Rodeado por sus seguidores y defensores, Gustavo Petro regresó al despacho que dejó el pasado 19 de marzo. Su restitución ocurre después de 35 días en los que el Distrito mantuvo el rumbo que marca su plan de gobierno, aunque con el freno puesto, gracias a la interinidad en su cabeza política. A pesar de que sectores de opinión le piden al líder de Progresistas que vuelva para gobernar una ciudad aletargada, buena parte de las próximas noticias tendrán que ver con su defensa en los estrados judiciales. El clima político nacional no es ajeno a la complejidad que vive Bogotá.

Como lo había advertido, el presidente Juan Manuel Santos restituyó a Petro en la Alcaldía de Bogotá tan pronto se lo ordenó un juez, en este caso del Tribunal Superior de Bogotá. Formalmente, la Sala de Restitución de Tierras de ese tribunal le exigió al presidente que acatara las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había pedido para frenar los efectos de la destitución y la inhabilidad que la Procuraduría le impuso a Petro, pero que el presidente decidió no conceder el pasado 19 de marzo.

El tribunal advirtió que la jurisprudencia colombiana ha sido enfática en que las medidas cautelares que se dan en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos son de obligatorio cumplimiento por parte del Estado y que, en consecuencia, el acto administrativo por el cual el presidente destituyó a Petro y nombró como alcalde encargado a su ministro de Trabajo, Rafael Pardo, debía quedar sin efecto de inmediato.

Las medidas de la CIDH que ahora fueron concedidas exigen que, en tanto no haya un fallo de fondo de la justicia colombiana sobre la sanción disciplinaria que impuso la Procuraduría, la destitución quede suspendida. Es decir, mientras el Consejo de Estado resuelve la nulidad que Petro interpuso sobre la decisión disciplinaria o hasta que la Corte Constitucional decida si la Procuraduría tiene las facultades para destituir o si la decisión vulnera derechos fundamentales del alcalde recién destituido. O incluso hasta que haya un fallo de la Corte Interamericana sobre el asunto.

En palabras más sencillas, lo que ocurrirá, si el fallo de tutela queda en firme, es que Petro permanecerá en el cargo por lo menos hasta que se dé una de esas decisiones judiciales (lo que podría tardar un año, más o menos). Pero la Procuraduría quiere evitarlo y hoy impugnará el fallo ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia para que deje en firme, en segunda instancia y en menos de 20 días hábiles, la destitución, mientras se resuelve la nulidad en el Consejo de Estado o las tutelas que estudia la Corte Constitucional.

El panorama es aún más complicado si se tiene en cuenta que también hoy vence el plazo para que la Procuraduría le explique al magistrado Gerardo Arenas, del Consejo de Estado, por qué no debe suspender los efectos de la destitución hasta que se resuelva la nulidad en ese alto tribunal. Si Arenas llegara a conceder las medidas cautelares, que sólo pueden ser revertidas mediante un recurso de súplica interpuesto por la Procuraduría, Petro quedaría doblemente protegido. Por un lado tendría las medidas cautelares de la CIDH y por el otro las del Consejo de Estado.

En los corrillos políticos se rumora que Arenas, quien hizo un salvamento de voto a favor de Petro en el fallo que desencadenó su destitución el pasado 19 de marzo, está siendo sometido a todo tipo de presiones para conceder o negar las medidas cautelares. Y que lo mismo estaría ocurriendo en la Corte Constitucional, donde podrían ser decretadas otras medidas hasta que se revise de fondo si el fallo de la Procuraduría vulnera los derechos de Petro o si el Ministerio Público está facultado para destituir funcionarios elegidos popularmente.

Pero las últimas noticias no son todas esperanzadoras para Petro. Luis Guillermo Vélez, superintendente ad hoc de Industria y Comercio, emitió una sanción por un monto de $60.000 millones contra el Distrito por violar el régimen de libre competencia con la implementación del nuevo esquema de basuras. Es decir, la Procuraduría tiene en sus manos la decisión de un organismo de control que valida una de las principales tesis que esgrimió al momento de destituir a Petro, o sea, una carta para darle guerra al restituido ante los altos tribunales.

Con los tres frentes de batalla abiertos (Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional), el otro proceso que define la continuidad de Petro es la revocatoria. La Registraduría anunció que el proceso para que los bogotanos revoquen o refrenden el mandato de Gustavo Petro quedó reactivado y que, en consecuencia, se convocará a las urnas en los próximos dos meses. Las votaciones serán en una fecha diferente a las de las elecciones presidenciales (25 de mayo y, si hay segunda vuelta, 15 de junio); según se prevé en los círculos judiciales, ocurrirán en la última quincena de junio.

Si esa es la fecha establecida y Petro sigue protegido por medidas cautelares, vengan de donde vengan, en la Casa de Nariño habría cierta tranquilidad pues se garantizaría que el proceso de revocatoria en Bogotá no se le va a atravesar a las presidenciales. Aún más, el máximo líder del progresismo se mantendría parcialmente al margen de los comicios presidenciales, pues, como alcalde, está inhabilitado para participar en política y sus pronunciamientos no jugarían a favor o en contra de la aspiración reeleccionista del presidente Santos.

Incluso, quienes conocen de los supuestos acercamientos entre Progresistas y la Unidad Nacional dicen que los efectos de la restitución de Petro podrían ser una división en el interior de la Alianza Verde, lo que perjudicaría al candidato Enrique Peñalosa (el más fuerte competidor de Santos), y el volcamiento de una buena porción de las fuerzas progresistas hacia el santismo. No obstante, saben que, aun cuando Petro podría hacer ciertos guiños favorables a la reelección, está preso de sus propias palabras, pues después del 19 de marzo acusó al Gobierno Nacional de cohonestar un golpe de Estado en Bogotá.

Mientras tanto, en lo que se refiere a los asuntos de Bogotá, Petro llega con el mismo equipo con el que gobernó hasta el día en que quedó en firme su destitución. La gobernabilidad, si bien está minada por la incertidumbre jurídica, sería la misma que tuvo. No obstante, ahora tiene una mayor presión por ejecutar y mostrar resultados, pues la mayoría de los sectores políticos que juegan en lo local y en lo nacional vienen pidiendo con insistencia que deje de lado las movilizaciones y los discursos con los que se ha defendido y muestre el talante gerencial que, a juicio de muchos, le ha hecho falta.

Lo cierto es que, por lo menos mientras se define la continuidad de las medidas cautelares, Petro gobernará en Bogotá. Serán su equipo de asesores jurídicos y sus principales alfiles políticos los que se encarguen de luchar por su continuidad. Aunque por los lados de la oposición a su gobierno y de la Procuraduría también enfilan fuerzas para que Bogotá deje de ser gobernada por un líder político que puso a todas las estancias del Estado a protagonizar una novela que comenzó con el cambio del modelo de recolección de basuras.

“La ciudad está blindada”: Petro

Al regresar al Palacio Liévano, el alcalde Gustavo Petro señaló que “el decreto del Gobierno, acatando las medidas cautelares, blinda con estabilidad a la ciudad”. Según la tesis del mandatario, la única posibilidad para que pierda su cargo es a través del proceso de revocatoria. Sobre la sanción interpuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio, por violar la libre competencia, el alcalde manifestó que el Juzgado Tercero Administrativo declaró legal el decreto que implementó el modelo de aseo. Por esta razón, y por el auto de la Corte Constitucional que ordenó la inclusión de los recicladores en el nuevo esquema, apelará la sanción. Sin embargo, señaló que “si nos van a embargar el sueldo lo pueden hacer”. Por último, dijo que los sobrevuelos para vigilar la ciudad, comunes durante el período de Rafael Pardo como alcalde encargado, “son costosos e inefectivos”.