Fueron 1.700 palabras –exactamente de 1.697 palabras– para no decir nada sin decir mucho y para decir mucho sin decir nada. Ofreció las 'buenas noches' para a continuación introducir un extenso resumen de la crisis sanitaria y económica de la pandemia. Terminada esta parte, casi protocolaria, llegaron las dos cuestiones principales: los escándalos ultraderechistas en las Fuerzas Armadas y las últimas actividades presuntamente delictivas de Juan Carlos I en las que el propio Felipe VI se ha visto envuelto.   

La ultraderecha militar 

Después de un mes en el que han salido a la luz múltiples escándalos ultraderechistas en el seno de las Fuerzas Armadas, lo normal en cualquier país democrático hubiera sido que Felipe VI repudiara expresa y tajantemente tales pronunciamientos. No ha sido así. 

En total, se han publicado: un manifiesto ultraderechista firmado por más de 400 altos mandos militares; dos chats de promociones militares en grupos WhatsApp en los que se realizada apología del franqusimo, se debatía sobre la inconveniencia de perpetrar un golpe de Estado o se exponía el delirio de fusilar a 26 millones de personas como solución a todos los males que acucian a España; cuatro vídeos de militares en activo, incluidos cadetes de la Academia General de la Armada, los futuros oficiales, cantando temas musicales de una banda neonazi; y cuatro cartas de promociones militares de los tres Ejércitos –Tierra, Armada y Aire– en las que se alineaban con las tesis ultraderechistas de Vox y pedían a Felipe VI restablecer el orden. Once episodios ultraderechistas a sumar a los más de cincuenta protagonizados en el Ejército español desde que comenzara el siglo. Y ello teniendo en cuenta solo los escándalos más relevantes. 

La respuesta de Felipe VI, tan decepcionante como esperada, se ha basado en el respeto a la Constitución:  

Nuestra Constitución nos garantiza nuestro modo de entender la vida, nuestra visión de la sociedad y del ser humano; de su dignidad, de sus derechos y libertades. Una Constitución que todos tenemos el deber de respetar; y que en nuestros días, es el fundamento de nuestra convivencia social y política; y que representa, en nuestra historia, un éxito de y para la democracia y la libertad.No olvidemos que los avances y el progreso conseguidos en democracia son el resultado del reencuentro y el pacto entre los españoles después de un largo período de enfrentamientos y divisiones. Son el resultado de querer mirar juntos hacia el futuro, unidos en los valores democráticos; unidos en un espíritu siempre integrador, en el respeto a la pluralidad y a las diferencias, y en la capacidad de dialogar y alcanzar acuerdos. Son principios que no pierden nunca vigencia por el paso de los años. 

Es decepcionante la alusión porque con estas palabras no solo no ha repudiado a la ultraderecha, sino que la ha reforzando. Resulta que la Constitución Española, otrora vilipendiada por los extremistas, seguramente porque no lo conocían ni suponían la interpretación que se haría de la misma, se ha convertido en uno de los bastiones de la España más conservadora y ultra. No obstante, la Constitución Española faculta a las Fuerzas Armadas en el Artículo Octavo para perpetrar golpes de Estado, ya que, en un artículo absolutamente anacrónico e insólito en cualquier democracia avanzada del mundo, convierte al Ejército español en garante, por sí mismo, del Orden Constitucional y de la Integridad Territorial. Por tanto, que Felipe VI recuerde el deber de cumplir con la Constitución no mejora en casi nada la situación. Ni recrimina a los golpistas ni calma sus ansias, sino todo lo contrario: los legitima. 

Los términos en los que Felipe VI debería haberse expresado deberían haber sido parecidos, por ejemplo, a los exhibidos por Angela Merkel en 2019, cuando aseveró que "la libertad de expresión tiene sus límites. Esos límites comienzan cuando se propaga el odio. Empiezan cuando la dignidad de otra persona es violada" por lo que "esta cámara [en referencia al órgano legislativo alemán] debe oponerse al discurso extremista. De lo contrario, nuestra sociedad no volverá a ser la sociedad libre que es". Un año más tarde, en junio de este 2020, se expresó en términos similares: "No hay que ser ingenuos. Las fuerzas antidemocráticas y los movimientos radicales autoritarios están esperando una crisis económica para utilizarla políticamente". Desgraciadamente, tanto Felipe VI como la ministra de Defensa, Margarita Robles, niegan la existencia de un problema ideológico en el seno del Ejército español y, por tanto, se muestran tan comprensivos como cómplices de la ultraderecha. 

Escuchando a Angela Merkel quedan pocas dudas sobre sus convicciones democráticas y su posición respecto al fascismo; escuchando a Felipe VI, aun sin saber de sus sonrisas para Santiago Abascal o su aquiescencia en cuanto a la utilización de su imagen por parte de los ultras, tampoco quedan dudas al respecto. Solo que al contrario: mientras Alemania expulsa ultras por centenares de sus Fuerzas Armadas y disuelve unidades y Merkel los repugna, España expulsa a los demócratas del Ejército y ensalza unidades fascistas como la Legión con la participación gozosa de Felipe VI. 

La corrupción de Juan Carlos I y... del propio Felipe VI 

Por tanto, Felipe VI ha cometido un error histórico, otro más, por no posicionarse decididamente contra el extremismo y optar por la ambigüedad, lo que, obviamente, se debe a los favores que tanto él como su familia han recibido históricamente de las élites franquistas y del propio dictador, pero nada en comparación con el ejercicio de cinismo empleado para referirse a los múltiples escándalos que han afectado a su padre, incluida la cuenta con 100 millones de dólares de la que era beneficiario el propio Felipe VI. 

Un Juan Carlos I que, como bien es sabido, no ha podido ser condenado por sus actividades delictivas perpetradas mientras fuera rey de España debido a la inviolabilidad jurídica que poseen los monarcas españoles y que difícilmente será procesado por las actividades cometidas después de su abdicación, que ya le han obligado a la regularización de seiscientos mil euros. Ante esta situación, Felipe VI ha afirmado que: 

Ya en 2014, en mi Proclamación ante las Cortes Generales, me referí a los principios morales y éticos que los ciudadanos reclaman de nuestras conductas. Unos principios que nos obligan a todos sin excepciones; y que están por encima de cualquier consideración, de la naturaleza que sea, incluso de las personales o familiares.Así lo he entendido siempre, en coherencia con mis convicciones, con la forma de entender mis responsabilidades como Jefe del Estado y con el espíritu renovador que inspira mi Reinado desde el primer día. 

Un problema militar, político y mediático: lo que desvela el chat de los militares retirados que pedían aniquilar a 26 millones de personas en España

Afirmar que todos los españoles son iguales ante la ley cuando él mismo goza constitucionalmente de "inviolabilidad jurídica", es decir posee la capacidad de cometer cuantos delitos le plazcan mientras sea el monarca español, resulta un ejercicio de cinismo tan exagerado que excede con mucho, incluso, las habituales licencias políticas. Y es que tal afirmación puede competir sobradamente por convertirse en la noticia falsa del año en España. Sobre todo, porque él mismo fue conocedor durante más de un año de la existencia de la mencionada cuenta de 100 millones de dólares de la que era beneficiario, lo que ocultó de forma consciente a la ciudadanía. Un quebranto moral y ético que le habría costado el puesto a cualquier jefe de Estado de un país realmente democrático. 

España no merece una monarquía, pero sobre todo no merece esta monarquía. No merece un rey que engaña deliberadamente a los ciudadanos a los que debería servir mientras regala complicidad, cariño y protección a los ultraderechistas. No merece a Felipe VI. Porque Felipe VI es uno de ellos. Es uno de los ultraderechistas que controlan las Fuerzas Armadas, junto a cúpula militar, y es uno de los delincuentes que expolian el país, junto a su padre, Juan Carlos I.

El Ayuntamiento del municipio de Sant Cugat del Vallés, en la provincia de Barcelona, ha declarado 'persona non grata' al rey Felipe VI. La decisión ha sido tomada este lunes en el Pleno al aprobar una moción presentada a petición del Consejo Local por la República.

En la misma propuesta también se ha aprobado que esta localidad, de algo más de 90.000 habitantes, sea declarada "ciudad republicana y antimonárquica", según un comunicado hecho público por el Consistorio.

La moción ha contado con el respaldo de los partidos Junts per Sant Cugat y la Candidatura d'Unitat Popular (CUP). Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se ha abstenido, mientras que el Partido Socialista de Cataluña (PSC) y Ciudadanos han votado en contra.