Más de 150 años de reclamación territorial

Por Vinicio Romero Martínez.
Guayana Esequiba, llamada también Territorio del Esequibo, es una región señalada en el mapa de Venezuela con el nombre de Zona en Reclamación. Mientras se dirime el litigio fronterizo, ya sesquicentenario, forma parte del territorio de la República de Guyana, independizada de la Guayana Británica en 1966.

La Guayana Esequiba, reclamada por Venezuela desde 1840, toma su nombre del río Esequibo que separa Guyana de la Zona en Reclamación. Ocupa un área de 159.500 km2, y tiene una población cercana a los 100.000 habitantes, de los cuales el 70% se concentra en la faja de la costa atlántica.

Bañada por numerosos ríos, buena parte del territorio sirve para la actividad agrícola, especialmente en la costa donde fluyen los ríos Kukenán, Boruca y Pomerún, propiciando el establecimiento de grandes plantaciones de arroz y caña de azúcar. También se da, en ciertas sabanas, la cría de ganado vacuno.

La existencia de oro y diamantes, más el inmenso potencial hidroeléctrico derivado de numerosas cataratas, en particular las del río Mazaruni, aumentaron las apetencias de los ingleses desde que ejercían la autoridad en la Guayana Británica (hoy Guyana), hasta llegar a despojar progresivamente a Venezuela de este territorio.

Venezuela alega, en favor de sus títulos de propiedad de la Guayana Esequiba, las bulas de Alejandro VI (1493) que concedían a España "las islas y tierra firme del mar Océano, descubiertas y por descubrir", así como el hecho indubitable del reconocimiento y toma de posesión de las costas venezolanas, incluidas las del territorio del Esequibo, realizado por Alonso de Ojeda en 1499. Desde entonces, numerosas son las expediciones ordenadas por la Corona española para la exploración y conquista de la Guayana.

Entre los españoles y los pobladores históricos de las costas del territorio esequibo, los araucos, se estableció una intensa relación desde los tiempos mismos del recorrido de Diego de Ordaz a través del Orinoco (1531), y se continuó a lo largo de la conquista y la colonización del territorio venezolano, habiéndose otorgado expresamente a diversos conquistadores, por parte de la Corona española, jurisdicción gubernamental sobre la llamada Provincia de Araucas, convirtiéndola, en la práctica, en una zona de influencia de la existente Provincia de Margarita.

En 1627 los holandeses se apoderaron del territorio que después sería la Guayana Británica, hasta que en 1648 la propia España les otorgó legalidad mediante el Tratado de Westfalia. Pero este Tratado no les daba derechos sobre ninguna parte del oeste del Esequibo, así que España los fue desalojando de los sitios que habían usurpado. Finalmente, por el Tratado de Londres, en 1814, las posesiones de Holanda pasaron a ser colonias inglesas, de donde surge la Guayana Británica.

Al asumir entonces Gran Bretaña esta porción, reconoció que su límite por el oeste es el río Esequibo. Así, apareció en su primer mapa oficial de la zona (1838). Y en 1845, cuando España reconoció la independencia de Venezuela (Gran Bretaña lo había hecho en 1825), se refirió al "territorio americano conocido bajo el antiguo nombre de Capitanía General de Venezuela, hoy República de Venezuela...".

Pero, a partir de 1834, la frontera oriental venezolana empezó a sufrir modificaciones cuando el naturalista británico Robert Hermann Schomburgk realizó una arbitraria demarcación, llamada línea Schomburgk, que iba desde el río Moruca hasta el río Esequibo, esto es, 4.290 km2. En 1839 el mismo Schomburgk trazó una segunda línea llamada Norte-Sur, avanzando 141.930 km2 hacia territorio venezolano, al fijar un nuevo límite desde la desembocadura del río Amacuro hasta el monte Roraima y desde aquí hasta el nacimiento del río Esequibo.

El propio naturalista atribuyó a las bocas del Orinoco una enorme "importancia política", la geopolítica de nuestros días, instando al gobierno británico a no abandonar Punta Barima, "que indudablemente es la llave de Colombia". Lo que hoy equivaldría a decir la "puerta de América del Sur".

Venezuela inició en 1841 sus gestiones diplomáticas ante Gran Bretaña a través de su ministro en Londres, Alejo Fortique. Al siguiente año, éste logró que se eliminaran los postes colocados por Schomburgk, y posteriormente se llegó al Acuerdo de 1850, mediante el cual ambos gobiernos se comprometieron a no ocupar el territorio en disputa.

En esa mismas fechas, se evidenció, una vez más, el interés británico por el oro guayanés, cuando el cónsul británico en Ciudad Bolívar, Kenneth Mathison, expresó que "si la línea de la frontera británica va del Amacuro a la horqueta del Cuyuní, donde le entra Yuruari, el territorio aurífero caerá dentro del territorio inglés". En efecto, en 1849, se había descubierto el potencial aurífero de Yuruari.

Pese al Acuerdo de 1850, el gobierno británico siguió penetrando hacia el oeste, cada vez con más pretensiones. En 1886 fueron modificados los mapas originales de Schomburgk por un funcionario del Colonial Office, estableciendo una nueva línea limítrofe que aumentaba a 167.830 km2 la posesión británica. Se produjo entonces la reclamación máxima, mediante la cual Gran Bretaña aspiraba a 203.310 km2 del territorio venezolano, abarcando, por supuesto, el rico distrito del Yuruari. Para esta época (1886) las minas venezolanas eran explotadas por concesionarios ingleses con capital propio y hasta con unos siete mil mineros importados.

El presidente Antonio Guzmán Blanco, ampliamente informado por su comisionado Jesús Muñoz Tébar, exigió al gobierno británico (26 de enero de 1887) el inmediato retiro de su gente desde las bocas del Orinoco hasta el río Pomerún, manteniendo así el statu quo de 1850. Al no aceptar Gran Bretaña esta intimación, Guzmán Blanco rompió relaciones diplomáticas (21 de febrero de 1887).

Además de esta acción diplomática, Venezuela hizo un gran esfuerzo desde el punto de vista militar, por un lado para frenar el avance de Gran Bretaña, y por otro, para evitar una posible invasión del territorio, como se vislumbraba.

En 1895, Richard Olney, secretario de Estado del presidente Cleveland, considerando los "avances" británicos en tierra venezolana como verdaderas usurpaciones, justificaba la aplicación de la Doctrina Monroe, por tratarse de la agresión de una potencia europea contra un país americano. La nota de Olney se conoce con el nombre de Cañón de 20 pulgadas.

El propio Cleveland, en sesión extraordinaria del Congreso estadounidense, declaró el 17 de diciembre de 1895 que, al no aceptar el gobierno británico el arbitramento solicitado por Venezuela, los Estados Unidos investigarían exhaustivamente sobre los límites de los países en disputa y luego se opondrían "por todos los medios a su alcance, como a un ataque directo a sus derechos e intereses, a la apropiación por la Gran Bretaña de cualesquiera tierras, o al ejercicio de su autoridad en cualquier territorio que de la investigación resulte pertenecer por derecho a Venezuela".

Sin embargo, esto no pasó de una acción diplomática sin otras consecuencias. Estados Unidos y Gran Bretaña llegaron a un acuerdo (noviembre de 1896) para hacer firmar a Venezuela, sin más alternativa, el Tratado de Arbitraje (2 de febrero de 1897).

Así se llegó al laudo del 3 de octubre de 1899, mediante el cual Venezuela perdió 149.500 km2. En el Tratado de Arbitraje hubo representantes de Estados Unidos y Gran Bretaña, pero no se permitió la intervención de ningún venezolano.

Con la posterior aparición de documentos que demostraban las irregularidades legales de este laudo, Venezuela denunció ante las Naciones Unidas (febrero de 1962) la nulidad del laudo de 1899, acción que se confirmó el 12 de noviembre de 1962 ante el Comité Político Especial de la misma ONU.

Tras numerosas diligencias diplomáticas, el 17 de febrero de 1966 (gobierno de Raúl Leoni) se firmó entre los gobiernos de Venezuela y el Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte el llamado Acuerdo de Ginebra, por el cual se creó un comisión mixta para buscar soluciones prácticas a la controversia entre ambos países, luego de declarar Venezuela que el laudo de 1899 es "nulo e irrito".

Por el artículo IV de dicho acuerdo se estableció un plazo de cuatro años para que la comisión mixta llegara a una solución satisfactoria. En mayo de 1966 la Guayana británica se independizó, de modo que Venezuela pasó a negociar con el nuevo Estado de Guyana.

Transcurrido el plazo acordado, el 18 de junio de 1970 (gobierno de Rafael Caldera) se firmó en Trinidad el Protocolo de Puerto España, que tendría una vigencia de doce años. Este periodo se venció en 1982 (gobierno de Jaime Lusinchi) sin que se tenga hasta ahora ninguna solución. Actualmente el asunto de la Guayana Esequiba está en manos del Secretario General de las Naciones Unidas.