LOS ABOGADOS de la viuda de Filiberto Ojeda Ríos aseguraron ayer que el informe de la Oficina del Inspector General (OIG) confirma que el objetivo del FBI era asesinar al líder independentista en el operativo del 23 de septiembre de 2005 en Hormigueros.

Julio Eduardo Torres, Luis F. Abreu, Jan Susler y Luis Nieves Falcón recordaron, además, el historial nefasto de persecución del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) contra independentistas en Puerto Rico y señalaron que el informe de la OIG careció de perspectiva histórica para contextualizar lo que sucedió el 23 de septiembre de 2005.

Señalaron que las críticas del informe al operativo dirigido por el agente especial a cargo de la oficina del FBI en San Juan, Luis Fraticelli, confirman que fueron a matar al líder del Ejército Popular Boricua-Macheteros, tal como lo hubieran hecho en 1985 si no hubiera sido porque Ojeda Ríos exigió la presencia de la Policía de Puerto Rico y de periodistas.

El informe de la OIG del Departamento de Justicia federal establece que el FBI pudo haber recurrido a métodos alternos para evitar el desenlace: hacer un perímetro apropiado alrededor de la residencia para evitar que Ojeda Ríos escapara; exigirle que se rindiera dándole un límite de tiempo y, si rehusaba rendirse, usar agentes químicos para forzarlo fuera de la residencia. También indica que se pudo haber usado un procedimiento de negociación más efectivo.

Concluye, no obstante, que las decisiones que se tomaron ese día -como entrar 18 horas después de haberle disparado a Ojeda Ríos- se hicieron para proteger la seguridad de los agentes y no para dejar morir a Ojeda Ríos, quien falleció por desangramiento, y que los agentes del FBI usaron adecuadamente la "Política de Fuerza Letal" de la agencia.

Nieves Falcón cuestionó que en el informe la misma OIG indica que no entrevistó a testigos claves, como la viuda de Ojeda Ríos, Elma Beatriz Rosado -que rehusó ofrecer su testimonio-, no inspeccionó la residencia -a lo que se negaron los abogados- y que tampoco accedió a los testimonios de vecinos recopilados por el Departamento de Justicia de Puerto Rico ni a la investigación del Colegio de Abogados. Dice, sin embargo, que aunque este material hubiera sido útil para su investigación, sus hallazgos y conclusiones no se afectaron.

Los abogados sostuvieron ayer que Rosado no testificó ante la OIG porque no confían en que un organismo del Departamento de Justicia federal sea capaz de hacer una pesquisa imparcial y por la misma razón le negaron la entrada a la residencia.

La investigación de la OIG se fundamentó en testimonios de agentes y funcionarios del FBI, peritos estadounidenses, documentos provistos por el FBI, informes de autopsia y balística del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) de Puerto Rico, tres entrevistas al ahora ex director del ICF Pío Rechani y la "colaboración" del secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos.

Los abogados no les otorgaron credibilidad alguna a los testimonios de los funcionarios federales, precisamente por su historial en Puerto Rico. Susler enumeró varias instancias en las que en el informe -de 172 páginas- se mencionan "exageraciones", "lapsos de memoria", "falsas impresiones" y "falsas percepciones" de los agentes durante las entrevistas. La mayoría de los agentes no fueron nombrados y para otros se usaron seudónimos.

El equipo de abogados está haciendo su propia investigación, de la cual prefirieron reservar los detalles. Le exigieron al secretario de Justicia que les entregara la misma información que le dio a la OIG y ayer mismo le enviaron la carta con su solicitud. También exhortaron a Sánchez Ramos a iniciar un procedimiento criminal contra los agentes en los tribunales estatales.

El Departamento de Justicia de Puerto Rico presentó dos demandas contra el Gobierno de Estados Unidos para ordenarles al Departamento de Justicia federal y al FBI que provean información imprescindible relacionada con la muerte de Ojeda Ríos y la agresión a periodistas perpetrada por agentes federales.