A propósito de los derechos humanos

Hijos de inmigrantes son víctimas de injusticias

MARIELA PÉREZ VALENZUELA

Alejado de acuerdos internacionales u otras iniciativas que supongan un compromiso con la Humanidad, como el derecho a una infancia feliz, Estados Unidos tiene hoy poco que mostrar al mundo a favor de los niños.

A diferencia de Cuba, pequeña en tamaño pero inmensa por todo lo que hace por sus infantes, la administración derechista de George W. Bush ofrece un incierto futuro a miles de menores hijos de inmigrantes, víctimas de la pobreza y la discriminación de un sistema que los margina y priva de sus facultades como ciudadanos estadounidenses.

¿La razón? Aunque nacieron en territorio de la Unión, ellos tienen el estigma de ser descendientes de personas que emigraron a Norteamérica en busca de mejores oportunidades de vida. Sin embargo, la realidad es otra y los obliga a trabajar para que la familia sobreviva, pues sus progenitores sienten en carne propia la iniquidad en un país cuyo Gobierno se autoproclama defensor de los derechos humanos.

Estados Unidos es uno de los pocos países que aún quedan sin ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño. Su absoluto desinterés por una cuestión tan sensible y humana la demostró, una vez más, en la 60 Comisión de Derechos Humanos de la ONU, cuando se opuso al proyecto de resolución sobre el tema.

Entre 300 000 y 800 000 infantes descendientes en su mayoría de familias hispanas inmigrantes son mano de obra barata en granjas norteamericanas, donde ejecutan actividades consideradas de alto riesgo para su edad.

Al analizar la situación de la niñez en el mundo en un informe divulgado hace pocos días, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) mencionó el caso de esos pequeños norteamericanos, pero sin entrar en mayores detalles, tras comentar que los niños trabajadores existen tanto en los países ricos como en los pobres.

Sin embargo, este tema ha sido motivo de otras investigaciones, las cuales precisan que en la nación norteña los inmigrantes conforman el 11% de la población total del país y sus hijos representan el 22% de 23,4 millones con edades de menos de seis años, y constituyen, además, un porcentaje significativo de la población entre 6 y 17 años.

El New Urban Institute de Washington señala en un reciente reporte que la prole de los inmigrantes vive en hogares de bajos ingresos, tiene menos acceso a los servicios de salud que los nacidos de padres oriundos de Estados Unidos, y sus progenitores devengan salarios más bajos.

Estos grupos enfrentan mayores problemas con la alimentación y sus necesidades de vivienda son cada vez más crecientes; el rendimiento escolar de los infantes es inferior y el idioma se convierte en una barrera para la comunicación y la superación.

La salud y el bienestar de los niños es el título del informe en el cual el New Urban Institute precisa que unos 13 millones de menores viven con alguno de sus padres, quienes residen en calidad de indocumentado.

Al comparar la situación entre ellos y los descendientes de padres norteamericanos, el reporte precisa que entre 1999 y el 2002 el porcentaje de chicos cubiertos por programas públicos en salud se elevó del 45% al 57% en el estado de California.

En cambio, se detectó que el 7% de los nacidos de inmigrantes carecían de servicios habituales de salud, y recibían dos veces menos cupones de comida y de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas que aquellos cuyos progenitores nacieron en la potencia mundial.

El reporte advierte que muchos de los asuntos que el Congreso de Estados Unidos discutirá este año, como salud, educación y acceso a servicios del Gobierno, perjudican a los hijos de inmigrantes.

A María Elena Hincapié, directora de programas del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, no le sorprende que los menores de 6 años e hijos de indocumentados vayan a ser los más golpeados por las políticas federales de inmigración y las que regulan los servicios y beneficios médicos de salud.

El pasado febrero, ensu discurso anual ante el Congreso, Bush solicitó emprender definitivamente una reforma en el campo de la inmigración, y se opuso nuevamente a la amnistía para entre 8 y 12 millones de indocumentados residentes en Estados Unidos, la mayoría latinoamericanos, tal como piden líderes de la comunidad hispana.

Igualmente, anunció la desaparición o reducción de más de 150 programas relacionados, con gastos sociales, fundamentalmente para la ayuda a los más necesitados y la disminución de los fondos asignados al Departamento de Salud. En cambio, pidió aumentar en un 4,8% los gastos para la Defensa.