La expresidenta 'de facto' de Bolivia, Jeanine Áñez, fue detenida este sábado por las autoridades, en el marco de la orden de aprehensión en su contra por el caso del golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales, perpetrado en noviembre de 2019.
La noticia fue confirmada por el ministro del Gobierno, Eduardo Del Castillo, a través de su cuenta en Twitter. "Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Añez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la Policía", escribió.
Tras su aprehensión, Áñez denunció que ha sido víctima de "abuso y persecución política". "Denuncio ante Bolivia y el mundo, que en un acto de abuso y persecución política el Gobierno del MAS me ha mandado arrestar. Me acusa de haber participado en un golpe de Estado que nunca ocurrió. Mis oraciones por Bolivia y por todos los bolivianos", escribió la exmandataria 'de facto' en su cuenta de Twitter.
La Fiscalía Departamental de La Paz giró órdenes de aprehensión por los delitos de "terrorismo, sedición y conspiración", en contra de Áñez y sus exministros Arturo Murillo (Gobierno); Luis Fernando López (Defensa); Álvaro Coimbra (Justicia); y Rodrigo Guzmán (Energías).
Asimismo, se ordenó aprehender a Palmiro Jarjuri, quien era comandante de la Armada; Jorge Gonzalo Terceros, excomandante de la Fuerza Aérea; y el general Gonzalo Mendieta, excomandante del Ejército.
El miércoles 10 de marzo, las autoridades detuvieron al exlíder militar Flavio Arce San Martín, quien se desempeñaba como jefe del Estado Mayor del Ejército de Bolivia cuando se produjo el golpe contra Morales.
Mientras que la mañana del viernes, la Policía ejecutó las órdenes de captura contra los exministros Coimbra y Guzmán, detenidos en Trinidad, departamento de Beni, en el centro-norte del país.
La investigación radicada en la Fiscalía de La Paz responde a una denuncia presentada por la exdiputada Lidia Patty, quien acusó al opositor Luis Fernando Camacho, así como a exjefes militares o policiales, por los sucesos que llevaron a la renuncia de Morales.
El golpe de Estado
Tras las elecciones del 20 de octubre de 2019, en donde Evo Morales obtuvo una ventaja de más de 10 puntos sobre su principal contendiente, Carlos Mesa, la Organización de Estados Americanos (OEA) publicó un polémico informe preliminar argumentando presuntas irregularidades en el proceso, y el titular del organismo, Luis Almagro, llamó a anular los comicios.
En medio de las fuertes protestas en Bolivia tras los resultados electorales, Morales anunció unos nuevos comicios. No obstante, la presión de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional lo obligaron a renunciar a la Presidencia el 10 de noviembre de 2019.
El opositor Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), quien perdió la elección contra Morales y alimentó las sospechas infundadas de un fraude electoral, también denunció un supuesto "proceso brutal y arbitrario de persecución política" por parte de la Administración de Arce.
"Ni perdón, ni olvido"
Por su parte, el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, también hizo referencia a las órdenes de aprehensión de la Fiscalía boliviana, en el marco del caso del golpe de Estado.
"Ni perdón, ni olvido. Atentar contra la democracia requiere las respuestas más fuertes y contundentes por parte del Sistema de Justicia como efectiva garantía para la no repetición", tuiteó Abrão, agregando que la sociedad boliviana "va construyendo un ejemplo contra las nuevas formas de autoritarismo".
Asimismo, el presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia, Andrónico Rodríguez Ledezma, negó la supuesta persecución política denunciada por Áñez, asegurando que se trata de "justicia".
"Los que hoy dicen ser víctimas de persecución política debieron pensar mil veces antes de romper el orden constitucional en noviembre 2019", apuntó Rodríguez Ledezma, según un comunicado difundido por el Senado.
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