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General: Agencia bancada (financiada) por la CIA
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| De: tango (Mensaje original) |
Enviado: 23/05/2006 12:44 |
El apendice de la CIA dice que: Amnistía Internacional: Sin mejoras los derechos civiles y políticos en Cuba El gobierno mantuvo 'un control estricto sobre sus críticos y detuvo a varios defensores de los derechos humanos y disidentes políticos', dijo la organización. Agencias martes 23 de mayo de 2006 12:44:00 La situación de los derechos civiles y políticos no registró mejorías en Cuba durante 2005 y el régimen mantuvo las restricciones a la libertad de expresión, asociación y circulación, dice Amnistía Internacional (AI) en su último informe anual, presentado este lunes en Londres, informa EFE. La organización subrayó que cerca de 70 presos de conciencia permanecieron encarcelados en la Isla durante el pasado año y apuntó que no se realizó ninguna ejecución, aunque se mantiene la cifra de unos 30 condenados a muerte. El gobierno cubano, añadió AI, mantuvo "un control estricto sobre sus críticos y detuvo a varios defensores de los derechos humanos y disidentes políticos". No obstante, la organización destacó que la opositora Asamblea para Promover la Sociedad Civil (APSC) —que según sus líderes agrupa a unos 350 grupos— realizó en mayo una reunión nacional sin precedentes en Cuba. "Continuaron las detenciones y condenas de personas por la expresión pacífica de sus convicciones profundas, por lo que se las consideró presos de conciencia", agregó AI, que apuntó que otros disidentes salieron de prisión por razones de salud, como Mario Enrique Mayo Hernández, condenado a 20 años en 2003, y excarcelado con una licencia extrapenal el 1 de diciembre. Entre las detenciones de disidentes, la organización se refiere a la de René Gómez Manzano, uno de los líderes de la APSC, arrestado cuando supuestamente se disponía a participar en una manifestación en julio pasado, y quien continúa a la espera de juicio junto a otras ocho personas. También en julio, la policía detuvo a una veintena de personas en La Habana cuando participaban en un acto para conmemorar el hundimiento del remolcador 13 de Marzo, ocurrido en 1994, en el cual perdieron la vida unas 40 personas. Seis de los 20 detenidos permanecieron recluidos sin cargos y otro fue condenado a un año de prisión por "peligrosidad predelictiva", es decir, por lo que los tribunales del gobierno consideraron "proclividad" para cometer delitos y conducta "en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista". AI dijo en su informe que "se hostigó e intimidó a activistas de derechos humanos, disidentes políticos y sindicalistas", y los defensores de los derechos humanos "se enfrentaron a intimidaciones y detenciones arbitraria por motivos políticos". "Frecuentemente, estas agresiones las llevaron a cabo unos grupos casi oficiales, las brigadas de respuesta rápida, que presuntamente actuaron en connivencia con miembros de las fuerzas de seguridad", afirmó AI. La organización señaló que los periodistas independientes "estuvieron expuestos a sufrir intimidaciones, acoso y detención" y recordó que Reporteros Sin Fronteras sitúa en 24 la cifra de periodistas que estaban presos en Cuba al concluir 2005. Los disidentes continuaron sufriendo restricciones para viajar al extranjero, como las Damas de Blanco, el grupo de mujeres familiares de disidentes presos, que no pudo enviar una representación a Estrasburgo (Francia) en diciembre pasado para recoger el Premio Sajarov, concedido por el Parlamento Europeo. El embargo estadounidense, añadió el informe, mantuvo un efecto negativo sobre los derechos humanos, mientras que la situación económica se deterioró y el gobierno trató de suprimir la iniciativa empresarial privada al tiempo que lanzó una "enérgica campaña" para abordar el problema de la economía informal y la corrupción |
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De: mfelix28 |
Enviado: 23/05/2006 13:44 |
¡Que velocuda la de la Gusanería!
23-May-2006: Amnistía Internacional presenta hoy su informe 2006
Amnistia Internacional hara hoy la presentacion del Informe 2006 que ofrece una visión general del estado de los derechos humanos. Fuente: NEIKE.
Amnistía Internacional hará hoy la presentación del Informe 2006 en Londres. En Paraguay la presentación estará a cargo de Julio Torales, presidente de Amnistía Internacional Paraguay, Milva Rivarola y Stellamaris Cacace, ambas distinguidas defensoras de los derechos humanos.
¡Calro! Con tanta rapidez no les ha dado tiempo para obtener el verdadero informe.
No se preocupen, yo, con más tiempo lo pongo, entero, y de la web de A.I., en el siguiente mensaje. |
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De: mfelix28 |
Enviado: 23/05/2006 14:40 |
Amnistía Internacional
Cuba
http://web.amnesty.org/report2006/cub-summary-esl
Continuaron causando seria preocupación las restricciones a la libertad de expresión, asociación y circulación. Casi 70 presos de conciencia permanecieron encarcelados.
El embargo estadounidense siguió teniendo un efecto negativo en el disfrute de toda la gama de derechos humanos en Cuba.
La situación económica se deterioró y el gobierno trató de suprimir la iniciativa empresarial privada. Había más de 30 personas condenadas a muerte; ninguna fue ejecutada.
Información general
Cuba no mejoró la situación de los derechos civiles y políticos, lo cual causó una preocupación internacional creciente. En abril, tras un proceso muy politizado, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU condenó nuevamente la trayectoria de Cuba en materia de derechos humanos.
El gobierno mantuvo un control estricto sobre sus críticos y detuvo a varios defensores de los derechos humanos y disidentes políticos. Sin embargo, la Asamblea para Promover la Sociedad Civil –coalición de más de 350 organizaciones no gubernamentales independientes– llevó a cabo en mayo una reunión de disidentes sin precedentes en Cuba.
Las autoridades lanzaron una enérgica campaña para abordar el problema de la actividad económica informal y de la corrupción generalizada en el sector estatal.
Presos de conciencia
Continuaron las detenciones y condenas de personas por la expresión pacífica de sus convicciones profundas, por lo que se las consideró presos de conciencia. Algunas fueron excarceladas por razones de salud.
* René Gómez Manzano y Julio César López Rodríguez fueron detenidos junto con varias personas más en la capital, La Habana, tras participar en una manifestación pacífica contra el gobierno el 22 de julio. René Gómez Manzano, miembro de la Asamblea para Promover la Sociedad Civil, y otras ocho personas permanecieron detenidos en espera de juicio.
* El 13 de julio detuvieron a unas 20 personas cuando participaban en un acto pacífico en La Habana. Conmemoraban el desastre del remolcador 13 de Marzo, ocurrido en 1994, en el cual perdieron la vida unas 35 personas que trataban de huir de Cuba en dicha embarcación cuando, según informes, fue embestida por naves de las autoridades cubanas. Seis de las 20 personas detenidas permanecieron recluidas sin cargos, y una fue condenada a un año de prisión por «peligrosidad predelictiva», delito que se definía así: «Se considera estado peligroso la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista».
* El preso de conciencia Mario Enrique Mayo Hernández, condenado a 20 años de prisión en 2003, quedó en libertad condicional por razones de salud el 1 de diciembre.
Restricciones a la libertad de expresión, asociación y circulación
Se hostigó e intimidó a activistas de derechos humanos, disidentes políticos y sindicalistas. Frecuentemente estas agresiones las llevaron a cabo unos grupos casi oficiales, las brigadas de respuesta rápida, que presuntamente actuaron en connivencia con miembros de las fuerzas de seguridad.
Siguieron los ataques a la libertad de expresión y de asociación. Todos los medios legales de comunicación estaban bajo el control del gobierno, y continuaron proscritos los medios de comunicación independientes. Los periodistas independientes estuvieron expuestos a sufrir intimidaciones, acoso y detención por publicar artículos en el extranjero. También los defensores de los derechos humanos se enfrentaron a intimidaciones y detención arbitraria por motivos políticos.
Las leyes empleadas para detener a periodistas, relacionadas con la difamación, la seguridad nacional y la alteración del orden público, no cumplían con las normas internacionales. Según la organización no gubernamental Reporteros sin Fronteras, 24 periodistas estaban presos al concluir 2005.
* Óscar Mario González Pérez, periodista independiente, fue detenido el 22 de julio tras cubrir una manifestación. Al concluir el año continuaba recluido sin cargos.
Los disidentes continuaron sufriendo restricciones para viajar al extranjero.
* A Miguel Sigler Amaya, miembro del Movimiento Opción Alternativa, lo detuvieron en el aeropuerto internacional de La Habana cuando él y su familia estaban a punto de embarcarse en un avión con destino a Estados Unidos, aunque po짯seían visados de salida como refugiados políticos. Quedaron en libertad varios días después, y al final, el 5 de octubre, salieron de Cuba. Los hermanos de Miguel Sigler Amaya, Guido y Ariel, ambos presos de conciencia, continuaban cumpliendo sus condenas de 20 y 25 años respectivamente.
* En diciembre, a representantes de Las Damas de Blanco, grupo de mujeres familiares de presos que organizaban marchas todos los domingos desde marzo de 2003 exigiendo la excarcelación de sus esposos, hermanos e hijos, se les negó el permiso oficial para viajar a Estrasburgo, Francia, donde debían asistir a la ceremonia de entrega del Premio Sajarov del Parlamento Europeo a la Libertad de Pensamiento.
Amnistía Internacional
© AMNISTÍA INTERNACIONAL |
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De: mfelix28 |
Enviado: 23/05/2006 15:36 |
Este e otro de los informes, un pelín más largo, hay más cosas que contar: ( habla de muertes de civiles a manos de la poliica, de presoso sin juicio, de torturas, de brutalidad policial, carceles secretas,...).
Aun le falta mucho a Cuba, según A,I. para llegar a este "nivel"
Amnistía Internacional
Estados Unidos de América
Estados Unidos de América
Jefe del Estado y del gobierno: George W. Bush
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: firmado, pero se había declarado la intención de no ratificarlo
Convención de la ONU sobre la Mujer: firmada
Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU sobre la Mujer: no firmado
Hechos más destacados entre enero y diciembre de 2005
Guantánamo : Comisiones militares : Detenciones en Irak y Afganistán : Lugares de reclusión no revelados : Tortura y malos tratos fuera de Estados Unidos : Detención de «combatientes enemigos» en Estados Unidos : Presos de conciencia : El juicio de Ahmed Omar Abu Ali : Malos tratos y uso excesivo de la fuerza : Abusos contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero : Pena de muerte : El huracán Katrina: Otros motivos de preocupación : Visitas de Amnistía Internacional
Miles de personas siguieron bajo custodia estadounidense sin cargos ni juicio en Irak, Afganistán y en la base naval de Estados Unidos en Guantánamo, Cuba.
Se recibieron informes de la existencia de centros de detención secretos gestionados por Estados Unidos en lugares no revelados, donde los detenidos permanecían recluidos en condiciones que prácticamente constituían «desaparición».
Decenas de detenidos en Guantánamo comenzaron una huelga de hambre como protesta contra el penoso trato a que eran sometidos y por no poder acceder a los tribunales; según informes, algunos estaban gravemente enfermos.
Siguieron saliendo a la luz informes sobre muertes bajo custodia, tortura y malos tratos a manos de fuerzas estadounidenses en Irak, Afganistán y Guantánamo.
Pese a la existencia de pruebas de que el gobierno estadounidense había aprobado técnicas de interrogatorio que consti짯tuían tortura o malos tratos y «desapariciones», ningún alto cargo rindió cuentas al respecto, ni siquiera los que podían haber sido culpables de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad.
Se celebraron varios juicios de soldados de baja graduación acusados de cometer abusos contra detenidos; en la mayoría de los casos, las penas fueron leves.
Se recibieron informes de brutalidad policial y uso de fuerza excesiva en territorio estadounidense. 61 personas murieron tras recibir descargas de armas Taser de la policía, cifra que suponía un enorme aumento respecto a años anteriores. Fueron ejecutadas 60 personas, con lo que el total se elevó a más de 1.000 desde que se reanudaron las ejecuciones en 1977.
Guantánamo
Al concluir 2005, cerca de 500 detenidos de unas 35 nacionalidades seguían recluidos sin cargos ni juicio en la base naval estadounidense de Guantánamo; a la mayoría los habían capturado durante el conflicto armado internacional de Afganistán en 2001, y permanecían detenidos por sus presuntos vínculos con Al Qaeda o con el antiguo gobierno talibán. Entre ellos se encontraban al menos dos menores que tenían menos de 16 años cuando fueron puestos bajo custodia.
Una ley aprobada en diciembre (Ley sobre el Trato a los Detenidos, de 2005) suprimió el derecho de los detenidos en Guantánamo a presentar ante los tribunales federales estadounidenses recursos de hábeas corpus contra su detención o el trato recibido, permitiéndoles únicamente interponer determinados recursos contra las resoluciones de los Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente (véase infra) y las comisiones militares. La ley hacía peligrar la evolución de aproximadamente 200 causas pendientes de de짯tenidos que habían cuestionado la legalidad de su detención a raíz del fallo emitido en 2004 por la Corte Suprema de Estados Unidos en la que se les reconocía el derecho a interponer dichos recursos.
Ya en marzo, los Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente, órganos administrativos creados en 2004, determinaron que el 93 por ciento de las 554 personas detenidas en ese momento eran «combatientes enemigos». Los detenidos carecían de abogado que los representara, y muchos de ellos rechazaron concurrir a las vistas de los Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente, en las que se podían utilizar pruebas secretas u obtenidas mediante tortura.
En agosto, un número desconocido de detenidos reanudaron la huelga de hambre que habían comenzado en junio en protesta contra la imposibilidad de acceder a los tribunales y contra el penoso trato, incluidas palizas, que recibían a manos de los guardias. Se dijo que habían llegado a declararse en huelga más de 200 detenidos, aunque el Departamento de Defensa de Estados Unidos afirmaba que el número era mucho menor. Varios detenidos denunciaron haber sido agredidos verbal y físicamente mientras los alimentaban por la fuerza, y haber sufrido lesiones cuando los guardias les insertaron con brusquedad las sondas de alimentación por la nariz. El gobierno negó maltrato alguno. La huelga de hambre continuaba al terminar el año.
En noviembre, tres especialistas en derechos humanos de la ONU rechazaron un ofrecimiento del gobierno estadounidense de visitar Guantánamo, porque venía acompañado de restricciones incompatibles con el mandato habitual establecido para ese tipo de visitas.
Comisiones militares
En noviembre, la Corte Suprema de Estados Unidos, en su fallo sobre el caso de Salim Ahmed Hamdan, acordó revisar la legalidad de las comisiones militares creadas, en virtud de una orden presidencial, para juzgar a presuntos terroristas extranjeros. Sin embargo, se escogió a otros cinco detenidos de Guantánamo para ser juzgados por esas comisiones, que no eran tribunales independientes ni imparciales, sino órganos ejecutivos. Con estos cinco nuevos nombres, el número de personas designadas para comparecer ante las comisiones ascendía ya a nueve. El gobierno programó para enero las vistas incoatorias ante las comisiones de dos de los acusados. Uno de ellos era Omar Khadr, que tenía 15 años de edad cuando fue puesto bajo custodia y cuya salud mental, así como los presuntos malos tratos que había sufrido, seguía suscitando especial preocupación.
Detenciones en Irak y Afganistán
Durante el año, miles de «internos detenidos por motivos de seguridad» estuvieron recluidos sin cargos ni juicio en manos de fuerzas estadounidenses en Irak. El reglamento que regía las detenciones establecía que los reclusos debían ser puestos en libertad o transferidos a la jurisdicción penal iraquí en un plazo de 18 meses. También estipulaba que los detenidos podían continuar recluidos indefinidamente en manos de la Fuerza Multinacional liderada por Estados Unidos si mediaban «razones de seguridad imperativas y continuas». El Comité Internacional de la Cruz Roja visitó a algunos detenidos que estaban en centros de internamiento, pero no a los recluidos, inmediatamente después de su detención, en centros de privación de libertad de divisiones o brigadas estadounidenses.
En Afganistán, Estados Unidos seguía manteniendo en la base aérea de Bagram a cientos de detenidos bajo custodia militar, sin cargos ni juicio y sin acceso a familiares ni a abogados. Algunos llevaban así recluidos más de un año. Aunque el Comité Internacional de la Cruz Roja tuvo acceso a detenidos en Bagram, no lo tuvo a los detenidos recluidos en un número desconocido de bases de operaciones avanzadas estadounidenses. Se recibieron informes sobre malos tratos en esos centros, con prácticas como desnudar a los detenidos durante el interrogatorio y privarlos de la comida y el sueño.
Lugares de reclusión no revelados
Siguieron recibiéndose informes de que la Agencia Central de Información (CIA) estadounidense mantenía una red de centros de detención secretos en diversos países. Según se afirmó, en esos centros se recluía a personas en régimen de incomunicación, fuera de la protección de la ley y en circunstancias que prácticamente constituían «desaparición». Tres detenidos yemeníes dijeron a Amnistía Internacional que los habían mantenido recluidos en régimen de aislamiento durante un periodo de entre 16 y 18 meses en tres centros aparentemente gestionados por Estados Unidos en lugares desconocidos; sus casos sugerían que este tipo de detenciones no se limitaba a un número reducido de detenidos de «alto valor», como se sospechaba anteriormente. En noviembre, el Consejo de Europa inició una investigación sobre ciertos informes que mencionaban que la red de cárceles secretas de Estados Unidos incluía centros situados en la Europa del Este. Las autoridades estadounidenses rehusaron confirmar o negar estas afirmaciones.
Siguieron recibiéndose denuncias según las cuales Estados Unidos había intervenido en el traslado secreto e ilícito de detenidos de unos países a otros donde estaban expuestos a sufrir torturas y malos tratos.
Tortura y malos tratos fuera de Estados Unidos
Continuaron apareciendo pruebas de las torturas y malos tratos infligidos a detenidos en Guantánamo, Afganistán e Irak antes y después de los abusos de la cárcel de Abu Ghraib, en Irak, que habían salido a la luz en abril de 2004. Se publicó más información que describía las técnicas de interrogatorio aprobadas oficialmente en diversos momentos para su aplicación a detenidos en el contexto de la «guerra contra el terror». Entre ellas se encontraban el uso de perros para infundir miedo, el mantener a los detenidos en posturas en tensión, la exposición a temperaturas extremas, la privación del sueño y el aislamiento.
Fracasaron todos los intentos de lograr que algún alto cargo rindiera cuentas por los abusos cometidos. El informe final elaborado por el vicealmirante Church, inspector general de la Armada, sobre las técnicas de interrogatorio utilizadas en todo el mundo por el Departamento de Defensa, del que en marzo se publicó un resumen, concluyó que no se había encontrado «vínculo alguno entre las técnicas de interrogatorio aprobadas y los abusos contra los detenidos». El informe llegaba a esta conclusión pese a que muchas de las técnicas en cuestión violaban las normas internacionales que prohíben la tortura y los malos tratos. En la investigación Church no se entrevistó a un solo detenido o ex detenido, ni tampoco al secretario de Defensa Donald Rumsfeld. No se hizo ninguna investigación a la CIA, cuyas actividades continuaron envueltas en el secreto.
El ejército de Estados Unidos informó en marzo de que 27 muertes de detenidos bajo custodia estadounidense ocurridas en Irak y Afganistán durante incursiones, capturas o en centros de detención figuraban en las listas como homicidios confirmados o presuntos homicidios. Algunos casos se estaban investigando, mientras que otros habían sido remitidos a otros organismos o habían animado a recomendar el inicio de enjuiciamientos.
Otras fuentes, que incluían actas de tribunales e informes de autopsias, indicaban claramente que algunos detenidos habían muerto tras haber sido torturados durante los interrogatorios o después de ellos. También existían indicios de que los enjuiciamientos se habían visto obstaculizados por demoras y deficiencias en las investigaciones.
En marzo, la Unión Estadounidense para la Defensa de las Libertades Civiles (ACLU) y Human Rights First presentaron una demanda federal en favor de ocho hombres que habían sido torturados y maltratados en centros de detención del ejército estadounidense en Irak y Afganistán. Con ella intentaban conseguir una declaración que estableciera que el secretario Rumsfeld había sido responsable de violar las leyes de Estados Unidos y el derecho internacional. La demanda, que aún estaba pendiente al terminar el año, también pedía una indemnización para las víctimas.
Durante el año se celebraron varios juicios contra personal militar estadounidense –en su mayoría, soldados de baja graduación– acusado de abusos contra detenidos. A muchos de los procesados se les impusieron condenas que no reflejaban la gravedad de los delitos.
En marzo, el gobierno declaró nulo un informe de abril de 2003 del Grupo de Trabajo del Pentágono sobre Interrogatorios a Detenidos que establecía, entre otras cosas, que el presidente, durante operaciones militares, tenía la facultad de invalidar la prohibición internacional de la tortura en lo relativo a los interrogatorios. En noviembre, el Pentágono aprobó una nueva directiva que regulaba los interrogatorios y permitiría al ejército publicar un manual de campo revisado, largamente demorado. La directiva establecía que quedaban «prohibidos los actos de tortura física o mental». Sin embargo, no iba más allá de ordenar que los detenidos fueran tratados con humanidad, «según el derecho y la política aplicables». En diciembre, el ejército anunció que había aprobado un nuevo conjunto de métodos de interrogatorio secretos que se agregarían al manual de campo revisado. Aunque el manual prohibiría específicamente métodos como desnudar a los detenidos, mantenerlos en posturas en tensión durante periodos prolongados, privarlos del sueño y usar perros en los interrogatorios, existía preocupación por la posibilidad de que el anexo secreto pudiese incluir aún técnicas abusivas.
En diciembre, el Congreso aprobó un proyecto de ley que prohibía el trato cruel, inhumano o degradante contra las personas que estuviesen bajo la custodia o el control del gobierno de Estados Unidos en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, continuó la preocupación por el hecho de que, en el momento de promulgarse la ley, una declaración adjunta del presidente Bush reservó en la práctica el derecho del ejecutivo a hacer caso omiso de esta disposición por razones de seguridad nacional.
* En agosto y septiembre se celebraron en un tribunal militar los juicios de unos soldados estadounidenses acusados de someter a abusos a dos detenidos afganos, Dilawar y Habibullah, que habían muerto por múltiples lesiones causadas por un objeto contundente mientras los interrogaban en un sector de aislamiento de la base aérea de Bagram en diciembre de 2002. En diciembre de 2005 se había condenado a siete soldados de baja graduación a penas que oscilaban entre cinco meses de prisión y reprensión, pérdida de la paga y degradación. No se le imputó a nadie la responsabilidad por la comisión de delitos graves como tortura u otros crímenes de guerra.
Detención de «combatientes enemigos»en Estados Unidos
* ose Padilla –ciudadano estadounidense recluido sin cargos bajo custodia del ejército de Estados Unidos durante más de tres años– formaba parte de un total de cinco personas que fueron acusadas formalmente en un tribunal federal estadounidense en noviembre por cargos de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses en el extranjero y apoyo a terroristas. Los cargos no mencionaban la presunta conspiración para detonar una «bomba sucia» en una ciudad de Estados Unidos, acusación por la que se le había detenido originalmente. El Departamento de Justicia solicitó permiso a la Corte de Apelación para trasladar a Padilla al sistema penitenciario federal. Sin embargo, la Corte no estuvo de acuerdo y, en su lugar, ordenó tanto al gobierno como a los abogados de Padilla que presentaran sendos escritos sobre si debía retirar su fallo anterior, en el que había apoyado la facultad del presidente de mantener a Jose Padilla detenido indefinidamente como «combatiente enemigo». La cuestión aún no se había decidido al terminar el año.
* Ali Saleh Kahlah al-Marri, ciudadano qatarí, permaneció detenido sin cargos ni juicio como «combatiente enemigo» bajo custodia militar. En agosto se presentó una demanda en la que se alegaba que Ali sufría graves problemas de salud física y mental como resultado del trato recibido, que incluía privación del sueño, privación sensorial, encadenamiento punitivo, exposición al frío y trato irrespetuoso del Corán.
Presos de conciencia
* Kevin Benderman, sargento del ejército estadounidense, fue condenado a 15 meses de prisión en julio por negarse a volver a Irak. Su negativa se debía a su objeción de conciencia a la guerra, objeción adquirida durante su primer periodo de servicio en Irak. Su petición de que se le reconociese la condición de objetor de conciencia fue denegada, alegando que no se trataba de una objeción a la guerra en general sino a una guerra concreta.
* Camilo Mejía Castillo, Abdullah Webster y Pablo Paredes, ex soldados encarcelados por su objeción de conciencia a la guerra de Irak, fueron puestos en libertad durante el año.
El juicio de Ahmed Omar Abu Ali
Ahmed Omar Abu Ali, ciudadano estadounidense, fue condenado en noviembre por un tribunal federal de Estados Unidos por cargos de conspiración para cometer actos de terrorismo. El juicio fue defectuoso, ya que al jurado no se le permitió considerar las pruebas que respaldaban las afirmaciones de Ahmed Abu Ali de que su confesión en vídeo, sobre la cual el fiscal había basado casi exclusivamente sus argumentos, había sido obtenida mediante tortura en Arabia Saudí. Ahmed Abu Ali alegó que agentes del servicio de Investigaciones Generales del Ministerio del Interior de Arabia Saudí lo habían azotado y amenazado de muerte mientras permanecía recluido en régimen de incomunicación en ese país en 2003. Durante el juicio se presentaron declaraciones generales de funcionarios saudíes sobre el trato dispensado a los detenidos para socavar las afirmaciones de Ahmed Abu Ali, mientras que a los abogados de la defensa no se les permitió presentar ninguna prueba relativa al historial de Arabia Saudí en materia de derechos humanos y de tortura.
Malos tratos y uso excesivo de la fuerza
Siguieron recibiéndose informes de malos tratos y muertes bajo custodia como consecuencia del uso de pistolas Taser, armas que producen una descarga eléctrica y que eran utilizadas por unos 7.000 cuerpos policiales e instituciones penitenciarias de Estados Unidos.
Sesenta y una personas murieron tras recibir descargas de pistolas Taser de la policía. Con estos nuevos fallecimientos, el total de muertes causadas por estas armas desde 2001 se elevaba a 142. Los forenses concluyeron que las pistolas Taser habían causado o contribuido a causar al menos 10 de las muertes de 2005, lo que aumentaba la preocupación respecto a la seguridad de estas armas.
La mayor parte de los fallecidos eran hombres desarmados que, según informes, no parecían constituir una amenaza grave en el momento en que se les aplicó la descarga eléctrica. Muchos habían recibido descargas múltiples o prolongadas, factores potenciales de riesgo destacados en un estudio preliminar sobre la seguridad de las armas Taser publicado por el Departamento de Defensa en abril de 2005.
Varios departamentos de policía suspendieron el uso de las armas Taser, y otros establecieron reglas más estrictas para su utilización. Sin embargo, la mayor parte de los departamentos siguieron autorizando el uso de estas armas en una amplia gama de situaciones, incluso contra personas desarmadas que se resistían a la detención o se negaban a obedecer órdenes policiales. Entre quienes recibieron descargas se encontraban personas en estado de embriaguez o con sus facultades mentales alteradas, menores y ancianos.
Amnistía Internacional renovó su petición a las autoridades estadounidenses para que suspendieran el uso y la venta de armas Taser y de otras armas paralizantes hasta que se llevara a cabo una investigación rigurosa e independiente sobre su uso y efectos.
* En febrero, la policía de Florida aplicó una descarga de arma Taser a una niña de 13 años que se había peleado con su madre. La niña se encontraba esposada en el asiento trasero de un vehículo policial cuando se le aplicó la descarga.
* También en febrero, un niño de 14 años con una discapacidad del desarrollo sufrió un paro cardiaco después de recibir la descarga de un arma Taser de la policía en Chicago, Illinois, cuando se encontraba sentado en un sofá en un hogar para discapacitados y, según la policía, trató de ponerse de pie «en una actitud agresiva». Los médicos que trataron al menor dijeron que las descargas eléctricas del arma Taser le habían causado una alteración del ritmo cardiaco potencialmente mortal, y que el niño habría muerto si los médicos allí presentes no lo hubieran reanimado inmediatamente.
* Kevin Omar, de 17 años de edad, que presentaba un comportamiento alterado a causa del consumo de drogas, entró en coma tras recibir tres descargas de manos de agentes de policía de Waco, Texas; murió dos días después. El forense dijo que creía que las descargas del arma Taser habían contribuido a la muerte.
Abusos contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero
En septiembre, la Sección Estadounidense de Amnistía Internacional publicó un informe titulado Stonewalled: Police abuse and misconduct against lesbian, gay, bisexual and transgender people in the U.S. En él se concluía que, aunque existía un mayor reconocimiento de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, muchos de los miembros de este colectivo aún debían hacer frente a un trato discriminatorio y a abusos verbales y físicos por parte de la policía. También se indicaba que, dentro de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, las personas de color, los jóvenes, los inmigrantes, las personas sin hogar y los profesionales del sexo corrían mayor riesgo de sufrir abusos. El informe concluía asimismo que la policía a menudo no daba una respuesta adecuada a los «crímenes de odio» ni a la violencia doméstica contra este colectivo.
Pena de muerte
En 2005 se ejecutó a 60 personas, con lo que se elevó a 1.005 el número total de presos ejecutados desde la reanudación de las ejecuciones en Estados Unidos en 1977. Se excarceló a dos condenados a muerte tras demostrarse su inocencia, con lo que se elevó a 122 el total de casos de este tipo surgidos desde 1973.
El 1 de marzo, la Corte Suprema prohibió la ejecución de menores –es decir, personas que tuvieran menos de 18 años en el momento del delito–, haciendo así que Estados Unidos cumpliera las normas internacionales que prohíben esas ejecuciones. En el país se había ejecutado a 22 menores desde 1977.
Siguió ejecutándose a personas con enfermedades y trastornos mentales, a presos a los que se había negado una asistencia letrada adecuada durante el juicio y a personas en cuyos casos se había cuestionado la fiabilidad de las pruebas.
* El 25 de enero se ejecutó en Texas a Troy Kunkle, pese a que sufría una grave enfermedad mental con brotes de esquizofrenia. Las pruebas de esta enfermedad no se habían presentado ante el jurado que lo condenó a muerte. Tenía 18 años recién cumplidos en el momento del delito, y había padecido una niñez llena de privaciones y abusos.
* El 14 de septiembre se ejecutó en Texas a Frances Newton, pese a las dudas existentes en torno a la fiabilidad de su condena. La habían declarado culpable sobre la base de pruebas circunstanciales, y ella siempre sostuvo que era inocente.
El huracán Katrina
En agosto, el huracán Katrina azotó de un extremo a otro el estado de Luisiana, causando la muerte de más de un millar de personas y dejando a cientos de miles sin techo –u obligadas a desplazarse temporalmente– y sin poder cubrir sus necesidades básicas de comida, agua potable y medicamentos. Hubo una indignación generalizada por la lentitud del gobierno federal en responder a este desastre humanitario.
Los guardias de la prisión del condado de Nueva Orleans abandonaron presuntamente a decenas de reclusos tras el paso del huracán. Los presos denunciaron que los habían dejado encerrados en las celdas durante días, sin comida ni agua potable, mientras subía el nivel del agua. Se recibieron informes, desmentidos por las autoridades de Luisiana, de que algunos presos se habían ahogado. Amnistía Internacional pidió que se llevara a cabo una investigación exhaustiva y que las autoridades garantizaran que se conocían la suerte y el paradero de todos los presos. También pidió que se investigaran las denuncias de que los reclusos evacuados habían recibido malos tratos.
Otros motivos de preocupación
Un estudio conjunto publicado en octubre por Amnistía Internacional y Human Rights Watch, The Rest of Their Lives: Life without Parole for Child Offenders in the United States, informó de que al menos 2.225 menores –que no habían cumplido los 18 años en el momento del delito– cumplían condenas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La Convención sobre los Derechos del Niño, firmada pero no ratificada por Estados Unidos, prohíbe aplicar esta pena a menores. De los casos examinados, el 16 por ciento de los menores condenados tenían entre 13 y 15 años en el momento del delito, y al 59 por ciento se les impuso esta pena por su primera condena. Muchos fueron condenados por «homicidio preterintencional», sobre la base de pruebas de su participación en un delito durante el cual había tenido lugar un asesinato, pero sin pruebas directas de su participación en dicho asesinato. El informe pedía a las autoridades estadounidenses que pusieran fin a la imposición de condenas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a menores, y que otorgaran a los menores que estaban cumpliendo esas condenas acceso inmediato a los procedimientos de libertad condicional.
A Daniel Strauss y Shanti Sellz, voluntarios que trabajaban con un grupo llamado No Más Muertes (No More Deaths), los detuvo la Patrulla de Fronteras de Estados Unidos cuando llevaban a tres migrantes mexicanos que habían encontrado en el desierto de Arizona a que recibieran atención médica urgente. Ambos fueron acusados de delitos relacionados con el transporte ilegal de extranjeros, y se enfrentaban a condenas de hasta 15 años de prisión. Cientos de migrantes irregulares o indocumentados morían en el desierto cada año después de cruzar de México a Estados Unidos, muchos de ellos debido a la exposición a temperaturas extremas, que alcanzaron niveles sin precedentes en Arizona en julio. Amnistía Internacional hizo un llamamiento para que los cargos contra los dos voluntarios fueran retirados, alegando que no habían ayudado a los migrantes a evadir los controles de inmigración, sino que estaban actuando con el único fin de proteger sus vidas.
Visitas de Amnistía Internacional
Representantes de Amnistía Internacional viajaron a Yemen en junio y septiembre/octubre para visitar a ex detenidos de la «guerra contra el terror» emprendida por Estados Unidos.
En noviembre, una persona asistió al juicio de Ahmed Omar Abu Ali como observadora de Amnistía Internacional.
Estados Unidos de América
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Estados Unidos de América: Más allá de Guantánamo. La búsqueda constante de un poder ejecutivo sin límites (Índice AI: AMR 51/083/2005)
Estados Unidos de América: Detenciones practicadas por Estados Unidos en Afganistán. Memorándum para una acción continuada (Índice AI: AMR 51/093/2005)
Estados Unidos de América, Jordania y Yemen: Tortura y detención secreta. Testimonio de los «desaparecidos» en el contexto de la «guerra contra el terror» (Índice AI: AMR 51/108/2005)
United States of America: Stonewalled. Police abuse and misconduct against lesbian, gay, bisexual and transgender people in the U.S. (Índice AI AMR 51/122/2005)
Estados Unidos de América/Yemen: Reclusión secreta en los «lugares negros» de la CIA (Índice AI: AMR: 51/177/2005)
Estados Unidos de América: Posibilidad de homicidio. La ejecución inminente de Stanley Williams en California (Índice AI: AMR 51/187/2005)
Estados Unidos de América: El juicio de Ahmed Abu Ali. Conclusiones de Amnistía Internacional tras la observación del juicio (Índice AI: AMR 51/192/2005)
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Amnistía Internacional |
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De: mfelix28 |
Enviado: 23/05/2006 16:32 |
Vamos a ver que dice de un gran amigo de los Derechos Humanos, la Rep. Checa.
Discriminación racial, "actos de repudio", manifestaciones con intevención brutal de la policía, esterilización forzada, vuelven a los tiempos en que estaban ocupados por la Alemania nazi.
Discriminación contra romaníes
Las personas de etnia romaní siguieron siendo objeto de discriminación en el empleo, la vivienda y la educación. También sufrieron frecuentes actos de violencia perpetrados por individuos racistas.
Vivienda
Las prácticas discriminatorias en el mercado de alquiler, tanto público como privado, impedían con frecuencia en la práctica que las personas de etnia romaní encontrasen una vivienda, ni siquiera presentando garantías de solvencia económica; a consecuencia de ello, los romaníes residían en viviendas que no cumplían los requisitos mínimos de habitabilidad, separados del resto de la sociedad. Las condiciones pretendidamente objetivas que se exigían para acceder a una vivienda, como que todos los miembros de la familia tuviesen un nivel educativo adecuado, afectaban de un modo desproporcionado a los romaníes, cuyo nivel educativo es en muchos casos inferior al de la población de etnia checa.
* En junio, las autoridades municipales de la ciudad de Bohumin, en el norte del país, ordenaron el desalojo de los residentes de un albergue, en su mayoría de etnia romaní, para convertirlo en apartamentos. Las autoridades no ofrecieron ningún plan viable que proporcionase a los residentes, con un nivel bajo de ingresos, un alojamiento alternativo. En su lugar, propusieron separar a los hombres de las mujeres y los menores y trasladar a éstas con sus hijos a un albergue para madres solteras. La mayor parte de los residentes abandonaron el albergue, mientras que los 15 que permanecieron en él recurrieron las órdenes de desalojo. En noviembre, un tribunal regional ordenó abandonar el albergue, pero no dio instrucciones a las autoridades para que les proporcionaran un alojamiento alternativo. Los afectados recurrieron y, en espera de la decisión, se prohibió a las autoridades municipales que los desalojaran.
Educación
En mayo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, admitió una queja presentada por 18 escolares de etnia romaní contra la República Checa por discriminación racial en la edu짯cación. Los solicitantes sostenían que su inscripción obligatoria en «escuelas especiales» para menores con discapacidad mental, en razón de su origen étnico, constituía discriminación racial y contravenía los principios internacionales de derechos humanos.
Malos tratos a manos de la policía
Siguieron recibiéndose informes de malos tratos por parte de la policía, sobre todo contra personas de etnia romaní, pero también contra miembros de otros grupos vulnerables, tales como personas sin hogar, personas con problemas de abuso de sustancias y extranjeros. No existía ningún mecanismo independiente del Ministerio del Interior para investigar las denuncias relacionadas con la actuación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
* La Liga de Derechos Humanos, organización no gubernamental local, informó de que el 1 de febrero un joven romaní de 18 años, R. B., fue agredido por la policía municipal en la ciudad de Krupka. Lo detuvieron en la calle y lo condujeron en un vehículo patrulla a un bar en el que, al parecer, había roto una ventana. Según los informes, le propinaron patadas en el cuerpo y en la cabeza en presencia de varios testigos, y necesitó tratamiento médico por múltiples lesiones. La Liga de Derechos Humanos presentó una denuncia en nombre de R. B. ante la policía estatal pero, a pesar de las declaraciones de los testigos, el caso fue archivado.
* El 20 de abril, según los informes, los hermanos Jan M. y Jozef M., ambos menores de edad, sufrieron malos tratos después de ser detenidos por la policía en una calle de Praga bajo sospecha de haber pegado carteles ilegalmente. En el vehículo, Jan M. fue golpeado por un policía. En la comisaría de Praga 3 (탐i탑kov), obligaron a los dos muchachos a desnudarse y a hacer flexiones delante de tres agentes. Según los informes, durante el interrogatorio Jan M. fue golpeado en la cabeza con tal fuerza que le salió sangre por la nariz y el oído y sufrió una conmoción cerebral. La Inspección del Ministerio del Interior, dando por válido el testimonio de los tres policías y, a pesar del informe médico sobre las lesiones que presentaba uno de los muchachos, no siguió adelante con la investigación. La Liga de Derechos Humanos recurrió la decisión de la Inspección y, en noviembre, el caso estaba siendo investigado por el fiscal del Estado.
* El 30 de julio, la policía intervino para dispersar a unas 5.000 personas que se habían congregado en un campo cerca de la ciudad de Ml'ynec, en Bohemia Occidental, con motivo de un festival de música conocido como «CzechTek» que, al parecer, no había sido autorizado y causaba daños a bienes privados. Según los informes, policías con equipo antidisturbios lanzaron granadas de gases lacrimógenos y utilizaron cañones de agua para poner fin al festival. Más de 80 personas resultaron heridas y unos 20 asistentes y cinco agentes de policía necesitaron atención médica. En noviembre, la oficina del Defensor del Pueblo declaró que la intervención había sido conforme a la ley, pero que la policía no había tomado las medidas preventivas adecuadas que podrían haber contribuido a evitar el uso de la fuerza posteriormente.
Aspectos relacionados con el trato a enfermos mentales
Aunque el uso de camas jaula estaba prohibido en las instituciones psiquiátricas dependientes del Ministerio de Salud, su empleo seguía estando permitido en centros asistenciales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Estos centros albergaban a menores y adultos con discapacidad mental y a personas con problemas de abuso de sustancias.
En mayo, el Parlamento aprobó una enmienda a la ley de asistencia social sobre el uso de medios de restricción de movimientos, incluidas las camas jaula, en todas las instituciones de asistencia social. Aunque se afirmó que el objetivo de la ley era regularizar los métodos de restricción de movimientos, en la práctica legalizaba su uso. La enmienda permite a los trabajadores de las instituciones de asistencia social, aunque no sean médicos, tomar decisiones sobre el uso de estos métodos. Además, la enmienda no prevé mecanismos de control de la orden de restricción de movimientos, límites temporales de la restricción ni procedimientos de presentación de quejas en nombre de las víctimas.
Esterilización forzada de mujeres
A finales de 2004, el Ministerio de Salud creó una comisión encargada de revisar los expedientes de presuntas víctimas de esterilización forzada, facilitar la investigación del asunto y responder a las preguntas del Defensor del Pueblo. Este llevaba a cabo una investigación independiente sobre las aproximadamente 80 denuncias contra hospitales que presuntamente habían esterilizado a mujeres sin su consentimiento informado. En diciembre, el Defensor del Pueblo elaboró un informe final en el que indicaba que en la mayor parte de los casos de esterilización forzada las mujeres no podían dar su consentimiento informado porque no entendían el procedimiento, por falta de tiempo (a veces el procedimiento se realizaba a los pocos minutos de que ellas hubieran accedido a ello o cuando el parto ya había comenzado) o porque el personal hospitalario les facilitaba información engañosa acerca de la naturaleza y consecuencias del procedimiento de esterilización. Varios de estos casos fueron remitidos al fiscal del Estado y a la policía para su investigación.
* El Grupo de Mujeres Damnificadas por la Esterilización, organización que defiende a las víctimas, presentó denuncias formales en varios casos de mujeres de etnia romaní que habían sido esterilizadas bajo coacción. En noviembre, el tribunal de distrito de Ostrava indicó que apoyaría la demanda de Helena Ferencikova, que había sido esterilizada en un hospital de Ostrava en 2001 cuando dio a luz a su segundo hijo por cesárea. Se esperaba que el tribunal resolviese que los médicos habían obtenido el consentimiento mientras la mujer se encontraba en pleno parto y no era totalmente consciente de las consecuencias de sus actos, lo que suponía una violación de las normas sobre consentimiento informado.
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De: mfelix28 |
Enviado: 23/05/2006 17:28 |
Ya metidos en harina, me pica la curiosidad de ver como se porta Belgica, la sede de las instituciones europeas, todas ellas muy preocupadas en los DDHH:
ontinuaron recibiéndose informes de ataques racistas contra minorías étnicas, religiosas o de otra índole. Apenas se tomaron medidas para aplicar el Plan Nacional de Acción contra la Violencia Doméstica (2004-2007). Se seguía confinando a ciudadanos extranjeros, incluidos menores, en zonas de tránsito de los aeropuertos durante periodos prolongados, en condiciones que con frecuencia constituían trato cruel, inhumano o degradante. Un tribunal belga declaró culpables a dos ciudadanos ruandeses de crímenes de guerra cometidos en Ruanda en 1994.
Información general
Durante 2005, Bélgica firmó varios instrumentos de derechos humanos, incluidos el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos.
En octubre, el Consejo de Ministros belga propuso un proyecto de ley antiterrorista al Parlamento. El propósito del proyecto de ley era, según se dijo, modificar el Código de Instrucción Criminal y la Ley de Enjuiciamiento con el fin de «mejorar los métodos de investigación en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia grave y organizada». Entre otras medidas, se proponía ampliar el horario durante el cual se podían efectuar registros de viviendas, permitir la filmación de sospechosos sin la autorización de un juez y autorizar la creación de un archivo confidencial al que podrían no tener acceso los sospechosos y sus abogados. La ley estaba pendiente de aprobación al final del año.
Condiciones de reclusión
No se aplicaba la nueva legislación relativa a las condiciones de reclusión, que seguían incumpliendo las normas de derechos humanos.
El 18 de marzo se produjo en la prisión de Ittre, en la región de Valonia, un motín en el que participaron unos 50 reclusos. Los disturbios se saldaron con tres personas heridas y cuantiosos daños materiales. El 27 de marzo, el Consejo de Estado anuló los procedimientos disciplinarios iniciados contra algunos internos presuntamente responsables. Los funcionarios de prisiones respondieron a esta decisión poniéndose en huelga durante más de una semana. La abogada que representaba a algunos de los reclusos declaró que se había hecho caso omiso de la sentencia del Consejo de Estado y que se estaba recluyendo a sus clientes en régimen de aislamiento. También hubo denuncias según las cuales a los presos recluidos en régimen de aislamiento no se les permitía leer ni escribir y a quienes tenían un apellido «que sonaba árabe» se les negaba el acceso a un consejero religioso.
Una delegación del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, del Consejo de Europa, efectuó su cuarta visita a Bélgica en abril.
En septiembre, los guardias de la prisión de Amberes iniciaron una huelga de un mes de duración. Protestaban por el hacinamiento en las instalaciones de detención y por la escasez de personal. Una de las consecuencias del hacinamiento era que no se permitía a los detenidos hacer ejercicio físico cada día, a pesar de que una orden judicial había restablecido el derecho de los reclusos a periodos de ejercicio diarios.
Racismo y discriminación
En su informe anual, publicado en junio, el Centro por la Igualdad de Oportunidades y la Lucha contra el Racismo (Centre pour l’égalité des chances et de la lutte contre le racisme) expresó su preocupación por el aumento de la xenofobia y del racismo en el país. El informe ponía de relieve la discriminación social y laboral, así como en el acceso a los servicios públicos. También se había observado discriminación contra las personas con discapacidad, por motivos de orientación sexual o en relación con el estado de salud.
En 2005 se siguieron recibiendo informes de numerosos incidentes racistas contra minorías étnicas, religiosas y de otra índole.
* En marzo, una mujer musulmana renunció a su puesto de trabajo en una empresa de procesamiento de alimentos de Ledegem, en el oeste del país, tras haber recibido su empleador siete amenazas de muerte por escrito de una organización hasta el momento desconocida. En las amenazas se afirmaba que la vida de la mujer y las de sus compañeros corrían peligro porque ella llevaba puesto el velo al trabajo. La séptima carta de amenaza incluía dos balas. Pese a las amenazas, el empleador apoyó activamente a la mujer, que en abril se reincorporó a su puesto en la empresa.
* En marzo y mayo, el Tribunal de Menores de Lovaina declaró a tres personas culpables de agredir a dos hombres homosexuales en 2003. Era la primera vez que una sentencia de un tribunal belga se refería explícitamente a la orientación sexual y a la homofobia como motivos de una agresión. Los tres acusados fueron condenados a pagar sendas multas de 100 euros.
* En junio se iniciaron en Amberes dos juicios relativos a actos antisemitas. En el primero, un hombre de 22 años, acusado de racismo por amenazar a un judío con un cuchillo, fue condenado a seis meses de prisión y a una multa de 550 euros. En el segundo, un hombre de 23 años fue declarado culpable de actos racistas por insultar a dos jóvenes judíos, con condena condicional de dos meses y multa de 330 euros.
Violencia contra las mujeres
El carácter generalizado de la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar seguía siendo un grave motivo de preocupación. Según una encuesta encargada por Amnistía Internacional en febrero y realizada en la comunidad francófona, el 29 por ciento de los belgas conocían al menos un hogar en el que había tenido lugar algún episodio de violencia doméstica.
En junio, Amnistía Internacional, junto con un gran número de representantes de la sociedad civil –entre los que se incluían organizaciones de mujeres, sindicatos, mutualidades y la mayor federación de patronales de Bélgica, la Federación Belga de Empresas–, presentó a las autoridades belgas una lista de principios y prioridades sobre la violencia doméstica.
Debido a la falta de estadísticas oficiales sobre la violencia doméstica contra las mujeres, resultaba difícil evaluar la verdadera envergadura del problema. Al concluir el año, las autoridades apenas habían tomado medidas para aplicar el Plan Nacional de Acción contra la Violencia Doméstica, iniciado en 2004.
Detención y expulsión de personas extranjeras
En febrero se hizo público el informe de una comisión independiente (la denominada Comisión Vermeersch II) creada por el ministro del Interior para examinar de nuevo las técnicas utilizadas en las expulsiones. La Comisión abordó varios motivos de preocupación, como la necesidad de que hubiera transparencia durante la expulsión, la necesidad de permitir ejercer el derecho a apelar a los solicitantes de asilo a quienes se hubiera denegado la entrada en territorio belga desde una zona de tránsito y la necesidad de asignar tutores legales a los menores no acompañados sometidos a investigación. Sin embargo, la Comisión concluía que un ciudadano extranjero que se resistiese a su devolución podía ser detenido hasta que abandonase toda resistencia y pudiera ser expulsado, opinión que suscitaba preocupación por la falta de una definición clara de qué constituía resistencia y por la ausencia de un periodo máximo de detención.
Se continuaba recluyendo a ciudadanos extranjeros, incluidos menores, en las zonas de tránsito de los aeropuertos durante periodos prolongados y en condiciones que con frecuencia constituían trato cruel, inhumano o degradante. El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) afirmó en diciembre que el número de menores detenidos en tales centros había seguido incrementándose durante el año y que la duración de su detención también había aumentado.
Jurisdicción universal
Aunque en 2003 se había modificado la ley sobre jurisdicción universal para que las víctimas pudieran presentar denuncias directamente a un juez de instrucción siempre que el asunto guardase una relación directa con Bélgica, el número de actuaciones judiciales iniciadas fue escaso.
* El 29 de junio, dos ciudadanos ruandeses fueron declarados culpables de crímenes de guerra y de asesinato cometidos en Ruanda en 1994. Los hermanastros Etienne Nzabonimana, de 53 años, y Samuel Ndashyikirwa, de 43 años, fueron condenados a 12 y 10 años de prisión respectivamente.
* En septiembre, Bélgica dictó una orden internacional de detención contra el ex presidente de Chad Hissène Habré. Se le acusó de violaciones de los derechos humanos, como tortura, asesinato y «desaparición». Hissène Habré fue detenido en noviembre por las autoridades en Senegal, donde había establecido su residencia. Las autoridades senegalesas declararon que Habré permanecería detenido hasta enero de 2006, fecha en que se trataría su extradición en la cumbre de la Unión Africana.
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De: mfelix28 |
Enviado: 23/05/2006 18:24 |
Vamos a ver que pasa en España, que de esto se algo.
¡Vaya, ETA no es un grupo terrorista, es un movimiento armado vasco!
Se crearon tribunales especiales para proteger a las mujeres frente a la violencia, pero la ley seguía sin exigir que fuese el Estado el que iniciase las investigaciones y los enjuiciamientos cuando se cometiesen delitos violentos en el ámbito familiar. Si bien se ofreció a migrantes que vivían en España la oportunidad de regularizar su residencia, a la mayoría de las personas que lograron cruzar las fronteras meridionales de España en el norte de África y las Islas Canarias se les negó la asistencia para solicitar asilo, y a muchas se las expulsó ilegalmente. Al menos 13 migrantes procedentes del África subsahariana murieron, y decenas resultaron heridos al intentar entrar en los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, situados en el norte de África; en la mayoría de los casos, la muerte y las lesiones fueron, según informes, consecuencia del uso excesivo de la fuerza o de malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes. Las condiciones de algunos centros de detención de menores eran tan deficientes que constituían «malos tratos institucionales».
Información general
El grupo armado vasco Patria Vasca y Libertad (Euskadi ta Askatasuna, ETA) reivindicó la autoría de 24 atentados contra empresas e intereses turísticos en España durante 2005. En la mayoría de los casos utilizó artefactos explosivos de escasa potencia que provocaron heridas leves y daños materiales. Al menos 42 personas resultaron heridas el 9 de febrero en un centro de convenciones de Madrid, entre ellas al menos cinco agentes de policía, al estallar un coche bomba horas antes de la visita prevista del rey Juan Carlos I y la reina Sofía. ETA había avisado por teléfono a un periódico 30 minutos antes de la explosión. El 25 de mayo, un coche bomba colocado por ETA en una calle de Madrid hirió a 52 personas. El 21 de noviembre comenzó ante la Audiencia Nacional un juicio colectivo (iniciado en 1998 por el juez Baltasar Garzón) contra 56 imputados, a quienes se acusaba de pertenecer a grupos que proporcionaban a ETA apoyo económico, informativo, político y de otra índole.
El 17 de mayo, el Congreso de los Diputados, cámara baja del Parlamento, autorizó al gobierno a que iniciara conversaciones con ETA si ésta abandonaba su lucha armada.
El 7 de febrero se puso en marcha un proceso de regularización al que podían acogerse unos 800.000 inmigrantes indocumentados. En virtud del Reglamento de Extranjería aprobado en diciembre de 2004, los migrantes que pudieran demostrar que ya estaban en España antes de agosto de 2004, que contasen con un contrato de trabajo y que careciesen de antecedentes penales disponían de tres meses para afiliarse al sistema contributivo español y obtener el derecho de residencia.
El 30 de junio, el Parlamento aprobó una ley por la que se autorizaban los matrimonios entre personas del mismo sexo. La nueva ley también concedía a todas las parejas casadas del mismo sexo los derechos relativos a la herencia que antes sólo se reconocían a los matrimonios de personas de distinto sexo, así como el derecho a la adopción.
El 9 de noviembre, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa presentó un informe sobre la visita que había realizado a España en marzo. En él criticaba la restricción que impedía a los abogados entrevistarse en privado con algunas personas detenidas y los mecanismos de indemnización a las víctimas de tortura o malos tratos.
En diciembre, España ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que había firmado en abril.
Violencia contra las mujeres
En enero entró en vigor la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada en diciembre de 2004. La ley tenía por objeto reunir en un solo instrumento medidas de prevención, ayuda y protección para las víctimas de violencia, así como medidas destinadas a procesar, investigar y castigar todo delito cometido en este ámbito. La ley garantizaba asimismo el derecho de las víctimas que presentasen denuncias formales a recibir ayuda integral, como la asistencia letrada gratuita y el acceso a servicios de salud y a una vivienda. Por primera vez, la ley reconocía que determinados grupos de mujeres corrían un riesgo mayor de sufrir violencia de género.
En junio entraron en funcionamiento 17 Juzgados de Violencia sobre la Mujer, dedicados exclusivamente a casos de violencia por motivos de género, y se facultó a otros 433 tribunales para conocer casos de abusos contra las mujeres en el ámbito familiar. Sin embargo, aunque la nueva ley reforzaba la protección contra la violencia doméstica, su aplicación no fue tan eficaz como se había esperado, pues suponía una carga adicional para la víctima, que debía presentar una denuncia formal y solicitar medidas formales para que se pusiera en marcha su propia protección. Además, sólo un 5 por ciento de las mujeres que sufrían violencia de género presentaron denuncias, y muchas de éstas su짯frían la indiferencia de las autoridades gubernamentales o debían hacer frente a interrogatorios faltos de sensibilidad que las desanimaban a emprender acciones judiciales.
Las sobrevivientes de la violencia doméstica continuaron enfrentándose a considerables trabas para obtener ayuda, protección y justicia. Los prejuicios y las prácticas discriminatorias de instituciones públicas, así como la falta de coordinación entre los organismos gubernamentales con competencias en este ámbito, aumentaban los obstáculos para los grupos más vulnerables, en particular las mujeres migrantes indocumentadas, las mujeres romaníes y las mujeres con discapacidades, trastornos mentales o adicciones.
Durante 2005, el Ministerio del Interior introdujo un protocolo que estipulaba, en conjunción con la Ley de Extranjería, que las autoridades de inmigración debían proseguir con las sanciones administrativas y los procesos de expulsión en el caso de mujeres migrantes en situación irregular que hubieran solicitado protección como víctimas de la violencia de género, una vez que se hubiesen registrado sus denuncias. En noviembre, Amnistía Internacional pidió que se retirara el protocolo alegando que constituía una práctica ilícita de discriminación.
Homicidios y malos tratos de migrantes
Las personas que huían de la violencia, la injusticia y las privaciones y que lograban cruzar las fronteras meridionales de España en el norte de África, las Islas Canarias y Andalucía siguieron encontrándose con obstáculos a la hora de acceder a los procedimientos de asilo. Se negaba a los solicitantes de asilo la orientación y el apoyo jurídico necesarios. En Ceuta y Melilla, los migrantes permanecían recluidos en centros de internamiento masificados y muchos fueron devueltos ilegalmente a Marruecos.
El acoso a migrantes en campos no oficiales de Marruecos y las medidas adoptadas para elevar las vallas que rodeaban Ceuta y Melilla dieron lugar desde finales de agosto a intentos en masa de cruzar la frontera hasta territorio español. Al menos 13 migrantes murieron y decenas resultaron heridos, muchos de ellos, según informes, a consecuencia del uso excesivo de la fuerza o de malos tratos por parte de los cuerpos de seguridad españoles y marroquíes. A pesar del anuncio del presidente Zapatero de que las autoridades de ambos países realizarían una investigación conjunta, al concluir 2005 no parecía que se hubiese iniciado dicha investigación.
A finales de septiembre, las autoridades españolas desplegaron 480 soldados adicionales para vigilar las fronteras. Durante ese mismo periodo, cerca de 2.000 migrantes y solicitantes de asilo que habían logrado entrar en Ceuta y Melilla permanecían en centros de estancia temporal. Otros fueron expulsados ilegalmente. En octubre, según informes, las autoridades marroquíes trasladaron en autobuses a cientos de hombres, mujeres, niños y niñas a la frontera con Argelia. Ese mismo mes, la organización de ayuda internacional Médicos Sin Fronteras comunicó que había encontrado a más de 500 migrantes, en algunos casos esposados unos a otros, a quienes las autoridades marroquíes habían abandonado en el desierto sin agua ni alimentos.
* Ayukabang Joseph Abunaw, de 31 años, murió, según informes, cuando la Guardia Civil disparó a poca distancia balas de goma contra varios cientos de migrantes que trepaban por las vallas que rodea짯ban Melilla el 29 de agosto, hacia las tres de la madrugada. Testigos presenciales afirmaron que los agentes de la Guardia Civil habían golpeado a Ayukabang Joseph Abunaw con las culatas de sus fusiles y lo habían llevado a rastras hasta territorio marroquí. Según los informes recibidos, murió horas después. Médicos Sin Fronteras, en un examen preliminar, halló en el pecho del fallecido una contusión característica de las heridas provocadas por balas de goma. De acuerdo con la autopsia efectuada por las autoridades marroquíes, la causa de la muerte fue una hemorragia interna por una lesión en el hígado.
* Cuatro hombres procedentes del África subsahariana murieron y muchos otros resultaron gravemente heridos durante la noche del 28 de septiembre, cuando varios cientos de personas que escalaban las vallas coronadas por alambre de cuchillas que rodeaban Ceuta se encontraron con la resistencia de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes. Según informes, dos cadáveres del lado español y dos del lado marroquí tenían heridas de bala. La Guardia Civil afirmó que las balas alojadas en los cuerpos que estaban en territorio español no eran del tipo utilizado por sus efectivos.
* El 28 de diciembre de 2004 se expulsó ilegalmente a varias personas, entre ellas solicitantes de asilo que ya habían entrado en España, uno de los cuales era un menor de 15 años procedente de Guinea-Conakry que sufrió abusos físicos. En mayo de 2005, el Ministerio del Interior admitió que se había expulsado sumariamente al menor porque había sido encontrado entre las dos vallas de Ceuta.
Uso de pistolas Taser: muerte bajo custodia
En febrero, la Guardia Civil declaró que las pistolas Taser y otras armas paralizantes de electrochoque no eran de uso oficial. El Ministerio del Interior confirmó en abril que no se había adquirido esta clase de dispositivos, pero reconoció que «[n]o existe ninguna norma específica para regular los posibles abusos de este tipo de armas».
No obstante, según informes, la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil, así como fuerzas de la policía local de las Islas Canarias, Espartinas (Sevilla) y Alcalà de Xivert (Castellón) habían importado y utilizado tales armas. Al parecer, un detenido murió a consecuencia del uso excesivo de la fuerza, que incluyó la utilización indebida de una pistola Taser.
* uan Martínez Galdeano murió mientras estaba detenido bajo custodia de la Guardia Civil en Roquetas de Mar (Almería) el 24 de julio. Según una investigación interna, las secuencias de un circuito cerrado de televisión mostraban que se habían utilizado una porra y una pistola Taser para inmovilizarlo. Una autopsia reveló una relación causal entre la muerte del detenido por «desfallecimiento de tipo respiratorio o cardiorrespiratorio» y el trato que recibió mientras permaneció detenido. Estaba esposado de pies y manos y tenía en el cuerpo numerosas contusiones que coincidían con las causadas por los golpes de una porra. Se dictó auto de procesamiento contra dos agentes de la Guardia Civil por varios cargos, entre ellos, negligencia con resultado de muerte y trato inhumano y degradante.
Malos tratos a menores en régimen de detención
El Defensor del Pueblo español expresó en un informe su preocupación por las condiciones de los centros de detención de menores. Muchos centros, por su estado deteriorado e insalubre, incumplían la legislación aplicable (Ley Orgánica 5/2000) y la reglamentación relativa a la reclusión de menores. En el informe se aconsejaba el cierre inmediato del Centro Educativo de Menores Infractores de Melilla, que tenía una estructura ruinosa, celdas pequeñas y mal iluminadas y tan sólo un reducido patio exterior. Las condiciones de las dependencias de detención de menores de Madrid no eran mucho mejores. Estaban masificadas, tenían unas instalaciones sanitarias deficientes y carecían de mobiliario básico, como camas y mesas.
En abril, el Diputado del Común (Defensor del Pueblo de la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias) condenó los «malos tratos institucionales» a menores en las Islas Canarias. En junio, la adjunta primera del Defensor del Pueblo nacional solicitó el cierre inmediato del centro de detención de Gáldar, en Gran Canaria, cuyas condiciones eran especialmente insalubres. El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa formuló la misma recomendación.
Jurisdicción universal
En abril, Adolfo Scilingo, ex oficial de la armada argentina que había admitido haber estado a bordo de aviones que trasladaban a personas a las que se drogaba, desnudaba y lanzaba al mar durante los gobiernos militares en Argentina, fue declarado culpable en España de delitos entre los que se incluían crímenes de lesa humanidad (véase el apartado sobre Argentina). Fue condenado a 640 años de prisión.
El Tribunal Constitucional español dictó una sentencia en septiembre que abrió el camino para que el ex presidente guatemalteco Ríos Montt y otros ex oficiales de las fuerzas armadas fueran juzgados por violaciones de los derechos humanos (véase el apartado sobre Guatemala).
Víctimas de la guerra civil y del franquismo
El gobierno no presentó ningún informe sobre la situación de las víctimas de la guerra civil de 1936 a 1939 y del franquismo, a pesar de que en 2004 el Parlamento había solicitado a las autoridades la elaboración de un informe a este respecto para poder ofrecer reparaciones a las víctimas. En noviembre de 2004 se había creado una comisión interministerial con este fin. En diciembre de 2005, el presidente Zapatero prometió presentar los resultados del trabajo de la comisión en un plazo de seis meses.
Visitas de Amnistía Internacional
Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron España en mayo y octubre para llevar a cabo labores de investigación y transmitir a las autoridades sus motivos de preocupación por la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar y el trato a migrantes y solicitantes de asilo, especialmente en Ceuta y Melilla.
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De: mfelix28 |
Enviado: 23/05/2006 19:20 |
Ahora vamos a ver que pasa en un país muy aliado de los uSA, no incluido en ningún eje del mal, y que a juicio de EEUU no constituye ninguna amenaza para sus subditos.
Arabia Saudita.
Vaya, hay pocos presos politicos, parece ser que les ejecutan directamente, sin juicio.
Lo de torturas, brutalidasd policial, etc. normalito, como el yanqui.
El aumento de los homicidios a manos de las fuerzas de seguridad y los grupos armados agravó la ya dramática situación de los derechos humanos. Se detuvo a decenas de personas por sus presuntos vínculos con grupos armados de oposición, pero se disponía de poca información sobre su situación jurídica o sus condiciones de reclusión. Aunque las mujeres siguieron estando muy discriminadas en la legislación y en la práctica y carecían de una protección adecuada contra la violencia doméstica, hubo algunos indicios de reforma. Los trabajadores migrantes sufrieron también discriminación y abusos. Se ejecutó al menos a 86 hombres y dos mujeres, casi la mitad de ellos ciudadanos extranjeros.
Información general
Tras la muerte del rey Fahd el 1 de agosto, el príncipe heredero Abdulá sucedió al trono y la jefatura del Estado y designó al ministro de Defensa, el príncipe Sultan, nuevo heredero de la Corona. Aunque la subida al trono del rey Abdulá suscitó la esperanza de que se produjeran reformas políticas –también en el campo de los derechos de las mujeres–, los avances fueron muy lentos.
El gobierno anunció en abril planes para reformar el sistema judicial, establecer tribunales especializados en cuestiones laborales, mercantiles y penales y crear un Tribunal Supremo. El gobierno creó en septiembre una comisión nacional de derechos humanos para «proteger los derechos humanos y promover la sensibilización sobre esta materia [...] de acuerdo con lo dispuesto en la ley islámica».
Entre febrero y abril, con el fin de llenar la mitad de los 600 escaños de los 178 consejos municipales del país, se celebraron en tres fases las primeras elecciones municipales de la historia de Arabia Saudí. La otra mitad de los escaños los ocuparon personas designadas por el gobierno. Las mujeres fueron excluidas de los comicios, lo que provocó una gran controversia. El colectivo de activistas de los derechos de las mujeres pidió al gobierno que nombrara mujeres para ocupar algunos de los escaños de designación directa.
Homicidios y enfrentamientos armados
Se produjeron enfrentamientos armados entre hombres vinculados presuntamente a Al Qaeda y las fuerzas de seguridad, en los que murieron decenas de personas de ambos bandos. Los incidentes tuvieron lugar en Riad, Medina, Dammam y otras localidades, al intensificar el gobierno una «campaña para combatir el terrorismo», anunciada en febrero por el Ministerio del Interior.
* A principios de abril se recibieron informes según los cuales las fuerzas de seguridad habían matado a 15 hombres armados y herido a otros en unos combates registrados en Al Ras, cerca de Riad. Entre los muertos figuraban un miembro de las fuerzas de seguridad y algunos individuos cuyos nombres aparecían en una lista de 26 hombres buscados por las autoridades, que el gobierno había dado a conocer a finales de 2003.
* En septiembre, según los informes, murieron cinco hombres armados y otros resultaron heridos cuando fuerzas del gobierno –dos de cuyos miembros murieron también– irrumpieron en una casa de Dammam.
Abusos en el contexto de la «guerra contra el terror»
El gobierno adoptó varias medidas para contrarrestar las actividades de grupos vinculados presuntamente a Al Qaeda. En febrero organizó una conferencia internacional contra el terrorismo en la que se reconoció que los abusos contra los derechos humanos eran una de las causas del terrorismo y se recomendó la elaboración de códigos de conducta específicos para ayudar a los organismos encargados de hacer cumplir la ley a combatir el terrorismo sin violar los derechos humanos. Posteriormente, el rey Abdulá volvió a hacer un llamamiento a los miembros de los grupos armados para que se entregaran a las autoridades.
Fuerzas del gobierno detuvieron a decenas de presuntos islamistas, pero facilitaron poca información sobre ellos, ni siquiera sus nombres. Según los informes, el Ministerio del Interior afirmó que se procesaría a muchos de los detenidos. Sin embargo, debido al secretismo que rodeaba el sistema de justicia penal, no se tuvo noticia de que se celebrara ningún juicio. Existía la preocupación de que se juzgara a los detenidos sin las debidas garantías.
Algunos de los detenidos figuraban en una nueva lista de los 36 sospechosos «más buscados», muchos de ellos ciudadanos extranjeros, publicada por el gobierno en junio. Entre ellos se encontraba Faiz Ayoub, que, según los informes, se había entregado a las autoridades el 1 de julio.
Asimismo, entre los detenidos figuraban al menos cinco ciudadanos chadianos, que habían sido aprehendidos en junio, así como Mohamed al-‘Ameri y cuatro personas que al parecer eran ciudadanos saudíes y que, según los informes, habían sido detenidas el 25 de julio en Medina.
Otros presuntos autores de delitos relacionados con la seguridad fueron devueltos a otros países o éstos los devolvieron a Arabia Saudí. En febrero y marzo se expulsó a 27 ciudadanos yemeníes a su país de origen, donde quizá fueran detenidos, mientras que el 28 de marzo las autoridades yemeníes devolvieron a Arabia Saudí a 25 ciudadanos saudíes. Se produjeron al parecer más intercambios de este tipo de presos con Yemen y con otros países, pero se dispuso de poca información al respecto.
* Salem al-Baloushi fue devuelto en abril a los Emiratos Árabes Unidos después de haber permanecido detenido sin cargos y en régimen de incomunicación desde febrero de 2003. Fue detenido de inmediato tras su llegada al país.
* Al ciudadano estadounidense Ahmed Abu ‘Ali, de 23 años, lo devolvieron en febrero a Estados Unidos, donde fue juzgado y declarado culpable de conspirar para asesinar al presidente George W. Bush y de otros delitos. Había sido detenido en Arabia Saudí, y afirmó que había sido torturado y maltratado durante los dos meses que permaneció recluido en régimen de incomunicación y que funcionarios estadounidenses habían estado al tanto de lo sucedido. Dijo también que agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI) habían participado en los interrogatorios a que fue sometido en Arabia Saudí y que le habían amenazado con trasladarlo a Guantánamo o juzgarlo en Arabia Saudí, donde no tendría derecho a disponer de asistencia letrada.
Derechos de las mujeres
Las mujeres siguieron estando discriminadas en la legislación y en la práctica y carecían de una protección adecuada contra la violencia doméstica y en el ámbito familiar. Sin embargo, el gobierno manifestó su compromiso de mejorar la condición de las mujeres, y en marzo se informó de que estaba preparando la legislación necesaria para que tuvieran derecho a ser miembros permanentes de la Shura (Consejo Consultivo).
El Ministerio de Trabajo anunció que deseaba aumentar el número de mujeres con empleos remunerados. Sin embargo, indicó que este objetivo se trataría de cumplir teniendo en cuenta «la necesidad de trabajar de la mujer, la necesidad social de su trabajo, la autorización de su tutor legal» y cuestiones de «decoro», como el atuendo, y que el trabajo de una mujer no debía perjudicar su vida familiar ni «acarrear problemas sociales o morales». El colectivo de activistas de los derechos de las mujeres señaló que, como consecuencia de este tipo de restricciones, sólo un 5 por ciento de las mujeres saudíes tenía un empleo remunerado.
La exclusión de las mujeres de las elecciones municipales fue muy criticada por la comunidad de activistas de los derechos de las mujeres. El gobierno señaló que no había bastantes mujeres cualificadas para gestionar centros de inscripción exclusivamente femeninos y que no todas las mujeres tenían el carné de identidad necesario para votar. En respuesta a estas críticas, el director de la Junta Electoral indicó que esperaba que las mujeres pudieran participar en futuras elecciones.
En abril, el gran muftí hizo pública una declaración en la que se prohibía la práctica de obligar a las mujeres a casarse en contra de su voluntad y exigió que se encarcelara a quienes persistieran en ella. No obstante, continuaron conociéndose casos de matrimonios forzados.
* Según los informes, J. A., de 29 años, seguía en peligro y sin poder abandonar el domicilio familiar, donde había padecido graves actos de violencia desde que tenía 14 años.
* Se recibieron informes según los cuales Rania al-Baz –cuyo caso alcanzó una gran resonancia después de que su esposo la golpeara brutalmente– huyó de Arabia Saudí y se estableció en Francia.
Represión de la libertad de expresión y religiosa
* Mohamed al-‘Oshen, redactor jefe del periódico Al Mohayed, fue detenido en enero, según los informes, a raíz de la publicación de unos artículos en los que criticaba al gobierno, pero al parecer quedó en libertad sin cargos ese mismo mes.
* En enero se condenó a una mujer y a 14 hombres a entre dos y seis meses de cárcel y a recibir entre 100 y 250 latigazos por manifestarse en favor del Movimiento para la Reforma Islámica en diciembre de 2004, en Yidda. Al parecer, al menos otras seis personas estaban en espera de juicio.
* En abril, según los informes, agentes de policía y miembros del Comité para la Difusión de la Virtud y la Prevención del Vicio irrumpieron en una casa de Riad y detuvieron a 40 personas de distintas nacionalidades, incluidos trabajadores migrantes paquistaníes y filipinos, por practicar la religión cristiana. Los detenidos quedaron en libertad después.
Personas detenidas por motivos políticos
Durante el año se detuvo a presuntos miembros o simpatizantes de grupos armados y a personas que habían expresado críticas contra el Estado de forma pacífica. No se conocía con exactitud el número de personas detenidas.
* El doctor Sa’id Bin Zu’air, posible preso de conciencia recluido en la prisión Al Ha’ir de Riad, quedó en libertad en agosto en virtud de un indulto concedido por el rey Abdulá. Dos de sus hijos, Mubarak Bin Sa’id Bin Zu’air y Sa’ad Bin Sa’id Bin Zu’air, detenidos por realizar una campaña en favor de la excarcelación de su padre, quedaron en libertad a principios de 2005 y en julio del mismo año, respectivamente.
Varios presos de conciencia quedaron en libertad en virtud de un indulto concedido por el rey Abdulá el 8 de agosto.
* ‘Ali al-Deminy y los doctores Matrouk al-Falih y ‘Abdullah al-Hamid quedaron en libertad en virtud del indulto real. Habían permanecido recluidos desde marzo de 2004 y cumplían condenas de hasta nueve años de cárcel impuestas en mayo por el Tribunal de Casación de Riad en una vista a puerta cerrada. Entre los cargos formulados contra ellos figuraban «sembrar la discordia y desobedecer al soberano». Su abogado, ‘Abdel Rahman al-Lahem, que había sido detenido en noviembre de 2004, también quedó en libertad en virtud del indulto real.
Trabajadores y trabajadoras migrantes
En agosto, el gobierno anunció planes para reformar la legislación laboral con el fin de mejorar la protección de los derechos de los trabajadores extranjeros. Advirtió a los empleadores y a las agencias de empleo que podrían ser sancionados, incluso con penas de prisión, si trataban mal a los trabajadores. Las autoridades indicaron que se proporcionarían a los trabajadores migrantes unas nuevas directrices en las que se les explicarían sus derechos en virtud de la legislación saudí y que se reforzarían los mecanismos de tramitación de denuncias. El gobierno instó a los trabajadores que hubieran sufrido abusos a que formularan denuncias. Según los informes recibidos, algunos trabajadores extranjeros formaron asociaciones para facilitar a sus compatriotas la presentación de denuncias.
A pesar de estas iniciativas positivas, continuaron recibiéndose informes de abusos contra trabajadores y trabajadoras migrantes.
* El empleador de Nour Miyati, empleada doméstica indonesia, la trasladó a un hospital de Riad con lesiones graves que requirieron la amputación de los dedos de las manos. Al parecer, la mujer denunció que su empleador la había tenido atada durante un mes en un cuarto de baño y que la había agredido. Según los informes, tras presentar su denuncia, la acusaron de formular declaraciones falsas contra su empleador, la sacaron del hospital y estuvo durante dos días bajo custodia policial. Tras ser puesta en libertad en virtud de una orden del gobernador de Riad, quedó al cuidado de una organización benéfica.
Castigos corporales judiciales
Los tribunales siguieron imponiendo habitualmente el castigo corporal de la flagelación como pena principal o condena adicional para un amplio abanico de delitos, incluidos casos de personas consideradas por Amnistía Internacional como presos de conciencia.
* En marzo se condenó al profesor universitario Hamza al-Muzaini a dos meses de cárcel y a recibir 75 latigazos por criticar presuntamente a un clérigo en un artículo. El entonces príncipe heredero Abdulá intervino y anuló la condena.
* En abril, cuatro hombres que habían asistido a una «boda gay» en Yidda fueron condenados a dos años de prisión y a recibir 2.000 latigazos; se condenó a otros 31 a 200 latigazos y a entre seis meses y un año de cárcel. Amnistía Internacional los consideraba presos de conciencia.
* En mayo se condenó a 12 nigerianos a siete años de prisión y a recibir 700 latigazos después de ser declarados culpables de agresión en un juicio sin las debidas garantías.
Pena de muerte
Se ejecutó al menos a 86 hombres y dos mujeres. Casi la mitad eran ciudadanos extranjeros.
* Seis somalíes fueron ejecutados el 4 de abril a pesar de haber cumplido sus penas de prisión y sufrido castigos corporales. Ni ellos ni sus familiares sabían que corrían el peligro de ser ejecutados y no tuvieron tampoco acceso a asistencia letrada ni consular.
* El nigeriano Suliamon Olyfemi permanecía condenado a muerte. Había sido declarado culpable de asesinato en un juicio celebrado en noviembre de 2004 en el que no dispuso de asistencia letrada ni de servicio de traducción del árabe, lengua que no entendía.
Las autoridades no revelaron el número de condenas de muerte, que quizá superara ampliamente la cifra conocida por Amnistía Internacional. En los casos de pena capital, los acusados no solían contar con asistencia letrada ni estar informados del desarrollo de los procedimientos judiciales. Existía la preocupación de que a algunos de los acusados se los declarara culpables y se los condenara exclusivamente o en gran medida en función de confesiones obtenidas mediante coacción, tortura o engaño.
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De: mfelix28 |
Enviado: 23/05/2006 20:16 |
Y al Bolivia anterior a Evo, una especie de "paraíso perdido"
Campesinos y campesinas, comunidades indígenas y activistas en favor de los derechos humanos recibieron amenazas y fueron desalojados con violencia durante conflictos por la propiedad de la tierra. Se hacía trabajar a indígenas en haciendas y casas en condiciones de esclavitud, a cambio de alimento, ropa y escolarización. Se demoraron las investigaciones judiciales de los homicidios cometidos durante los episodios de agitación política de 2003. La población reclusa protestó por el grave hacinamiento y la falta de instalaciones esenciales en las cárceles.
Información general
Hubo un clima de inestabilidad política generalizada. Las manifestaciones y los bloqueos de carreteras provocaron la renuncia del presidente Carlos Mesa Gisbert en junio. Las comunidades indígenas, los campesinos y los mineros fueron los principales organizadores de las protestas, en las que exigían elecciones adelantadas y mayor influencia en la adopción de políticas económicas. Tras el rechazo popular de los partidos políticos tradicionales y de la sucesión constitucional del presidente renunciante por los presidentes del Senado o de la Cámara de Diputados, se nombró jefe del Estado interino al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé.
En las elecciones generales de diciembre, Evo Morales Ayma, del Movimiento al Socialismo (MAS), resultó elegido presidente.
Derechos a la tierra y económicos
Se recibieron informes de diversas disputas sobre derechos a la tierra, que provocaron desalojos violentos. Grupos indígenas, campesinos que trataban de obtener derechos sobre tierras y miembros de organizaciones no gubernamentales que los representaban sufrieron amenazas y agresiones. No se respetaron los derechos económicos de los pueblos indígenas.
* En enero, miembros de la Asociación Agroforestal de Riberalta (ASAGRI) destruyeron y saquearon las oficinas del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (organización no gubernamental), en Riberalta, departamento de Beni. Los atacantes también quemaron documentos relacionados con la propiedad de la tierra y amenazaron con quemar vivo al abogado Cliver Rocha. El Centro proporcionaba asistencia jurídica a las comunidades indígenas y campesinas. Los miembros de ASAGRI habían advertido a la comunidad indígena tacana de la zona de Miraflores, en Beni, que abandonara la tierra comunal que se le había otorgado oficialmente en propiedad en 2002, o de lo contrario sería desalojada por la fuerza.
* En mayo, a Silvestre Saisari Cruz, presidente del Movimiento Sin Tierra del Departamento de Santa Cruz, lo golpearon y le dieron patadas unos hombres presuntamente vinculados a un terrateniente local. Saisari había denunciado la quema de la reciente cosecha de arroz y piña de la comunidad.
En agosto, el Defensor del Pueblo instó al presidente Rodríguez Veltzé a promover la aplicación correcta de la Ley 1715 en la provincia de Guarayos, departamento de Santa Cruz. La Ley 1715 regulaba el proceso agrario y el saneamiento de la tierra comunitaria de origen y el uso de los recursos naturales por las comunidades indígenas. En noviembre, el Defensor del Pueblo exhortó a las autoridades a poner fin a la explotación y al trabajo en condiciones de esclavitud de 14.000 indígenas guaraníes en Chaco, departamento de Chuquisaca. Los trabajadores cautivos recibían alimento, ropa y una paga diaria de menos de dos dólares estadounidenses, y los niños realizaban trabajos agrícolas o domésticos a cambio de poder asistir a la escuela.
Demoras en la investigación de homicidios
Las investigaciones de los homicidios de civiles de octubre de 2003 volvieron a retrasarse. En octubre, oficiales superiores de las fuerzas armadas se negaron a prestar declaración ante el tribunal que investigaba estos homicidios, alegando que su actuación había sido constitucional. En noviembre, la Corte Suprema confirmó la petición formulada por el tribunal para que prestaran declaración, y el presidente Rodríguez Veltzé, como comandante en jefe de las fuerzas armadas, los autorizó a hacerlo.
En noviembre, el ex jefe del Estado Gonzalo Sánchez de Lozada recibió en Estados Unidos una notificación oficial relacionada con la investigación penal que se llevaba a cabo en Bolivia sobre su responsabilidad en delitos cometidos en octubre de 2003, incluidas violaciones de derechos humanos.
Hacinamiento en las cárceles y protestas
Hubo motines y huelgas de hambre a causa del hacinamiento y la falta de instalaciones esenciales.
* En septiembre, más de 1.000 reclusos de las siete cárceles del departamento de Cochabamba comenzaron una huelga de hambre para reclamar subsidios para alimentos.
* En octubre las reclusas del pabellón de mujeres de la cárcel de Cantumarca, departamento de Potosí, se amotinaron cuando se restringió el uso del teléfono y se cancelaron las visitas.
El gobernador de la cárcel de San Pedro, en La Paz, declaró en junio que los reclusos se habían visto forzados a construir refugios improvisados dentro de la cárcel. Construida para 380 personas, la cárcel alojaba a 1.300.
Derechos de los menores
Entre las recomendaciones que hizo el Comité de los Derechos del Niño de la ONU en enero estaba la de formular un plan de acción para eliminar las peores formas de trabajo infantil. El comité recomendó que se tipificasen como delito la explotación sexual y económica y la trata de menores, que a los menores sometidos a dichos delitos se los tratase como víctimas y que se procesara a los autores de los delitos. También pidió asistencia para los menores de la calle; que se desarrollasen alternativas a la privación de libertad como castigo; que se mejoraran considerablemente las condiciones de reclusión de los menores, y que se ratificase el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
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De: tango |
Enviado: 23/05/2006 21:12 |
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De: tango |
Enviado: 23/05/2006 22:08 |
Felix, Aparte de copiar el reporte completo, ya que lo que interesa es el tema sobre Cuba y no el resto del mundo. Que te parece el reporte sobre CUBA? Tus amos en el MININT que dicen al respecto sobre tal reporte calumnioso? Lo colocaran en el GRANMA? Deberian de publicar todo el reporte incluyendo sobre Cuba, ya que hay libertad de prensa en Cuba, no es cierto? Es Amnistía es un apendice de la CIA y por ende no se le puede creeer, verdad? Ahora, ya que si mienten sobre Cuba, mienten tambien sobre los USA? Tango |
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De: mfelix28 |
Enviado: 23/05/2006 23:03 |
Ya, tanguito, lo que os interesa es presentar a Cuba como el unico blanco de las criticas de A.I.
Talmente parece que es el unico informe de A.I.
Pero hay para todos.
Y para otros bastante más.
Y recuerda esta frasecita de A.I.
El embargo estadounidense siguió teniendo un efecto negativo en el disfrute de toda la gama de derechos humanos en Cuba. |
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De: Maikohara1 |
Enviado: 23/05/2006 23:03 |
Asi no,Felix,le distes tarea a tango por un ano,crees que su pobre cerebro le de para tanto?...no seas abusador,deja al pillo defenderse,aunque sea en sus mentiras...el pobre,se pasara las 24 horas del dia,en internet,buscando mentiras gusanas para contestarte........ Pobre Tango,mejor pasate para Boleros......... |
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De: tango |
Enviado: 25/05/2006 06:11 |
Boleros, umm que bueno, hablando de boleros el caga andante va a tener que bailar ahora..... |
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