El presidente Bush estampó ayer su firma en una ley clave para seguir adelante con su "guerra contra el terror". La nueva legislación no sólo crea tribunales militares especiales que limitan los derechos de defensa para los "enemigos combatientes". También da luz verde al funcionamiento de las prisiones secretas que la CIA mantiene alrededor del mundo, donde se utilizan duras técnicas de interrogatorios lindantes con la tortura para obtener información de los supuestos terroristas.

"Es rara la ocasión en que un presidente puede promulgar un proyecto de ley que sabe que salvará vidas estadounidenses. Tengo tal privilegio esta mañana", dijo ayer Bush al rubricar el texto aprobado por el Congreso, durante un acto en la Casa Blanca en el que lo acompañaban su vice, Dick Cheney, y el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld.

En ese escenario, a tres semanas de las elecciones legislativas y con los republicanos golpeados por el escándalo del legislador Mark Foley (acusado de acoso sexual a menores), Bush intentó girar de nuevo la atención pública hacia la amenaza del terrorismo, el campo en el que más cómodo se siente y que más rédito le ha dado a su partido.

Es curioso, pero la ley promul gada no establece nada nuevo. Apenas da marco legal a procedimientos que la Casa Blanca ya había impulsado por su cuenta luego de los atentados del 11-S. Desde entonces, Bush había ordenado la creación de "comisiones militares" —un procedimiento para juzgar enemigos que no se utilizaba desde la Segunda Guerra Mundial— y había dado su venia para duros interrogatorios a los detenidos en busca de información sensible.

Pero todo se complicó. En noviembre del año pasado una in vestigación periodística reveló que además de la prisión militar de Guantánamo, existe una cantidad indeterminada de cárceles clandestinas de la CIA donde se sospecha que los detenidos sufren toda clase de tormentos.

Bush recién reconoció su existencia en setiembre de este año. Para entonces, la presión de organizaciones de derechos humanos era tan grande, que los agentes de inteligencia, temerosos de afrontar juicios por crímenes de guerra, pidieron una autorización explícita del Congreso para continuar con los interrogatorios a prisioneros. La Corte Suprema, por su parte, también bloqueó el establecimiento de comisiones militares sin un aval legislativo.

Cuando la Casa Blanca salió a buscar apoyo en el Capitolio, no sólo se encontró con una dura oposición demócrata sino con una rebelión de senadores de su propio partido que se negaban a erosionar los principios contra la tortura establecidos por la Convención de Ginebra. Cheney encabezó las negociaciones hasta alcanzar un proyecto que fue aprobado por ambas cámaras.

La ley, si bien prohíbe la tortura a los detenidos, autoriza a los jueces a aceptar como evidencia los testimonios obtenidos bajo tratos "crueles, inhumanos o degradantes" antes de 2005, cuando una reglamentación los prohibió. También deja abierta a interpretación del presidente qué métodos de interrogatorios se pueden utilizar dentro del marco de la Convención de Ginebra.

El punto más urticante, sin embargo, es el que quita a los prisioneros la posibilidad de apelar su detención a través de un hábeas corpus. De ese modo, los sospechados de terrorismo podrán permanecer indefinidamente bajo arresto, sin cargos ni juicio.

"Los demócratas queremos que los terroristas sean juzgados, procesados y castigados a través de un proceso constitucional justo y eso no se va a lograr con la ley que promulgó Bush", aseguró Nancy Pelosi, la líder de la bancada demócrata en diputados, que votó mayoritariamente en contra.

Anthony Romero, director de la Unión Americana por las Libertades Civiles, dijo que la ley era "indignante" y que "no puede estar más lejos de los valores que todos los norteamericanos llevamos en nuestros corazones".

Una veintena de personas que protestaban contra la ley bloqueando uno de los portones de acceso a la Casa Blanca fue desalojada por la policía.

 

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