Milagro Sala: encarcelada por su lucha

El fiscal Javier De Luca apeló ante la Corte Suprema el fallo de la Cámara Federal de Casación que había respaldado la condena a tres años de prisión en suspenso para la dirigente social Milagro Sala y, además, había agravado su situación, ya que dispuso que también debía ser juzgada por amenazas, un delito por el que había sido sobreseída por el tribunal del juicio oral. “La lectura (del fallo de Casación) deja un sabor amargo a los operadores judiciales y a la sociedad toda porque no puede extraerse otra conclusión del hecho de que no se atendieron los planteos y argumentos de las partes en esta etapa de casación, como si (la resolución) ya estuviera escrita y basada en ideas preconcebidas que conducían a un único destino fatal que me veo en la obligación de señalar”, señaló De Luca al presentar el recurso extraordinario ante el máximo tribunal. 

Milagro Sala fue condenada a tres años de prisión en suspenso por daño agravado e instigación al delito, por una protesta a huevazos y con vidrios rotos contra Gerardo Morales en 2009. Pero ella no estuvo en el “escrache”. El tribunal consideró que la dirigente de la Tupac Amaru lo organizó, en base al testimonio de René Arellano, quien afirmó que ella le ordenó presentarse en el lugar. Pero Arellano tampoco fue a la protesta. Además, durante el juicio se comprobó que el testigo mentía, ya que se demostró que trabajaba para el gobierno de Gerardo Morales, cuando había asegurado lo contrario. Tanto Arellano como su pareja, Cristina Chauque, fueron denunciados por falso testimonio. Pero los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, avalaron esas declaraciones y también confirmaron las condenas contra María Graciela López y Ramón Gustavo Salvatierra por el delito de daño agravado. Además dijeron que se debía reabrir la acusación contra Milagro Sala por supuestas amenazas coactivas, en coincidencia con el pedido de Morales. 

En su escrito, De Luca advirtió que los camaristas convalidaron la valoración de prueba no incorporada al debate, en alusión a la declaración que hizo Arellano en la etapa instrucción de la causa. Porque fue allí donde dijo que en una reunión la dirigente de la Tupac Amaru le había encomendado “romper sillas, pegarle a Morales si podían llegar a él y tirar huevos”. Pero durante el juicio, el testigo “no hizo referencia a la instigación a daño alguno, y no fue preguntado por las partes sobre esa diferencia con la declaración por escrito.” Para el fiscal, ese testimonio nunca fue incorporado formalmente al juicio realizado en Jujuy, pues ello no surge “ni del acta ni de la sentencia”. Sólo se agregó una parte de aquella declaración referida a si había asistido o no al “escrache”. Esto “viola el derecho a confrontar testigos y de la defensa en juicio, por los que los fiscales también debemos velar”, afirmó De Luca.

El fiscal cuestionó la confirmación de la condena a dos años de prisión en suspenso que recibió Salvatierra porque “durante todo el proceso –incluso durante el debate– estuvo en un palmario estado de indefensión por carecer de una defensa técnica de su confianza”. Esa situación, señaló, se concretó con el rechazo a la designación del abogado por él escogido durante la instrucción y la negativa a posponer el inicio del debate para que uno nuevo tuviera tiempo de conocer el expediente. Todo ello “conlleva a la nulidad absoluta del proceso a su respecto” continuó el fiscal, quien recordó que por ese motivo “actualmente se encuentran en trámite dos quejas ante la Corte Suprema”.

De Luca aseguró que la decisión de la Cámara de Casación “implicó la violación del principio acusatorio y de la garantía de imparcialidad”, porque “los magistrados se arrogaron en varias ocasiones el rol de acusadores”. Argumentó que revocar la prescripción de las amenazas simples, e imputar por amenazas coactivas violó la garantía de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho y el “principio de preclusión” (no volver a una etapa de un proceso judicial terminada).

Sobre la pena que recibió Milagro Sala, De Luca advirtió que le asignaron mayor responsabilidad por ser “cabeza de movimientos sociales” y por “las acciones de sus seguidores, es decir, de terceros”, empleando “criterios de derecho penal de autor”. 

De Luca reiteró, además, que Morales no era parte damnificada en los “daños” que habría sufrido el lugar en el que se realizó la protesta y que  él mismo como fiscal ya había dictaminado que no correspondía imponer una pena por ese delito. Es decir, que no había acusación válida por ese hecho. “Nadie los vio rompiendo nada”, señaló sobre López y Salvatierra. Y concluyó: “Estamos ante la creación de una nueva forma de autoría para aquellos que no toman parte en la ejecución del hecho pero que facilitan el obrar y refuerzan la voluntad de delinquir de quienes lo llevan a cabo”.

La Corte, que ya tiene por resolver nada menos que la detención de Sala, ahora sumará un nuevo reclamo por una sentencia que empeora su escenario judicial.

Faltaban 49 minutos para las 13.30, hora del cierre de las puertas del Palacio de Justicia. Los integrantes del Comité por la Libertad de Milagro Sala, esta vez bajo la lluvia y el frío, encabezados por los 85 años de Lita Boitano, lograban subir con dos cajas llenas de cartas por las escaleras mojadas. Cuando estaban llegando, ya subiendo el último escalón, un custodio les ganó de mano. Entró a pura velocidad al edificio y a continuación se cerraron las puertas. Lita Boitano nunca había visto nada igual en todos estos años de democracia. Las 40 personas del Comité quedaron afuera con la puerta estampada contra la nariz. Las cajas de cartas por el reclamo de la libertad de Milagro Sala enviadas por miles de personas y destinadas a los supremos integrantes de la Corte, esperaron. 

–¡Compañeras!¡Compañeros! –gritó Eduardo Tavani, abogado del Comité, desde afuera, cuando nadie sabía qué hacer. Eran las 12.41. Una enorme placa ubicada en la pared del edificio explicó lo que nadie podía explicar: Tribunales. Horario de 7.30 a 13.30, de lunes a viernes. Los integrantes de la comitiva, Lita Boitano, su paraguas y las dos cajas de cartas bajaron las escaleras con peregrina paciencia convencidos de que si se apuraban el paso iban lograr entrar por la puerta de la calle Lavalle. Intentaron. 

Desde el lunes pasado, el Comité que lleva adelante el diseño de gran parte de las acciones para reclamar la libertad de la primera detenida política del gobierno de Cambiemos, realiza una vigilia en la Plaza Lavalle. El lunes lanzó la campaña de solidaridad internacional con el objetivo de mostrar al mundo uno de los efectos de los retrocesos en materia de derechos civiles en Argentina. También para conseguir adhesiones y donaciones para los detenidos, sus familias y las defensas. Pero sobre todo para mostrarle la masividad del reclamo a los integrantes de la Corte Suprema que tienen en mano la llave de la libertad de Milagro con dos resoluciones pendientes desde hace meses. Todo se hizo esta semana en el marco de otro gran escenario: el nuevo período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ahora en Perú, que debe pronunciarse sobre una cautelar por la detención arbitraria. En ese contexto, el Comité recogió firmas y cartas durante toda la semana sobre el tablón y los dos caballetes de la Plaza Lavalle. Ayer iban a entregarlas.

Al mediodía, llegó Lita Boitano con campera de lluvia y cabeza descubierta. Alejandra Darín del gremio de Actores. Estela Díaz de la CTA y coordinadora del Comité. Quienes estaban se colocaron una foto de Milagro en el pecho. Y prepararon la marcha de no más de cien metros hasta el edificio, con tiempo de sobra. “Esto ya tiene presencia internacional porque hay 15 comités en el exterior, pero ahora todo se refuerza con esta campaña –decía Estela Díaz–: hoy el nombre de Milagro es un emblema en el mundo sobre el aumento de la situación represiva y el recorte en derechos de Argentina”. Lita pasó revista a los males de todos los días: dos semanas con represión, detención de Jones Huala y recortes en derechos laborales. Tavani bromeó. Palacio de In-Justicia, dijo. Se preguntó por cuál de las dos mesas de entradas iban a recibirlos: o planta baja o cuarto piso, área restringida de los cortesanos. “La respuesta nacional e internacional es enorme”, iba diciendo.

Olé olé olé olá/para Milagro la libertad/para Morales/el repudio popular

Hubo aplausos. Arrancaron. Subieron las escaleras. Y bajaron. Dieron la vuelta. Llegaron a la puerta de Lavalle, pero otra vez la puerta estaba cerrada. 

–¡Compañeras! –vivó Tavani. El tema es así: no están planteando que para entrar tenemos que entrar sólo cuatro. Cuatro compañeros. O compañeras. Si acá decidimos que así sea, en esta suerte de asamblea, lo hacemos. Sino directamente hacemos otra cosa.

Un tipo de traje con cara de abogado quiso pasar. 

–¡No va a poder entrar, doctor! –le avisó Tavani–. Soy abogado como usted. Y no nos dejan pasar.

–¿Ah, sí? ¡¿Pero por qué motivo?!

–¡Pregúnteles a los señores que están cerrando la puerta!

La asamblea eligió cuatro delegados. Tavani, por abogado. Estela Díaz y Elena Naddeo del Comité. Lita, por experimentada. Entró Sabrina Roth, coordinadora de prensa de Milagro. Y este diario gracias a los alegatos de derecho a la información discutido en segundos por los comitentes.

–Les quiero decir que acá al lado está la leonera –avisó Tavani, y entró. 

En mayo de 2015, Tavani con Mirta Mántaras entre otros abogados habían intentado hacer algo parecido. Pero esa vez eran un grupo de letrados de lesa humanidad en busca de una entrevista con el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Los juicios a los civiles no avanzaban. Y la Comisión Interpoderes no estaba en funcionamiento. También se juntaron en Plaza Lavalle. Lograron atravesar las puertas del edificio. Llegaron hasta el cuarto piso, pero los pararon. Varios años después, en otro país con otra Corte, el edificio demoró sólo unos segundos para desplegar ahora un dispositivo de seguridad novedoso apenas en las puertas de entrada de la planta baja, para el que evidentemente comienzan a estar preparados. 

–Mire que no sé si les van a tomar todas estas las cartas –anticipó un policía. 

–No importa.

–Mejor, hagan un manuscrito –propuso–. Y refieran que tienen un montón de cartas.

–Haremos el manuscrito.

Atravesaron un pasillo custodiados. El hall central. Otro pasillo. La custodia los dejó en la oficina de Mesa de Entradas. Cajas y cartas quedaron en el mostrador. Naddeo, Díaz y Roth desplegaron cartas algo mojadas todavía arriba de la mesa.  

–¿Ustedes traen un escrito o algo así? –pregunta el hombre del mostrador, mirando por encima de los lentes. “Son cartas escritas por miles y miles de ciudadanos y ciudadanas -dijo Díaz–. Estamos pidiendo a la Corte que se expida sobre la situación de Milagro Sala. ¡No sabemos muy bien por qué pero nos cerraron la puerta en la cara! Pero hemos podido entrar una delegación”.

El hombre bajó la vista. Se mandó a mudar. Poco después llegó su jefa: la directora general de mesa de entradas

–¿Qué necesitan?

–Venimos pacíficamente a traer personalmente miles de cartas -recomenzó Estela Díaz y repitió: –¡Pero nos cerraron las puertas en la cara!

–Agradezco que sea pacíficamente. 

–¡Venimos pacíficamente pero resulta violento que nos cierren la puerta en la cara! 

–Ustedes saben que no es fácil sobre todo con este tema –dijo ella, Eugenia Slaibe, según aclaró. Pidió privacidad con las imágenes. Explicó que recibieron muchas cartas durante este tiempo, pero de paso dijo que no era la vía correcta: –Quiero decirles que al tribunal se llega por la vía y recursos prescritos por la ley. Al margen de las causas, no podemos recibir las cartas porque no tienen que ver con la interposición de un recurso.

El diálogo siguió así. Recursos. Ley. Interposición. Ella dijo que todas las cartas llegaron pero fueron devueltas por cuestiones de procedimiento. Y ahí Tavani pechó lenguaje de abogado.

–¡¿Cómo?! Acá estamos ejerciendo un derecho constitucional que es peticionar a las autoridades, de forma pacífica. 

–Entiendo. Pero tienen que recurrir a las vías procesales pertinentes.

La señora no movía posiciones. Los comitentes, tampoco. Lita había explicado poco antes que en dictadura también se movían con tantas cartas. En ellas cada cual contaba sus testimonios. Las enviaban al extranjero por correo. Y también a la Corte. De pronto, la funcionaria cambió su discurso. Dijo que las cartas que habían llegado no las devolvían sino que se las pasaron al Secretario Penal de la Corte, Esteban Canevari

–¿Entonces le pueden hacer llegar esto a la Corte? –preguntó el Comité.

–Ahora mismo se lo vamos a mandar al secretario penal, yo se los voy a recibir -bajó la guardia la señora, pero eso sí, aclaró: –No me pidan que firme nada.

La cosa siguió en el mismo tono. La funcionaria pidió que la entiendan. Naddeo le habló de los pedidos del Grupo de Trabajo de la ONU, de la CIDH y la OEA. La señora dijo que la oficina estaba bajo su responsabilidad. Que no podía responder por el Tribunal. 

–El Tribunal esta al tanto –advirtió. 

–¡Que está al tanto lo sabemos! –lanzó Tavani–. Hace cuatro meses que esta al tanto y estamos esperando una respuesta. 

Afuera de la oficina los custodios ahora eran cinco. Buena onda. Pero todos de civil y de traje. La mujer los miró. 

–¿Estos señores están con ustedes? –preguntó.

–Nos están custodiando. Son de seguridad.

Y luego de las despedidas, uno de ellos tomó la palabra.

–¿Los acompaño? –invitó.

Las cartas habían sido entregadas. Lita y los comitentes caminaron acompañados hasta la salida.