Unas diez mil empresas del sector de los aparatos eléctricos y electrónicos en España no sufraga el reciclado de dichos aparatos como marca la ley, según nueve asociaciones y siete fundaciones del sector, que agrupan a los productores y los importadores con mayor peso. Asimismo, recalcan, estas empresas se apropian del "coste visible", la cantidad de dinero que repercute en los consumidores en cada compra de aparatos nuevos para esta finalidad.

Según este colectivo, que ha remitido su queja por carta a los Ministerios de Medio Ambiente e Industria, este fraude podría ascender a unos 15 millones de euros anuales. Los sectores con mayor índice de fraude serían los de la informática, la electrónica de consumo, las herramientas eléctricas y el pequeño electrodoméstico.

Los productores deben estar inscritos en el Registro Nacional de Productores de Aparatos Eléctricos y Electrónicos del Ministerio de Industria. Sin embargo, las asociaciones y fundaciones firmantes afirman que sólo hay un millar de empresas registradas, las de mayor peso en un sector que mueve anualmente unos 180 millones de euros. Estas empresas estarían haciendo frente a la totalidad de los gastos de reciclado, subrayan, ya que la normativa establece que las empresas registradas asumirán de forma proporcional el coste total del reciclaje.

Los españoles generan unos 16 kilos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por persona y año: más de 600.000 toneladas, una cifra que se duplicará en los próximos 12 años, según la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria (AERESS).

La aprobación, el 27 de enero de 2003, de la Directiva Europea 2002/96/CE sobre Reciclaje de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), implantaba diversos objetivos para prevenir en los estados miembros la generación de residuos de este tipo de aparatos y fomentar la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización, a fin de reducir su eliminación.