Antecedentes de riesgos
De acuerdo al estudio realizado por el profesor Germán Vargas Cuervo, Geólogo del Departamento de Geografía, de la Universidad Nacional de Colombia, el colapso de la presa hidroeléctrica arrasaría por lo menos con una decena de municipios, afectando a más de 200 mil personas aguas abajo y unas 180 mil aguas arriba.
El 28 de abril del año pasado, el taponamiento de uno de los túneles de descarga obligó a que los habitantes de al menos cinco comunidades del bajo Cauca se mantuvieran en alerta por una futura crecida del río.
El 30 de abril una nueva obstrucción por lodo, rocas y troncos en la entrada del mismo túnel, alarmó de nuevo a la comunidades antioqueñas.
A pesar de las acciones emprendidas por el Gobierno y la empresa, las comunidades afectadas han indicado que existen riesgos de nuevos deslizamientos de tierras que llevarían a que repitan los incidentes anteriores.
Desplazamiento de comunidades
El Movimiento Ríos Vivos junto a organizaciones de derechos humanos han denunciado que desde la puesta en marcha de la obra en 2009 se han efectuado desalojos “de forma violenta” contra las comunidades que se encuentran en los territorios afectados por el proyecto de la hidroeléctrica.
Según datos de Ríos Vivos 500 familias han sido forzadas a abandonar sus territorios por parte de los organismos de seguridad del Estado colombiano. Además, no han contado con ninguna opción, como reubicación, mejores condiciones de vida, asistencia legal, entre otras garantías.
La acción de desalajo en ocasiones ha generado persecuciones y hostigamientos por parte de la Policía Nacional que en reiteradas ocasiones ha utilizado el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) para desalojar por la fuerza a las comunidades.
Las comunidades cercanas al complejo Hidroituango también se han visto afectadas económicamente, pues sus actividades tradicionales de barequeo y pesca fueron alteradas desde el inicio de la construcción de la hidroeléctrica.
En entrevista para el medio colombiano Contagio Radio, la integrante de Ríos Vivos, Isabel Cristina Zuleta, manifestó que desde la Gobernación de Antioquia los líderes y lideresas de diferentes comunidades han recibido amenazas contra sus vidas.
Destrucción ambiental
Las denuncias del movimiento social y otras organizaciones no se restringen a la situación de las comunidades desplazadas, pues han alertado sobre la talaindiscriminada.
La magnitud del proyecto hidroeléctrico ha llevado a la deforestación de 4.500 hectáreas de bosque seco tropical afectando diferentes especies de flora y fauna. De acuerdo con el libro Biodiversidad 2015 del Instituto Alexander Von Humboldt, sólo queda el 8 por ciento de los 9 millones de hectáreas de ese ecosistema.
Fosas comunes
También han advertido que en la zona de la obra puede haber alrededor de 700 cuerpos enterrados en fosas comunes, que serían víctimas del conflicto armado. Pero la hidroeléctrica sepultaría para siempre la posibilidad de que las familias encuentren a sus seres queridos desaparecidos.
Desde Voces de Ríos han denunciado que no ha habido un esfuerzo institucional por hacer un registro de las personas desaparecidas en la zona de influencia de Hidroituango.
Por una parte, el Centro de Memoria Histórica ha manifestado que en la zona se encuentran alrededor de 643 víctimas de desaparición forzada. Por otra, el Registro Único de Víctimas ha contabilizado 622 víctimas, mientras que Registro Nacional de Desaparecidos ha manifestado que tiene el dato de 343 desaparecidos allí.
Ríos Vivos sostiene que de continuar con la obra y el llenado del embalse los cuerpos corren el riesgo de desaparecer definitivamente. “Esperamos que se proteja el derecho de las familias a encontrar los cadáveres de sus seres queridos. Para eso tenemos una audiencia programada para el 8 de mayo con el procurador general de la nación y otra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el 9”, aseguró el movimiento.
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