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Pozada Jiménez denuncia conducta ilícita de Fiscalía Municipal

25 de febrero de 2005

Isla de Pinos – www.PayoLibre.com – El preso político Rolando Jiménez Pozada, considerado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, víctima de la ola represiva de marzo-abril del 2003 que aún no ha sido enjuiciado, le escribe la siguiente carta a la Fiscalía de la República de Cuba que aquí reproducimos íntegramente:

Prisión “El Guayabo”, 15 de febrero de 2005

A: Fiscalía General de la República de Cuba

Por este medio yo, Rolando Jiménez pozada, asegurado con prisión provisional desde el pasado 25 de abril de 2003, en el Expediente de Fase Preparatoria (EFP) 173/2003, me dirijo a su órgano para denunciar la conducta ilícita de la Fiscalía Municipal de Isla de la Juventud.

En octubre del 2004, solicité a la Fiscalía del Territorio la toma de declaración a mi madre y hermanos, respecto a la cantidad de veces que infructuosamente busqué para incinerarlo, el documento que misteriosamente fue ocupado en el domicilio de mi madre, y por el cual se me imputa la supuesta comisión de un delito de: “Revelación de secreto concerniente a la seguridad del estado”.

Negándose el fiscal José Ángel Luis a la práctica de las diligencias solicitadas, pretextando que el EFP ya había sido elevado con las conclusiones provisionales de la Fiscalía para el inicio de la fase del juicio oral. Así mismo manifestó innecesarias la práctica de las diligencias solicitadas, por considerar que estas no aportaban ningún elemento relevante al proceso.

Esta conducta de la Fiscalía viola lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Penal (LPP), en relación al derecho que le asiste al acusado de solicitar la práctica de las diligencias que estime necesarias para su defensa. Por otra parte, el hecho de haber transcurrido desde aquel momento hasta la fecha más de 90 días naturales, demuestra la falsedad del pretexto esgrimido por la Fiscalía de no poder practicar las diligencias solicitadas por encontrase ya elevado el EFP para el inicio de la fase del juicio oral, puesto que aún no se me ha notificado las conclusiones provisionales de la Fiscalía, ni se ha fijado la fecha del juicio oral, violándose los términos ordinarios de la LPP.

La Fiscalía al negarse a practicar las diligencias por mi solicitadas, lo hace con el deliberado propósito de imposibilitarme que pueda esgrimir en mi defensa lo regulado en el Artículo 13.1 del código penal que establece como: “No sancionable la tentativa cuando el agente espontáneamente desiste del acto o evita el resultado delictuoso”, lo que quedaría demostrado con las declaraciones de mis familiares que se niegan tomar.

Calificar mi conducta de supuesta comisión de un delito de Revelación de secreto concerniente a la seguridad del estado, demuestra la incapacidad del sistema de justicia vigente en Cuba, no solo para impartir justicia con imparcialidad, sino también para proteger los derechos humanos de los ciudadanos cubanos. Porque en mi conducta no hay nada que constituya un peligro social, ni revela ningún secreto concerniente a la seguridad del estado, sino que el documento sólo expone la estructura, métodos y actuar ilícito del Departamento de la Seguridad del Estado en el municipio, demostrando como dicho órgano gubernamental viola las garantías constitucionales y los derechos humanos de los ciudadanos cubanos para imposibilitarles el ejercicio íntegro de sus derechos a fin de perpetuar el régimen injusto imperante en Cuba.

Más que un delito, es un deber moral de todo cubano denunciar toda conducta violatoria de los derechos humanos. Y la Fiscalía debiera sentar en el banco de los acusados a quienes, aun por mandato gubernamental, violen los derechos y garantías constitucionales de nuestros ciudadanos por medio de la violación ilícita del secreto de las comunicaciones o el empleo de otros medios o métodos clandestinos con iguales fines. Sin embargo, para desgracia de nuestro pueblo, la Fiscalía no está diseñada para la protección real de los derechos humanos de nuestra población, sino que es el instrumento represivo a través del cual se ejercita ilícitamente la acción penal en representación del estado, contra los que se niegan a someterse al régimen de servidumbre impuesto por la dictadura imperante en Cuba.

Razón por la cual, quienes osan de ejercitar la libertad de expresión denunciando las violaciones antes referidas, terminan siendo acusados de cualquiera de las tipicidades delictivas que arbitrariamente han sido incluidas en el código penal, para imposibilitar al pueblo cubano del ejercicio íntegro de la libertad de expresión, que tienen derecho como miembros de la gran familia humana.

Durante 22 meses, que se me ha mantenido en prisión provisional injustamente y sin permitírseme disfrutar del derecho al debido juicio y a la adecuada defensa, mi familia y yo hemos sido víctimas de torturas y violaciones de nuestros derechos humanos por funcionarios gubernamentales; a las que la Fiscalía ha contribuido con su silencio y negativa de ejercer la acción penal contra los comisores de estas conductas delictivas; promoviendo con ello un estado de indefensión para nuestras personas, al privarnos de la posibilidad de interponer un recurso eficaz para defender nuestra integridad personal de tales violaciones.

Por lo que me veo obligado una vez más, a ejercitar mi derecho como ciudadano cubano de recurrir a la Fiscalía, para reclamar la correspondiente reparación o indemnización por los daños y perjuicios que me han ocasionado los funcionarios gubernamentales, como represalia a mi negativa de ser cómplice del régimen oprobioso de servidumbre impuesto por la dictadura en Cuba y por mi decisión licita y justa de promover una transición democrática pacífica por medio de la cual, el pueblo cubano pueda disfrutar sin restricciones innecesarias del ejercicio íntegro de sus Derechos Humanos.

Firma: Rolando Jiménez Pozada