Convergència i Unió y Esquerra Republicana están acabando de negociar una hoja de ruta de amplio calado institucional para formalizar la “transición nacional de Cataluña” y que debe permitir la investidura de Artur Mas como presidente de la Generalitat la próxima semana. En este plan, la consulta de autodeterminación es solo la culminación de un proceso que incluye la creación de estructuras de Estado en el ámbito político, financiero, energético y de las infraestructuras. Se trata de que Cataluña se dote de estas estructuras para poder impulsar con ciertas garantías el referéndum en el horizonte de 2014, pero sin una fecha cerrada.

La propuesta de Esquerra Republicana que CiU está negociando, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, incluye 60 propuestas concretas para salir de la crisis. Se trata, según el borrador, de “aprobar un plan institucional e interdepartamental para la transición a un estado soberano, con un plan de internacionalización que legitime la causa y cree complicidades” en el extranjero, además de garantizar la viabilidad económica de Cataluña.

El primer punto de la negociación incluye la aprobación y aplicación de una ley de consultas que permita preguntar a los catalanes si quieren seguir formando parte de España. Se trataría de sortear la restricción constitucional vigente con algún tipo de consulta no vinculante pero que dejara clara la voluntad de los catalanes.

Los republicanos han puesto encima de la mesa media docena de medidas para avanzar en esta “transición nacional”. Para el ejercicio presupuestario de 2013 proponen la creación de la administración tributaria catalana, que sea capaz de recaudar el conjunto de los impuestos. Esto se plantea en tres fases y se tendría que desarrollar en dos años. En una primera fase la Generalitat tendría que asumir las competencias delegadas no ejercidas hasta la fecha y realizar un despliegue efectivo del convenio ya firmado con las Diputaciones provinciales. Se trata de asumir todas las competencias posibles en el actual marco antes de hacer cambios de mayor calado.

En la segunda fase, antes de finalizar 2013, incluyen el despliegue del consorcio tributario ya previsto en el Estatuto entre la Agencia Tributaria Catalana y la Española. Para más adelante los republicanos exigen la asunción de la totalidad de las competencias por parte de la Agencia Tributaria de Cataluña antes de la convocatoria del referéndum que, insisten, debe celebrarse en 2014. Para asegurar la viabilidad económica del proceso de transición nacional CiU y ERC estudian un plan de contingencia para poder ejercer con garantías el conjunto de competencias tributarias únicamente con recursos propios de la Generalitat y de las Diputaciones, en el caso de que hubiera dificultades o demoras en el proceso de traspaso por parte del Estado, algo que es más que probable.

Además de buscar que la Agencia Tributaria Catalana pueda recaudar tantos impuestos como sea posible en el menor plazo, ERC ha insistido ante CiU en que también es básico que esta agencia pueda incrementar “a corto plazo” la intensidad de la inspección tributaria para reducir el nivel de fraude fiscal sobre los tributos ya cedidos. En 2013 la Generalitat ya elaboraría así un plan específico de lucha contra el fraude. A medio plazo también redactaría un informe técnico sobre las posibilidades legales de segregar el sistema público de pensiones de Cataluña y del resto de España. Las pensiones forman parte de un único fondo de la Seguridad Social, por lo que el choque entre Gobierno y Generalitat será, de nuevo, inevitable. Ante esta situación, los republicanos han insistido durante la negociación con CiU en diseñar una administración catalana de la Seguridad Social con tesorería propia que permita garantizar el sistema de pensiones y el seguro de desempleo.

Más allá de la creación de la agencia tributaria, CiU y ERC negocian la puesta en marcha de lo que los republicanos llaman “Banco de Cataluña” y que tomaría cuerpo a partir del actual Instituto Catalán de Finanzas. Esta banca pública catalana quedaría equiparada a las otras entidades financieras y su objetivo sería “garantizar el acceso al crédito por parte de la economía productiva”.

El choque con el Gobierno central también es previsible en el ámbito de la justicia. CiU y ERC han negociado un plan para asumir plenas competencias en la Administración de justicia de Cataluña. Eso incluiría los órganos de gobierno de la justicia, la creación de la Fiscalía General de Cataluña y competencias plenas en notarías y registradores.

En infraestructuras, los republicanos aspiran a conseguir plenas competencias en la gestión de la energía, el agua y los principales proyectos del Estado en Cataluña, como el aeropuerto de El Prat y los principales puertos y ferrocarriles. Se da la circunstancia de que la Generalitat ha privatizado recientemente la gestión de la distribución del agua en alta presión, así como la gestión de infraestructuras de su propiedad, como los principales túneles de acceso a Barcelona.

Esquerra Republicana tiene mucho interés en que su apoyo al Gobierno de CiU sea percibido también como un giro en las políticas económicas de la Generalitat, algo que no será fácil por la deuda de más de 42.000 millones que arrastra la administración catalana. El objetivo de déficit del 0,7% que el Estado ha fijado a las autonomías para el año que viene obliga a un ajuste cercano a los 4.000 millones que traerá nuevos recortes. Los republicanos insisten en que este tijeretazo debe ser paliado con un incremento de los ingresos. Es aquí donde han presentado una batería de hasta 60 medidas que anoche seguían negociando ambos partidos.

Entre las medidas destaca un nuevo impuesto sobre las entidades de crédito. No sería una tasa sobre los depósitos, puesto que el Gobierno central ha cerrado esta vía aprobando un impuesto a tipo cero para estos. Se trataría de gravar proporcionalmente a aquellas entidades que destinen menos recursos al crédito sobre el total de depósitos de sus clientes. El objetivo sería incentivar que el crédito fluya hacia el tejido productivo y desincentivar la inversión en otros activos de riesgo o especulativos.

El impuesto sobre Patrimonio también será revisado con lupa. Se trataría de rebajar el mínimo exento de tributación hasta los 500.000 euros, una cifra que actualmente está situada en los 700.000. Los grandes patrimonios —el documento no señala qué se entiende por “grande”— tendrían un recargo suplementario en el último tramo. El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales se adaptará al tipo de gravamen del 10%.

CiU ha aceptado dar marcha atrás en uno de los compromisos estrella de Artur Mas en las elecciones de 2010: la retirada total del impuesto de sucesiones. Los grandes patrimonios volverán a pagarlo, de manera que “como mínimo” se recuperará a los niveles en que estaba esta tasa cuando CiU llegó al poder.

No son los únicos impuestos que subirán o se aumentarán. Está previsto aplicar y adaptar a la legislación vigente la ley del año 2000 que ya preveía un impuesto sobre las grandes superficies comerciales. También se implantarán nuevas vías de imposición ambiental para gravar la emisión de gases contaminantes, la utilización de envases de plástico o bien la producción de residuos nucleares. Este último impuesto se aplicaría a través de la modificación del gravamen de protección civil sobre las centrales nucleares, de competencia autonómica.

Una de las medidas que promete levantar mayores protestas es la implantación de la euroviñeta, una tasa para los vehículos pesados que crucen Cataluña por vías de gran capacidad de titularidad catalana. Este impuesto está diseñado, especialmente, para gravar la utilización del flamante Eje Transversal (Girona-Lleida) cuya ampliación se inaugurará en pocas semanas. Al mismo tiempo, y siguiendo la senda de Francia e Italia, se pretende introducir un gravamen sobre las bebidas de refresco, que podría ascender a 0,02 céntimos por lata o 0,07 céntimos por litro. Los pisos vacíos en manos de sociedades mercantiles también tributarán más.

La negociación seguía ayer abierta para reformular la tasa de un euro por receta médica implantada por CiU y que ERC considera injusta. Los republicanos pretenden que los colectivos más vulnerables dejen de pagarlo, pero CiU quiere mantenerlo a toda costa, pese al rechazo también del Gobierno central.