Artículo 1: Manifiesto: ¿Por qué rechazamos el proyecto?

El proyecto de ampliación del Canal mediante la construcción de un tercer juego de esclusas no debe ser llevado a referendo por varias razones:

EJERCEREMOS NUESTROS DERECHOS COMO PROPIETARIOS

En el referendo, el pueblo panameño no ejercerá sus derechos como propietario de la vía interoceánica sino que decidirá sobre una propuesta de ingeniería (Artículo 325 de la Constitución Nacional) sin determinar la suerte (financiera, comercial y económica) del Canal, porque esto último se decide en los contratos y éstos no se someterán a la aprobación legislativa ni al referendo. El Artículo 319, suplantado por el citado Artículo 325, consagraba la obligación de que cualquier contrato suscrito por el Órgano Ejecutivo con empresas particulares o pertenecientes a Estados debía ser aprobado por el Órgano Legislativo y por el pueblo mediante referendo. ¿Por qué se exoneró a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) de esta obligación en el Artículo 325?

RECHAZO ROTUNDO AL PROYECTO

El proyecto de ampliación constituye un planteamiento conceptual que no ha sido desarrollado, carece de planos y diseños y, por lo tanto, no sirve de base para la elaboración de presupuestos y planificación confiables. La propuesta es insuficiente para ser sometida a evaluaciones serias y, en consecuencia, no nos queda otra alternativa que rechazar rotundamente el incompleto, deficiente y tramposo proyecto de ampliación que promueven el gobierno y la ACP.

RECHAZAMOS LA ESPECULACIÓN

El proyecto está basado en expectativas, hipótesis, cifras y datos relativos a costos, demanda de tráfico, peajes, intereses, contingencias y empréstitos que no resisten un análisis serio y han sido ya refutados. Por ejemplo, la inversión anunciada en el Plan Maestro no contempla los costos de los Estudios de Impacto Ambiental (inexistentes) ni de las medidas para mitigar sus efectos negativos; no incluye los intereses bancarios sobre préstamos, así como tampoco las construcciones requeridas en las provincias de Colón y Panamá, entre otros rubros. Por otra parte, no existen compromisos por parte de los usuarios para construir los barcos postpanamax que sustentarían la inversión. Por ello, no nos queda otro remedio que rechazar este anteproyecto de construcción, ya que no podemos permitir que se pongan en peligro los cimientos de la Nación panameña con maniobras especulativas y engañosas.

LA ACP NOS HA EXPROPIADO EL CANAL

El proyecto pretende apoyarse jurídicamente en la Constitución Nacional y la Ley Orgánica de la ACP. Sin embargo, mientras que la Constitución Nacional (Artículo 315) dispone que el Canal de Panamá es patrimonio inalienable de la Nación , la Ley Orgánica de la ACP (Artículos 2 y 33) aclara que la Nación panameña sólo es dueña de las esclusas y algunas construcciones para el control de aguas (Artículo 2) porque todo lo demás: edificios, maquinarias, herramientas, talleres, grúas, vehículos, naves, aeronaves, plantas hidroeléctricas, motores, mulas, muelles, piezas de repuestos, remolcadores, boyas, computadoras, programas, etc., así como la totalidad de los beneficios, ingresos y ganancias del Canal, fueron integrados al patrimonio de la ACP (Artículo 33) en violación del precepto constitucional que dispone que la vía acuática le pertenece a la Nación panameña.

PANAMÁ, AL SERVICIO DE LA ÚNICA SUPERPOTENCIA

El presidente Bush declaró que la ampliación del Canal es esencial a la seguridad nacional de Estados Unidos, cuyos intereses comerciales y estratégicos quedan asegurados en el proyecto. Estados Unidos es el principal usuario del Canal, construido para servir a sus intereses estratégicos a principios del pasado siglo. El Tercer Juego de Esclusas, diseñado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, cuya construcción se inició el 1º de agosto de 1940, "obedeció casi exclusivamente a factores estratégicos" (permitir el paso de los portaaviones y naves de guerra más grandes de Estados Unidos), como lo publicó Gerstle Mack en su obra The Land Divided ( La Tierra Dividida), en 1944. El actual proyecto del Tercer Juego de Esclusas es básicamente el mismo que el de 1939 con algunas variantes y sigue sus lineamientos; es decir, permitirá el paso de las naves de guerra más grandes de Estados Unidos. Si ello es así, ¿bajo qué lógica Panamá tiene que seguir subsidiando al país más poderoso del mundo sin que Estados Unidos ponga un solo centavo en esta inversión que beneficiará sus intereses comerciales, navieros y estratégicos a nivel mundial?

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ES LA CLAVE

¿Por qué Panamá tiene que seguir siendo Pro Mundi Beneficio y Pro Estados Unidos Beneficio, mientras las mayorías nacionales (más del 60 por ciento de la población) se debaten en el desempleo, el hambre, la miseria y la exclusión? Urge la participación consciente de la ciudadanía panameña en la lucha por recuperar plenamente la soberanía nacional y popular sobre el patrimonio inalienable del Canal de Panamá del que hemos sido expropiados.

ACCIÓN CIUDADANA POR EL NO (ACP-NO), amparados en los derechos que nos otorgan la Constitución Nacional y los tratados internacionales, llama a la población panameña a rechazar de manera categórica y no violenta la trampa y el engaño del referendo mafioso que nos pretenden imponer el gobierno y la ACP. El referendo no debe llevarse a cabo en las circunstancias señaladas y, en su lugar, exigimos que se examinen con total transparencia y patriotismo todas las alternativas que permitan mantener el Canal a la altura de la demanda de tráfico, pero en el marco del más puro interés nacional y social de nuestro querido Panamá.

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Artículo 2: Sin pie ni cabeza

El proyecto de ampliación del Canal, mediante la construcción de un tercer juego de esclusas, se encamina al despeñadero. Encubado en la cúpula de los intereses politiqueros de la dócil Junta Directiva de la Autoridad del Canal (ACP), el proyecto es un auténtico negociado para los ricos de dentro y fuera de Panamá. Para los empobrecidos, el proyecto constituye una estafa que sólo puede compararse con la historia colonial que aún mantiene en compra y venta al país.

Toda la costosa propaganda que impulsa la ACP y el gobierno de Martín es parte de la estrategia que intenta culminar imponiéndonos un SI fácil en el referéndum del 22 de octubre. La lógica de este proyecto está inscrita en la mentira, el secretismo y la dominación. El control absoluto de los medios de comunicación es escandaloso. La torcedura de la ley para poner la ACP totalmente al servicio de los intereses económicos de los consorcios y clanes familiares económicos es patente.

En un verdadero Estado de derecho, la Junta Directiva tendría que ser enjuiciada y responder por el derroche multimillonario realizado para comprar conciencias y tratar de imponer un proyecto que no tiene ni pie ni cabeza. La improvisación, la propaganda fácil y la mentira han marcado desde el inicio la labor de Alberto Alemán Zubieta. La derogación de la Ley 44 del 31 de agosto de 1999 es la prueba más contundente. Nadie, ni Alemán Zubieta , ni el presidente Martín Torrijos han explicado al país ¿cómo fue posible que se aprobara una ley ilegítima, inconstitucional y abusiva? ¿Nadie va a responder por todo el daño que esta abusiva ley causó a los panameños de tierra adentro?

Hace más de un año, en septiembre del 2005, los campesinos de la Coordinadora Campesina Contra los Embalses (CCCE), hicieron un manifiesto que titularon: "Mil razones para votar ¡NO! en el referéndum sobre la ampliación del Canal". Hace unos días, el 11 de agosto, responsables de los nueve sectores de la CCCE realizaron una vigilia en las escaleras del edificio principal de la ACP. La estrategia de la ACP y del gobierno de derogar la Ley 44 para desorganizar la CCCE no logró su cometido. La ACP y el campesinado saben perfectamente que, con ley 44 o sin ley 44, si se aprueba el negociado y la estafa de la ampliación, los embalses son una realidad. El Canal funciona con agua y las tinas de reciclaje no son suficientes para cumplir con la demanda.

La CCCE está llamando para una vigilia el 7 de septiembre. Se concentrarán en el parque Porras de la ciudad de Panamá. Su llamado es, como en el manifiesto de septiembre del 2005: "Panameño: en el referéndum VOTA ¡NO!".