Aunque el reporte que se le entregará al presidente de la República, Juan Manuel Santos, contendrá con detalle lo encontrado por el Ejército, al menos lo entregado a la opinión pública dejó muchas dudas. 

Por ejemplo, no se hizo mención alguna a las interceptaciones a delegados de la mesa de negociadores del Gobierno Nacional en La Habana, ni a las ‘chuzadas’ que se habrían realizado a varios periodistas, según reveló en días pasados Univisión. 

Sobre este punto, el presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), Ignacio Gómez, dijo que le preocupa que estas ‘chuzadas’ corran el mismo camino de impunidad que el episodio del DAS, sobre el cual no se han registrado avances significativos. 

En su criterio, no es garantía que la Procuraduría General de la Nación se haga cargo de la investigación disciplinaria en este caso, teniendo en cuenta los antecedentes en las investigaciones sobre interceptaciones irregulares a comunicadores. 

En este caso, lo que se sabe es que se habrían espiado las comunicaciones entre guerrilleros en La Habana y los periodistas. Lo que se desconoce es si ese ‘espionaje’ sobrepasó el monitoreo para interceptar directamente o no a los comunicadores. 

LO QUE SE RECONOCIÓ 
En el comunicado público del Ejército se reconocieron errores en el manejo de las fachadas de inteligencia, hecho que de acuerdo con analistas consultados por este medio es de extrema gravedad. 

Expresamente se dice: “Luego de un análisis minucioso de la situación, se puede concluir que se presentaron errores de procedimiento y de contrainteligencia en el manejo de la fachada para proteger el secreto de la operación, teniendo en cuenta que personas ajenas al proceso tuvieron conocimiento del funcionamiento de la fachada. Esto evidencia fallas de control y supervisión”. 

Para el columnista y exdirector del DAS, Ramiro Bejarano, “esto muestra la fragilidad de las labores de inteligencia porque no solo se dejan pillar sino que se atreven de hacer cosas ilícitas, eso es un doble golpe: incurrir en delitos y además dejarse descubrir”. 

Bejarano cuestionó además el informe porque, en su criterio, el Ejército terminó diciendo que “todo está bien” y que el único error fue la exposición de la fachada. 

“Lo que es evidente es que el Gobierno y el Ejército quiere minimizar el grave problema en el que está, pero me parece que la avalancha de los hechos no le va a permitir al Ejército salir bien librado de esto porque lo que han encontrado, según se sabe, es muy comprometedor y muy delicado”, dijo. 

El representante a la Cámara, Iván Cepeda, quien hace parte de la Comisión de Inteligencia del Congreso, considera que lejos de dar tranquilidad sobre las labores de inteligencia realizadas bajo el nombre de ‘Andrómeda’, el Ejército confunde más y da certeza de que se trata de “un hecho de cuestiones muy extensas y también de gravedad”. 

“Este informe del Ejército da la sensación de que, a pesar de que se diga que ahí no hay nada ilegal, todo lo que viene después de esa afirmación corrobora lo contrario: desde esa perspectiva, nosotros esperamos que la Fiscalía General de la Nación termine rápidamente la investigación y le pueda decir al país cuáles eran los alcances que tenía la labor de inteligencia que estaba haciendo la inteligencia”, señaló Cepeda. 

Otro integrante de la Comisión de Inteligencia del Congreso, Carlos Barriga, señaló que el Ejército debe poner a disposición de la Fiscalía y la Procuraduría la información necesaria para esclarecer este evento. 

“Si se excedieron en hacer interceptaciones que no correspondían, que no estaban en la tarea que se les había asignado y si no había ninguna orden judicial, ellos tendrían una sanción muy posible disciplinaria, penal e irían a la justicia ordinaria si lo hicieron fuera del servicio”, indicó. 

Ahora la ‘pelota’ pasa a manos de la Fiscalía y la Procuraduría. Actualmente, la Fiscalía 56 Delegada ante la Dirección Nacional del CTI analiza el contenido de 26 computadores incautados el pasado 23 de enero en la fachada “Buggly Hacker”, allanamiento del que no se informó a tiempo por parte de la comandancia de la Central de Inteligencia Técnica. 

Se espera que esta semana la Procuraduría anuncie si utiliza el poder preferente y, con esto, le quita al Ejército la investigación disciplinaria, como pidió el presidente Santos.