Cuba ha acumulado capital político promoviéndose como el campeón del orgullo regional latinoamericano, y como el enemigo constante de las políticas de los Estados Unidos. Curiosamente, Cuba, mientras citaba "diferencias ideológicas" con la junta militar que causó miles de desapariciones de 1976-1983, era un componente clave en la supervivencia de aquel gobierno militar. El gobierno de Fidel Castro apoyó a los militares, evitó que fueran condenados por organismos internacionales y mantuvo una callada complicidad con los abusos cometidos en Argentina por sus fuerzas armadas. 

Pragmatismo y "Solidaridad"

Aunque el gobierno cubano trataba de fingir una política exterior dictada por una adherencia estricta a una ideología revolucionaria, está claro que el impulso primario a las relaciones cubanas con la junta militar en Argentina no era de solidaridad con el pueblo argentino ni el respeto por los derechos humanos, sino simple pragmatismo político y convergencia con la posición de la Unión Soviética hacia Argentina.
A pesar de políticas brutales contra elementos izquierdistas y el pueblo en general en Argentina, los gobiernos militares de Argentina y la dictadura de Castro mantuvieron relaciones económicas de beneficio mutuo. Inclusive durante los años de mayor represión bajo Jorge Rafael Videla, los cubanos sostuvieron un comercio notable, importando $165 millones de pesos de mercancía argentina en 1976, $115 millones en 1977, y $77 millones en 1978. 
De hecho, el gobierno cubano informó secretamente al régimen militar que aunque no respaldaban golpes de estado, la toma de poder en Argentina por las Fuerzas Armadas fue visto en Cuba como un "cambio necesario" por el hecho de que unos "bandidos" (una referencia al gobierno Peronista) tomaron el poder y eliminaron la seguridad pública.
Estos beneficios económicos se desarrollaron durante una campaña publicitaria que pintaba al gobierno cubano como los campeones de los derechos humanos. Cuba tomó no solo una posición pasiva ignorando las violaciones de derechos humanos en Argentina, sino trabajó activamente en círculos diplomáticos para proteger al régimen militar de la crítica internacional sobre la política de tortura y desapariciones forzadas.
La posición cubana en la cúpula del Movimiento No-Alineado le permitió influir en un gran número de países; en parte por la presencia de Cuba estos países nunca condenaron a Argentina por violaciones a los derechos humanos. En las Naciones Unidas, los secuestros políticos y un número alarmante de "desaparecidos" en varios países provocaron algún interés y un deseo de tomar medidas. A pesar de los pronunciamientos oficiales de horror sobre las políticas implementadas para silenciar la oposición en Argentina, la influencia de Cuba con los numerosos países no-alineados, combinado con la presión de la Unión Soviética, bloquearon esfuerzos para mencionar a Argentina específicamente.   
Uno de los oficiales en la administración Carter que cabildeaba para una condena internacional enfatizó: "Tratábamos repetidamente por pasar una resolución condenando las patentes y consistentes violaciones de derechos humanos. Los argentinos y los cubanos trabajaban juntos durante el período de la junta argentina [para evitar una condena]."   Otro diplomático que luchó en Ginebra por una resolución en 1980 recordó, "Era una negociación difícil. Los rusos y los cubanos no querían hacer nada en contra de Argentina"   Los esfuerzos de estos aliados fueron exitosos: no hubo ninguna moción que mencionó la situación argentina específicamente. Cínicamente, Cuba respaldó la creación de una comisión especial en las Naciones Unidas para investigar similares violaciones de derechos humanos en Chile. Es evidente que para el régimen de La Habana, los derechos humanos son un tema político, usado para la conveniencia internacional de Castro y su régimen.
En una entrevista en 1981, Fidel Castro mostró un cinismo extraordinario, criticando a los Estados Unidos por "acercarse al gobierno...de Argentina…Están acercándose a regímenes evidentemente represivos, y han volcado la política de Carter, quien mantuvo una crítica [a] la tortura." 

"Grandes Diferencias"

Cuba hábilmente usaba a Argentina para su propio beneficio: cultivando capital político proclamando los derechos humanos como una prioridad de la revolución mientras protegía sus intereses económicos y sus propias prácticas represivas. El interés cubano en ocultar las prácticas brutales de los gobiernos argentinos surgió en parte por el reconocimiento de la similitud de la política doméstica de los dos regímenes, a pesar de las frecuentes reiteraciones de Fidel Castro al contrario. 
La represión siempre fue proclamada por los militares argentinos como una guerra contra la "subversión." En una conferencia en 1977, Generales de Brigada Carlos Alberto Martínez y L.A. Jáuregui explicaron esta calidad central en términos intencionalmente imprecisos:
"La subversión es toda acción clandestina o abierta, insidiosa o violenta, que busca la alteración o la destrucción de los criterios morales y la forma de vida de un pueblo, con la finalidad de tomar el poder o imponer desde él una nueva forma basada en una escala de valores diferente".
Esta definición indefinida del peligro al orden establecido es muy similar a los crímenes institucionalizados en las leyes cubanas. El Artículo 77 del Código Penal de Cuba establece el concepto criminal de "peligrosidad."  Un componente de la peligrosidad, la conducta antisocial, se define así:
"Se considera en estado peligro por conducta antisocial al que, habitualmente, mediante actos de violencia, o frases, o gestos, o por otros medios provocados o amenazantes o por su comportamiento en general, quebrante o ponga en peligro las reglas de la convivencia socialista...o perturbe con frecuencia el orden de la comunidad".
Esta estrategia de criminalizar toda acción que no conforme a la línea oficial fue un punto de concurrencia entre los dos gobiernos, y uno que justificó muchas de las violaciones de los derechos de sus propios ciudadanos.
Cuba y Argentina, bajo la junta militar, también limitaban el mundialmente reconocido derecho básico de la libertad de salir de su país.  En el Código Penal de Cuba, la ley sanciona la salida no autorizada del país:
"El que, sin cumplir las formalidades legales, salga o realice actos tendientes a salir del territorio nacional, incurre en sanción de privación de libertad de seis meses a tres años".
El Artículo 23 de la Constitución Argentina protege el derecho de salir del país, una libertad que fue una de las primeras bajas del golpe de estado que instauró al régimen militar. Mediante el Acta Institucional del 24 de marzo de 1976, se suspendió el derecho de opción para salir del país. El 29 del mismo mes, la Ley No. 21.275 estableció que:
"Quedan automáticamente sin efecto todas las solicitudes de opción para salir del país que se hayan presentado durante la vigencia de ese derecho, cualquiera sea la etapa en que se encuentre su tramitación".
La memoria colectiva del pueblo argentino siempre incluirá las políticas brutales que causaron miles de desapariciones entre 1976 y 1983. Trágicamente, hoy en día parece que muchos han olvidado que sus estimados amigos en La Habana contribuyeron de una manera clave al mantenimiento del régimen militar de aquella época. El Castrismo sigue imponiendo muchas de las mismas privaciones y abusos al pueblo cubano que causaron tanto dolor en Argentina. 

Eric Driggs González es un investigador en el Instituto de Estudios Cubanos y Cubano-Americanos de la Universidad de Miami.