Estados Unidos se enorgullece desde hace tiempo de su compromiso con el Estado de Derecho, su sistema constitucional de controles y equilibrios del poder, la independencia de su Poder Judicial y su cultura política democrática. El panorama nunca ha sido perfecto—el legado de discriminación institucionalizada poco después de la abolición de la esclavitud es el ejemplo más obvio de las deficiencias—pero Estados Unidos lleva tiempo viéndose a si mismo, y ha sido percibido en muchos lugares, como un defensor efectivo de los derechos humanos en todo el mundo que practica mucho de lo que pregona. 

Su trayectoria interna y en el extranjero en 2004—sobre todo el uso por parte del gobierno de los interrogatorios mediante coacción y el desprecio por los Convenios de Ginebra en su trato a los detenidos en Afganistán, Irak y la Bahía de Guantánamo—ejemplificados por las imágenes de la tortura en la prisión de Abu Ghraib—han minado dicha reputación (véase la Introducción para el análisis de la tortura de Estados Unidos y el maltrato a detenidos). Los esfuerzos del gobierno de Bush por expandir el Poder Ejecutivo a expensas de la supervisión judicial y legislativa en su estrategia antiterrorista también continúan poniendo en peligro derechos civiles y políticos largamente asentados en Estados Unidos. 

Un grupo diverso y vibrante de organizaciones no gubernamentales se ocupan de los preocupaciones en materia de derechos humanos en Estados Unidos—que abarcan desde la brutalidad policial hasta las leyes sobre bienestar que victimizan a las mujeres condenadas por delitos de drogas o las disparidades raciales en la asignación de fondos para la educación pública. Como se refleja en el siguiente resumen, el trabajo de Human Rights Watch sobre las prácticas de Estados Unidos en materia de derechos humanos se concentra actualmente en las implicaciones de las medidas antiterroristas del gobierno de Bush, tanto para los ciudadanos como para los extranjeros, y las constantes vulneraciones de derechos en el sistema de justicia penal de Estados Unidos. 

Antiterrorismo y derechos humanos
El gobierno de Bush continúa rechazando la aplicabilidad de las protecciones de los derechos fundamentales recogidos en la legislación de Estados Unidos e internacional a las personas aprehendidas en su campaña global contra el terrorismo. Se niega a aplicar las leyes de la guerra y las normas de derechos humanos a los más de 500 hombres que han estado recluidos en la Bahía de Guantánamo, Cuba, en muchos casos desde 2002, de manera indefinida y mayoritariamente en situación de incomunicación; ha iniciado los procesos para juzgar a los sospechosos de terrorismo ante comisiones militares que no cumplen las normas del juicio justo; ha intentado impedir el disfrute de las garantías procesales más fundamentales a ciudadanos estadounidenses detenidos por orden presidencial como combatientes enemigos; y ha enviado o asistido en la devolución de personas a países donde se enfrentan a la tortura. 

El gobierno de Bush continúa rechazando la aplicabilidad de las protecciones de los derechos fundamentales recogidos en la legislación de Estados Unidos e internacional a las personas aprehendidas en su campaña global contra el terrorismo.

La Bahía de Guantánamo y las detenciones de combatientes enemigos
En 2004, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió dos fallos que supusieron un golpe importante para un componente fundamental de las políticas antiterroristas del gobierno—la detención indefinida de "combatientes enemigos" sin revisión judicial. Al rechazar las pretensiones del gobierno de mantener a Guantánamo fuera del alcance del Estado de Derecho, la Corte dictaminó en el caso Rasul que los tribunales estadounidenses eran competentes para conocer los casos de los detenidos en Guantánamo. Y en el caso de Yasser Hamdi, ciudadano estadounidense detenido como combatiente enemigo, la Corte sostuvo que los detenidos por Estados Unidos tienen que disfrutar de una oportunidad significativa para cuestionar las razones de su detención ante una instancia neutral. 

Poco antes del fallo de la Corte, el Pentágono anunció sus planes de revisar anualmente la situación de cada detenido de Guantánamo para determinar si seguía planteando un peligro para la seguridad o podría aportar información de inteligencia útil que justificara la continuación de su detención. Estas juntas de revisión no ofrecerán a los detenidos las salvaguardias fundamentales de que disfrutan los acusados penalmente de acuerdo con los derechos humanos, ni cumplirán los requisitos de las leyes de la guerra con respecto a los detenidos por razones de seguridad. 

En respuesta a los fallos de la Corte Suprema, el Pentágono instituyó rápidamente los Tribunales de Revisión de la Condición de Combatientes (Combatant Status Review Tribunals, CSRTs) para permitir que cada detenido en Guantánamo cuestionara su condición de combatiente enemigo. El proceso administrativo, una revisión única sin fundamento en la legislación estadounidense ni internacional, está siendo empleado por el gobierno para justificar la detención de personas que, ante la ausencia de pruebas de infracción penal o violación de las leyes de guerra, deberían haber sido liberadas al concluir las hostilidades entre Estados Unidos y el gobierno talibán en 2002. También parecen destinados a privar a los detenidos de su derecho a que una instancia neutral revise sus casos. Los detenidos que han intentado cuestionar su condición ante los CSRTs no han podido contar con testigos externos (a parte de los detenidos en Guantánamo) ni con la representación de un abogado. El proceso tampoco garantiza que puedan ver todas las pruebas que pesan contra ellos. A finales de noviembre, los CSRTs habían revisado 401 casos; se habían anunciado decisiones finales en 144 de ellos y sólo se consideró que un detenido no era combatiente enemigo y fue puesto en libertad. 

Durante 2004, unas tres docenas de personas que habían sido liberadas de Guantánamo describieron el trato que les propinaron las fuerzas estadounidenses en declaraciones públicas o en entrevistas con Human Rights Watch. Alegaron que los métodos de interrogación incluían períodos prolongados en posiciones dolorosamente "incómodas", exposición al frío extremo y música a todo volumen, y amenazas de tortura y muerte. Dijeron que los habían sometido a semanas e incluso meses de aislamiento—a veces en condiciones sofocantemente calurosas o frías por el exceso de aire acondicionado—como castigo por no cooperar durante los interrogatorios o violaciones de las reglas de la prisión. 

Los oficiales estadounidenses han reconocido que las técnicas de interrogatorio en Guantánamo han incluido el uso de posiciones incómodas, el aislamiento y la retirada de ropa.

Los oficiales estadounidenses han reconocido que las técnicas de interrogatorio en Guantánamo han incluido el uso de posiciones incómodas, el aislamiento y la retirada de ropa. Una breve investigación militar sobre el trato a los detenidos en Guantánamo, tras las revelaciones sobre Abu Ghraib, concluyó que sólo se habían cometido unas cuantas infracciones menores—pero la investigación no incluyó entrevistas con ningún detenido. Según las informaciones de prensa aparecidas en noviembre de 2004, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha notificado al gobierno de Estados Unidos en informes confidenciales que su trato a los detenidos ha conllevado una coacción psicológica y física que "equivale a tortura". 

Durante 2004, tres hombres—entre ellos dos ciudadanos estadounidenses—continuaron incomunicados y sin cargos, al haber sido designados "combatientes enemigos" por el Presidente Bush. Después de que la Corte Suprema dictaminó que uno de ellos, Yasser Hamdi, tenía derecho a comparecer ante un juez, el gobierno de Estados Unidos y sus abogados negociaron su puesta en libertad y, en octubre, permitieron su regreso a Arabia Saudita a condición de que renunciara a sus ciudadanía estadounidense (tenía doble nacionalidad estadounidense y saudita), abandonara su derecho a recurrir la legitimidad de su detención y del trato recibido, y aceptara ciertas restricciones sobre los viajes al extranjero. Estados Unidos continúa insistiendo ante los tribunales que tiene autoridad para detener indefinidamente y sin cargos a los otros dos, José Padilla y Ali-Saleh Kahlah al-Marri. 

Unos 150 detenidos de Guantánamo han sido puestos en libertad desde la apertura de la prisión, con frecuencia como resultado de las negociaciones entre Estados Unidos y el gobierno del detenido. En octubre de 2004, se informó que el número de detenidos en Guantánamo ascendía a 550. En abril de 2004, el Pentágono finalizó la construcción de su primera prisión permanente para detenidos; en octubre, anunció sus planes para iniciar la construcción de una segunda. Estados Unidos ha rechazado todas las peticiones de organizaciones de derechos humanos que informan al público, entre ellas Human Rights Watch, para examinar las condiciones en Guantánamo o entrevistar a los detenidos. 

Estados Unidos también ha "desaparecido" al menos a 11 presuntos altos mandos de Al Qaeda, a los que tiene recluidos en lugares secretos por todo el mundo. Se ha informado que algunos de ellos han sido torturados. También ha facilitado o participado directamente en el traslado de un número desconocido de personas a países de Oriente Medio en los que la tortura es habitual. (Véase la Introducción). 

Comisiones militares
En agosto de 2004, las fuerzas armadas iniciaron procesos legales contra cuatro detenidos en Guantánamo, los primeros que iban a ser acusados de crímenes. Otros 11 detenidos han sido designados elegibles para ser juzgados pero aún no se han formulado cargos contra ellos. De acuerdo con una orden dictada por el presidente Bush en noviembre de 2001, los extranjeros acusados de participar en actos terroristas pueden ser juzgados por comisiones militares ad hoc, en lugar de los tribunales federales o el sistema bien desarrollado en Estados Unidos de consejos de guerra. 

Las comisiones sufren deficiencias fatales en el diseño y la práctica. Otorgan al Poder Ejecutivo amplios poderes para ejercer de fiscal, juez y jurado sin ningún tipo de supervisión judicial. Limitan considerablemente el derecho del acusado a presentar una defensa, en parte al permitir el uso de pruebas que los acusados no pueden ver ni rebatir. Y no requieren que los miembros de la comisión tengan formación legal alguna: en las audiencias iniciales, los miembros del panel, de los cuales sólo uno era un abogado, no estaban familiarizados con conceptos básicos del derecho penal, mucho menos con las complejas cuestiones del derecho internacional a considerar. Las malas traducciones de los intérpretes del gobierno de Estados Unidos convirtieron las sesiones en una farsa y despertaron nuevas preocupaciones con respecto al juicio justo.

Human Rights Watch pudo asistir y observar los procedimientos de la comisión tras sumarse a las objeciones públicas de otras organizaciones de derechos humanos a la decisión inicial del Pentágono de prohibir el acceso a observadores independientes. 

En noviembre de 2004, un tribunal federal de distrito ordenó que se detuvieran las diligencias de la comisión militar en un caso. El tribunal dictaminó que el caso estaba siendo indebidamente juzgado por una comisión militar debido a que las fuerzas armadas no habían determinado la situación legal del acusado de acuerdo con los Convenios de Ginebra y las reglas de prueba de la comisión violaban las normas sobre el juicio justo. El gobierno intentó apelar rápidamente y la defensa instó a la Corte Suprema a que se hiciera cargo directamente del caso. 

Detenciones de testigos materiales
El gobierno de Estados Unidos continúa haciendo un mal uso de la ley federal sobre testigos materiales para arrestar y detener indefinidamente y sin cargos a hombres musulmanes en Estados Unidos. Esta ley se promulgó para que las autoridades pudieran detener temporalmente a un testigo cuando su testimonio fuera fundamental para un proceso penal y existiera el riesgo de que se diera a la fuga. Desde el 11 de Septiembre, el gobierno ha empleado la ley para encarcelar a sospechosos de terrorismo mientras continúan las investigaciones sobre sus actividades. El Departamento de Justicia sigue negándose a revelar el número de testigos materiales que ha recluido en conexión con la guerra contra el terrorismo o cualquier detalle sobre ellos, esgrimiendo motivos de seguridad nacional y las reglas del jurado de acusación (grand jury). 

El 12 de mayo de 2004, el gobierno detuvo como testigo material al ciudadano estadounidense Brandon Mayfield, un abogado de Oregon convertido al islamismo que, según el gobierno, estaba conectado con los atentados del 11 de marzo en Madrid. Un mes después, las autoridades pusieron en libertad a Mayfield cuando se dieron cuenta que las acusaciones contra él estaban basadas en una coincidencia errónea con unas huellas tomadas en el lugar de los atentados. A petición de algunos congresistas, la Oficina de Responsabilidad Profesional y la Inspección General del Departamento de Justicia están investigando la posible mala conducta profesional del FBI y la Fiscalía General de Estados Unidos en el caso Mayfield. En noviembre de 2004, un panel internacional de científicos, contratado por el FBI para revisar el caso Mayfield y liderado por el jefe de la Unidad de Control de Calidad del FBI, criticó enérgicamente al Departamento de Justicia por la intimidación institucional que llevó a la identificación equivocada de las huellas de Brandon Mayfield. 

Inmigración
Las iniciativas del Congreso y el Poder Ejecutivo para limitar los derechos de los inmigrantes mediante nuevas leyes y políticas administrativas continuaron con toda su fuerza durante 2004. Los extranjeros en Estados Unidos se enfrentan a violaciones de su derecho a solicitar asilo, librarse de la detención arbitraria, defenderse contra la deportación cuando vaya a conducir a la separación de sus hijos ciudadanos estadounidenses o de otros familiares cercanos, y disfrutar de procesos completos y justos de deportación.

Estados Unidos lleva muchos años usando un único proceso de selección preliminar de solicitantes de asilo para los haitianos interceptados en el mar cuando huían de su país. Estas políticas rudimentarias no garantizan el acceso a la selección de los haitianos que temen que los devuelvan a un lugar en el que están amenazadas sus vidas o su libertad. Un número record de haitianos huidos de su país después del exilio del presidente haitiano Aristide, el 29 de febrero de 2004, fueron enviados de vuelta. En octubre de 2004, 3.229 habían sido interceptados en el mar. Se concluyó que sólo diez de ellos eran refugiados. Al momento de escribir este capítulo, estaban recluidos en la Base Naval de Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, Cuba, contrariamente a las normas internacionales que limitan las restricciones sobre el libre movimiento de refugiados. El gobierno de Estados Unidos está buscando a otros países que los acojan. 

En diciembre de 2003, el Inspector General del Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un informe sobre el trato en prisión a los extranjeros detenidos después de los atentados del 11 de Septiembre por presunta conexión con el terrorismo. En el informe se confirmaron las conclusiones alcanzadas por Human Rights Watch en 2002 de que algunos de los detenidos habían sido maltratados físicamente. Según el Inspector General, guardias del Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn arrojaron malintencionadamente a los detenidos contra las paredes, les torcieron los dedos y las muñecas, y tiraron de sus esposas para hacerles caer al suelo. Ninguno de los detenidos fue inculpado de delitos relacionados con los atentados del 11 de Septiembre. La mayoría fueron deportados eventualmente por infracciones ordinarias de sus visas. 

Estados Unidos ha seguido adoptando nuevas políticas de inmigración basadas en una conexión asumida entre los extranjeros y el terrorismo. En junio de 2004, el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional anunció que empezaría a someter a todo extranjero indocumentado que se encontrara a menos de 260 kilómetros de la frontera con México o Canadá a "procedimientos acelerados" para determinar si están legalmente presentes en el país. Si no, son deportados inmediatamente sin comparecer ante un juez. 

La nueva política ha despertado preocupaciones sobre la formación y la capacidad de los agentes fronterizos para evaluar la situación legal de los extranjeros y la viabilidad de sus solicitudes de asilo. En un informe de la ONU filtrado al New York Times en agosto de 2004 se revela que procedimientos acelerados similares, implementados en los aeropuertos desde 1996, han provocado que algunos extranjeros sean hostigados e intimidados, disuadidos de pedir asilo y entrevistados sin traductores por parte de inspectores de aeropuerto desconocedores de la ley de asilo. 

Justicia penal
A pesar de la caída constante de las tasas de delincuencia, las duras políticas de condenas continúan promoviendo el aumento de la población carcelaria y penitenciaria del país, que alcanzó un nuevo máximo de 2,2, millones en 2003. Estados Unidos—que tiene menos del 5 por ciento de la población mundial—alberga a cerca del 23 por ciento de los presos del mundo. Las disparidades raciales del sistema de justicia penal siguen siendo pronunciadas y los delitos menores de drogas continúan constituyendo una parte significativa de los arrestos totales. 

En respuesta a la escalada de los costos de las prisiones, algunos estados han empezado a instituir reformas de las condenas para reducir las poblaciones penitenciarias, pero todavía existe una resistencia considerable. En noviembre de 2004, en California, por ejemplo, los votantes rechazaron una iniciativa de reforma de la infame ley estatal de los "tres veces", que impone obligatoriamente la cadena perpetua a cualquiera que cometa un tercer delito, aunque sea menor como el hurto. 

Las prisiones no ofrecen generalmente condiciones seguras y humanas de detención ni servicios y programas de rehabilitación adecuados para los presos.

Las prisiones no ofrecen generalmente condiciones seguras y humanas de detención ni servicios y programas de rehabilitación adecuados para los presos. La violación en las cárceles sigue siendo un problema grave. La Comisión Nacional de Reducción de la Violación en las Prisiones empezó a trabajar en 2004 para documentar el problema y establecer normas para eliminarlo. Su trabajo complementa otras nuevas iniciativas federales para desarrollar estadísticas fiables sobre la preponderancia de la violación en las prisiones, y ofrecer fondos y formación a las autoridades penitenciarias para luchar contra este fenómeno. 

Cerca del 16 por ciento de los presos son enfermos mentales, y los servicios penitenciarios de salud psicológica son terriblemente deficientes. En octubre de 2004, el Congreso aprobó leyes para ofrecer fondos federales para contribuir a sacar a las personas mentalmente enfermas del sistema de justicia penal y mejorar su trato cuando estén recluidos. Después de la muerte de varios presos con VIH/SIDA debido a las terribles condiciones de vida y la negligencia o la incompetencia en la atención médica, en junio de 2004, el Departamento de Correccionales de Alabama llegó a un acuerdo en una demanda en su contra y aceptó mejorar el cuidado y el trato a los presos con VIH/SIDA. 

En su discurso sobre el Estado de la Unión de 2004, el Presidente Bush declaró: "Estados Unidos es el país de la segunda oportunidad—y cuando se abren las puertas de la prisión, el camino por delante debe llevar a mejor vida". Propuso una iniciativa de reinserción para los casi 650.000 hombres y mujeres que salen cada año de las prisiones estatales y federales. El Congreso ha introducido leyes que financiarían la ampliación del acceso a tratamiento médico, viviendas de transición y otros servicios para facilitar el paso de la prisión al hogar. 

Sin embargo, las políticas federales y locales sobre vivienda excluyen a cientos de miles de estadounidenses necesitados por tener antecedentes penales, negándoles la oportunidad de obtener viviendas decentes, estables y asequibles. Aunque dichas exclusiones protegen ostensiblemente a los inquilinos, las políticas son tan arbitrarias, excesivamente amplias y duras que excluyen a personas arrestadas por delitos menores y personas que han cambiado sus vidas y mantienen el respeto por la ley. 

Cerca del 30 por ciento de los contagios de VIH en Estados Unidos son el resultado de compartir jeringas entre consumidores de drogas. En todos los estados, la posesión de jeringuillas para la inyección de drogas ilegales puede ser un delito, lo que restringe los programas eficaces de esterilización de jeringas, como el intercambio de agujas, que reduce el contagio del VIH. En 2004, voluntarios del programa de intercambio de agujas que distribuían jeringas limpias fueron arrestados en al menos dos estados—Massachusetts y Pennsylvania. 

Un conjunto creciente de pruebas indica que estos programas pueden aumentar en realidad el riesgo de VIH entre los adolescentes al disuadirles de usar condones y otras medidas para el sexo seguro.

En Estados Unidos, así como a nivel internacional, el gobierno estadounidense continúa promoviendo los programas de prevención del VIH que fomentan la abstinencia sexual y la fidelidad marital, mientras censuran información vital sobre condones como medio de prevención del VIH. El financiamiento de los programas de "sólo abstinencia" ha aumentado considerablemente durante el gobierno de Bush. Un conjunto creciente de pruebas indica que estos programas pueden aumentar en realidad el riesgo de VIH entre los adolescentes al disuadirles de usar condones y otras medidas para el sexo seguro. 

Pena de muerte
Desde principios de año hasta mediados de octubre de 2004, Estados Unidos había llevado a cabo 48 ejecuciones. Más de 3.400 hombres y mujeres estaban en el corredor de la muerte a finales de año, casi 80 de ellos menores de edad. En octubre, la Corte Suprema escuchó a las partes en un caso que decidirá la constitucionalidad de la pena de muerte para los delincuentes menores de edad. El gobierno federal y 19 estados ya han fijado en 18 años la edad mínima para la aplicación de la pena de muerte. El fallo de la Corte determinará si Estados Unidos dejará de militar en las filas de Irán y China, algunos de los pocos países del mundo que condenan a muerte a delincuentes menores de edad. 

Cinco presos del corredor de la muerte fueron absueltos en 2004, aumentando a 117 el número de hombres que han salido del corredor de la muerte desde 1973 debido a las pruebas de su inocencia. En agosto, se retiraron los cargos contra un interno del corredor de la muerte de Louisiana, Ryan Matthews, condenado a muerte en 1999, cuando las pruebas de ADN le absolvieron. Matthews es el décimo cuarto y más reciente recluso del corredor de la muerte que obtiene la libertad gracias a las pruebas de ADN. 

En octubre de 2004, el Congreso aprobó la Ley de Protección de la Inocencia (Innocence Protection Act, IPA) como parte de una ley más amplia contra la delincuencia. La IPA pretende prevenir las ejecuciones equivocadas elevando los criterios para la representación adecuada en los casos de pena de muerte, ofreciendo un mayor acceso a las pruebas de ADN posteriores a la condena y garantizando que aquellos absueltos mediante las pruebas de ADN en casos federales reciban compensación. 

En marzo de 2004, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) decretó que Estados Unidos había violado los derechos de 54 ciudadanos mexicanos del corredor de la muerte porque no habían sido informados de su derecho a hablar con sus funcionarios consulares después del arresto, como exige la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. La Corte rechazó el argumento de Estados Unidos de que el proceso de indulto ofrecía un recurso adecuado e insistió en que los tribunales tenían que disponer la revisión "efectiva" de las condenas para determinar si las violaciones habían provocado un "perjuicio real" a alguno de los 54 hombres. El fallo de la CIJ no afectó a otros extranjeros en el corredor de la muerte: Hung Thanh Le, un ciudadano vietnamita, fue ejecutado en Oklahoma a pesar de que se le negó el derecho a la notificación consular. Más de 120 ciudadanos de 29 países permanecen en el corredor de la muerte en Estados Unidos.

El gobierno cubano niega sistemáticamente a sus ciudadanos los derechos fundamentales a la libertad de expresión, asociación, asamblea, movimiento y a un juicio justo. Cuba, un Estado monopartidista, restringe casi todas las vías para la disidencia política. Las tácticas para la imposición de la conformidad política incluyen advertencias policiales, vigilancia, detenciones a corto plazo, arrestos domiciliarios, restricciones de los viajes, enjuiciamientos penales y despidos laborales políticamente motivados. 

En abril de 2003, las autoridades sentenciaron a 75 disidentes a penas de prisión que iban de los 6 a los 28 años, y todos ellos menos 14—que fueron puestos en libertad en 2004 por razones humanitarias—seguían encarcelados en el momento de escribir este capítulo. Raúl Rivero, poeta y periodista, y Marta Beatriz Roque, destacada economista independiente—y la única mujer enviada a prisión durante la campaña de represión—se encontraban entre las 14 personas puestas en libertad. 

Fallos jurídicos e institucionales
Las estructuras legales e institucionales de Cuba se encuentran en el origen de las violaciones de los derechos humanos. La legislación cubana limita estrictamente el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, asociación, asamblea, movimiento y prensa. Al criminalizar la propaganda enemiga, la divulgación de "noticias no autorizadas", y el insulto a los símbolos patrios, el gobierno limita la libertad de expresión con la excusa de proteger la seguridad del Estado. El gobierno también encarcela u ordena la vigilancia de personas que no han cometido ninguno acto ilegal, utilizando leyes que penalizan el "estado peligroso" y permiten la "advertencia oficial". 

Las estructuras legales e institucionales de Cuba se encuentran en el origen de las violaciones de los derechos humanos.

Los tribunales controlados por el gobierno socavan el derecho a un juicio justo al restringir el derecho a la defensa y, con frecuencia, no respetan las pocas garantías procesales de que disponen los acusados conforme a la legislación nacional. 

Juicio y puesta en libertad de disidentes políticos
El primer juicio político importante desde la campaña de represión de 2003 se celebró en abril de 2004 en la ciudad del interior de Ciego de Ávila. En el juicio estaban acusadas diez personas, entre ellas Juan Carlos González Leiva, abogado invidente que preside la Fundación Cubana de Derechos Humanos. González Leiva fue condenado a cuatro años de arresto domiciliario por desacato a la autoridad, desorden público, desobediencia y resistencia al arresto. Otros varios acusados, entre ellos Virgilio Mantilla Arango, recibieron condenas de prisión de hasta siete años. La acusación estaba basada en una protesta política que celebraron en un hospital provincial en marzo de 2002. 

En septiembre de 2004, René Montes de Oca Martija, líder del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, fue condenado a ocho meses de cárcel por "desacato a la autoridad". 

En 2004, se concedió la libertad provisional a 14 disidentes encarcelados, ostensiblemente por razones humanitarias. Además de Raúl Rivero, de 59 años, y Marta Beatriz Roque, de 59 años, los liberados incluyeron al bibliotecario Roberto de Miranda, de 62 años, que sufrió graves problemas de salud en prisión, y el periodista independiente Manuel Vásquez Portal, de 52 años. 

Condiciones penitenciarias
Los presos viven generalmente en condiciones abusivas, con frecuencia, hacinados en celdas. Los presos suelen perder peso durante el encarcelamiento, y algunos reciben una atención médica inadecuada. Algunos también son víctimas del abuso físico y sexual, habitualmente a manos de otros reclusos con la tolerancia de los guardias. En octubre de 2004, se informó de que el activista de derechos humanos Luis Enrique Ferrer García fue desnudado y golpeado por funcionarios de la policía y de prisiones en la Prisión Juvenil de Santa Clara. El mes siguiente, el disidente Juan Carlos Herrera Acosta fue golpeado repetidamente hasta perder el conocimiento por presos que le llamaron "traidor, gusano, cobarde". Otros disidentes encarcelados informaron de que habían recibido amenazas de muerte y sufrido otras formas de acoso. 

Los presos políticos que denuncian las malas condiciones en las prisiones o incumplen de otro modo las reglas carcelarias son castigados frecuentemente con largos períodos de aislamiento en celdas de castigo, la restricción de las visitas o la negación de tratamiento médico. El disidente Óscar Elías Biscet fue castigado frecuentemente de esta manera. Estas condiciones abusivas son particularmente duras para los disidentes de mayor edad, algunos de los cuales han pasado de los sesenta y tienen mala salud. 

Pena de muerte