El uso de la telefonía móvil y de redes sociales creadas de manera encubierta en Cuba desde Estados Unidos para promover desobediencia civil pudo haber tenido su primer ensayo en 2011, cuando MILENIO fue uno de los receptores en La Habana de un inusual y alarmista SMS.

El mensaje, enviado el 8 de mayo, anunciaba el “apaleo” por policías y la muerte del disidente Wilfredo Soto, y sugería el número de otro celular de un pastor religioso — también vocero de la oposición— a quien Soto, antes de morir, le habría hablado de la golpiza al ser detenido en la ciudad de Santa Clara, en el centro de la isla (MILENIO, La aldea, 06-18-2011).

A partir del intercambio de SMS y su impacto en las redes sociales, Washington y la Unión Europea condenaron en cuestión de minutos al gobierno cubano, aunque al interior del país no hubo mayor repercusión, salvo siete días de huelga de hambre del disidente Guillermo Fariñas, en señal de protesta.

La prensa local reprodujo declaraciones de médicos, testigos y familiares de la víctima, según las cuales “el fallecimiento se debió a una pancreatitis aguda, en una persona con severas dolencias crónicas” en la que, precisaron los patólogos, “no se observaron en el cuerpo síntomas de violencia física”, y poco a poco el incidente se desvaneció hasta de la agenda informativa internacional.

Por aquellos días, el proyecto ZunZuneo, desarrollado de manera encubierta en Cuba por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) —con acceso a medio millón de celulares y cuya existencia fue revelada por la agencia estadunidense AP hace apenas una semana— estaba activo y se mantuvo así hasta 2012, cuando desapareció sin explicación alguna a sus “más de 40 mil clientes”, según la cifra de AP.

No obstante, otro proyecto similar, Piramideo, se encuentra actualmente operativo en el país con la misma finalidad: “crear una especie de canal de comunicaciones” al margen del control de las autoridades, revelaron este domingo directivos de la estatal Empresa de Telecomunicaciones (Etecsa). El fin último es ir creando una “malla” de jóvenes cubanos que puedan ser movilizados con finalidades políticas, dijeron los ejecutivos.

Los servicios de contraespionaje nacionales detuvieron en diciembre de 2009 al subcontratista estadunidense de la Usaid Alan Gross —había comenzado entonces ZunZuneo—, mientras desarrollaba “redes clandestinas” de infocomunicaciones. Gross cumple una condena de 15 años de cárcel en La Habana bajo ese cargo.

Más tarde, el gobierno destapó a varios agentes infiltrados en grupos ligados “a la ciberguerra” contra Cuba y al mejor estilo de intrigas John Le Carré , éstos narraron a la tv hasta la introducción en la isla de antenas parabólicas, disfrazadas en tablas de surf para desplegar conexiones móviles a internet.

“La internet funciona muy rápido (contrariamente a la conectividad de tortuga que normalmente se registra aquí) y puedes usar Skype, video y voz en Yahoo (algo imposible en la cotidianidad cubana); la semana que viene estaremos hablando ¡gratis!”, se escuchó decir a uno de esos emisarios, llegados al país como turistas.

Proyectos como ZunZuneo y Piramideo “se promueven en las agencias de inteligencia occidentales, que usan las redes sociales en forma encubierta para la propaganda, la mensajería masiva y las construcción de historias falsas” con fines de manipulación, dijo el experto Glenn Greenwal, citado por la web oficial Cubadebate.

ZunZuneo “pareciera ser una vuelta a la guerra fría, en momentos en que las históricamente agrias relaciones entre los dos países habían mejorado, al menos marginalmente, y Cuba había dado pasos hacia una economía más abierta”, comentó la AP en su reporte sobre el llamado Twitter cubano.

Pero el uso de redes y celulares con fines políticos no solo serían atributos modernos de la guerra no declarada que impulsa EU contra la isla desde 1960. “Gran parte de este esfuerzo se ha invertido en Cuba”, pero las llamadas “operaciones de conectividad efectiva (van) desde el río Bravo hasta la Patagonia”, advirtió la web cubana, que reprodujo documentos oficiales de EU y declaraciones del secretario de Estado, John Kerry.

(Tomado de Milenio)

No resulta extraño que la oligarquía salvadoreña esté siendo señalada nuevamente por las autoridades del gobierno venezolano de la participación directa en actos de terrorismo con el objetivo de desestabilizar el proceso democrático construido por el comandante Chávez y su pueblo durante los últimos catorce años.

No está de más recordar que en el pasado reciente en El Salvador se han generado planes terroristas apadrinados por la política de agresión de Estados Unidos para atentar contra la vida de presidentes que se resisten a continuar bajo el dominio del imperio y dispuestos a construir nuevos modelos de sociedad no congruentes con el capitalismo, fundamentados en la democracia participativa y la visión de la construcción de la patria grande mediante procesos integracionista como lo soñó Martí, Bolívar y el presidente Chávez.

Durante muchos años que la derecha controló el poder, inclusive durante la guerra civil, en el periodo del presidente Duarte, quien abanderaba el plan de contrainsurgencia de los gringos, contrataron al terrorista internacional Luis Posada Carriles después de fugarse de una cárcel de Venezuela acusado de ser el actor intelectual del atentado contra el avión de Cubana de Aviación en 1976, donde perdieron la vida 76 personas.

Los pasos de Posada Carriles por El Salvador están fundamentados, contratado como asesor se le permitió vivir en las bases militares conducidas por asesores norteamericanos y usar vehículos blindados del ejército salvadoreño, se le otorgó una fe de bautismo, partida de nacimiento y una cedula de identidad personal obtenida en la Alcaldía de Tecapán en el departamento de Usulután a nombre de Franco Rodríguez Medina, en la Alcaldía de Ilopango también obtuvo una cédula a nombre de Ramón Medina Rodríguez. Estando destacado en la base aérea de Ilopango planificaba sus operaciones para ayudar a la contra nicaragüense en el envió de armas y contrataba y entrenaba a mercenarios salvadoreños como Cruz León, Otto Rodríguez Llerena y Francisco Chávez Abarca muy ligados al gobierno de derecha y que posteriormente participarían en actos terroristas en La Habana y Venezuela. En los años 90 Cuba a través del comandante Fidel Castro reveló mediante informes de inteligencia toda la red de contactos y apoyos en El Salvador, señalando al gobierno salvadoreño de darle cobijo.

En una ola de atentados con bombas en hoteles en la ciudad de la Habana que dejaron como saldo un turista italiano muerto y varios heridos. Al ser arrestados, los actores materiales confiesan ser salvadoreños. Ernesto Cruz León fue el actor de seis de las diez bombas que explotaron en centros turísticos, desarrollando su primera operación el 12 de julio del 97, regresando a El Salvador el 14 del mismo mes dejando cuantiosas pérdidas materiales en infraestructuras y victimas humanas. Para cumplir una segunda misión regresó a finales de agosto del mismo año y tras los atentados resultó muerto un empresario italiano y causando heridas en residentes y turistas extranjeros. Cruz León después de su captura atestigua haber sido contratado por Francisco Chávez Abarca mano derecha de Posada Carriles.

El salvadoreño Otto Rodríguez, reclutado por Carriles, participó en agosto del 97 en un atentado contra el hotel Habanero Meliá Cohíba, quien por el cumplimiento de esta misión recibió 1,000.00 dólares. Rodríguez regresa a la isla 10 meses después del atentado con la orden de ejecutar otra misión: introducir en Cuba 1,519 gramos de explosivos C 4, dos detonadores y dos relojes para activar los explosivos, siendo detectado en el aeropuerto y detenido por agentes aduaneros. Ambos terroristas salvadoreños muy ligados a sectores de poder económico fueron condenados y hoy pagan cadena perpetua en Cuba.

En el 2010 fue detenido en Venezuela Francisco Chávez Abarca, acusado de ser la mano derecha de Carriles y de la autoría de varios atentados con explosivos en Cuba en los años 90s. En Venezuela intentaría en el 2010 asesinar a presidente Chávez, en El Salvador estuvo detenido durante dos años por ser líder de una banda que se dedicaba a robar vehículos, la justicia evitó dar sentencia por los crímenes internacionales que se le acusaban.

Abarca y 21 miembros de su banda fueron arrestados bajo cargos de robo de automóviles y estafa. Las autoridades aseguraron entonces que se trataba de “una de las principales estructuras del crimen organizado dedicadas al robo y hurto de vehículos a nivel nacional y centroamericano”.

El 28 de octubre del año 2007, un juez liberó a Chávez Abarca pese a sus actividades delictivas. Sin embargo, nunca tuvo que responder por su papel como principal cómplice de Luis Posada Carriles en una campaña contra Cuba que no se mencionó ante los tribunales salvadoreños a pesar de repetidas denuncias.

El 21 de diciembre del 2010 Abarca fue condenado a 30 años de privación de libertad por la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado Provincial Popular de la Ciudad de la Habana. Las declaraciones demostraron cómo el acusado reclutó, adiestró, organizó y financió a ciudadanos guatemaltecos y salvadoreños que viajaron a Cuba a finales de la década del 90 para continuar instalando artefactos explosivos, tal como él mismo lo había hecho previamente en hoteles de la capital cubana.

Estos acontecimientos dan fe de la clara vinculación y participación directa de la derecha salvadoreña con el terrorismo internacional auspiciado por el imperialismo. Recientemente el 6 marzo el canciller venezolano Elías Jaua, en una entrevista exclusiva con Telesur, dio a conocer el resultado de investigaciones de organismos de inteligencia venezolanos de la relación de la derecha opositora con grupos ultra reaccionarios de Centroamérica con el fin de propiciar un marco desestabilizador en el contexto de las elecciones que, según sondeos de opinión, dan como ganador a Nicolás Maduro en los comicios del próximo 14 de abril.

De nuevo, la inclusión de la derecha salvadoreña en actos de terrorismo se pone en evidencia en conversaciones filtradas por organismos de inteligencia que delatan la incorporación de mercenarios centroamericanos con una orientación clara de generar condiciones que propicien una mayor embestida de Washington sobre la revolución Bolivariana. Dos salvadoreños se encuentran participando de este plan: el ex-coronel David Koch Arana y Roberto D´aubuisson, actualmente diputado del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), hijo de Roberto D´aubuisson, fundador de ARENA y de los escuadrones de la muerte en El Salvador y actor intelectual de la muerte de Monseñor Oscar Arnulfo Romero en marzo de 1980. Es hermano de Eduardo D’aubuisson diputado del Parlamento Centroamericano asesinado en el 2007 presuntamente vinculado al narcotráfico.

Ante las denuncias del gobierno venezolano se encendieron las alarmas en El Salvador varios sectores, inclusive de la derecha, piden explicaciones y el gobierno ordenó de inmediato a las autoridades de la Policía Nacional Civil salvadoreña que inicien de oficio una investigación y de ser posible judicializarla para deducir responsabilidades y sentar un precedente que permita la no injerencia de grupos desestabilizadores en los procesos democráticos de otros países, como lo hicieron en el pasado, mediante prácticas terroristas, tanto en Cuba y Venezuela.

El gobierno salvadoreño del presidente Funes está en la obligación de investigar y de no permitir que se siga utilizando el Estado salvadoreño como en los 20 años de gobiernos neoliberales donde se utilizó de puente para el terrorismo entre la derecha y mercenarios de otros países.

Es importante destacar la doble moral de los funcionarios de la embajada gringa en el país que de una manera descarada en los medios locales de derecha rechazan las denuncias del gobierno venezolano argumentando que también a ellos se les acusa de intentar desestabilizar las elecciones del 14 de abril de 2013, razón por la cual consideran sin fundamentos las acusaciones contra el parlamentario salvadoreño D´aubuisson. No obstante, los Estados Unidos siguen protegiendo a Posada Carriles, prófugo de la justicia panameña, que por indulto de la ex-presidenta Mireya Moscoso y por orientaciones de la misión diplomática norteamericana fue puesto en libertad después de intentar asesinar al comandante Fidel Castro durante su visita en la cumbre iberoamericana del 2004. Posada Carriles tiene cuentas pendientes con la justicia venezolana, cubana y la salvadoreña de su participación directa como agente de la CIA en actos de terrorismo.

Rudis Yilmar Flores Hernández

Profesor Investigador de la Universidad de El Salvador ( Facultad Multidisciplinaria Oriental, San Miguel), miembro del Comité Directivo a la Asociación Latinoamericana de Sociología y de la Red de Investigadores para la Democracia y la Paz.

(Tomado de ALAI)

Donetsk se autoproclamó este viernes como una república parlamentaria, nombró un jefe de Estado y se mostró dispuesta a integrarse en otro Estado federal. Las medidas constituyen un paso que consolida la independencia de esta región de Ucrania.

“El Soviet Supremo es el único y permanente órgano legislativo del poder estatal de la República Popular de Donetsk”, informó la página web de las fuerzas independentistas.

Así lo estipula su Constitución, redactada y aprobada por el Parlamento (150 diputados), que establece también que el Soviet Supremo nombrará tanto al jefe del Gobierno como al gabinete de ministros.

El presidente del Soviet Supremo y por lo tanto el jefe de Estado de la “República Popular de Donetsk” será Denís Pushilin, uno de los líderes más destacados de la sublevación contra Kiev.

La Carta Magna también recoge el procedimiento de ingreso de la república en un Estado federal, sin especificar si sería Rusia, como en el reciente precedente de la Península de Crimea, o Ucrania, lo que, en cualquier caso, debería plasmarse en un acuerdo bilateral.

“En caso de ingreso en un Estado federal, la república sería un sujeto federado con los mismos derechos que el resto”, reza, y precisa que las fronteras de la república se corresponden con las de la “antigua región de Donetsk”.

El documento establece dos lenguas oficiales, el ruso y el ucraniano, y se propone fomentar la diversidad cultural y la igualdad de derechos.

(Tomado de El Liberal)