Las personas se concentrarán en parque El Arbolito, de donde marcharán hasta la Procuraduría y luego hacia el Palacio de Carondelet (casa de Gobierno), subrayó.

   Advirtió que el pueblo está unido bajo los principios de "defensa de la soberanía nacional, a la vida, a los recursos naturales y a la dignidad amazónica".

  "Ojalá el Gobierno garantice el derecho a pronunciarnos y no vaya obstaculizar el reclamo", apuntó Quishpe, tras alertar sobre la presunta posibilidad de que la marcha pacífica sea reprimida por la Policía.
   Preside esta protesta el legislador, también de Pachakutik, Julio González, presidente del Comité Coordinador de la VII Cumbre Amazónica.

   González advirtió que esta manifestación constituye la antesala del paro nacional convocado para el día 15 de mayo en contra de Palacio y sus intenciones de negociar lo imposible por ley: la caducidad del contrato de la empresa norteamericana.

   Denunció que la administración insiste "en dar largas a la caducidad del contrato con la Oxy para beneficiar a la mencionada compañía privada sin importarle el perjuicio de cinco millones de dólares por día que causa al erario nacional".

   Con esta acción, se desconoce asimismo la resolución de todas las autoridades de la Amazonía", que en abril último reiteraron el cumplimiento de la ley nacional y la expulsión del país de la petrolera de Estados Unidos.

   En este contexto, movimientos sociales y populares anunciaron que pedirán un juicio político contra el jefe de Estado por la posible negociación extrajudicial con la empresa estadounidense.

   La solicitud de enjuiciamiento será extendida además al Procurador del Estado, José María Borja, quien el viernes pasado dijo que sería legal aceptar una negociación del convenio con la Oxy.

   La petrolera opera en el oriente ecuatoriano desde hace 20 años y extrae alrededor de 100 mil barriles diarios de crudo, de los cuales entrega al Estado el 12 por ciento.

   Esa empresa enfrenta un proceso judicial por vender en el 2001 el 40 por ciento de sus acciones a la canadiense EnCana sin previa consulta con el Gobierno, lo que puso en riesgo la vigencia de su contrato.