El mandatario fue recibido con aplausos y pétalos amarillos en la sede de la Alcaldía.
El restituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, caminó el miércoles durante casi una hora desde la calle 19 con carrera 7a. hasta el palacio Liévano, a donde ingresó a ocupar nuevamente su cargo. (Imágenes de la llegada de Petro al Palacio Liévano)
El mandatario estuvo acompañado de por lo menos 400 personas, que en el recorrido gritaron ‘Petro no se va’, ‘Petro se queda’ y ‘Petro presidente’.
Al llegar a la sede de la Alcaldía, fue recibido por los funcionarios con aplausos y pétalos amarillos y un grupo de música vallenata.
Petro se reunió con sus secretarios de despacho y luego con sus abogados para analizar el escenario jurídico que le espera, luego de una tutela fallada a su favor por el Tribunal Superior de Bogotá y que obligó al presidente Juan Manuel Santos a acatar las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Desde su despacho, durante una entrevista con la cadena CNN en Español, Petro sostuvo precisamente que “mientras se acaten las medidas cautelares, el Alcalde se queda hasta que finalice su mandato (el 31 de diciembre del 2015)”.
El mandatario reiteró que, inicialmente, el Gobierno “había violado la Convención Americana de Derechos Humanos (al no acatar las medidas cautelares)”, pues afirmó que son “obligatorias y vinculantes”.
El Alcalde sostuvo que dichas medidas tendrán vigencia hasta que se produzca el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre su caso, algo que podría tardar unos cuatro años. Allí se estudia la destitución impuesta por la Procuraduría, el 9 de diciembre del año pasado, y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por 15 años en contra de Petro.
Luego, durante una rueda de prensa en la sala de crisis del palacio Liévano, el Alcalde que solo saldrá nuevamente de su cargo si el presidente Santos desacata las medidas cautelares. Petro afirmó que no cree que ese escenario vaya a ocurrir. “Lo que ocurrió el 19 de marzo (cuando Santos ejecutó la destitución de la Procuraduría) fue un error, y ese error ha sido reparado por orden de un juez, pues las medidas cautelares siempre han sido respetadas por Colombia”, añadió Petro. “En Colombia nos falta superar la violencia y hay que darles fuerza a las garantías y a los derechos políticos, pues son la posibilidad de la convivencia entre personas quienes piensan diferente”, puntualizó
El fallo de tutela ordena que se cumplan las medidas cautelares de la CIDH, que suspendían la destitución. La Procuraduría anunció que impugnará la decisión.
Gustavo Petro estuvo 35 días fuera de la Alcaldía de Bogotá. Hoy habrá concentración en la Plaza de Bolívar. / Archivo
Petro vuelve al Palacio Liévano. Al menos de forma transitoria. El Tribunal Superior de Bogotá, mediante fallo de tutela, le ordenó al presidente Juan Manuel Santos restituirlo como alcalde de la capital en las 48 horas siguientes a la notificación de la decisión.
Para el Tribunal, el primer mandatario tuvo que acatar las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó a Petro el pasado 19 de marzo, para proteger sus derechos políticos y su cargo de los efectos del fallo de la Procuraduría, que lo destituyó e inhabilitó por 15 años.
La decisión del Tribunal, que aún no ha sido notificada oficialmente, tiene efectos inmediatos. Sin embargo, esta no es la última palabra, ya que la Procuraduría anunció que impugnará el fallo, con lo que el proceso pasará a la Corte Suprema de Justicia que, en segunda instancia, deberá decidir si lo ratifica o lo revoca, trámite que durará máximo 20 días.
Aunque al cierre de esta edición no se conocía un pronunciamiento de la Casa de Nariño, el presidente advirtió el lunes pasado que en caso de que un juez le ordenara restituir a Petro, él lo haría de forma inmediata, en cumplimiento de la ley, como cuando hizo efectiva la decisión de la Procuraduría el mismo 19 de marzo.
El fallo del Tribunal Superior de Bogotá se conoce de manera sorpresiva, pues de 40 tutelas que fueron presentadas ante la justicia, para obligar al primer mandatario a acatar las medidas cautelares de la CIDH, al menos la mitad fueron falladas de forma contraria a los intereses de Petro.
Además, las cabalas judiciales apuntaban a que el regreso del destituido mandatario sería por cuenta de las eventuales medidas cautelares que podría otorgar el Consejo de Estado, donde cursa la demanda de nulidad que busca dejar sin efecto la decisión de la Procuraduría o, incluso, por una decisión de la Corte Constitucional, que revisa varias tutelas.
En caso de que la decisión del Tribunal Superior de Bogotá quede en firme en segunda instancia, poco importará la suerte de los demás procesos que cursan ante la justicia colombiana. Las medidas cautelares de la CIDH se mantendrían hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (superior de la Comisión) decida de fondo sobre la demanda interpuesta por Petro ante el Sistema Interamericano. A no ser que antes exista una decisión de fondo en la justicia colombiana que tumbe la destitución del Ministerio Público.
Ricardo Abello, experto en derecho internacional, explicó que “lo más lógico es que las medidas cautelares de la CIDH se mantengan hasta que se conozca una decisión de fondo de la justicia colombiana. En caso de que ésta no sea favorable a Gustavo Petro, el caso continuará su trámite en el Sistema Interamericano y es posible que solo hasta el próximo año la Comisión lo eleve ante la Corte Interamericana, donde el proceso podría tardar dos años más. Es decir, cuando se tenga un fallo de fondo, Petro ya habrá terminado su mandato”.
Lo paradójico de la situación es que, si bien una decisión judicial hoy devuelve a Petro al Palacio Liévano, un mecanismo electoral podría sacarlo de forma definitiva. Una vez regrese a su cargo, el proceso de revocatoria, que se suspendió tras su destitución, se reactiva de forma automática. Es decir, la Registraduría fijará fecha para que los bogotanos decidan en las urnas sobre la permanencia de la Bogotá Humana.
Frente a la decisión, Gustavo Petro dijo a través de su cuenta de Twitter que fue “esta vez el Tribunal Superior de Bogotá el que protegió los derechos políticos, que son derechos humanos de la ciudadanía bogotana y míos”.
Por su parte, Susana Muhamad, secretaria general del Distrito, opinó que era previsible porque Colombia debía cumplir las normas internacionales que suscribió. “Nadie puede negar que esta situación ha generado interrupciones en los procesos del Distrito”.
En el Concejo Distrital también hubo reacciones. María Fernanda Rojas, de progresistas, expresó que el fallo revierte una decisión desafortunada. “Santos se equivocó en el desacato a la CIDH y estas son las consecuencias. No le queda más remedio que acatar la orden”.
La oposición, en cabeza de la cabildante por el Partido de la U, Clara Lucía Sandoval, manifestó que Petro regresará para “hacer lo que sabe, que no es gerenciar, sino marchar y dar discursos desde el balcón. Y Bogotá, postrada”.
Lo cierto es que el presidente Santos, una vez sea notificado de la decisión, tendrá que restituir a Gustavo Petro, quien reemplazará a María Mercedes Maldonado, que fue alcaldesa por un día. El destituido regresará al cargo para el que fue electo y Bogotá continuará en el limbo jurídico en el que está inmersa desde hace cinco meses.
Gustavo Petro, restituido, ya se encuentra en el Palacio Liévano
Por: noticiascaracol.com
Acompañado de centenares de seguidores, el mandatario de Bogotá recorrió la carrera Séptima rumbo a su despacho.
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El restituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, encabezó una movilización popular por la carrera séptima de la capital colombiana, que tuvo como destino el Palacio Liévano, sede de gobierno distrital.
"La justicia que operó en defensa de los derechos ciudadanos nos ha traído a donde toca", sostuvo el mandatario capitalino, quien interrumpió una movilización de respaldo en el municipio de Majagual, Sucre, para arribar a la capital colombiana y ocupar nuevamente la cabeza de la administración distrital.
La marcha, que partió desde la Plaza de las Nieves, en la calle 21 con séptima contó con la presencia de centenares de seguidores del mandatario, que celebran su regreso con pancartas y banderas del M-19, desmovilizado movimiento guerrillero al que perteneció el gobernante.
En la Plaza de Bolívar, Petro tuvo un encuentro con otro grupo de seguidores, así como con funcionarios de su administración, que celebraron su vuelta.
Por su parte, la Procuraduría anunció la inminente radicación de un recurso de impugnación del fallo judicial proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, que restituyó a Petro en el cargo.
"La Procuraduría estará el día de mañana interponiendo el recurso de apelación correspondiente para que la Corte Suprema de Justicia defina lo pertinente frente a este hecho", manifestó previamente el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez.
En la mañana de este miércoles, el presidente Santos dio a conocer que firmó el mandato que restituye a Petro en la Alcaldía en un plazo de 48 horas, en cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Presidente Santos restituye a Petro como alcalde de Bogotá
Por: NoticiasCaracol.com
Dijo que acata la orden del Tribunal Superior de Bogotá, "a sabiendas de que es una decisión controvertida". No tengo alternativa, recalcó.
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El Tribunal Superior de Bogotá, al ordenar restituir a Gustavo Petro un mes después de su destitución, pidió cumplir con las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"En este caso, las leyes, los jueces me ordenan restituir al alcalde (Gustavo) Petro y he firmado el decreto correspondiente para que se restituya en su cargo", dijo este miércoles el presidente Juan Manuel Santos.
"Esta decisión es simplemente en cumplimiento de la ley, no tengo alternativa", aclaró, por lo que agregó: "a algunos les puede gustar a otros no, pero mi obligación como presidente de la República es acatar la ley".
Precisó que lo hace "a sabiendas de que es una decisión controvertida, inclusive habíamos ganado cerca de 32 tutelas, pero hubo una en contra y estoy obligado a cumplirla. De eso se trata el respeto por la ley".
"La ley es la ley por dura que sea. Si a algunos no les gusta se cambia, pero mientras exista y esté escrita el presidente y todos los ciudadanos deben cumplirla", subrayó.
E insistió en que tomó "las decisiones respetando la independencia de los poderes y defendiendo la institucionalidad". De lo contrario, advirtió, "la democracia comienza a vulnerarse".
Minutos después de conocer la decisión de Santos, el restituido alcalde trinó:
El Tribunal Superior de Bogotá falló una tutela de un ciudadano que denunció que con la destitución de Petro se habían violado sus derechos políticos al no acatar el Estado las medidas que había dictado la CIDH para evitar la salida del alcalde.
El lunes el presidente Santos designó como alcaldesa encargada a María Mercedes Maldonado, quien ya había hecho empalme con el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, que estuvo un mes como burgomaestre.
El Tribunal Superior de Bogotá habría ordenado al presidente Juan Manuel Santos acatar las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de Gustavo Petro. De esta manera el mandatario destituido volvería a la Alcaldía de Bogotá.
Una sala de restitución de tierras del Tribunal Superior de Bogotá ordenó al presidente Juan Manuel Santos acatar las medidas cautelares interpuestas por la Comisión Interamericana de Derechos humanos en favor de Gustavo Petro. De esta manera el mandatario destituido, volverá a su cargo como alcalde de la ciudad.
La decisión se tomó luego de resolver un recurso de tutela interpuesto por un ciudadano, quien consideró que el jefe de Estado tenía la obligación de acoger las decisiones de la Comisión, en este caso las referentes a las medidas cautelares, que en su momento ordenaron frenar la decisión de la Procuraduría General de destituir e inhabilitar a Petro.
En el fallo emitido por los magistrados Óscar Humberto Ramírez y Jorgé Hernán Vargas, se ordena la restitución a su cargo en un periodo de 48 horas. Expertos consultados por Colprensa consideran que una vez el presidente sea notificado de la noticia deberá acatar el fallo del Tribunal, de lo contrario estaría incurriendo en un delito conocido como prevaricato.
Así las cosas, el alto tribunal acogió los derechos de Petro amparados en el artículo 23 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual argumenta que cualquier ciudadano tiene el derecho de “elegir y ser elegido en elecciones periódicas auténticas”.
Con respecto a la decisión del Alto Tribunal, Gustavo Petro se mostró satisfecho y a través de su cuenta en la red social Twitter dijo: “Esta vez Tribunal Superior de Bogotá protege derechos políticos, que son derechos humanos de la ciudadanía bogotana, de Bogotá y los míos
Este es el panorama jurídico tras regreso de Petro a la Alcaldía de Bogotá.
Procuraduría: el Ministerio Público podría impugnar el fallo del Tribunal Superior de Bogotá. En este caso, la decisión queda en una segunda instancia en la Corte Suprema de Justicia, que dejará en firme o revocará la decisión del magistrado Óscar Humberto Ramírez Cardona. La principal tesis del Tribunal de Bogotá es que el Presidente tuvo que haber acogido las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estas ordenan que el Estado colombiano suspendiera el fallo del Procurador hasta que el organismo internacional se pronuncie de fondo.
Corte Constitucional: en todo caso, la tutela llegará a la Corte Constitucional, tribunal que la puede tomar para la revisión. La podría, incluso, ‘empaquetar’ con el proceso que ya tiene en curso con las tutelas que falló el Consejo de Estado y que no le dio la razón a Petro y dejó en firme la competencia del Procurador para sancionar a funcionarios elegidos con voto popular. Como órgano de cierre, la Corte Constitucional tiene la última palabra en todo este caso del alcalde de Bogotá.
Consejo de Estado: paralelamente a todo este proceso, en próximos días el Consejo de Estado tendrá que estudiar la ponencia sobre la demanda de nulidad y restablecimiento de derechos que interpuso la defensa de Petro contra el fallo de la Procuraduría que lo destituyó e inhabilitó por 15 años. Es decir, ese alto tribunal definirá si tumba o no el fallo del procurador Ordóñez.
Revive la revocatoria: paralelamente se reactiva el proceso de revocatoria y se aproxima una fecha clave: si el 30 de junio no se han realizado, por cualquier razón, las elecciones para elegir al sucesor del destituido alcalde, su movimiento político tendría ganada una primera batalla, pues la ley dice que si se produce una ausencia definitiva de un mandatario y quedan menos de 18 meses de mandato no habría elecciones sino que el encargado sería elegido por el Presidente de una terna enviada por el mismo partido del mandatario
Ordenan restitución de Petro en Alcaldía de Bogotá en un lapso de 48 horas
La Sala Civil de Asuntos Agrarios del Tribunal Superior de Bogotá le ordenó al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en un plazo de 48 horas, reintegrar a su cargo en la Alcaldía Distrital a Gustavo Petro Urrego. teleSUR
En diciembre de 2013 la Procuraduría de Colombia había ordenado la destitución del burgomaestre tras supuestas irregularidades con las concesiones para la recolección de basura en la capital.
Gustavo Petro deberá retornar a la Alcaldía de Bogotá tras esta decisión del Tribunal Superior de Bogotá (foto: Archivo)
Gustavo Petro deberá retornar a la Alcaldía de Bogotá tras esta decisión del Tribunal Superior de Bogotá (foto: Archivo)
Gustavo Petro deberá retornar a la Alcaldía de Bogotá tras esta decisión del Tribunal Superior de Bogotá (foto: Archivo)
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (ubicado en Bogotá) ordenó este martes que en un lapso de 48 horas se acate una tutela a favor de Gustavo Petro, para que retorne nuevamente a la Alcaldía de Bogotá.
Abogados del mandatario informaron que el Tribunal le ordenó a Santos, en un plazo de 48 horas, que acate las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Petro. Eso significa que el mandatario debe volver a su cargo.
Petro a través de Twitter, dijo que " Esta vez Tribunal Superior de Bogotá protege derechos políticos, que son derechos humanos de la ciudadanía bogotana, de Bogotá y los míos".
El corresponsal de teleSUR en Colombia, Milton Henao, informó además que la orden del tribunal obedece a otras medidas cautelares internas impetradas en el Consejo de Estado por los abogados defensores del alcalde tras destitución de su cargo por considerar que se estaría violando la Constitución de la República.
Los abogados de Petro impetraron ante el tribunal supremo de Bogotá, unas tutelas de rechazo a la decisión del presidente Juan Manuel Santos de negar la petición de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) el pasado 19 de marzo.
El periodista aclaró que el presidente Santos había dicho que si un juez ordenara la restitución de Petro, él la acataría. Vale recordar que una vez que Petro retome su cargo, se establecen 56 días de plazo para llevar a cabo las elecciones para la alcaldía.
También se espera que en las próximas horas, el mandatario colombiano se dirija a la nación para dar un mensaje en torno a esta decisión que apoya a Gustavo Petro.
Por su parte el abogado constitucionalista colombiano, Jorge Molano, resaltó que uno de los puntos importantes de esta decisión es que un órgano judicial del país avala el dictamen que había dado la CIDH respecto al caso de Petro.
En diciembre de 2013 la Procuraduría de Colombia había ordenado la destitución del burgomaestre tras supuestas irregularidades con las concesiones para la recolección de basura en la capital.
La Corte propondrá de inmediato una revisión a los poderes de la Procuraduría para evitar situaciones tan complejas como las ocurridas con la destitución e inhabilidad por 15 años decretada el 9 de diciembre de 2013 contra el alcalde bogotano Gustavo Petro (recién restituido).
La inhabilidad es una decisión de un juez penal y la Procuraduría carece competencia para eso, afirma la Corte Suprema de Justicia. (Foto: Archivo)
La inhabilidad es una decisión de un juez penal y la Procuraduría carece competencia para eso, afirma la Corte Suprema de Justicia. (Foto: Archivo)
La inhabilidad es una decisión de un juez penal y la Procuraduría carece competencia para eso, afirma la Corte Suprema de Justicia. (Foto: Archivo)
El presidente de la Corte Suprema de Justicia colombiana, Augusto Ibáñez, calificó de excesivos los poderes de la Procuraduría y propondrá de inmediato una revisión de estos.
Explicó que la propuesta responde a la difícil situación ocurrida con la destitución e inhabilidad por 15 años decretada el 9 de diciembre de 2013 contra el alcalde bogotano Gustavo Petro, que ya fue restituido.
Indicó que la inhabilidad es una decisión de un juez penal y la Procuraduría carece competencia para eso.
Refirió, además, que la demanda de nulidad presentada por el procurador Alejandro Ordóñez contra la restitución del alcalde a su puesto -ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia de Bogotá y acatada por el presidente Juan Santos-, no tiene antecedente alguno sobre una impugnación de esa naturaleza.
Sin embargo, dijo que en la sala civil, que tramitará la impugnación, existe jurisprudencia y recomendaciones para acatar las medidas y decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el pasado 18 de marzo solicitó al gobierno colombiano suspender el fallo de la Procuraduría contra el alcalde.
También pidió aplicar las medidas cautelares (protección de derechos) otorgadas a Gustavo Petro y permitir que este continuara su mandato hasta el 31 de diciembre de 2015, mientras la Comisión estudiaba a fondo el caso con vistas a un fallo definitivo (que podría demorar incluso de dos a tres años, según juristas expertos en el tema).
La Corte tiene un plazo de 20 días para tomar una decisión sobre la impugnación de la Procuraduría después que esta sea resuelta por la sala civil.
Al repasar este episodio confuso y vergonzoso para las instituciones democráticas -que comenzó con una destitución arbitraria en diciembre y llegó hasta una restitución cinco meses después, atravesando por dos alcaldías provisionales- no debemos olvidar que el causante del desbarajuste institucional no fue la tutela sino el procurador Alejandro Ordoñez, experto en desviar la atención y confundir a la opinión pública. Fue Ordoñez quien decidió que había que sancionar una política pública del alcalde Petro en materia de basuras que, a las claras, no era ninguna falta disciplinaria y mucho menos sancionable con destitución e inhabilidad de 15 años. Fue Ordoñez quien hizo incurrir en error al Presidente y al alto gobierno. Si algo queda claro es que la enfermedad para la democracia es el Procurador y el remedio en este caso fue la tutela.
“Creo que es una oportunidad para que todos reflexionemos acerca de la regulación del ejercicio de los mecanismos de defensa judicial y del uso de la tutela. En este caso, su uso indiscriminado puede conducir a un escenario de inseguridad jurídica y puede conducir inclusive a un caos administrativo y político”.
Con estas palabras el Presidente Juan Manuel Santos se despachó contra la tutela el pasado 23 de abril, cuando se vio obligado a acatar el fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó reintegrar a Gustavo Petro como Alcalde Mayor de Bogotá, y en cumplimiento de medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decretó el 18 de marzo pasado.
Como fue ampliamente demostrado, Santos había incumplido las medidas cautelares a favor de Petro en contravía de la Convención Americana y los parámetros jurisprudenciales de la Corte Constitucional que establecen el carácter vinculante de dichas medidas, no de meras recomendaciones, para la protección de derechos fundamentales, inclusive los derechos políticos.
Pero con sus palabras el Presidente, lo que enmendó con la mano lo borró con el codo, al echarle la culpa a la tutela, mecanismo que ampara los derechos fundamentales de los ciudadanos del común y que goza de gran popularidad, toda la que él va perdiendo en las encuestas.
En segundo lugar, Santos volvió a incumplir su palabra de que no impugnaría el fallo de Tutela, y para ello argumentó que: “Tenemos que ser consecuentes. Si tomamos una decisión (no acoger las medidas cautelares de la Comisión) y una tutela dice que esa decisión estuvo mal tomada, estamos obligados a impugnar esa tutela pues de no hacerlo estaríamos reconociendo que nos equivocamos” Lo que podría traducirse como: acato la orden jurídica pero defiendo el desacato anterior. Una posición incoherente hasta la confusión y que parece indicar que sus afirmaciones hay que leerlas al revés: cuando dice que sí está queriendo decir que no.
Al repasar este episodio confuso y vergonzoso para las instituciones democráticas -que comenzó con una destitución arbitraria en diciembre y llegó hasta una restitución cinco meses después, atravesando por dos alcaldías provisionales- no debemos olvidar que el causante del desbarajuste institucional no fue la tutela sino el procurador Alejandro Ordoñez, experto en desviar la atención y confundir a la opinión pública. Fue Ordoñez quien decidió que había que sancionar una política pública del alcalde Petro en materia de basuras que, a las claras, no era ninguna falta disciplinaria y mucho menos sancionable con destitución e inhabilidad de 15 años. Fue Ordoñez quien hizo incurrir en error al Presidente y al alto gobierno. Si algo queda claro es que la enfermedad para la democracia es el Procurador y el remedio en este caso fue la tutela.
Por otra parte, el pecado del presidente Santos fue desperdiciar la oportunidad de cerrar el espinoso tema acatando las medidas cautelares de la CIDH. El atajo que tomó de incumplirlas y alegar que habían recursos judiciales internos que estaban funcionando, le resultó un búmeran que lo hico caer en picada en las encuestas, mientras Petro vió crecer su popularidad a nivel nacional.
A todo lo anterior se suma ahora la decisión de Luis Guillermo Vélez, superintendente de Industria y Comercio ad hoc de imponerle una sanción multimillonaria a Petro a pesar que una jueza administrativa determinó que el decreto de basuras es legal. Esta nueva sanción, sustenta la tesis del Alcalde de que su caso es de persecución política por parte del establecimiento y de que en Colombia no cuenta con recurso adecuado ni efectivo para proteger sus derechos. Y es que, en realidad, la única decisión vigente que hasta el momento ha amparado sus derechos políticos ha sido la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
Consejo de Estado colombiano otorgó medidas cautelares al alcalde Petro
El Consejo de Estado de Colombia otorgó un nuevo respaldo al alcalde de Bogotá (capital), Gustavo Petro, al emitir medidas cautelares a su favor que impiden el proceso de destitución en su contra que había sido emprendida desde diciembre de 2013 por la Procuraduría.
El argumento principal para decretar dichas medidas, según explicó el magistrado Gerardo Arenas, "es que el despacho en el estado actual del proceso no encuentra que esté acreditado el dolo en la actuación de las decisiones administrativas que tomó el alcalde".
Mientras tanto, la decisión del Consejo de Estado no es definitiva porque la Procuraduría informó que emitirá un recurso para que sea discutido por el pleno del Consejo de Estado.
La determinación del magistrado Arenas no cambia la situación actual, pues el alcalde regresó a su cargo hace tres semanas gracias a una tutela que concedió la Sala de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá.
El corresponsal de teleSUR en Colombia, Vladimir Carrillo dijo que tras esta determinación, se podría llevar a cabo una elección popular para revocar el mandato de Petro; mientras “con el otorgamiento de las medidas cautelares, Gustavo Petro se queda en la alcaldía de Bogotá”.
Con respecto a la alianza que firmaron los llamados petristas del Partido Progresista con los los del Partido Liberal colombiano, que lidera el presidente Juan Manuel Santos, Carrillo señalo que “esto resulta en una coalición para un apoyo decisivo a Santos, candidato a la reelección para los comicios del próximo 25 de mayo”.
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia rechazó los impedimentos presentados por los magistrados Ariel Salazar Ramírez y Armando Tolosa para conocer y emitir una decisión de fallo en las impugnaciones presentadas en contra del fallo de la Sala Civil de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó acatar las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) a favor de Gustavo Petro.
En la sesión celebrada este martes, la Sala consideró que los impedimentos presentados por los togados, quienes argumentaron tener familiares trabajando en la Procuraduría General y la Alcaldía de Bogotá, no cumplían los requisitos exigidos para que se alejaran del conocimiento de este caso. Sin embargo si se aceptó el recurso presentado por la magistrada Ruth Marina Díaz.
Ante esto, será el despacho el magistrado Ariel Salazar el encargado de resolver las impugnaciones presentadas por la Presidencia de la República, Ministerio del Interior y la Procuraduría General en contra del fallo que restituyó a Petro Urrego en su cargo como Alcalde Mayor de Bogotá el pasado 22 de abril.
Con esta decisión se reactivan los términos para que en un plazo de diez días el magistrado resuelva los recursos jurídicos. Sin embargo, de avalarse los argumentos, la decisión no tendría consecuencia puesto que el Consejo de Estado emitió medidas cautelares a favor del alcalde Petro mientras se resuelva una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
El pasado 13 de enero la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General dejó en firme el fallo que destituyó e inhabilitó por 15 años a Gustavo Petro para ejercer cargos públicos por las irregularidades en la planeación y ejecución del nuevo modelo de aseo en la capital de la República en diciembre de 2012.
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