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General: Petro acude a la CIDH en busca de medidas provisionales
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| De: Ruben1919 (Mensaje original) |
Enviado: 21/04/2014 18:36 |
Petro acude a la CIDH en busca de medidas provisionales
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibirá este lunes en Washington al alcalde de Bogotá (capital) Gustavo Petro, junto a sus abogados defensores para evaluar la situación de los derechos políticos en Colombia, en relación a su destitución la semana pasada.
El ministro de Justicia, Alfonso Gómez, anunció previamente que el Gobierno no enviará representación a la audiencia, pues aseguró que con la destitución de Petro el caso se habría resuelto. No obstante, el reglamento estipula que debían hacer acto de presencia representantes estadales al encuentro pautado hace dos meses.
El alcalde destituido y sus representantes legales también le pedirán a la CIDH que solicite el otorgamiento de medidas provisionales para que continúe en sus funciones de alcalde.
Las medidas tendrían el mismo efecto que la cautelar (rechazada por el Gobierno colombiano), que implicaba la suspensión de la sanción de la Procuraduría, sin embargo, las medidas provisionales tendrían un carácter judicialmente obligatorio, lo que acarrearía la intervención de un tribunal internacional si el Gobierno las desconociera.
En cuanto a las medidas provisionales, alegarán abusos de la función pública, fraude procesal y calumnia, que pudieron obrar en su contra para destituirlo e inhabilitarlo por 15 años en el ejercicio de cargos públicos.
El presidente Juan Manuel Santos anunció la semana pasada la destitución del alcalde bogotano, a raíz de una polémica reforma referente al sistema de recolección de basura, que según el procurador Alejandro Ordoñez, afectó la libre competencia por transferir a una empresa pública el control del servicio que estaba en el mando de una privada.
teleSUR-PL-UV/fch - FC
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Santos será demandado por no acoger medidas cautelares de la CIDH
El abogado colombiano, Jorge Molano, defensor de víctimas de crímenes de Estado, anunció que demandará al presidente Juan Manuel Santos por no acoger las medidas cautelares pedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y firmar la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
Molano consideró "inadmisible que un presidente de la República decida desconocer la Constitución política y decida delinquir sin ninguna vergüenza ante la comunidad nacional e internacional".
De acuerdo al abogado, Santos incurrió en el delito de prevaricato por lo cual lo demandará este viernes ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (baja), que es la instancia constitucional que puede investigar a los gobernantes en Colombia.
Argumenta además que el presidente desconoció 10 sentencias de la Corte Constitucional colombiana que advierten sobre el cumplimiento de esa clase de disposiciones de la CIDH, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington (Estados Unidos).
El pasado 9 de diciembre, la Procuraduría General dictó la destitución e inhabilitación por 15 años de Gustavo Petro, alcalde de Bogotá (capital), para ejercer cargos públicos, sentencia que Santos hizo efectiva el miércoles.
La Procuraduría acusó a Petro de cometer fallas graves cuando cambió, en diciembre de 2012, el modelo de recolección de basuras de manos privadas a públicas, lo que según la entidad, causó una crisis sanitaria en la ciudad.
A la orden de destitución de Petro siguieron numerosos recursos judiciales fallados en su contra y las medidas cautelares de la CIDH en su favor, no acogidas por el Gobierno de Santos, que justificó su decisión en que debía "proceder de conformidad con la Constitución y las leyes".
teleSUR-EFE/KP |
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Gustavo Petro acusó a Santos de violar sus derechos humanos
El destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, responsabilizó al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por la violación de sus derechos fundamentales al firmar el documento de cese del cargo para complacer a la Procuraduría General.
"El presidente Juan Manuel Santos ha violado directamente mis derechos humanos fundamentales, los de mi familia y los de 732 mil bogotanos", escribió Petro en su cuenta de Twitter.
La mencionada cifra es el número de electores que votaron el 30 de octubre de 2011, y lo eligieron como alcalde para el periodo 2012-2015.
Santos firmó la sentencia de la Procuraduría, escudándose en su deber de "proceder de conformidad con la Constitución y las leyes", por lo que decidió "no acoger la solicitud de medidas cautelares" en favor de Petro, realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
No obstante, el exalcalde bogotano lo tildó de “mentiroso” por atacar la orden el procurador Alejandro Ordóñez, cuando se comprometido a estudiar las medidas cautelares y tomar una decisión justa.
Gustavo Petro fue inhabilitado por quince años para ejercer cargos públicos luego de que la Procuraduría emitió una sentencia en la que se le acusaba de cometer faltas graves al cambiar a un modelo público el sistema de recolección de basuras de Bogotá en 2012.
Petro también acusó a Santos de vulnerar las leyes, al golpear el voto popular por el que no podía ser destituido por una entidad administrativa como la Procuraduría.
Este miércoles, Petro anunció su salida del ayuntamiento considerando la destitución como un golpe de Estado a la ciudadanía. Ahora la alcaldía será dirigida por Rafael Pardo, designado por el mandatario colombiano.
Tras conocerse la noticia, el diputado colombiano y defensor de los Derechos Humanos, Iván Cepeda aseguró este jueves, a través de su cuenta en la red social Twitter (@IvanCepedaCast) que al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro “no lo destituyeron e inhabilitaron por inepto o ineficaz, sino por atreverse a tocarles los negocios”.
Vea la Cronología del proceso de destitución al alcalde Gustavo Petro
teleSUR-EFE/och-GP
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Destitución de Petro genera desconfianza en Diálogos de Paz
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) manifestaron este jueves que la destitución del alcalde de Bogotá (capital colombiana), Gustavo Petro, "afecta de manera grave" la confianza en la mesa de negociaciones de los Diálogos de Paz, que se lleva a cabo desde noviembre de 2012 en La Habana, Cuba.
"Queremos decir que deploramos la absurda decisión política del presidente (Juan Manuel Santos), que toma la alcaldía de Bogotá en un verdadero golpe de mano", declaró a la prensa el jefe negociador de las FARC, Iván Márquez.
Esta destitución, según el grupo insurgente, "genera un impacto muy negativo en la mesa de conversaciones" y "afecta de manera grave la confianza y la certeza en torno a lo que se está aprobando".
"Nos plantea muchas dudas e interrogantes en torno a la eficacia de lo acordado parcialmente en torno al tema de participación política", aseveró Márquez al recordar el consenso alcanzado el año pasado en torno a ese punto, el segundo de la agenda que rige los Diálogos de Paz.
Según el grupo rebelde, en ese punto se acordaron los términos para expandir la democracia en Colombia, pero "no puede lograrse ese propósito con ese tipo de conductas y decisiones que no favorecen la democracia: aquí hay un desconocimiento de la voluntad popular que llevó a Petro a la alcaldía de Bogotá", añadió el jefe negociador de las FARC.
En la tarde de este miércoles, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, firmó la destitución de Gustavo Petro, luego que el Consejo de Estado anulara previamente las últimas medidas cautelares que había introducido la defensa del alcalde bogotano.
Santos desestimó las medidas cautelares que expidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ejecutó el falló que emitió el procurador General, Alejandro Ordóñez, que destituyó e inhabilitó por 15 años a Petro por "tres faltas graves" al cambiar el esquema de aseo de la ciudad.
El jefe de Estado colombiano anunció que la Alcaldía de Bogotá ahora estará en manos de quien era ministro de Trabajo, Rafael Pardo.
El ahora exalcalde encabezó distintas manifestaciones en la capital colombiana exigiendo al Estado que reconsiderara la medida, porque a su juicio demostraban una vez más que en Colombia se aplicaban "decisiones arbitrarias".
teleSUR-AFP-Caracol Radio/kg - FC
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Gobierno colombiano rechazó intervención de la CIDH en caso Petro
La canciller colombiana María Ángela Holguín calificó de absurda la intervención de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en el caso del alcalde de Bogotá (capital), Gustavo Petro, e indicó que no asistirán a la reunión del lunes en esa instancia internacional por tratarse de un hecho político.
Asimismo, descartó que la decisión tenga repercusiones internacionales sobre la nación, puesto que no está en riesgo la vida o integridad de una persona. Al respecto, recordó que Colombia no es el primer país en negarse a acatar ese tipo de medidas cautelares, de índole político.
Destacó que al Gobierno le pareció extraña la actuación de la CIDH sobre el caso Petro, debido a lo precipitado y a la extralimitación de sus funciones. "Yo hablé anoche con el secretario general de la OEA (Organización de Estados Americanos), José Miguel Insulza, y él mismo comentó que le parecía extraño que notificaran a las 11 de la noche", añadió.
 
La CIDH solicitó el pasado martes al Estado colombiano que proteja con medidas cautelares al burgomaestre y que impida su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El alcalde acudió a la CIDH diez días después de conocer el fallo de la Procuraduría colombiana, quien considera que Petro cometió faltas graves al cambiar el modelo de recolección de basura privada a uno público, lo que generó la crisis del sistema por tres días en diciembre del 2012. En Bogotá han protestado en contra la destitución de Petro, pues su elección fue producto de la voluntad del pueblo.
teleSUR te invita a leer la cronología del proceso de destitución al alcalde Gustavo Petro.
teleSUR-Caracol-RCN-Semana/fch - FC |
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Corte Suprema colombiana dice que poderes de la Procuraduría son excesivos
El presidente de la Corte Suprema de Justicia colombiana, Augusto Ibáñez, calificó de excesivos los poderes de la Procuraduría y propondrá de inmediato una revisión de estos.
Explicó que la propuesta responde a la difícil situación ocurrida con la destitución e inhabilidad por 15 años decretada el 9 de diciembre de 2013 contra el alcalde bogotano Gustavo Petro, que ya fue restituido.
Indicó que la inhabilidad es una decisión de un juez penal y la Procuraduría carece competencia para eso.
Refirió, además, que la demanda de nulidad presentada por el procurador Alejandro Ordóñez contra la restitución del alcalde a su puesto -ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia de Bogotá y acatada por el presidente Juan Santos-, no tiene antecedente alguno sobre una impugnación de esa naturaleza.
Sin embargo, dijo que en la sala civil, que tramitará la impugnación, existe jurisprudencia y recomendaciones para acatar las medidas y decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el pasado 18 de marzo solicitó al gobierno colombiano suspender el fallo de la Procuraduría contra el alcalde.
También pidió aplicar las medidas cautelares (protección de derechos) otorgadas a Gustavo Petro y permitir que este continuara su mandato hasta el 31 de diciembre de 2015, mientras la Comisión estudiaba a fondo el caso con vistas a un fallo definitivo (que podría demorar incluso de dos a tres años, según juristas expertos en el tema).
La Corte tiene un plazo de 20 días para tomar una decisión sobre la impugnación de la Procuraduría después que esta sea resuelta por la sala civil.
teleSUR-PL/KP |
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Culpar a la arbitrariedad, no a la Tutela
Al repasar este episodio confuso y vergonzoso para las instituciones democráticas -que comenzó con una destitución arbitraria en diciembre y llegó hasta una restitución cinco meses después, atravesando por dos alcaldías provisionales- no debemos olvidar que el causante del desbarajuste institucional no fue la tutela sino el procurador Alejandro Ordoñez, experto en desviar la atención y confundir a la opinión pública. Fue Ordoñez quien decidió que había que sancionar una política pública del alcalde Petro en materia de basuras que, a las claras, no era ninguna falta disciplinaria y mucho menos sancionable con destitución e inhabilidad de 15 años. Fue Ordoñez quien hizo incurrir en error al Presidente y al alto gobierno. Si algo queda claro es que la enfermedad para la democracia es el Procurador y el remedio en este caso fue la tutela.
Derecho a la Justicia | Bogotá D. C. |
“Creo que es una oportunidad para que todos reflexionemos acerca de la regulación del ejercicio de los mecanismos de defensa judicial y del uso de la tutela. En este caso, su uso indiscriminado puede conducir a un escenario de inseguridad jurídica y puede conducir inclusive a un caos administrativo y político”.
Con estas palabras el Presidente Juan Manuel Santos se despachó contra la tutela el pasado 23 de abril, cuando se vio obligado a acatar el fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó reintegrar a Gustavo Petro como Alcalde Mayor de Bogotá, y en cumplimiento de medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decretó el 18 de marzo pasado.
Como fue ampliamente demostrado, Santos había incumplido las medidas cautelares a favor de Petro en contravía de la Convención Americana y los parámetros jurisprudenciales de la Corte Constitucional que establecen el carácter vinculante de dichas medidas, no de meras recomendaciones, para la protección de derechos fundamentales, inclusive los derechos políticos.
Pero con sus palabras el Presidente, lo que enmendó con la mano lo borró con el codo, al echarle la culpa a la tutela, mecanismo que ampara los derechos fundamentales de los ciudadanos del común y que goza de gran popularidad, toda la que él va perdiendo en las encuestas.
En segundo lugar, Santos volvió a incumplir su palabra de que no impugnaría el fallo de Tutela, y para ello argumentó que: “Tenemos que ser consecuentes. Si tomamos una decisión (no acoger las medidas cautelares de la Comisión) y una tutela dice que esa decisión estuvo mal tomada, estamos obligados a impugnar esa tutela pues de no hacerlo estaríamos reconociendo que nos equivocamos” Lo que podría traducirse como: acato la orden jurídica pero defiendo el desacato anterior. Una posición incoherente hasta la confusión y que parece indicar que sus afirmaciones hay que leerlas al revés: cuando dice que sí está queriendo decir que no.
Al repasar este episodio confuso y vergonzoso para las instituciones democráticas -que comenzó con una destitución arbitraria en diciembre y llegó hasta una restitución cinco meses después, atravesando por dos alcaldías provisionales- no debemos olvidar que el causante del desbarajuste institucional no fue la tutela sino el procurador Alejandro Ordoñez, experto en desviar la atención y confundir a la opinión pública. Fue Ordoñez quien decidió que había que sancionar una política pública del alcalde Petro en materia de basuras que, a las claras, no era ninguna falta disciplinaria y mucho menos sancionable con destitución e inhabilidad de 15 años. Fue Ordoñez quien hizo incurrir en error al Presidente y al alto gobierno. Si algo queda claro es que la enfermedad para la democracia es el Procurador y el remedio en este caso fue la tutela.
Por otra parte, el pecado del presidente Santos fue desperdiciar la oportunidad de cerrar el espinoso tema acatando las medidas cautelares de la CIDH. El atajo que tomó de incumplirlas y alegar que habían recursos judiciales internos que estaban funcionando, le resultó un búmeran que lo hico caer en picada en las encuestas, mientras Petro vió crecer su popularidad a nivel nacional.
A todo lo anterior se suma ahora la decisión de Luis Guillermo Vélez, superintendente de Industria y Comercio ad hoc de imponerle una sanción multimillonaria a Petro a pesar que una jueza administrativa determinó que el decreto de basuras es legal. Esta nueva sanción, sustenta la tesis del Alcalde de que su caso es de persecución política por parte del establecimiento y de que en Colombia no cuenta con recurso adecuado ni efectivo para proteger sus derechos. Y es que, en realidad, la única decisión vigente que hasta el momento ha amparado sus derechos políticos ha sido la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
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Consejo de Estado colombiano otorgó medidas cautelares al alcalde Petro
El Consejo de Estado de Colombia otorgó un nuevo respaldo al alcalde de Bogotá (capital), Gustavo Petro, al emitir medidas cautelares a su favor que impiden el proceso de destitución en su contra que había sido emprendida desde diciembre de 2013 por la Procuraduría.
El argumento principal para decretar dichas medidas, según explicó el magistrado Gerardo Arenas, "es que el despacho en el estado actual del proceso no encuentra que esté acreditado el dolo en la actuación de las decisiones administrativas que tomó el alcalde".
Mientras tanto, la decisión del Consejo de Estado no es definitiva porque la Procuraduría informó que emitirá un recurso para que sea discutido por el pleno del Consejo de Estado.
La determinación del magistrado Arenas no cambia la situación actual, pues el alcalde regresó a su cargo hace tres semanas gracias a una tutela que concedió la Sala de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá.
El corresponsal de teleSUR en Colombia, Vladimir Carrillo dijo que tras esta determinación, se podría llevar a cabo una elección popular para revocar el mandato de Petro; mientras “con el otorgamiento de las medidas cautelares, Gustavo Petro se queda en la alcaldía de Bogotá”.
Con respecto a la alianza que firmaron los llamados petristas del Partido Progresista con los los del Partido Liberal colombiano, que lidera el presidente Juan Manuel Santos, Carrillo señalo que “esto resulta en una coalición para un apoyo decisivo a Santos, candidato a la reelección para los comicios del próximo 25 de mayo”.
teleSUR - El Tiempo / och - GP
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Corte rechazó dos impedimentos para estudio de fallo que restituyó a Petro
El alto tribunal trasladó el conocimiento de los recursos de impugnación al despacho del magistrado Ariel Salazar Ramírez.
Por: Elespectador.com
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia rechazó los impedimentos presentados por los magistrados Ariel Salazar Ramírez y Armando Tolosa para conocer y emitir una decisión de fallo en las impugnaciones presentadas en contra del fallo de la Sala Civil de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó acatar las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) a favor de Gustavo Petro.
En la sesión celebrada este martes, la Sala consideró que los impedimentos presentados por los togados, quienes argumentaron tener familiares trabajando en la Procuraduría General y la Alcaldía de Bogotá, no cumplían los requisitos exigidos para que se alejaran del conocimiento de este caso. Sin embargo si se aceptó el recurso presentado por la magistrada Ruth Marina Díaz.
Ante esto, será el despacho el magistrado Ariel Salazar el encargado de resolver las impugnaciones presentadas por la Presidencia de la República, Ministerio del Interior y la Procuraduría General en contra del fallo que restituyó a Petro Urrego en su cargo como Alcalde Mayor de Bogotá el pasado 22 de abril.
Con esta decisión se reactivan los términos para que en un plazo de diez días el magistrado resuelva los recursos jurídicos. Sin embargo, de avalarse los argumentos, la decisión no tendría consecuencia puesto que el Consejo de Estado emitió medidas cautelares a favor del alcalde Petro mientras se resuelva una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
El pasado 13 de enero la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General dejó en firme el fallo que destituyó e inhabilitó por 15 años a Gustavo Petro para ejercer cargos públicos por las irregularidades en la planeación y ejecución del nuevo modelo de aseo en la capital de la República en diciembre de 2012.
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