La resistencia de San Martín
La primera alerta se encendió en marzo de 2016, cuando la población de San Martín supo que se había autorizado la explotación de 33.714 hectáreas en el César y en Santander, según Colombia Informa.
"Se inició un proceso de resistencia en la comunidad contra estos proyectos energéticos, lo que dio lugar a violaciones de derechos humanos", recuerda el integrante de la Alianza Colombia Libre de Fracking.
La situación se volvió tan tensa, que una nota de El Heraldo da cuenta del "toque de queda" que se estableció en San Martín debido enfrentamientos del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policia (Esmap) con los habitantes que se oponían al fracking.
"Un compañero murió en diciembre de 2016, por un accidente de tránsito, y el 20 de julio le dispararon por la espalda al líder social Crisóstomo Mancilla, mientras estaba en su finca".
"No podemos tener la certeza, le corresponde a la fiscalía decirlo, pero hay elementos comunes que nos llevan a pensar que hay un hilo conductor entre esas muerte y es la oposición a este tipo de proyectos", considera Santiago.
La situación, según expone, se ha hecho compleja. Se refiere a la persecución de activistas ambientales, así como a amenazas y coacción por parte de las transnacionales involucradas.
"Es triste que en Colombia defender el agua termine costando la vida, pero es un riesgo que estamos dispuestos a seguir", afirma el joven colombiano, que ha obtenido medidas de protección legal por su actividad en pro del ambiente.
25 % del país
Según la información que maneja Santiago, 300 municipios colombianos, de un total de 1.122, tienen subsuelo proclive para la fracturación hidraúlica, lo que representa 25 % del país.
"Hay alrededor 43 bloques disponibles para explotaciones no convencionales, más dos recientes en trámite de firma de contratos. Ya se han firmado 12 contratos, si bien algunas petroleras renunciaron" ante la poca perspectiva de ganancia por la caída de los precios del petróleo, informa.
El detalle que hace inédito el proyecto de fracking en Colombia es que se pretende explotar yacimientos no convencionales en zonas de cordilleras y páramos, que son grandes productores de agua para ciudades como la capital colombiana. "Es una locura", afirma.
¿Quién gana y quién pierde?
Ante las bajas perspectivas de explotación petrolera en Colombia y la caída de los precios del hidrocarburo, el Estado tuvo que "ofrecer" condiciones para "atraer a la inversión extranjera", según publica Dinero.
En un contrato suscrito en 2015 por la ANH y ConocoPhillips se establece que la participación del Estado en el proyecto de explotación es de 2 %, mientras que a la petrolera le corresponde el 98 % restante.
Las regalías que se pagan en este tipo de explotación equivalen apenas a 60 % de las que se generan en yacimientos convencionales, según explica Santiago en su blog, y sólo hay desembolso "cuando la producción supera cinco millones de barriles o cuando el barril esté por encima de los 81 dolares".
Frente a un "monstruo gigante que tiene mucho poder y dinero" y que está "dispuesto a hacer lo que sea", según Santiago, los pobladores proponen la movilización social para hacer retroceder a las petroleras, como ya ocurrió en Caño Cristales, en la serranía de La Macarena, donde el presidente Santos anunció en 2016 que se suspendía un proyecto de explotación de hidrocarburos, recoge El Espectador.
Otro posible conflicto
El panorama que ofrece este ambientalista no es muy alentador. Desde su punto de vista, la apertura a las transnacionales para la realización de fracking traerá un "patrón de persecución en el país, de desplazamientos y otra serie de impactos", que se han dado ya en zonas con proyectos mineros y energéticos.
"Salimos de un conflicto armado para posiblemente entrar a otro socioambiental por el acceso al agua", dice Santiago. Y por eso mismo llama a la unión: "Si nuestra lucha es aislada, no conseguiremos pararlos".
Nathali Gómez
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