a un referendo sobre la continuidad de su mandato con base en una iniciativa de un político opositor que recogió firmas ciudadanas para convocar la consulta alegando mala gestión del alcalde.
El pasado 9 de diciembre, el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, inhabilitó al alcalde citadino por la supuesta mala gestión de una crisis en el sistema de recolección de basuras ocurrida en diciembre de 2012.
Dicha sentencia aún no ha sido ejecutada debido a los recursos interpuestos por los abogados el alcalde.
La titular de la Registraduría Distrital, Esperanza Mejía, dijo a periodistas que el organismo requiere de muchos bienes y servicios y contratación de personal, "requerimos de 33 días para el proceso de contratación".
La funcionaria agregó: "Si el Ministerio (de Hacienda) nos asigna la próxima semana los recursos, realmente y contractualmente no es posible", organizar el referendo revocatorio.
Cuando se giren los cerca de 20 millones de dólares necesarios para organizar el referendo entregará una nueva fecha para la consulta.
Petro aboga por la consulta porque considera que es el pueblo y no un funcionario administrativo como el procurador el que debe decidir si se mantiene o no en el cargo.
teleSUR-EFE/KP
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Más de la mitad de los bogotanos rechaza la destitución del alcalde Petro
Una encuesta difundida este domingo por medios colombianos arrojó que 58 por ciento de los ciudadanos está en contra de la destitución del alcalde de Bogotá (capital colombiana), Gustavo Petro.
En la encuesta, realizada a unas mil 88 personas por la firma Ipsos, 30 por ciento se pronunció a favor de Petro, y 12 por ciento prefirió no opinar sobre la actual situación del funcionario público.
Con relación a la inhabilitación de Petro por quince años, el 58 por ciento de los encuestados se pronunció en contra, mientras que los partidarios de la medida disminuyeron al 23 por ciento.
De igual modo, el sondeo arrojó que la imagen positiva del funcionario se ha disparado desde que la Procuraduría dictó el fallo y alcanza ya el 46 por ciento, es decir 16 puntos más que en noviembre, mientras que la negativa alcanza un 36 por ciento.
Por su parte, la imagen del procurador, Alejandro Ordoñez, registró un 31 por ciento de rechazo y 29 por ciento de aceptación.
El sondeo se realizó entre el 28 y el 29 de enero con mil 88 personas mayores de 18 años de las áreas urbanas de 13 municipios de Colombia.
El pasado 9 de diciembre la Procuraduría dictó una inhabilitación contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, debido a una supuesta mala gestión durante la transición de un modelo de aseo privado a otro mixto en diciembre de 2012 en la que se presentó una descoordinación que llenó Bogotá de basuras por tres días.
Por lo pronto, la destitución de Petro depende del dictamen del Consejo de Estado, máximo tribunal contencioso-administrativo, como segunda instancia a la que impugnó la Procuraduría, después de una tutela ciudadana fallada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Las críticas al Procurador General, Alejandro Ordoñez, han aumentado con el paso de los días, y hasta el Alto Comisionado de la oficina de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Colombia de la ONU solicitó una audiencia con Ordoñez que en su primer mandato sancionó a 828 alcaldes, 622 concejales y 49 gobernadores. Esto quiere decir que, en promedio, cada semana destituyó a cuatro alcaldes.
teleSUR-EFE-Caracol/jg-GP
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| Confirma fecha de referendo sobre alcalde colombiano |
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| Escrito por Anubis Galardy |
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 15 de febrero de 2014, 01:49Bogotá, 15 feb (PL) El registrador nacional, Carlos Sánchez, confirmó el próximo 6 de marzo como fecha de la consulta popular que decidirá la permanencia o no en el cargo del alcalde colombiano Gustavo Petro.
En declaraciones a periodistas la víspera dijo haber recibido del Ministerio de Hacienda la resolución que ordena el giro de los 35 mil millones de pesos (unos 20 mil dólares), que estarán en sus manos la semana entrante para garantizar los preparativos de los comicios.
Según explicó de esa manera se dispondría del plazo necesario para hacer los contratos del personal y servicios imprescindibles. No obstante hoy, aun sin esos recursos en su poder, anunció que ya habían sido elegidos los 36 mil jueces encargados de los puestos de votación que respaldarán el proceso.
Por su parte, el responsable de la campaña a favor de la permanencia de Petro en su cargo, Guillermo Jaramillo, señaló que aun no recibió la notificación oficial correspondiente y advirtió, que de ser aplazado el referendo, entablarían una demanda judicial contra la autoridad electoral nacional y distrital.
De acuerdo con Jaramillo en ese caso se estaría incumpliendo el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que suspendió temporalmenente la destitución e inhabilidad del alcalde decretada por la procuraduría, y ordenó la puesta en marcha de la consulta popular el 2 de marzo.
tgj/ag | |
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Gobierno debió haber acatado medidas cautelares de la CIDH en caso Petro: Corte
Por: La F.m. Jueves, 10 Abril 2014 06:50
El magistrado Luis Ernesto Vargas explicó que esto podría traer consecuencias al gobierno colombiano.
El presidente de la Corte Constitucional, Luis Ernesto Vargas, aseguró que en materia de jurisprudencia el alto tribunal ha proferido cerca de cinco sentencias en las que advierte que las medidas cautelares que decretan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “son vinculantes”.
Vargas indicó que “la Corte tiene varias sentencias a través de las cuales se ha llegado a la conclusión que esas medidas son vinculantes”.
“La jurisprudencia de la Corte Constitucional en ese tema ha sido reiterada, entonces en ese sentido la Corte ha llegado a esa conclusión, en por lo menos unas cinco sentencias” indicó.
Vargas explicó que “unas medidas cautelares que no hayan sido acatadas ocasionalmente pueden llevar a que la Corte Interamericana convierta la medida cautelar en una medida provisional y en ese sentido es muchísimo más vinculante y obligatoria, porque en este caso nadie ha puesto en discusión la obligatoriedad de estas, porque esa facultad que tiene la Corte esta prevista en la Convención Americana de Derechos Humanos”.
Frente a una de las tantas tutelas sobre el caso del destituido alcalde, Gustavo Petro, que fue seleccionada para revisión de la Corte Constitucional, indicó el magistrado que “lo único que ha hecho la Corte Constitucional es seleccionar una de las tantas tutelas que han llegado (…) y si llegan más entonces se decidirá si se acumulan o no”.
“En todo caso en que se vislumbre de manera muy clara que hay una violación del derecho constitucional, entonces se puede tomar la medida cautelar, la cual es una decisión del magistrado ponente la cual debe ser llevada o a sala de revisión o a la sala plena de la Corte Constitucional”, puntualizó.
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Culpar a la arbitrariedad, no a la Tutela
Al repasar este episodio confuso y vergonzoso para las instituciones democráticas -que comenzó con una destitución arbitraria en diciembre y llegó hasta una restitución cinco meses después, atravesando por dos alcaldías provisionales- no debemos olvidar que el causante del desbarajuste institucional no fue la tutela sino el procurador Alejandro Ordoñez, experto en desviar la atención y confundir a la opinión pública. Fue Ordoñez quien decidió que había que sancionar una política pública del alcalde Petro en materia de basuras que, a las claras, no era ninguna falta disciplinaria y mucho menos sancionable con destitución e inhabilidad de 15 años. Fue Ordoñez quien hizo incurrir en error al Presidente y al alto gobierno. Si algo queda claro es que la enfermedad para la democracia es el Procurador y el remedio en este caso fue la tutela.
Derecho a la Justicia | Bogotá D. C. |
“Creo que es una oportunidad para que todos reflexionemos acerca de la regulación del ejercicio de los mecanismos de defensa judicial y del uso de la tutela. En este caso, su uso indiscriminado puede conducir a un escenario de inseguridad jurídica y puede conducir inclusive a un caos administrativo y político”.
Con estas palabras el Presidente Juan Manuel Santos se despachó contra la tutela el pasado 23 de abril, cuando se vio obligado a acatar el fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó reintegrar a Gustavo Petro como Alcalde Mayor de Bogotá, y en cumplimiento de medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decretó el 18 de marzo pasado.
Como fue ampliamente demostrado, Santos había incumplido las medidas cautelares a favor de Petro en contravía de la Convención Americana y los parámetros jurisprudenciales de la Corte Constitucional que establecen el carácter vinculante de dichas medidas, no de meras recomendaciones, para la protección de derechos fundamentales, inclusive los derechos políticos.
Pero con sus palabras el Presidente, lo que enmendó con la mano lo borró con el codo, al echarle la culpa a la tutela, mecanismo que ampara los derechos fundamentales de los ciudadanos del común y que goza de gran popularidad, toda la que él va perdiendo en las encuestas.
En segundo lugar, Santos volvió a incumplir su palabra de que no impugnaría el fallo de Tutela, y para ello argumentó que: “Tenemos que ser consecuentes. Si tomamos una decisión (no acoger las medidas cautelares de la Comisión) y una tutela dice que esa decisión estuvo mal tomada, estamos obligados a impugnar esa tutela pues de no hacerlo estaríamos reconociendo que nos equivocamos” Lo que podría traducirse como: acato la orden jurídica pero defiendo el desacato anterior. Una posición incoherente hasta la confusión y que parece indicar que sus afirmaciones hay que leerlas al revés: cuando dice que sí está queriendo decir que no.
Al repasar este episodio confuso y vergonzoso para las instituciones democráticas -que comenzó con una destitución arbitraria en diciembre y llegó hasta una restitución cinco meses después, atravesando por dos alcaldías provisionales- no debemos olvidar que el causante del desbarajuste institucional no fue la tutela sino el procurador Alejandro Ordoñez, experto en desviar la atención y confundir a la opinión pública. Fue Ordoñez quien decidió que había que sancionar una política pública del alcalde Petro en materia de basuras que, a las claras, no era ninguna falta disciplinaria y mucho menos sancionable con destitución e inhabilidad de 15 años. Fue Ordoñez quien hizo incurrir en error al Presidente y al alto gobierno. Si algo queda claro es que la enfermedad para la democracia es el Procurador y el remedio en este caso fue la tutela.
Por otra parte, el pecado del presidente Santos fue desperdiciar la oportunidad de cerrar el espinoso tema acatando las medidas cautelares de la CIDH. El atajo que tomó de incumplirlas y alegar que habían recursos judiciales internos que estaban funcionando, le resultó un búmeran que lo hico caer en picada en las encuestas, mientras Petro vió crecer su popularidad a nivel nacional.
A todo lo anterior se suma ahora la decisión de Luis Guillermo Vélez, superintendente de Industria y Comercio ad hoc de imponerle una sanción multimillonaria a Petro a pesar que una jueza administrativa determinó que el decreto de basuras es legal. Esta nueva sanción, sustenta la tesis del Alcalde de que su caso es de persecución política por parte del establecimiento y de que en Colombia no cuenta con recurso adecuado ni efectivo para proteger sus derechos. Y es que, en realidad, la única decisión vigente que hasta el momento ha amparado sus derechos políticos ha sido la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
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