Finalmente se confirmaron las filtraciones: sedición y no rebelión. El Tribunal Supremo descartó, a pesar de años sosteniendo esta tesis la Fiscalía, la rebelión, aunque la sedición deja condenas no poco gravosas. El abanico variará entre los 12 y 13 años para aquellos a los que se les impuso también malversación —13 años para Oriol Junqueras; y 12 para Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa— y los 9 y 11 años para aquellos a los que no se les aplicó este agravamiento —11 años y 6 meses para Carme Forcadell; 10 años y 6 meses para Josep Rull y Joaquim Forn; y 9 años para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart—. Casi 'absueltos' han resultado Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó, condenados a 1 año y 8 meses de inhabilitación por desobediencia. 

Además, el Tribunal Supremo no accede a la petición de la Fiscalía para obligar a que los condenados no pudieran acceder al tercer grado —dormir en prisión— hasta alcanzar la mitad de la condena, lo que situaría a los condenados en posición de acceder a la 'semilibertad'. En dos meses la mayoría podrían dormir en sus casas.

Una condena contraria a los valores democráticos

La condena es contraria a los valores democráticos. Es antidemocrática porque condena por sedición a quienes desobedecieron pacíficamente, lo que sitúa a España, de nuevo, como un régimen autoritario moderno. No conviene olvidar que la desobediencia pacífica es una herramienta democrática y un país en el que no se pueden usar las herramientas democráticas difícilmente podría ser catalogado como una democracia.

Una condena perversa

La resolución es también perversa porque condena por sedición cuando el juicio estaba claramente dirigido —con lo terrible de este calificativo— desde un principio hacia la rebelión —pensemos en la inusual y gravosa prisión preventiva de los acusados, más de dos años—, aunque las penas siguen siendo muy altas al agravarlas con la malversación, subsumida en la rebelión. ¿Por qué este giro? Porque se trata de una condena 'salomónica' que ofrece enormes beneficios.

Beneficios de la condena 'salomónica'

En primer lugar, ofrece una falsa sensación de ecuanimidad. Una especie de decisión salomónica, pues se queda a 'medio camino' entre lo que solicitaban los más reaccionarios —rebelión— y lo que hubiera sido aceptable para un demócrata —desobediencia—. Nótese que la ecuanimidad entre un reaccionario —la mayoría de la España profunda— y un democrática —los ciudadanos que comparten el criterio de la Justicia alemana— es ya una resolución manifiestamente injusta por razones obvias:

1. El punto medio entre ambos siempre se encontrará fuera de los estándares democráticos;
2. Sitúa en el mismo nivel a los reaccionarios ultraderechistas y a los demócratas.

Sin embargo, resulta suficiente para que los que se sitúan entre ambos, esto es la mayoría de españoles —los más de 15 millones de votantes de PSOE, PP y Cs—, queden más o menos conformes. Incluso entre millones de estos últimos, producto de la campaña orquestada, anidará un sentimiento que variará, según la sensibilidad política, entre la tibieza o la generosidad.

En segundo lugar, una condena por sedición permite que España pueda transmitir una imagen de democracia que con condenas por rebelión habría sido completamente imposible. Nadie con sentido común hubiera sido capaz de asumir una condena por rebelión. De hecho, el PSOE ha lanzado un vídeo con varias personalidades —la vicepresidenta Carmen Calvo y varios ministros como Pedro Duque, Nadia Calviño o Josep Borrell— en varios idiomas —ruso, inglés, alemán o francés—. Los gobernantes y las élites españolas son perfectamente conocedoras de la imagen real de España en gran parte del mundo y tenían previsto este vídeo para intentar minimizar el impacto de la sentencia en el resto del mundo, allá donde sus medios de comunicación no tienen capacidad de influir. 

Una condena contradictoria

La condena no solo es disparatada, antijurídica y desproporcionada, sino que también es contradictoria. Contradicción que los grandes medios de comunicación españoles obvian reiteradamente. Cuando en julio de 2018 la Justicia alemana se negó a entregar a Carles Puigdemont por rebelión, los medios de comunicación españoles organizaron una gran campaña mediática para encubrir lo evidente y lo ridículo de la situación: no había rebelión ni sedición. Ni siquiera desobediencia. Malversación, y mucho. 

Aquello se cerró a la española: se retiró la orden internacional de detención para evitar tener que juzgar al resto de presos por el barreno de la Justicia alemana y asunto cerrado. Lo cual es una resolución manifiestamente injusta para los detenidos y una clara vulneración de sus derechos, que tampoco llamó en exceso la atención por cuanto el proceso en ningún momento se ha rebelado como un proceso jurídico justo, sino como un proceso judicial de Estado.

Un proceso judicial de Estado que desnuda a la Justicia española

Este proceso judicial de Estado evidencia la ausencia de independencia e imparcialidad de la Justicia española, elementos, no olvidemos, indispensables en cualquier sistema judicial de un país democrático. España no lo es. 

El proceso comenzó, si recuerdan, en la Audiencia Nacional, esa excentricidad que representa la continuación del Tribunal de Orden Público del franquismo y que ni España pudo correctamente justificar cuando en los años ochenta debió homologar la Justicia española y equipararla a los estándares europeos. Sin embargo, en Europa saben hace décadas que España no es una democracia plena, aunque la cuestión no es ni ha sido nunca esa, no en este mundo neoliberal en el que lo que importan son los negocios, sino la apariencia. Y como finalmente España consiguió dotar de una cierta apariencia democrática al Frankenstein jurídico-franquista, Europa se tragó el sapo.

Cómo y por qué pasó el juicio al 'proces' de la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo es otra de esas cuestiones que difícilmente podrán ser explicadas sin comprender que España es un régimen autoritario moderno. La cuestión de falta de competencia, no es ni mucho menos menor, sino que constituye otra grave vulneración de derecho. Y el listado ya hemos comprobado que es interminable.

El Tribunal Supremo condena a 9 líderes del 'procés' en Cataluña a penas de entre 9 y 13 años por sedición

A este registro habría que añadir al juez Manuel Marchena —presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y magistrado principal del proceso—, el cual debería haber sido expedientado, sustituido del proceso y expulsado de la carrera judicial por no permitir el principio de contradicción de los testimonios de policías y guardias civiles con los vídeos realizados durante el referéndum organizado el 1-O.

Esta situación ha sido tan obvia que la Federación de Derechos Humanos (FIDH) y la Red Eueromediterránea de Derechos Humanos (EuroMed Rights) han emitido un informe en el que denuncian la ausencia del necesario principio de contradicción. El informe, además, destaca que la actitud de la ciudadanía fue pacífica, en todo caso se podría constatar tensión, pero en ningún caso violencia generalizada. Por si no fuera suficiente, se denuncia que la "organización de tipo militar" impuesta por el juez Marchena atentó contra el derecho de defensa.

Para muchos españoles, contaminados por los medios de comunicación, no lo será, pero la sentencia revela con claridad la realidad actual: España es un régimen autoritario moderno cuyo mayor esfuerzo radica en aparentar ser una democracia. Si fuera Escocia o Canadá, habría pactado un referéndum; y si fuera Alemania no concebiría ningún delito más allá de la malversación. 

Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de RT.

Tras conocerse este lunes la sentencia sobre el proceso independentista catalán, las protestas se suceden en la región. El incidente más importante de la jornada ha tenido lugar en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, donde se han producido enfrentamientos entre manifestantes y Mossos d'Esquadra (la Policía de Cataluña).

Así, a lo largo de la mañan, ha habido un desplazamiento masivo de personas hacia el aeropuerto barcelonés tras el llamamiento realizado por Tsunami Democràtic, un movimiento nacido para protestar por las condenas a los líderes independentistas, que pedía concentrarse en la terminal 1 del aeropuerto para parar la actividad de la instalación. 

Los manifestantes comenzaron a desplazarse a pie, en tren y por carretera, mientras el aeropuerto se encuentra vigilado por más de un centenar de agentes antidisturbios de los Mossos y la Policía Nacional, que vigilan todos los accesos posibles a la infraestructura.

Los Mossos reteniendo a uno de los manifestantes, aeropuerto de Barcelona, España, 14 de octubre de 2019. / Josep Lago / AFP

La Policía ha ordenado suspender los accesos por transporte público y mantiene dispositivos de control en varias carreteras que han quedado colapsadas. Además, Renfe –la operadora ferroviaria– ha anunciado que ha suprimido los servicios de Cercanías R2 Norte, posteriormente restablecida, y la línea 8 del metro de Barcelona.

Manifestantes bloquean el acceso en el aeropuerto de Barcelona, España, 14 de octubre de 2019. / Albert Gea / Reuters

Por otro lado, a lo largo de la mañana diversos grupos han cortado carreteras en distintos puntos de Cataluña. En Barcelona, el Ayuntamiento calcula que sobre las 13 horas (local) unas 25.000 personas estaban en las calles protestando por la sentencia del Tribunal Supremo.

Policía en el aeropuerto de Barcelona, España, 14 de octubre de 2019. / Emilio Morenatti / AP

Las marchas han bloqueado diversas vías en la capital catalana, colapsando el tráfico de la zona centro. Asimismo, miles de estudiantes han salido desde sus respectivas facultades para dirigirse al centro de la ciudad al mediodía.

El Tribunal Supremo condena a 9 líderes del 'procés' en Cataluña a penas de entre 9 y 13 años por sedición

Los manifestantes protestan contra el fallo del Tribunal Supremo, hecho público este mismo lunes, por el que 9 de los 12 líderes independentistas encausados han sido condenados a penas de prisión de entre 13 y 9 años. Los otros tres condenados han sido multados e inhabilitados políticamente durante 18 meses. Todos han sido juzgados por la celebración del referéndum de autodeterminación unilateral de octubre de 2017 y la posterior proclamación unilateral de la independencia de Cataluña.

El presidente del Gobierno catalán, Quim Torra, ha comparecido ante los medios este lunes después de conocer la sentencia sobre el proceso de independencia de Cataluña. Desde el Palacio de la Generalitat, acompañado de los miembros de su Gobierno, Torra ha afirmado que el fallo del Tribunal Supremo "es un insulto a la democracia y un menosprecio a la sociedad catalana".

El presidente ha comenzado su discurso afirmando que "Cataluña vive un día gris" porque "se ha condenado a 12 personas honorables, demócratas y pacíficas". Tras repasar los nombres de cada uno de los sentenciados, ha considerado que han sido condenados a "cien años en conjunto" unas personas "estrictamente democráticas y absolutamente pacíficas".

Torra ha dicho que los líderes en prisión "han cumplido lo que los ciudadanos desean, la petición de independencia como ejercicio democrático", y que un Estado debe basar "la convivencia entre sus ciudadanos en la voluntad popular". Asimismo, ha sostenido que "toda la sociedad catalana sabe lo que pasó el 1 de octubre –fecha de celebración del referéndum de Cataluña– y recuerda emocionada cómo se va a rechazar de forma colectiva lo que fue un ataque injustificado y nada humanitario de los Cuerpos y fuerzas de Seguridad española".

El Tribunal Supremo condena a 9 líderes del 'procés' en Cataluña a penas de entre 9 y 13 años por sedición

Además, en su discurso, el mandatario catalán ha afirmado que "se han vulnerado los derechos fundamentales de los acusados y, por extensión, los de todos aquellos catalanes a los que representaban", por lo que entiende "que las acusaciones que se han hecho y la sentencia que se ha dictado son extensivas a millones de catalanes"

Finalmente, Torra ha reclamado: "Exigimos el fin de la represión y la liberación de los presos y presas políticas, exiliados y exiliadas, incluida la amnistía para todas las personas represaliadas".

Catorce de octubre de 2019, España. El Tribunal Supremo dicta la sentencia en el juicio contra políticos y representantes sociales que lideraron el proceso independentista catalán, en prisión preventiva desde hace dos años. Las penas son muy duras, entre nueve y trece años de cárcel, aunque no son las máximas posibles: en vez del delito de rebelión, solicitado por la Fiscalía y la ultraderecha constituida en acusación popular, se les ha aplicado el de sedición.

Esta precisión jurídica es indiferente para la ola de conmoción que recorre a la sociedad catalana, incluso en sectores no partidarios de la independencia. Por mucho que se hable de la desafección a los partidos resulta chocante que personas que ocupaban un escaño y aparecían en los carteles electorales sean sentenciados a una década de prisión. No hay antecedentes comparables. La nada precede a la estupefacción.

Horas después de conocerse la sentencia diferentes protestas se suceden en las ciudades catalanas. La más numerosa en el Aeropuerto del Prat, donde una multitud paraliza las instalaciones y es disuelta por la policía con el resultado de decenas de heridos. En Tarragona, como en el resto de capitales, la manifestación congrega a unas miles de personas.

Una mujer contraria a la independencia se sitúa en uno de los laterales y de manera chusca provoca a los congregados agitando una bandera española mientras que baila. A pesar de que la mayoría hace caso omiso, un joven le arrebata la bandera y en el forcejeo la mujer recibe un golpe y acaba por los suelos. La triste anécdota, elevada por algunos medios a categoría de incidente bélico, oculta un hecho que nadie parece querer recordar: CiU y PP, derechas catalana y española, gobernaron juntos en el Ayuntamiento de Tarragona durante dos legislaturas.

Hasta finales de los dos mil, el independentismo catalán era minoritario en Cataluña. CiU, la coalición nacionalista conservadora, era parte indisoluble de la arquitectura institucional española, sirviendo de apoyo y bisagra a los dos grandes partidos nacionales. Hoy esta coalición ya no existe. La derecha catalana opta por el soberanismo, los socialdemócratas de ERC se han situado en las mismas posiciones experimentando un ascenso electoral sin precedentes. Las CUP, más a la izquierda, completan la triada independentista.

El inicio de esta situación hay que buscarla en el proyecto fallido del Estatuto del año 2006, una norma que regula la autonomía catalana y las relaciones con el Estado central y que fue aprobada en referendo y por los parlamentos catalán y español. La ley, sin embargo, fue denunciada por el PP al Tribunal Constitucional que en 2010 declaró nulos varios artículos y en especial el preámbulo donde se establecía que Cataluña era una nación.

Aunque este preámbulo carecía en sí mismo de ninguna aplicación real ni jurídica, su anulación por parte del alto tribunal fue desastrosa para la aceptación del Estatuto por parte de una sociedad que sentía que ese no era el texto que habían votado, ni ellos ni sus instituciones. La sentencia apareció un 9 de julio, el día 10 se convocó una multitudinaria manifestación bajo el lema "Som una nació. Nosaltres decidim". A partir de ahí todo fue incremento de la tensión y ruptura de puentes.

El PP denunció el Estatuto del 2006 sabiendo que no suponía ningún peligro real para la unidad del país, más aún, que incluso la fortalecía. Si cargó frontalmente contra el mismo fue por disputas internas y motivos estrictamente electoralistas. Los medios afines iniciaron una vergonzosa campaña de boicot a los productos catalanes. Había comenzado el envenenamiento.

En el lado catalán se aprovechó la brutal crisis económica para alentar la sensación de que el pacto autonómico era perjudicial para la sociedad catalana. "Espanya ens roba", el mesetarismo hostil, la irreformabilidad y reacción de Castilla y demás lemas nefastos que contribuyeron a que una parte importante de los catalanes vieran, por primera vez, que la independencia era la única manera de progresar. Más envenenamiento.

El cómo se llegó tan lejos en el proceso independentista sólo se entiende, desde la lectura política, de una manera: ambas derechas, catalana y española, sacaban unos réditos enormes del conflicto ya que les permitía que la atención de la opinión pública no se centrara en sus políticas neoliberales de recortes. Una escapada hacia delante en la que unos y otros pensaron que nadie llegaría tan lejos, que alguien se apearía del caballo antes de que todo fuera irreconducible. Pero eso no sucedió.

De un lado se reprimió salvajemente el referendo independentista del uno de octubre, sin mayor valor legal, llenando las calles catalanas de policías y guardias civiles que habían sido despedidos de las comisarías y cuarteles de toda España por multitudes que, trasladando el grito de las gestas deportivas de "A por ellos, oe", dieron a la escena un componente pre-bélico entre lo trágico y lo procaz. Salvapatrias en chándal de los domingos.

Del otro se proclamó una república de un modo absolutamente testimonial, no teniendo la Generalitat, convertida tan sólo narrativamente en Gobierno independiente, nada preparado para el minuto siguiente: ni fronteras, ni financiación, ni defensa, ni apoyos internacionales. Una chapuza de dimensiones cósmicas, paradójicamente, muy española. El tipo que fingió ser presidente de esa República se tomó un vino en Girona y al rato se fugó a Europa. Nadie se atrevió a arriar la bandera española de los edificios oficiales. Trágico y procaz, de nuevo. Salvapatrias con gafas de diseño.

El Gobierno tuvo entonces las manos libres para aplicar el artículo 155 de la Constitución que suspendía la autonomía catalana. Luego hubo elecciones autonómicas. La cosa quedó absolutamente igual que antes. Impotencia medida en aquella ridiculez de Tabarnia. Y hasta ahora, donde la sentencia del Tribunal Supremo pone fin a un Procés de la peor manera posible, esa que va a impedir hacer política a un problema que es eminentemente político.

El resumen de los acontecimientos de estos últimos quince años es público y notorio. Pero nadie quiere mirar al pasado reciente porque hacerlo significaría asumir haber participado en una doble impostura: por un lado la de los que prometieron una república independiente y nunca tuvieron ni ganas, ni capacidad, ni posibilidad de llevarla adelante; del otro los que no quisieron resolver el problema territorial catalán, más allá, echaron gasolina al fuego, porque aquel conflicto sería la piedra de toque del Otoño Rojigualdo.

Si la izquierda tuvo su 15M, momento fundacional de la nueva política y de la puesta en duda de los consensos sistémicos del actual régimen político, la derecha tuvo su Otoño Rojigualdo, el del 2017, donde las calles de toda España se llenaron de banderas y esa derecha social se encontró en las calles, espoleada por un ardor patriótico inflamado que les hizo acercarse sin reparos a las posiciones ultras. Aquello dio resultados, entre otros, más allá de la irrupción de Vox y la caída de Podemos, la vía libre para un proyecto de involución de la sociedad española que había sido dispuesto desde principios de este siglo, a imagen y semejanza del America for a new century.

El intento independentista catalán fue leído por parte del Estado profundo español como el 23F de Felipe VI, es decir, como la manera de acabar con el clima de cuestionamiento a las estructuras políticas y económicas a raíz de la gran crisis. De ahí que lejos de buscar la resolución del conflicto se quiera que este no acabe, manteniéndolo en un estado latente donde el enfermo experimente recaídas puntuales que permitan intervenir a los cirujanos de campo. El independentismo catalán es fruto de la crisis de régimen de la política española, y nadie duda de su autonomía como proceso político y social, pero también la forma en que sus sectores más reaccionarios pretenden superar esa crisis. La maniobra no está exenta de riesgos, pero escuchen a Franco y Millán Astray trazando tácticas en la última película de Amenabar y saquen sus conclusiones con el debido distanciamiento histórico entre uno y otro contexto.

La sentencia del Tribunal Supremo, de hecho, recoge este espíritu de forma precisa. Es paradójica en cuanto a que reconoce que la República catalana fue una ensoñación posmoderna de política blanda, esto es, narrativa pero sin asiento en lo material. Lo que no implica para que aplique la ley de forma absolutamente dura como si ese intento independentista hubiera sido trazado con todas las previsiones que hubiera requerido, repetimos, contando con fronteras, financiación, defensa y acuerdos internacionales. Apena, como opinión personal, que unos políticos que no pensaron nunca utilizar la violencia para conseguir sus objetivos paguen su escapada hacia delante, su ensoñación narrativa, su chapuza, con unas penas de cárcel tan desaforadas. Pero es que pusieron su cabeza debajo del hacha del verdugo: el resultado, y más tratándose de España, no puede sorprender.

Lo interesante es ver, también, cómo el fallo del Supremo tiene una lectura sociopolítica que sienta un precedente peligrosísimo al sentenciar no sólo al independentismo sino a la resistencia pacífica y afectar al derecho de reunión y manifestación. A partir de ahora acciones como la paralización de desahucios, los piquetes sindicales, la protesta con componentes como el corte de vías públicas o frente a edificios oficiales, pueden considerarse actos de sedición. Nadie da puntada sin hilo y menos los grandes poderes económicos de un país, que se vieron amenazados por el ambiente levantisco entre los años 2011 y 2014.

El Procés está oficialmente muerto, levantando la sentencia de ayer acta de defunción del mismo, aunque ya llevara desde el 2017 boqueante por inanición de futuro. El independentismo en cuanto a sentimiento social no, ya, eso sí, más centrado en la frustración que en la esperanza, más en el soberanismo mítico que cívico. Hay algo especialmente inquietante, la aparición de un etnicismo aún minoritario pero cada vez más patente: soy catalán independentista no en cuanto a la pretensión de nacionalidad propia, sino en cuanto a unas supuestas virtudes intrínsecas opuestas a los deméritos de los españoles, no sabemos si culturales o incluso genéticos.

El rojigualdismo, que no es aprecio a España, sino la vertiente reaccionaria y canalla que oculta el proceso de involución política construyendo a la contra de catalanes y vascos, está ya disponible para ser utilizado cuando sea menester, aunque ahora por motivaciones electorales se atenúe: la gente está más harta de la incertidumbre que asustada por el "se rompe España". Esperen a la próxima crisis y a las protestas por los nuevos recortes que los sacerdotes del FMI nos exigirán. El "A por ellos, oe" se escuchará alto y el objeto de la ira no será tan sólo el independentismo.

En una época donde la desigualdad se encubre con las diferencias individuales, mucha gente reacciona buscando el asidero en la nación, otros en la religión, nadie apenas en la clase social. En momentos carentes de memoria nadie quiere mirar al pasado reciente, por temor a descubrir ser partícipes de un fraude embanderado. En años en los que lo sentimental se alza sobre lo razonable nadie desea contextos desde los que poder contradecir a quien hizo promesas que supo que nunca iba a poder cumplir, a quien atajó un conflicto político como un choque bélico. Vivimos días confusos en los que nadie quiere que le pinten como es, en los que se aspira a un retrato tan heroico como falso.

Ustedes deciden si quieren ser equidistantes frente a este camino al precipicio o tomar partido en contra.

Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de RT.