Lo que hay que saber sobre el juicio al proceso independentista de Cataluña
Publicado: 12 feb 2019 06:38 GMT | Última actualización: 12 feb 2019 12:28 GMT
Este martes da comienzo la fase decisiva del proceso judicial que podría enviar a la cárcel a los líderes catalanes que proclamaron la independencia de su región en 2017.
¿Qué se juzga?
El Tribunal Supremo juzga a partir de este martes los actos que desembocaron en el referéndum soberanista ilegaldel 1 de octubre de 2017, y también la declaración unilateral de independencia que se llevó a cabo en el Parlamento de Cataluña el 27 de ese mismo mes.
Los que se sentarán en el banquillo son 12 en total. Nueve de ellos se encuentran en prisión preventiva:
Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña.
Carme Forcadell, expresidenta del Parlamento de Cataluña.
Joaquim Forn, exconsejero de Interior.
Josep Rull, exconsejero de Territorio y Sostenibilidad.
Jordi Turull, exconsejero de Presidencia.
Raül Romeva, exconsejero de Asuntos Exteriores.
Dolors Bassa, exconsejera de Trabajo.
Jordi Sànchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC).
Jordi Cuixart, expresidente de la asociación Ómnium Cultural.
Los otros tres acusados, que esperan el juicio en libertad bajo fianza:
Carles Mundó, exconsejero de Justicia.
Meritxell Borrás, exconsejera de Gobernación.
Carles Vila, exconsejero de Empresa y Conocimiento.
Además de los acusados que se presentarán en este juicio, hay otros siete que no se personaran porque se encuentran huidos de la justicia en el extranjero:
Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat.
Antoni Comín,exconsejero de Sanidad.
Meritxell Serret,exconsejera de Agricultura.
Clara Ponsatí,exconsejera de Educación.
Lluis Puig, exconsejero de Cultura.
Marta Rovira, líder de Esquerra Republicana.
Anna Gabriel,exdiputada de la CUP.
El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en Ginebra (Suiza), el 20 de diciembre de 2018. / Denis Balibouse / Reuters
En el caso de Puigdemont, hay que destacar que un juez alemán descartó en julio de 2018 su extradición a España por el delito de rebelión –tal como exigía el Tribunal Supremo– y consideró "inadmisible" que estuviera imputado por esta causa. De esta manera, decidió entregarlo solamente por un presunto delito de malversación de fondos.El Supremo, por su parte, rechazó la extradición en esos términos.
¿De qué delitos se les acusa?
Todos líderes que están ahora encarcelados serán juzgados por rebelión y sedición. Algunos de ellos –los que formaban parte del Ejecutivo catalán en el momento de los hechos juzgados (Junqueras, Forn, Rull, Turull, Romeva y Bassa)– , además, enfrentan cargos por malversación de fondos.
Por su parte, los exconsejeros Mundó, Borrás y Vila están acusados exclusivamente de malversación de fondos y desobediencia.
¿A qué penas se enfrentan?
Al juicio concurren tres acusaciones diferentes: la Fiscalía del Estado, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por el partido ultraderechista VOX.
Para los acusados de rebelión y sedición, la Fiscalía solicita penas de entre 16 y 25 años, siendo esta última, la más alta, para el exvicepresidente Oriol Junqueras. La Abogacía del Estado, por su parte, pide entre 8 y 12 años de cárcel para este grupo de acusados. Las penas reclamadas desde la acusación particular son notablemente más altas para todo ellos, y van desde los 62 hasta los 74 años.
El exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras (derecha), llega al Tribunal Supremo (Madrid), en noviembre de 2017. / Javier Barbancho / Reuters
Para los tres exconsejeros acusados de desobediencia y malversación la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden 7 años de prisión, y la acusación ejercida por VOX solicita 24.
¿En qué consisten estos delitos?
Está tipificado como rebelión el alzamiento público y violento con la finalidad de alterar o modificar el sistema constitucional. En este caso, esa modificación consistiría en la segregación de una parte del territorio español(Cataluña) que trataron de hacer efectiva los acusados.
La sedición también es un alzamiento público y violento, y se diferencia de la rebelión en sus fines, en su objetivo: no se trata de modificar el sistema constitucional, sino de alterar la legislación o los mandatos de la autoridad. El artículo 544 del Código Penal español especifica que serán castigados por sedición "quienes se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".
Se considera malversación de fondos públicos todo uso del dinero público diferente del que tiene asignado por ley. En este caso, se acusa a los líderes independentistas (a todos los que formaban parte del Gobierno catalán) de utilizar caudales públicos para convocar y organizar un referéndum ilegal.
Manifestantes con urnas utilizadas en el referendum unilateral, Barcelona, 1 de octubre de 2018. / Jon Nazca / Reuters
El delito de desobediencia consiste en incumplir el mandato legítimo de una autoridad. En el caso de los exconsejeros Mundó, Borrás y Vila, se incurrió en desobediencia al Tribunal Constitucional, cuando este se pronunció en contra de las leyes que estaban siendo aprobadas en el Parlamento de Cataluña para hacer posible el referéndum y la posterior declaración unilateral de independencia.
¿Cuanto durará el juicio?
La vista, que da comienzo este martes 12 de febrero, se prolongará entre dos meses y medio y tres meses. Las sesiones se celebrarán de martes a jueves, de 10.00 a 18.00 horas.
La sentencia podría conocerse antes de agosto.
Otros aspectos de interés
En el juicio intervendrán más de 500 testigos, entre los que destacan el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; el exministro de Hacienda Cristobal Montoro; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y el actual presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent.
En la sala habrá plazas para unas 100 personas, que se repartirán proporcionalmente entre cargos institucionales, medios de comunicación, familiares y público en general.
Habrá tres salas de prensa exteriores, equipadas con pantallas en las que se podrá seguir el desarrollo del juicio en directo. La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, subrayó que "el juicio será televisado y por lo tanto tendrá toda la visibilidad y absolutamente todas las garantías propias de un Estado de derecho".
Los acusados presos serán trasladados desde las cárceles catalanas a las madrileñas. Los hombres permanecerán en el centro penitenciario de Soto de Real y las mujeres al de Alcalá de Henares.
El juicio a 12 de los líderes independentistas catalanes acusados de llevar a cabo un proceso secesionista que cristalizó en el referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 ha empezado este 12 de febrero en el Tribunal Supremo. Sputnik entrevistó a dos expertos que evaluaron los posibles escenarios tras el proceso judicial.
El doctor en Historia Isidro Sepúlveda Muñoz, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), considera que, al margen de "la depuración de responsabilidades jurídicas" que puedan derivarse de las actuaciones de los políticos independentistas catalanes, habrá también, inevitablemente, "consecuencias políticas".
"Creo que va a haber penas bastante fuertes. Otra cosa es que, una vez que acabe el proceso, y una vez que desaparezca la tensión en las calles, sobre todo la que pondrán en Cataluña los CDR [Comités de Defensa de la República], se irá necesariamente hacia la continuidad del diálogo político. Y a medio plazo hacia una petición de conmutación de la pena", explicó.
Jorge Verstrynge, exdiputado y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, considera que el resultado de este proceso puede desatar "una tormenta en Cataluña".
El pasado 10 de febrero, los representantes de tres partidos españoles —Ciudadanos, PP y Vox— que cubren todo el espacio político desde el centro hasta la extrema derecha mostraronsu descontento con la política "de cesiones al separatismo" del Gobierno de Pedro Sánchez.
Muñoz opina que otra de las consecuencias derivadas del juicio será "el incremento de la tensión social en la antesala de los próximos procesos electorales".
"Ha habido una tormenta perfecta en la política española, donde se ha juntado todo", enfatizó Muñoz.
Verstrynge, por su parte, admitió que el tema catalán podría formar parte de una teatralización ideada para crear un clima propicio de cara a las futuras elecciones.
"La tentación de las fuerzas políticas no catalanas es instrumentalizar la cuestión de la hipotética secesión para conseguir votos en el resto de España", declaró.
Verstrynge recordó que el problema del independentismo catalán viene de antiguo y que sigue calentando la agenda política española "desde la época de la Guerra de Sucesión", cuando el rey Carlos II murió el 1 de noviembre de 1700 sin dejar descendencia.
El proceso judicial a los separatistas catalanes y las marchas de la derecha opositora del domingo pasado contra el gobierno de Pedro Sánchez preanuncian un panorama electoral lleno de tensiones. Para algunos analistas el "proces" es una oportunidad política para que España resuelva el histórico conflicto de su unidad territorial.
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"El juicio contra los líderes independentistas de Cataluña es visto en España como uno de los más importantes de su historia", aseguró Agustín Fontenla, periodista argentino de Página 12 en Madrid y colaborador de El Diario de España.
El debate por la separación catalana, que alcanzó su punto crítico en octubre de 2017 con la votación del referéndum, la represión del gobierno central y la declaración unilateral de independencia, inició hoy un nuevo capítulo con "proces" a quienes encabezaron aquel levantamiento.
"La discusión va a ordenar un poco la cuestión territorial porque antes estaban acostumbrados al secesionismo por vías terrorista como lo practicaba la guerrilla vasca de ETA. Ahora se produce este secesionismo institucional, para la que el Estado aún no tiene una respuesta. Este proceso va a dejar una sentencia, un antecedente de cómo se enfrenta este problema".
A su vez, se refirió a la marcha del domingo que fue "convocada por el Partido Popular, Ciudadanos y Vox —de corte ultra derecha xenófoba y nacionalista-, para rechazar las negociaciones del presidente Pedro Sánchez con la Generalitat de Cataluña, con la que intentaban generar un diálogo que encauzara las aspiraciones soberanistas dentro de un marco legal en España", describió el especialista. Producto de esas negociaciones, se llegó a un acuerdo para designar "un relator que contribuyera al dialogo" y "que iba a estar en una mesa de partidos catalanes —alternativas al Parlament- donde todas las fuerzas políticas discutieran sobre un proyecto para Cataluña". Las fuerzas opositora aprovecharon para acusar a Sánchez de "alta traición". Según Fontenla la movilización del domingo fue claramente "un lanzamiento electoral de las fuerzas de derecha".
En cuanto al gobierno de Sánchez, agregó que "sin dudas está más debilitado".
"A fines de año se reunió con el presidente de Cataluña, Quim Torra, en Barcelona; llegó a un acuerdo con Unidos Podemos para ejecutar un presupuesto 2019 con un mayor gasto social, etcétera. Pero la realidad ahora es diferente, se ha roto las negociaciones con Cataluña, la derecha lo está presionando por todos los flancos y es difícil que ese presupuesto salga adelante. Sánchez ya dijo que si no se lo aprueban va a llamar a elecciones", describió el Fontenla.
En Bolivia, las fuerzas políticas ya están en carrera electoral
El periodista de internacionales Emiliano Guido analizó, por su parte, el año electoral, en el que Bolivia, Uruguay y Argentina van a elegir, en el próximo mes de octubre, sus presidentes.
"Una coincidencia es que en los tres países aparecen escenarios muy cerrados, es decir, aún los números son muy parejos y no hay a la vista un ganador claro".
El especialista se detuvo en el caso de Bolivia, por ser un país que presenta algunas "particularidades" como ser que "en los últimos 13 años demostró crecimiento con estabilidad política". Guido mencionó algunos indicadores de ese escenario: Evo Morales logró mantener a su vicepresidente Álvaro García Linera como una figura "leal", la inflación de Bolivia "fue el pasado enero de tan solo el 0,23% y por cuarto año consecutivo es el país que más creció según datos de CEPAL". Guido mencionó que, según la opinión de algunos especialistas, Morales presenta algunas ventajas respecto a su principal rival, Carlos Mesa, este candidato podría aglutinar a la oposición en caso de una segunda vuelta electoral.
En el programa se informó a su vez acerca de las declaraciones sobre Venezuela del canciller uruguayo, Nin Novoa, quien consideró "irresponsable" reconocer al autoproclamado presidente Juan Guaidó y acusó a Luis Almagro, Secretario de la OEA, por haberse "excedido" en sus posiciones respecto al gobierno de Nicolás Maduro. También se informó sobre la denuncia de intervención que realizó el canciller venezolano, Jorge Arreaza, en la Organización de las Naciones Unidad ante los representantes del Movimiento de Países no Alineados, y las tensiones en el gobierno italiano que pide elecciones en el país caribeño pero se niega a reconocer un presidente como legítimo.
Borrell ha pedido la liberación de Alexéi Navalni y una "investigación transparente" y Lavrov le responde que "los líderes independentistas catalanes están en prisión por organizar un referéndum".
El Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, se encuentra en Moscú de visita oficial donde ha mantenido un encuentro con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. En la rueda de prensa posterior a la reunión la cuestión principal ha sido el encarcelamiento del bloguero opositor ruso Alexéi Navalni.
Borrell ha pedido su liberación y una "investigación transparente" sobre las causas del presunto envenenamiento el pasado mes de agosto en Siberia. Ante esta demanda, Lavrov ha respondido de una manera poco esperada que ha pillado por sorpresa al representante europeo, y es que el diplomático ruso ha hecho referencia a los presos catalanes en España por el juicio del procés.
"Los líderes independentistas catalanes están en prisión por organizar un referéndum, una decisión que la justicia española no ha revocado pese a que tribunales de Alemania y Bélgica fallaron en contra", ha señalado, añadiendo que, pese a lo sucedido "con los catalanes enjuiciados".
"España ha defendido su sistema judicial y ha pedido no dudar de sus decisiones. Eso es lo que queremos que haga Occidente en términos de reciprocidad" con el caso Navalni. Según sus palabras, el caso de los presos del "procés" es un ejemplo de "decisiones judiciales motivadas políticamente".
El ministro de Exteriores ruso contestó también a las críticas sobre el uso de la fuerza de la policía durante las manifestaciones en apoyo al líder opositor, asegurando que "en Europa y Estados Unidos también se han dado casos de brutalidad policial".
Borrell llegó el pasado 4 de febrero a la capital rusa donde permanecerá hasta el próximo día 6 de este mismo mes. Se trata de la primera visita del jefe de la diplomacia europea desde el año 2017. En aquel momento fue su predecesora, Federica Mogherini, la que visitó el país euroasiático.
Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, negó que los líderes independentistas catalanes sean "presos políticos" en respuesta a las palabras de su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, que este 5 de febrero cuestionó las motivaciones judiciales de su condena.
"Quiero recordar que en España todos los ciudadanos tienen plenamente garantizados sus derechos y libertades. En España no hay presos políticos, hay políticos presos", dijo González Laya en una declaración difundida por su departamento.
Caso de Navalni
Borrell reiteró su llamamiento a liberar al bloguero opositor ruso Alexéi Navalni y a investigar su supuesto envenenamiento con un agente nervioso.
"Mi visita tuvo lugar en medio del arresto y condena de Alexéi Navalni y la detención de miles de manifestantes (…) le transmití al ministro Lavrov nuestra profunda preocupación y reiteré nuestra exigencia de su liberación y el inicio de una investigación imparcial de su envenenamiento", ha señalado Borrell en la rueda de prensa.
Esta semana varios países de la UE y la OTAN criticaron la decisión de las autoridades rusas de encarcelar por dos años y ocho meses al bloguero opositor y llamaron a ponerlo en libertad junto con todos los manifestantes detenidos que salieron a las calles los pasados 2 de febrero, 31 y 23 de enero para apoyar al opositor.
El 2 de febrero la justicia de Rusia hizo efectiva una pena suspendida de 3,5 años de cárcel contra Navalni. La pena incluye los 10 meses que pasó bajo arresto domiciliario. Es decir, si sus abogados no logran recurrir el fallo, el opositor se enfrenta a dos años y ocho meses de prisión.
A Navalni se le imputan los delitos de estafa contra la empresa de productos de belleza Yves Rocher y apropiación ilícita de fondos de la maderera Kirovles. El opositor rechaza todas las acusaciones en su contra y las considera políticamente motivadas.
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