Como parte de su revolución agraria mecanizada, el presidente Evo Morales otorgó hoy 16 mil hectáreas en la provincia Guarayos de Santa Cruz a 300 familias de la comunidad Pueblos Unidos, integrante del Movimiento Sin Tierra (MST), y les donó cuatro tractores y otros implementos -que inicialmente se les iban a entregar a crédito- para trabajarlas.

El mandatario subrayó que se van a respetar las superficies productivas, pero serán revertidas al Estado y distribuidas entre indígenas y campesinos que las requieran las tierras que han acaparado latifundistas "aprovechando el poder político, el poder económico, a veces en las dictaduras. Acapararon miles de hectáreas y sólo quieren tierras para negociar, hipotecar o vender, sin trabajar."

En tanto, integrantes de la Asamblea del Pueblo Guaraní levantaron hoy el bloqueo iniciado ayer -y lo retomarán el próximo lunes- en la carretera Santa Cruz-Camiri, exigiendo que el Congreso apruebe las modificaciones a la ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para la reconducción comunitaria de la distribución de tierras.

Con la misma demanda, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (CIDOB) convocó a una marcha nacional hacia el Congreso, que se iniciará el próximo miércoles.

Adolfo Chávez, dirigente de la organización, ratificó que el lunes comenzará en Santa Cruz la concentración de los diferentes pueblos indígenas, campesinos y colonos, para marchar hacia La Paz.

Chávez conversó en la sede de la CIDOB con el vicepresidente de la república, Alvaro García Linera, antes de que el funcionario se dirigiera a las instalaciones de la Brigada Parlamentaria Cruceña, donde, informó García, buscará consensuar con los dirigentes de los empresarios agropecuarios los cuatro puntos en los que hay disenso para la aprobación de las modificaciones a la ley delINRA, entre ellos el procedimiento para la expropiación y el de reversión al Estado de latifundios improductivos, informó radio Erbol.

García Linera negoció a principios de semana con los empresarios agropecuarios, los parlamentarios y el prefecto (gobernante) cruceño -sin la presencia de dirigentes de los sectores sociales, según se quejaron éstos- la ampliación de siete años al plazo de regularización (saneamiento) de las tierras, que el Congreso aprobó el pasado día 18.

En esa fecha se vencía el plazo de 10 años que la ley del INRA había fijado para el saneamiento de las tierras en el país.

Sin embargo, como sólo se avanzó 16 por ciento en dicho proceso, el gobierno envió al Congreso una propuesta de modificación a esa ley, que la oposición bloqueo.

Ante el vacío legal que habría por el vencimiento del plazo de la ley, García Linera negoció la aprobación de una ley corta, con un solo artículo, para ampliar siete años el plazo para el saneamiento, lo que provocó el rechazo de algunas organizaciones sociales indígenas y campesinas, como la CIDOB.

Lo anterior a su vez llevó a que los senadores del gobernante Movimiento al Socialismo se ausentaran en el momento de la votación, por lo que la ley sólo fue aprobada por la oposición, si bien sí participaron diputados masistas.

No obstante la prisa por aprobar la ley el día 18, hasta esta noche no había sido promulgada por el presidente Evo Morales, quien tiene un plazo de 10 días para hacerlo, confirmó una fuente oficial.

En otro orden, en Oruro, 4 mil socios de las cooperativas mineras de Huanuni -Karazapato, Libres, La Salvadora y Playa Verde- aceptaron la propuesta del gobierno de integrarse como trabajadores asalariados, con todos los beneficios sociales y derechos, a la Empresa Minera Huanuni, de la Corporación Minera Boliviana (Comibol).

Con esa propuesta el gobierno de Morales busca resolver el problema que ocasionó el enfrentamiento entre cooperativistas y mineros sindicalizados de Comibol los días 5 y 6 de octubre en Huanuni, que dejó 16 muertos y casi un centenar de heridos.