El caso Posada Carriles se ha convertido en un problema para los Estados Unidos, donde se encuentra detenido por ingresar ilegalmente pero no por su actividad terrorista. Mientras Washington se opone a extraditarlo a Cuba y Venezuela, otros siete países americanos ya dijeron que no lo quieren.

Según fuentes oficiales ya son siete los países americanos que se han negado a recibir en su territorio al terrorista de origen cubano, y ex-agente de la CIA, Luis Posada Carriles. Canadá, México y toda Centroamérica –Panamá, El Salvador, Honduras, Guatemala y Costa Rica– ya rechazaron la posibilidad de recibir al hombre responsable de varios atentados contra Cuba y ciudadanos cubanos.

Tanto el diario The Miami Herald como dos testigos de la defensa afirmaron en los últimos dos días que seis países –no incluían a Panamá– se negaban a aceptarlo. El miércoles, el vicepresidente primero y canciller panameño, Samuel Lewis Navarro, también rechazó esta posibilidad, aunque destacó que todavía no habían recibido una solicitud formal de Washington.

Posada Carriles, de 78 años, se encuentra bajo la custodia de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en una instalación de detención en El Paso desde que funcionarios de inmigración lo detuvieran en el Condado Miami-Dade el 17 de mayo del 2005, tras entrar clandestinamente a los Estados Unidos desde México por vía marítima. Según se supo entonces, el terrorista había pagado previamente 12 mil dólares a agentes del Instituto Nacional de Inmigración mexicano para poder ingresar en este país también de manera ilegal.

El pasado año un juez estadounidense ordenó la deportación de Carriles. Sin embargo, a lo largo del juicio la defensa logró convencer al juez de que si era deportado su vida correría peligro. Lo que la justicia estadounidense intenta, pero hasta el momento no ha consegido, es deportar a Posada Carriles a un tercer país que no sea ni Cuba ni Venezuela. La Justicia de ambos países reclaman al terrorista por su participación en la voladura de un avión civil cubano en 1976, en la que murieron sus 73 ocupantes. Posada se fugó de una cárcel venezolana en 1985 mientras esperaba sentencia por este atentado. Pero además, también está reclamado por la organización de atentados perpetrados contra varios hoteles de La Habana en 1997, que causaron la muerte de un ciudadano italiano, y de planear el asesinato del presidente Fidel Castro durante la X Cumbre Iberoamericana, celebrada en la capital panameña en 2000 motivo por el cual fue detenido, juzgado e indultado en ese país.

Al final todo parece embarullarse alrededor de un trámite, poco menos que administrativo, sobre la legalidad o ilegalidad de la estancia de Posada Carriles en territorio estadounidense. Cuando en realidad “sobran las evidencias para demostrar que este hombre es prófugo de la justicia en Venezuela, posee un abultado historial terrorista –y como tal no tiene derecho a la libertad condicional- y debe ser extraditado por homicidio”, según asegura el abogado que representa a Venezuela en este proceso, José Pertierra.

Un proceso que se alarga en el tiempo

El pasado 26 de septiembre el Juez de Inmigración William Abbott ordenó la deportación de Posada Carriles a un tercer país que no fuera Cuba ni Venezuela. Según las propias leyes estadounidenses este trámite debe ejecutarse en un plazo de 90 días, al tiempo que prohíbe la detención indefinida de aquellos a quienes el gobierno no ha podido deportar.

Casi un año después, éste sigue siendo el principal argumento de la defensa del terrorista para pedir su libertad al juez federal Norbert Garney. El pasado lunes durante una audiencia en una corte federal, Eduardo Soto, principal abogado de Posada Carriles, pidió al magistrado que ante la imposibilidad del Gobierno estadounidense para deportar a su defendido, éste debía ser dejado en libertad. No hacer esto, agregó Soto, sería violar la decisión del 2001 de la Corte Suprema contra una detención indefinida de extranjeros no deportables.

Sin embargo, Ethan Kanter, abogado del Departamento de Justicia, que representó al gobierno norteamericano en la audiencia, le pidió a Garney que rechazara la petición de Posada Carriles, ya que los esfuerzos del gobierno por sacarlo del país continúan, y también porque la determinación del 2001 de la Corte Suprema permite la detención indefinida de individuos que se consideran que representan un peligro para la comunidad. En una carta que el ICE le envió a Posada Carriles en marzo se le dice que seguía representando un peligro para la comunidad y “un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos”.

Todo parece indicar que el Juez Garney tomará una decisión al respecto en los próximos días. Pero visto el ritmo que lleva este procedimiento judicial, no existen muchas esperanzas de que éste sea rápido y finalice de manera justa.

Un 'terrorista bueno'

Lo cierto es que en ningún momento de este largo proceso se están teniendo en cuenta los actos de terrorismo por los que está reclamado Posada Carriles. Haciendo caso omiso, de ese modo, a las dos peticiones formales de extradición cursadas por Venezuela. Una burla no sólo a las propias leyes estadounidenses, sino también a tres tratados internacionales de extradición firmados por la Administración de Washington.

Estados Unidos ha ocultado desde el principio el historial criminal de su ex-agente, presentándolo ante la opinión pública como un simple indocumentado que atravesó la frontera. Sin embargo, el propio Posada Carriles se ha jactado en numerosas ocasiones sobre sus "valerosas azañas". En su libro Los Caminos del Guerrero, cuenta con orgullo algunas de sus acciones terroristas. Y en una entrevista concedida a The New York Times en 1998, admitió la autoría intelectual de los sabotajes con bombas que mercenarios centroamericanos colocaron en varios hoteles y restaurantes de La Habana en 1997 y que causaron la muerte de un turista italiano y varios heridos. En aquella entrevista, Posada Carriles abogó por la violencia como el mejor método para derrocar al gobierno de Cuba, “es la única manera de crear un levantamiento ahí” afirmó.

Incluso la propia CIA informó, días antes de la voladura del avión de Cubana de Aviación, de los preparativos del atentado. Y la Corte de Panamá también emitió un dictamen donde se recogían todos los detalles del fallido intento de hacer volar con explosivo militar un auditorio lleno de estudiantes panameños, durante una alocución del Presidente cubano Fidel Castro en el 2000.