Wilson García Mérida *

Adital - 

 

Kissinger y su socio Thomas McLarty, junto a un estudio jurídico que cuenta entre sus empleados a ex embajadores norteamericanos, han montado desde Miami una red de protección en favor de los genocidas bolivianos, conspirando además para imponer la entrega del gas natural a Chile tal como exigen las transnacionales. Este mismo grupo promueve el retorno del banzerista Jorge “Tuto” Quiroga a la Presidencia de Bolivia

 

Una logia de banqueros agrupados en el “Council on Foreign Relations” (CFR), un centro de investigaciones pseudo académicas montado por la CIA bajo la cobertura del “Center for Strategic & International Studies” (CSIS), un grupo de presión de empresarios ultraderechistas  (Florida FTAA) que intenta convertir a Miami en la sede mundial del ALCA, un instituto para el “Diálogo Interamericano” que le pone protocolo al asunto organizando seminarios de alto nivel internacional, y un poderoso estudio jurídico, el “Steel Hector & Davis”, que cuenta entre sus empleados a una decena de ex embajadores norteamericanos en países de Latinoamérica; todos éstos bajo el padrinazgo directo del ex secretario de Estado Henry Kissinger y del político – empresario Thomas McLarty, forman la red de protección que pretende impedir la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y su ex ministro Carlos Sánchez Berzaín para que rindan cuentas, ante la justicia boliviana, por los crímenes políticos y económicos que cometieron durante el régimen que cayó en octubre del 2003.

El consorcio “Kissinger McLarty Inc.” es además el grupo de looby más importante de Estados Unidos que opera viabilizando los intereses de las transnacionales en el mundo entero, y atiende hoy entre sus clientes prioritarios a las compañías petroleras Sempra Energy y Pacific LNG, que presionan para obtener el gas natural de Bolivia mediante un puerto chileno.

 

Rocha, abogado petrolero

 

El articulador central en esta doble estrategia —de garantizar impunidad a los genocidas de octubre y de imponer a toda costa el trasvase del gas boliviano a Chile (promocionando además el retorno de Jorge “Tuto” Quiroga a la Presidencia de Bolivia)—, es el ex embajador en La Paz Manuel Rocha, quien, tras jubilarse prematuramente de la carrera diplomática, fue incorporado al staff de abogados de la firma “Steel Hector & Davis LLP”.

 

Rocha cumple también funciones como “consejero internacional” sobre terrorismo y sobre el “plan” de transición en Cuba sirviendo al consorcio “Kissinger Mc Larthy Inc.” con sede en Nueva York.

 

De acuerdo a las fuentes que El Nuevo Heraldo de Cochabamba dispone en Florida, el ex embajador abrió sus oficinas en la suite 4000 de la céntrica South Biscayne Boulevard de Miami, habiéndose incorporado como socio abogado de “Steel Hector & Davis” en noviembre del 2002, a poco de retirarse de su misión diplomática en La Paz. Se sabe también que tras fugarse de Bolivia en octubre del año pasado, el ex ministro Sánchez Berzaín fue invitado por Manuel Rocha para trabajar en ese estudio jurídico de Miami como “asesor externo”.

 

El ex embajador llegó a convertirse, entre los más de 200 abogados con que cuenta “Steel Hector & Davis”, en uno de los principales especialistas sobre temas petroleros. En julio del 2003 Manuel Rocha, como abogado de dicha firma, fue enviado a la República Dominicana (país en el cual también cumplió una misión diplomática a comienzos de los 90) para promover “el fin de los carteles petroleros estatales” en el marco de los tratados de Libre Comercio.

 

Un bufete de ex embajadores

La estrategia de la firma “Steel Hector & Davis” para alcanzar eficacia en favor de sus clientes multinacionales es incorporar en su staff de expertos a ex embajadores norteamericanos que cumplieron misiones en países de Latinoamérica. De hecho, en julio de este año fue contratada como consejera jurídica de esta firma la señora Donna Hrinak, luego de ser embajadora en los países petroleros de Bolivia, Venezuela y Brasil. 

 

Además de Manuel Rocha y Donna Hrinak, “Steel Hector & Davis” tiene como empleados a por lo menos una decena de ex embajadores, entre los que figuran, por ejemplo, los nombres de José Klock Junior, Paul Valdez-Fauli, Alejandro Peña Prieto y Carlos Stroeter, junto a otros ex funcionarios del Departamento de Estado que cumplieron tareas diplomáticas en varios países latinoamericanos.

 

Actualmente “Steel Hector” tiene bufetes asociados en Buenos Aires, Caracas, Key West, Londres, Miami, Río de Janeiro, Santo Domingo, Sao Paolo, Tallahassee, Tel Aviv y West Palm Beach, ciudades donde defiende los intereses de clientes de la talla de Telecom, Sempra, Betchtel, Repsol, Bauxilium-Pechinet, o de grupos bancarios como el Citibank, Barclay y el Banco Internacional de Miami, entre muchos otros.

 

La sección argentina es la más nueva integrada a este consorcio. “Steel Hector” inauguró su agencia de Buenos Aires en julio del 2002 asociándose con el bufete de la familia Bunge, en coordinación con el ex diplomático Valdez-Fauli como contraparte de Miami. Posteriormente debía abrirse una agencia en Bolivia, en unión con el bufete “Sánchez Berzaín Asociados” de Cochabamba; pero la crisis de octubre frustró ese plan que debió ser coordinado por Manuel Rocha como contraparte.

 

Kissinger, el señor de los anillos

 

El bufete de los ex embajadores es sólo una tuerca en el monstruoso engranaje montado desde las alturas del emporio “Kissinger McLarty”.

 

Henry Kissinger, promotor de la guerra del Vietman y célebre por su influencia en el viraje de China comunista hacia la economía de libre mercado, siendo Secretario de Estado en los gobiernos de Richard Nixon y Gerald Ford, convirtió su prestigio diplomático internacional, que le granjeó incluso el Premio Nobel de la Paz, en un suculento negocio. 

 

Su entorno inmediato está conformado por el “Council on Foreign Relations” (CFR), una logia de banqueros liderada por el financista Alan Greenspan. El CFR, según informa su apologista Noah Hutchings, surgió en los años 40 como un grupo de presión para influir sobre las decisiones de la naciente ONU después de la Segunda Guerra Mundial.

 

Actualmente el CFR tiene una agencia especial para “atender y controlar” potenciales conflictos en la zona andina, a cargo de los expertos militaristas Richard Haas y Julia Sweig, quienes hoy realizan tareas de relaciones públicas en favor del ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada.

 

Durante los años 80 y 90, Kissinger, siempre apoyado por el CFR, se vio envuelto en varios escándalos financieros como el caso de la quiebra fraudulenta del BCCI, un banco que era investigado por lavado de dinero y cuyas repercusiones llegaron incluso a Bolivia provocando la clausura del otrora prestigioso Banco Boliviano Americano (BBA).

 

En 1995, según datos que difundió el riguroso analista londinense Issac Bigio, Henry Kissinger fue contratado como asesor de la Unión Oil Company of California (Unocal) y la multinacional saudita Delta, para negociar la construcción de un gasoducto entre Turkmenistán y Afganistán que transportaría el gas turkmeno hacia Pakistán, mercado controlado por Estados Unidos. En esa negociación, informa Bigio, se logró que el gobierno afgano del mullah Omar estableciera contactos con el gobierno de Clinton que, influido por Kissinger, intentó pasar por alto las objeciones de los organismos de derechos humanos ante los abusos de la teocracia talibana. Los talibanes habían inclusive viajado a Washington para negociar el uso de su territorio en la construcción del gasoducto. La situación cambió con la llegada de Bush junior al poder, quien optó por la guerra para imponer los intereses norteamericanos en Afganistán. Ya a  fines de 1998, Unocal, por recomendación de Kissinger, comenzó a retirarse del consorcio pro-gasoducto afgano. “El problema que tenía Unocal para invertir en Afganistán es que para ello se requería de un reconocimiento previo de Washington hacia los talibanes”, afirma Bigio; pero las hostilidades de Bush hacia el régimen teocrático eran incesantes hasta que llegaron los ataques del 11 de Septiembre. Tras la invasión norteamericana a Afganistán, Unocal ha retomado su proyecto del gasoducto turkmeno y Kissinger continúa como asesor de dicha empresa.

 

De Unocal a Sempra Energy

 

Luego de su fracasada negociación con los talibanes, Unocal volcó su mirada hacia Sudamérica y en especial a Bolivia, donde, como resultado de la Ley de Capitalización dictada por Sánchez de Lozada, las transnacionales habían detectado una reserva incalculable de gas natural, principalmente en los campos de San Alberto y Margarita sobre el departamento boliviano de Tarija. 

 

Debido a que la imagen internacional de Unocal se había deteriorado por su sinuosa participación en el conflicto afgano, el grupo inversor de esta corporación fundada en 1890 decidió intervenir en “Sempra Energy Corporation”. Unocal y Sempra Energy están ligados a un poderoso grupo financista liderizado por el Morgan Chase Bank. Unocal, a través de su antigua subsidiaria  SoCalGas, transfirió a Sempra el “know how” tecnológico y comercial desarrollado en más de cien años y le cedió el control del mercado energético en un área de comprende el sur de California, San Diego y el golfo de México, donde actualmente la nueva empresa provee de electricidad y otros servicios energéticos a más de 10 millones de consumidores.

 

El personal jerárquico de Sempra Energy también ha sido provisto por Unocal. Por ejemplo el presidente de la subsidiaria Sempra LNG, encargada de construir las terminales de recepción del gas natural líquido en Cameron y la Costa Azul de Baja California,  es el ingeniero Darcel Huce, quien, hasta 1999, presidió las subsidiarias de Unocal en el Asia del Pacífico con sede en Singapur, desde donde Unocal logró controlar los yacimientos de Tailandia, Vietnam e Indonesia.

 

Otro hombre importante en la estructura ejecutiva de Sempra es el financista industrial Neal Schmale, quien acaba de ser nombrado Vice Presidente Ejecutivo de Sempra Energy. Entre 1997 y 1998 Schmale fue el principal oficial financiero de SoCalGas (la intermediaria entre Unocal y Sempra) y también fue gerente financiero de la propia Unocal.

 

Sempra en Sudamérica

 

Esta empresa californiana ha expandido sus actividades hacia el Sur de manera intensiva, haciendo depender sus inversiones energéticas de la virtual factibilidad de acceder a la materia prima boliviana (LNG). Sempra Internacional, como subsidiaria de Sempra Energy Global Enterprises, es propietaria en Argentina del 43% de acciones de las empresas distribuidoras de gas natural, Sodigas Pampeana, Sodigas del Sur y el grupo Camuzzi, que en conjunto controlan un tercio del gas natural que se distribuye en el centro y el sur argentino con un mercado de más de un millón de usuarios.

 

En el Perú, asociada paritariamente con la también norteamericana PSEG Global,  Sempra Energy International controla el 85% de las acciones de Luz del Sur, la segunda distribuidora de electricidad más grande del país incaico que provee energía a más de 700 mil usuarios en la zona sur metropolitana de Lima y un tercio de toda la electricidad utilizada en el territorio peruano.

 

Y en Chile, Sempra Energy International y PSEG Global son propietarias conjuntas de Chilquinta Energía S.A., la tercera distribuidora de electricidad más grande de aquel país. Chilquinta Energía y sus filiales brindan servicios a 470 mil usuarios en el centro de Chile. Las dos socias estadounidenses también son propietarias de Energas —que distribuye gas natural a 34 mil usuarios de Chile— y Tecnored, empresa de servicios energéticos.

 

Sin embargo, tras los acontecimientos suscitados en Bolivia en octubre del 2003 y ante la incapacidad de los socios de Sempra agrupados en el consorcio Pacific LNG (Repsol, British Gas y British Petroleum) para trasvasar el gas boliviano a puertos chilenos, la empresa californiana anunció a comienzos de este año su decisión de abandonar los países andinos y ceder la totalidad de sus acciones a PSEG Global, la cual a su vez, sin embargo, a través de su representante el empresario chileno Eduardo Novoa, anunció que invertirá 15 millones de dólares para instalar una turbina a gas natural de 47 megawatts  en la Provincia de Concepción, cerca a la frontera con Argentina.

 

La conexión Florida-Chile

 

En el proyecto de Sempra y Pacific LNG, la construcción del gasoducto entre Bolivia y Chile es de estratégica importancia, como lo fue a mediados de los noventa el gasoducto turkmeno de Unocal entre Afganistán y Pakistán. Las razones, a parte de económicas por las bajas inversiones que implicaría ese proyecto respecto a la alternativa de un extenso gasoducto al Perú, son fundamentalmente de naturaleza geoestratégica. 

 

A Estados Unidos le es inconveniente una alianza energética entre dos países andinos como Perú y Bolivia, donde prevalece una población mayoritariamente indígena, quechuas y aymaras, ligados además al cultivo de la hoja de coca contra la cual Estados Unidos ha establecido desde hace décadas una guerra mal llamada “contra las drogas”. Controlando el gas natural y manteniendo el cultivo de coca, las poblaciones indígenas de Bolivia y Perú se alinearían irremediablemente al “Eje del Mal” que tanto obsesiona a los norteamericanos. Sólo Chile, con su sólida economía de libre mercado, su dinámico comercio, sus modernizadas instituciones, su poderoso ejército y su voraz hambre de energía gasífera, puede actuar como un dique de contención ante el ascenso indígena de los Andes perú-bolivianos. Por ello, el gasoducto boliviano debe necesariamente desembocar en un puerto chileno para fortalecer a la propia economía de ese país que atraviesa una desesperante crisis energética como efecto de su acelerado crecimiento industrial. Este es un razonamiento inamovible entre las empresas norteamericanas, convertido en razón de Estado y en cuestión jurídica. Y es aquí donde la corporación “Kissinger McLarty” comienza a jugar un rol decisivo. 

 

Thomas McLarty, el socio de Henry Kissinger en este malévolo lobby, es el encargado de llevar adelante la operación LNG de Bolivia a Chile, jugando sus propias cartas. 

 

McLarty es un empresario automotriz, dueño de la compañía “Asbury Automotive Group” de Arkansas que pretende liderizar la sustitución de gasolina contaminante con combustibles limpios como el gas natural; y por ello mismo ha desarrollado fuertes inversiones  en el sector energético como accionista principal de “Arkla Gas Inc.”.

 

Siguiendo el ejemplo de Kissinger, su mentor y socio, McLarty también incursionó exitosamente en la política internacional como consejero de asuntos hemisféricos en los gobiernos demócratas de Jimmy Carter y Bill Clinton, así como en el republicano del actual presidente George Bush.

 

En 1998, como enviado de Clinton, McLarty fue quien organizó la Cumbre de Las Américas celebrada en abril de ese año en Santiago de Chile, donde se definieron las primeras pautas del Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA).

McLarty tiene intereses creados dentro la economía chilena como socio del potentado Andrónico Luksic con inversiones mineras y energéticas, tal el caso de la mina La Escondida y el del gasoducto TransAndino que lleva el gas de Argentina a Chile.

 

El socio de Kissinger es también uno de los principales promotores del Tratado de Libre Comercio (TLC) que se aprestan a suscribir los gobiernos de Estados Unidos y Chile. Asimismo, McLarty lideriza un grupo de presión conformado por empresarios ultraderechistas, “Florida Free Trade Area of Américas” (Florida FTAA), que pugna por imponer a Miami como sede mundial del ALCA. Y no es casual por ello que sea Miami la base de operaciones del consorcio “Kissinger McLarty” para lograr la construcción del gasoducto Bolivia – Chile en una estrategia que cuenta con el respaldo bien pagado de “operadores” como el ex embajador en La Paz Manuel Rocha.

 

Resulta interesante observar cómo, en la lista de afiliados a la Cámara de Comercio Chileno Americana, entre más 250 compañías estadounidenses, figuran firmas como Bacardi, el Banco de Crédito de Inversiones de Miami, Bechtel Corporation, CFR, Lockeed Martin, Sempra Energy, e incluso Steel Hector & Davis (que aún no actúa oficialmente en Chile) y Florida FTAA. Estos grupos poseen agencias operativas en Miami y Santiago; y todas ellas tienen vinculaciones con la red montada por “Kissinger McLarty Inc.”