En 1977, los encargados de preparar el advenimiento del nuevo sistema político dejaron fuera de la toma de decisiones a los partidos republicanos, legalizados una vez celebradas las elecciones generales del 15 de junio de ese año.
El resultado de esos comicios definiría las Cortes que debían estudiar y aprobar la constitución, y con las formaciones que reclamaban la república -el sistema democrático existente antes del paréntesis dictatorial- fuera de las negociaciones, se aseguraba la permanencia del jefe de estado sucesor de Franco, Juan Carlos I. Bajo el pretexto de "ser contrario a la forma de estado", el Ministerio de Gobernación encabezado por Rodolfo Martín Villa -para quien hoy se pide la imputación dentro de la causa penal contra el franquismo en Argentina- finiquitó las aspiraciones de partidos como Izquierda Republicana, Esquerra Republicana de Catalunya y Acción Republicana Democrática Española a participar en el proceso político que definiría el futuro del país.
"Primero hubo un encuentro con Manuel Fraga, ministro de la Gobernación hasta julio de 1976, donde nos dijo que hasta que no quitásemos la 'R' no se nos legalizaría, ni con ese gobierno ni con ninguno de la Monarquía. Con el gobierno de Suárez apenas hubo contactos, pues la única interlocución era a través de Juan José Rosón, gobernador civil de Madrid entre 1976 y 1980, y siempre dijo que el obstáculo era el PSOE. Nos animaba a convencer a Felipe González, Javier Solana o Enrique Múgica, al parecer los más intransigentes con nuestra legalización", relata Isabelo Herreros, escritor y político, y exsecretario general de Izquierda Republicana. "Presentamos los papeles cuando se abrieron los plazos. Martín Villa remitió al Tribunal Supremo la documentación, pero no para que nos legalizasen si no para que vieran si en nuestra actuación había hechos delictivos y así proceder contra nosotros", señala.
El 2 de agosto de 1977 fueron legalizados Esquerra Republicana de Catalunya y Acción Republicana. El partido fundado por Manuel Azaña en 1934, Izquierda Republicana, no normalizó su situación hasta el 10 de noviembre de ese año, tal y como figura en el registro al que ha tenido acceso Público.
Varios partidos fueron excluídos del proceso por bajo pretexto de "ser contrario a la forma de estado"
Isabelo Herreros explica hoy las diferentes causas que hubo detrás de su postergación como partido legalizado, y lo hace en primer término apuntando al PSOE. "Tenía una posición privilegiada de interlocución para pactar el mapa político. La responsabilidad de que nos vetaran no fue sólo del gobierno que salía del franquismo, sino del Partido Socialista", denuncia Herreros. "Era una cuestión de acaparar espacio político, de no perder votantes", asegura. "En las primeras elecciones, el PSOE se ‘apropió' del discurso de Azaña de la regeneración para captar a ese electorado que había vivido la Segunda República y la Guerra Civil", apunta.
El laicismo era otro de los elementos que no jugó a favor de Izquierda Republicana, partido contrario a los acuerdos que se estaban alcanzando con la Iglesia católica. "Si hubiéramos tenido una presencia parlamentaria fuerte en las primera elecciones generales, habríamos denunciado el Concordato [con el Vaticano]", afirma Herreros.
El ideario de estos partidos perseguía una ruptura clara con el franquismo y una "democratización de todo el aparato del estado". "En este momento, las principales instituciones del país han heredado las mismas castas", deplora. En lugar de la ruptura que planteaban los republicanos, Herreros lamenta que se aprobara una amnistía "para perdonar de por vida a todos los asesinos y torturadores". "En ese debate estamos todavía, con la Fiscalía oponiéndose a la extradición de torturadores a Argentina", recalca.
Algunos miembros de IR y de otras formaciones no legalizadas decidieron acudir a los comicios de 1977 bajo las siglas del Frente Democrático de Izquierdas, una amalgama formada, entre otros, por el Partido del Trabajo en España y el Bloque Socialista Independiente. Recabaron algo más de 120.000 votos, y no obtuvieron escaño. "Allí hubo algunos candidatos a título independiente pero la posición oficial fue la de no querer participar de ninguna manera, y no dar así legitimidad a un proceso electoral del que se nos excluía deliberadamente".
Formaciones que daban continuidad al legado ideológico franquista como Alianza Popular, fundada por el ministro de la dictadura Manuel Fraga y que acumuló un millón y medio de votos y 16 escaños, Falange Española, con 46.500 votos y sin representación parlamentaria, y Alianza Nacional del 18 de julio, con 67.000 votos y sin escaños, tuvieron su sitio en el periodo electoral. "Estos partidos venían de las mismas familias; unos se supieron acomodar a los nuevos tiempos y otros parecían anclados, pero en definitiva eran correligionarios del mismo partido político", analiza Herreros.
Herreros: "Para nosotros, las elecciones generales de 1977 carecen de legitimidad"
Con la ausencia de IR en la sopa de letras de 1977, los españoles perdieron el derecho a elegir a uno de los últimos partidos en el gobierno antes del golpe de estado de Franco que derivó en la Guerra Civil. Las elecciones de febrero de 1936, las últimas en cuatro décadas, dieron el triunfo al Frente Popular, integrado entre otros partidos por Izquierda Republicana, que fue gobernando hasta el triunfo de los militares sublevados, el 1 de abril de 1939.
"Para nosotros, las elecciones generales de 1977 carecen de legitimidad. Lo que vino después fue una constitución en la que no se consultó con la ciudadanía algo tan fundamental como la forma de estado. No hacía tantos años que se había preguntado a los ciudadanos en Grecia si querían monarquía o república [1974], y también se hizo en Italia al término de la Segunda Guerra Mundial", confronta Herreros.
Bombas envueltas en banderas republicanas
La escalada de descrédito hacia cualquier episodio relacionado con el primer ensayo democrático experimentado en España, la Segunda República, no se frenó tras dejar fuera del proceso constituyente a los partidos republicanos. El entramado por despojar de elementos positivos a ese corto periodo, y a los avances sociales que conllevó, acababa de comenzar. "Mientras se debatía la Constitución y la forma de estado, y de esto sabrá mucho Martín Villa y otros responsables del Ministerio de Interior, aparecían debajo de los puentes de la M30 pequeñas bombas envueltas en banderas republicanas", recuerda Herreros. La hemeroteca de julio de 1977 revela que se localizaron en Madrid, en diferentes puntos, "múltiples banderas republicanas a las que iban unidos falsos paquetes de explosivos que fueron recogidos por miembros de la Guardia Civil y de la policía armada". Según esta información de ABC, ningún grupo político había reivindicado la acción. "Ocurrió en varias ocasiones. Se trataba de criminalizar todo lo que tuviera que ver con la República. Un 14 de abril, cuando ya estaban todos los partidos legalizados, se presentaron en nuestra sede a confiscaron la propaganda y se llevaron detenidos a los que había allí, que eran dos octogenarios, algo tremendo", narra Herreros.
Ahora, tras el anuncio de abdicación del rey Juan Carlos, y con el debate sobre la forma de estado tomando fuerza en las calles, este miembro de IR insiste en que no es nada "descabellado" lo que se plantea. "El artículo 92 de la Constitución dice que ‘las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos', y eso es lo que se está planeando ahora". "Este reclamo popular va a continuar", augura.
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