Extraña alianza: relaciones cubano-argentinas en Ginebra, 1976-19831

Por Kezia McKeague

Año IV Número 50

10 de marzo de 2006

El rol de la Unión Soviética en la defensa de la dictadura militar argentina es bien conocido entre los expertos en derechos humanos,quienes notaron el desarrollo de una "alianza non santa". Menos conocido es el apoyo que dio Cuba al gobierno militar para impedir que se considere el caso argentino en Naciones Unidas.

Este Documento, basado en un capítulo de un futuro libro sobre las relaciones argentino-cubanas, intenta cubrir esa brecha en base a información de entrevistas personales, aterial de archivo histórico de Argentina y fuentes secundarias.

Kezia McKeague es Licenciada en Ciencia Política e Idioma Español de Wake Forest University (Carolina de Norte, Estados Unidos). Fue becaria de la prestigiosa "Reynolds Scholarship" y se recibió con la distinción Summa Cum Laude y con Honores en Ciencia Política. Ganó el primer premio para papers sobre Cuba de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana. Presentó sus trabajos de investigación en la conferencia de "Cuba Today" (en City University of New York) y en el congreso internacional de la Asociasión de Estudios Latinoamericanos.

Actualmente se encuentra cursando una Maestría en Estudios Internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella y es Investigadora Asociada de CADAL.

Documentos / CADAL 10 de marzo de 2006

Si bien sus relaciones no siempre fueron óptimas, Cuba y el último régimen militar argentino se acercaron en lo relativo a la sensible cuestión de los derechos humanos. Para la junta argentina, resultaba imperativo contrarrestar las críticas internacionales a la represión que siguió al golpe de estado en 1976. Este esfuerzo se centró en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra,donde el régimen anticomunista ironicamente halló respaldo diplomático entre sus adversarios ideológicos.

El rol de la Unión Soviética en la defensa Argentina es bien conocido entre los expertos en derechos humanos, quienes notaron el desarrollo de una "alianza non santa" (Tolley, 1983, p. 53). Menos conocido es el apoyo que dio Cuba al gobierno militar para impedir que se considere el caso argentino en Naciones Unidas. Este documento intenta cubrir esa brecha en base a información de entrevistas personales, material de archivo histórico de Argentina y fuentes secundarias.

La primera parte brinda un contexto sobre los principales cuerpos y procedimientos de derechos humanos de la ONU.Las siguientes secciones detallan la naturaleza e importancia del apoyo cubano a lo largo del período del régimen militar. La conclusión analiza varios factores que contribuyeron a la cooperación cubana con Argentina, argumentando que resultó principalmente de una evaluación pragmática de los intereses nacionales.

Procedimiento de Naciones Unidas

El cuerpo secundario del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC), la Comisión de Derechos Humanos se ha reunido en forma anual en Ginebra desde 1946. Consiste en representantes estatales, elegidos por períodos de tres años según una fórmula diseñada para asegurar una distribución regional equitativa. Entre 1967 y 1980, sumaron 32; con la reforma de 1980, los miembros de la Comisión subieron a 43 estados.

Los estados en vías de desarrollo dominan la Comisión,aunque no forman un bloque unido, a diferencia de los grupos relativamente cohesionados del Oeste y el Este durante la Guerra Fría. La débil coalición de países no alineados frecuentemente defendía a sus miembros mientras aprobaba investigaciones contra otros, pero también se fragmentaba sobre cuestiones decisivas en sus diferentes regiones. Según Tolley (1987), los delegados más partisanos, más allá de sus convicciones ideológicas, "a su turno profesan indignación a las flagrantes violaciones a los derechos humanos de sus enemigos, y luego defienden a sus aliados quejándose de una aplicación selectiva, de doble moral, y de intervención política ilícita en cuestiones domésticas" (p.202).

Esta clase de cálculos políticos son en gran parte culpables del tratamiento dispar de las violaciones de derechos humanos que mencionan los críticos de la Comisión. De hecho, muchos miembros son en sí mismos serios violadores de los derechos humanos, con el interés oculto, no sólo de impedir acciones sobre sus propias situaciones internas sino también en aplicar las normas de derechos humanos ocasional y selectivamente para debilitar los mecanismos generales y obtener ventajas políticas sobre sus adversarios.

Esto quizás sea el resultado inevitable de un órgano intergubernamental cuyos delegados deben promover el interés nacional sobre los derechos humanos cuando entran en conflicto. De todas formas, unos pocos gobiernos han adoptado políticas más imparciales, y, si bien las coaliciones de votación cohesivas pueden bloquear resoluciones propuestas, el impulso de una iniciativa generalmente requiere de la cooperación de otros (Tolley, 1987).

El compromiso sincero con la oposición a los principios de los derechos humanos también puede generar conflictos, como lo ejemplificó el énfasis occidental sobre los derechos civiles y políticos y la prioridad dada a los derechos económicos y sociales por los estados menos desarrollados (Tolley, 1984).

A diferencia de los representantes gubernamentales de la Comisión, los 26 miembros de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, el único cuerpo subsidiario de la Comisión, lo hacen por capacidad personal. Sin embargo, los críticos han sostenido que funcionan bajo presiones políticas similares "en concordancia con, sino de hecho, bajo las instrucciones de sus gobiernos" (Gardeniers, Hannum, & Kruger, 1982, p. 357). La independencia de la Subcomisión está de hecho restringida,aunque en forma indirecta, por el procedimiento de elección, que se realiza en la Comisión por postulación de los gobiernos (Hannum, 1981).

Algunos países postulan regularmente a empleados de sus ministerios de relaciones exteriores,mientras que otros, como los estados del bloque del Este durante la Guerra Fría, rechazan abiertamente el principio de expertos independientes (Forsyth, 1985).

Las capacidades de aplicabilidad de la Comisión y la Subcomisión, que inicialmente se limitaban a sí mismas a la mera promoción de los derechos humanos, descansa en dos decisiones de la ECOSOC: la resolución 1235, de junio de 1967, y la resolución 1503, de mayo de 1970. La resolución 1235 autorizó tanto a la Comisión como a la Subcomisión a solicitar información sobre violaciones y a estudiar situaciones que demuestren un esquema de violaciones flagrantes. Este procedimiento es público y no utiliza comunicaciones confidenciales como evidencia. La resolución 1503, por su parte, preveía un procedimiento confidencial para revisar las comunicaciones mediante un proceso de monitoreo en dos etapas. Un grupo de trabajo de cinco miembros, designado por la Subcomisión con un miembro de los grupos africano, asiático , Latinoamericano , europeo del este y europeo occidental, se reúne dos semanas antes de las sesiones de la Subcomisión en agosto para identificar los patrones consistentes de violaciones flagrantes y para Documentos referirse respecto de dichas situaciones a la Subcomisión en su totalidad. En sesiones privadas, la Subcomisión elige entonces las situaciones que serán referidas a la Comisión.

A su vez, la Comisión, puede mantener una situación bajo revisión, llevar a cabo una investigación en cooperación con el gobierno señalado o abandonar el procedimiento confidencial a favor del proceso público de la 1235 (Tolley,1987).

Así, la resolución 1503 creó un sistema internacional de reclamos que permite que solicitantes individuales y organizaciones no gubernamentales condenen las violaciones de derechos humanos en cualquier país. Activistas occidentales inicialmente alabaron al nuevo mecanismo,aunque pronto se dieron cuenta que su naturaleza confidencial permitía que los gobiernos represivos escaparan al significativo escrutinio (Tolley, 1984). En la práctica,regímenes como la junta militar argentina intentaron utilizar el lento y secreto procedimiento como escudo contra la censura pública. Aunque su preferencia natural era evitar una revisión en su totalidad, la segunda mejor opción era fingir cooperación con el proceso confidencial para frustrar cualquier debate público.

El Caso Argentino La campaña masiva de desapariciones forzosas lanzada por la junta militar argentina atrajo la atención de las Naciones Unidas apenas unos meses después del golpe de marzo de 1976. En su sesión anual en agosto, la Subcomisión aprobó una resolución que mencionaba a Argentina y expresaba preocupación acerca de la situación de derechos humanos y la apremiante situación de los refugiados (Guest, 1990).

La resolución representaba un revés para el embajador argentino en Ginebra, Gabriel Martínez, que estaba decidido a impedir tanto la crítica pública como las investigaciones confidenciales, por más ineficiente que fuera el procedimiento 1503. Durante los siguientes dos años, la estrategia militar argentina, fielmente implementada por Martínez en Ginebra, sería negar la legitimidad de todas las presiones internacionales por los derechos humanos (Sikkink, 1993).

El objetivo de Martínez durante este período fue la Subcomisión debido a su posición en el primer nivel de la jerarquía de la ONU para la protección de los derechos humanos. No había ningún cubano en la Subcomisión en ese momento, pero el miembro soviético jugó un rol crucial como uno de los cinco miembros de la subcomisión dentro del grupo de trabajo responsable de rever las comunicaciones.Para el año siguiente, arribaron a Ginebra cientos de comunicaciones sobre Argentina que fueron examinadas por el grupo de trabajo antes de la sesión de agosto de la Subcomisión. Allí, los miembros soviético,paquistaní y nicaragüense votaron a favor del gobierno argentino (a diferencia de los miembros de Estados Unidos y Ghana), impidiendo así cualquier acción sobre las comunicaciones por otro año (Guest, 1990).

Sin embargo, en 1978 el grupo de trabajo puso a Argentina en un listado preliminar de flagrantes violadores de los derechos humanos; los miembros soviético y paquistaní antuvieron su voto a favor del régimen militar, mientras que Estados Unidos, Nigeria y Colombia votaron en contra (Guest, 1990). En la Subcomisión completa, Mario Amadeo, el nuevo miembro argentino de la Subcomisión elegido el marzo anterior, argumentó que su gobierno necesitaba de más tiempo para revisar todos los casos individuales contenidos en las comunicaciones. Con los votos decisivos de los miembros Soviéticos y los no alineados, la Subcomisión decidió no enviar el caso argentino a la Comisión. Este triunfo de Martínez y Amadeo impidió cualquier investigación bajo el procedimiento 1503 por un año más, pero, en la próxima reunión de la Comisión en febrero de 1979, siete delegaciones occidentales presentaron públicamente el borrador de una resolución que pedía al Secretario General de la ONU que recolectara información sobre las desapariciones (Guest, 1990). Si bien Argentina todavía no era miembro de la Comisión, Martínez había cultivado contactos personales estrechos con los delegados no alineados y socialistas, que utilizó para bloquear la resolución occidental (entrevista, 15 de noviembre de 2005).

Con su apoyo, Martínez utilizó una típica estrategia para derrotar las resoluciones críticas: la introducción de una contrapropuesta acusando de violaciones a los opositores.

Su enmienda a la resolución occidental que apuntaba a Estados Unidos, fue presentada por los delegados no alineados y, siguiendo las reglas de la ONU, fue sujeta a votación antes de la resolución real. Tensas negociaciones hicieron colapsar al comprometido texto, y, como resultado,la cuestión se pospuso un año más.

Como uno de los miembros más influyentes, aunque controvertido, de los países no alineados en la Comisión,Cuba jugó un rol importante en la defensa que el movimiento de no alineados hizo al régimen argentino. El gobierno cubano mantuvo una delegación activa desde que logró la membresía en la Comisión en 1976 (Tolley, 1983), mientras que su elección a la presidencia del movimiento de no alineados en 1979 elevó su perfil entre los países en desarrollo. Junto con las mejoradas relaciones con la Unión Soviética hacia fines de la década de 1970, esta posición de liderazgo también estableció a Cuba como agente de negociación entre el mundo desarrollado y el bloque socialista (Erisman, 2000).

Para Martínez,Cuba también actuó como "interlocutor" entre la delegación argentina y las de Europa del Este (entrevista,15 de noviembre de 2005). Cuando Martínez necesitaba pasar un mensaje a un país del bloque del Este, generalmente le pediría al embajador cubano que fuera su mensajero. Cuba también ayudó a convenir reuniones de los delegados no alineados en nombre de Argentina. Dichos favores reflejaron una relación entre los representantes cubanos y argentinos en Ginebra, que Martínez describe como"óptima" y"extremadamente cercana" (entrevista). Despreocupados por las diferencias ideológicas, el apoyo fue mutuo, según Martínez. "Los cubanos siempre, siempre nos apoyaron, y nosotros los apoyamos a ellos" (entrevista).

Este apoyo de Cuba y los otros países no alineados y socialistas en la Comisión resultó crucial en febrero de 1979.

A pesar de su oposición ideológica a los objetivos no alineados, la junta militar se había mantenido en el movimiento para obtener el respaldo del grupo numéricamente importante en cuestiones como los derechos humanos y las Islas Malvinas. Su pragmatismo fue recompensado en 1979,como lo reconoció más tarde un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores:

"La evolución de la participación argentina en el Movimiento demuestra que ha sido como consecuencia de una actividad diplomática positiva y fértil que la República pudo lograr los apoyos necesarios para un tratamiento decoroso del caso argentino en la Comisión de Derechos Humanos,como consecuencia de la decidida actuación en su favor de los miembros No Alineados de la Comisión.

Ello se puso de manifiesto en el 35째 Período de Sesiones (febrero de 1979) poco tiempo después de la concurrencia del Ministro de Relaciones Exteriores, Vicealmirante Oscar Antonio Montes, a la Conferencia de Cancilleres realizada en Belgrado en julio de 1978." (Ministerio, 1982, p. 3)

Cambio de estrategia

Una vez más Argentina evitaba una investigación sobre la situación de los derechos humanos, pero Martínez reconoció que la creciente presión internacional hacía que cada vez fuera más probable una condena al régimen militar. Por ende recomendó a la junta un cambio de 180 grados en la estrategia: cooperación con el procedimiento 1503 para evitar el debate público sobre las desapariciones. Como parecía inminente una acción sobre el caso argentino,Martínez explotó la regla de confidencialidad como defensa contra una condena pública más vergonzosa. Para hacerlo,le pidió a Amadeo que hiciera que Argentina pierda la votación en la sesión de la Subcomisión de 1979 (entrevista, 15 de noviembre de 2005). A pedido de Amadeo, el miembro soviético del grupo de trabajo sobre comunicaciones revirtió su voto, enviando comunicaciones sobre Argentina ala subcomisión completa, donde, a su vez, eran remitidas a la Comisión.

En los meses entre la decisión de la Subcomisión y la próxima sesión de la Comisión en febrero de 1980, varios cambios en el clima internacional afectaron las políticas cubanas y argentinas. La sexta reunión de no alineados, llevada a cabo en La Habana en septiembre de 1979, ayudó a disipar una anterior controversia sobre el rol de Cuba en el movimiento,fortaleciendo sus reclamos de liderazgo del mundo en desarrollo. La invasión soviética de Afganistán en diciembre,sin embargo, tuvo un efecto opuesto. El voto cubano contra la condena de la Asamblea General de la ONU hacia la invasión distanció al régimen de la mayoría de los miembros no alineados y expuso la presión soviética sobre las políticas cubanas (Domínguez, 1989).

Para Argentina, la intervención soviética en Afganistán llevó a una mejor relación comercial y política con la superpotencia. Cuando el gobierno argentino se negó a adherirse al embargo de granos decretado por la Administración de Jimmy Carter, las exportaciones de la URSS se incrementaron drásticamente, solidificando la posición de Argentina como principal aliado comercial de Moscú en la región.

Si bien en la Asamblea General la junta votó condenando la invasión soviética y accedió al boicot de los Juegos Olímpicos en Moscú, los contactos bilaterales aumentaron en frecuencia y cordialidad. Estos nuevos niveles de cooperación pronto se hicieron evidentes en la sesión de 1980 de la Comisión. En sus esfuerzos por impedir una resolución en apoyo al disidente ruso Andrei Sakharov, Argentina se unió a Cuba como los únicos países latinoamericanos en apoyar a la Unión Soviética (Cohen,1982).

Respecto a la cuestión de las desapariciones, el grupo preliminar de cinco delegados de la Comisión a cargo de prever el informe de la Subcomisión pidió que la delegación argentina respondiera siete preguntas acerca del registro de derechos humanos del país. Cuando esta recomendación se discutió en privado en la Comisión completa, Brasil intercedió en nombre de Argentina. La resolución final fue suavizada, sencillamente pidiendo información acerca de personas desaparecidas (Bartolomei, 1994). Martínez parecía reivindicado en su estrategia de utilizar el procedimiento privado 1503, pero comenzó a aumentar el clima para una investigación temática sobre las desapariciones en el debate público.

El bloque occidental decidió tomar la iniciativa de presentar una resolución efectiva, aunque necesitaba algo de apoyo de países en desarrollo para poder contrarrestar la débil propuesta argentina, que esencialmente posponía cualquier acción por al menos un año (Guest, 1990). Finalmente, el bloque de no alineados aceptó la necesidad de crear un grupo de trabajo para investigar las desapariciones, pero no estaba preparado para apoyar el mecanismo fuerte y abierto que exigía el borrador occidental. Como resultado,el bloque occidental decidió ceder su liderazgo en la cuestión.

La delegación iraquí preparó una nueva propuesta que se convirtió en el foco de la discusión a lo largo de la cuarta semana.

Durante las desesperadas negociaciones que siguieron acerca del vocabulario de la resolución, Jerome Shestack,jefe de la delegación de Estados Unidos, se reunió con delegados cubanos para solicitar su apoyo. Shestack señaló la contradicción de la defensa cubana y soviética a la junta militar anti-comunista, sin embargo la respuesta cubana, según Shestack, fueron "malas excusas"."Intenté ponerlos de nuestro lado, pero no, apoyaron a Argentina", recordó Shestack (entrevista, 20 de febrero de 2005).

Entre los países no alineados, algunos reaccionaron a favor de la propuesta iraquí y otros lo hicieron neutral o desfavorablemente, pero la mayoría se interesaron en obtener un consenso (Kramer & Weissbrodt, 1981). El gobierno cubano, en particular, estaba ansioso de impedir un quiebre en el bloque dada su posición como líder del movimiento y la constante crítica a su apoyo a la invasión soviética de Afganistán. Para poder preservar una apariencia de unanimidad, Irak promovió que su resolución fuera adoptada sin un voto de relanzamiento del debate público, para que "esos países que podrían abstenerse o votar ‘no’ en una votación general no dejarían su posición registrada si la medida se aprobaba sin voto" (Kramer & Weissbrodt, 1981,p. 28). A pesar de los esfuerzos argentinos de introducir enmiendas para debilitar la resolución, se llegó a un acuerdo débil, que resultó en la aprobación de la propuesta iraquí sin votación.

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones se estableció así para examinar las desapariciones forzosas o involuntarias.

Consistía de cinco miembros de la Comisión que actuaban en sus propias capacidades, por un año. La delegación argentina fue obligada a consentir la creación de una investigación pública, aunque la investigación no se centró exclusivamente en Argentina. El informe del Grupo,presentado en enero de 1981, confirmó desapariciones en 15 países. La Comisión extendió el Grupo de Trabajo por otros tres años, aunque Martínez ganó una concesión en la sesión de 1981 con una resolución que solicitaba que todas las comunicaciones individuales fueran entregadas en privado.

La Subcomisión mantuvo el examen 1503 del caso argentino hasta agosto de 1983, cuando sacó a Argentina de la lista confidencial frente a la venidera transición democrática.

Explicación del apoyo cubano

Cuba y Argentina cooperaron en la Comisión de Derechos Humanos a pesar de sus conspicuas diferencias ideológicas.

¿Por qué un régimen comunista apoyó a una junta militar fervientemente anticomunista cuyo principal objetivo era eliminar la subversión de izquierda? La explicación más obvia es que ambos gobiernos violaban los derechos humanos de sus ciudadanos y por ende buscaban protegerse a sí mismos de las críticas y resistir cualquier expansión de los mecanismos de aplicación de la ONU. Este interés compartido fue seguramente una condición necesaria para la colaboración, pero no fue, en sí misma, causa suficiente.

Durante este período, de hecho, el gobierno cubano corría poco riesgo de ser investigado dado su equilibrio de poder favorable dentro de la Comisión, que impidió el debate sobre Cuba hasta 1987.

Las múltiples fuentes de cooperación cubano-argentina pueden comprenderse mejor examinando el contraste con la política cubana hacia Chile. El régimen militar chileno se convirtió en paria de las Naciones Unidas, sujeto a investigaciones específicas del país y a varias condenas públicas. Cuba, junto con el resto del bloque socialista y de la mayoría de los países no alineados, votó consistentemente a favor de esas resoluciones condenatorias.

La diferencia con Argentina no se relacionaba con los derechos humanos de los dos países, dado que la represión en Argentina fue incluso de mayor alcance (aunque más oculta) que en Chile.Sin embargo otras diferencias entre los dos regímenes militares explican la inconsistencia, demostrando que el apoyo cubano a Argentina se debía a más que al interés común en defender el principio de no intervención en cuestiones de derechos humanos.

Primero, los antecesores al gobierno militar en cada país eran considerablemente diferentes. El golpe de 1973 en Chile derrocó a un gobierno marxista que había desarrollado estrechas relaciones con Cuba, mientras que el golpe de 1976 en Argentina expulsó a un gobierno donde sectores de derecha habían iniciado una represión contra los grupos de izquierda. Para Fidel Castro, claramente había más motivos de hostilidad hacia los sucesores de Salvador Allende que hacia los que siguieron a Isabel Perón. El partido comunista argentino, que mantenía lazos cercanos con el gobierno cubano, hasta llegó a justificar la intervención de las fuerzas armadas como una respuesta necesaria a las caóticas condiciones políticas y económicas del momento (Vacs, 1984).

Segundo, los regímenes de Argentina y de Chile adoptaron políticas muy diferentes hacia Cuba. Al tomar el poder,Pinochet rápidamente rompió relaciones diplomáticas con La Habana y prohibió al partido comunista chileno. La junta argentina, por su parte ,evitó la confrontación, prefiriendo las relaciones políticas correctas y un comercio limitado con la isla. También les ahorró a los líderes comunistas argentinos de la persecución y permitió que el partido mantuviera sus oficinas y funcionara en el mismo estado de semi-legitimidad que el resto de los partidos de derecha y centro. En respuesta, Cuba puso fin al apoyo a los grupos guerrilleros en Argentina pero continuó apoyando el derrocamiento del régimen de Pinochet.

Las relaciones con la Unión Soviética constituyeron una tercera diferencia entre los regímenes chileno y argentino.La URSS nunca fue un mercado importante para Chile, y los dos países se negaron a establecer relaciones diplomáticas. Argentina, sin embargo, mantuvo un alto volumen de comercio con la Unión Soviética, que se convirtió en su cliente más importante en 1980. La demanda soviética Documentos de importaciones agrícolas también sentó las bases para algún tipo de colaboración en la esfera política, tal como lo ilustran los intercambios militares y la cooperación en cuestiones de poder nuclear (Blazier, 1987).

Estas diferencias claves entre los regímenes chileno y argentino explican la divergencia en la política cubana hacia los dos países en la Comisión de Derechos Humanos. La perspectiva conciliatoria de Argentina probablemente fue el factor más importante dado el objetivo de Cuba de normalizar las relaciones estado-estado con el hemisferio.

Mientras que la tercera variable puede haber influenciado en la toma de decisión de Cuba, resulta poco probable que el apoyo cubano hacia Argentina resultara directamente de la presión soviética. Académicos especialistas en Cuba generalmente rechazan la visión de que el Kremlin dictaba políticas hacia La Habana; a pesar de su dependencia de la ayuda económica soviética, el gobierno cubano actuaba más como un actor autónomo que como un satélite soviético (Duncan, 1985; Domínguez, 1989). Sin embargo, es bastante probable que los dos regímenes coordinaran sus políticas hacia Argentina, en particular durante fines de la década de 1970, cuando la estrategia cubana necesitaba de un alineamiento más estrecho con Moscú.

Desde la perspectiva argentina, habría tenido poco sentido político abstenerse del apoyo cubano. De hecho, el régimen militar buscó activamente aliados como Cuba para evitar el aislamiento internacional experimentado por Chile. De cara a las críticas de los gobiernos europeos y de la administración Carter, las alianzas típicas se invertían en Ginebra, con una junta anticomunista, pro-occidente acudiendo a países socialistas y en desarrollo para protegerse de las cuestiones de derechos humanos.

La membresía simultánea de Cuba en el bloque latinoamericano, el campo socialista y el movimiento de no alineados la ponía en una posición particularmente influyente para los intereses de Argentina.Si bien los dos regímenes ocupaban extremos opuestos del espectro ideológico, la personalidad del embajador argentino

en Ginebra puede haber ayudado a mitigar esta restricción en la relación. Martínez, que se describe a sí mismo como un tecnócrata y especialista en comercio sin filiación política,había desarrollado contactos amistosos con Cuba mientras trabajaba en la negociación del préstamo de Argentina a La Habana en 1973 (entrevista, 1 de diciembre de 2005).

Luego de su designación en Naciones Unidas realizada por Perón, Martínez cultivó una estrecha relación personal con Carlos Lechuga Hevía, el embajador cubano. De hecho,para el nacionalista Martínez, la protección de los intereses argentinos importaban mucho más que las distinciones ideológicas. Tras el golpe de 1976, según el ex ministro de Relaciones Exteriores Oscar Camilión, a Martínez se le brindó bastante discreción para solicitar apoyo donde fuera que pudiera encontrarlo en defensa del régimen (entrevista,6 de septiembre de 2005).Entonces, la respuesta afirmativa de la delegación cubana a la búsqueda de Martínez fue, después de todo, no tan sorprendente. Una convergencia básica de intereses hizo que Cuba estuviera dispuesta a condonar las violaciones de derechos humanos de Argentina, aunque otras motivaciones pragmáticas que tenían poco que ver con los derechos humanos determinaron el trato dispar hacia Argentina y Chile.

Estos incentivos se analizaron aquí en forma separada, pero en los cálculos de la política exterior cubana se fundieron para producir una extraña alianza en la Comisión de Derechos humanos de la ONU.

http://www.cadal.org/documentos/documento_50.pdf