El informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo fue emitido este 6 de marzo por el Departamento de Estado, pero uno de los países que más ha provocado críticas a escala mundial no está entre los calificados por el gobierno de George W. Bush.

The New York Times, el diario más influyente del país, publicó el domingo un editorial para, como suele hacer, comentar sobre violaciones de derechos humanos. Ofreció una lista de "políticas ilegales" y prácticas que violan los derechos humanos básicos, incluyendo la "brutalidad a prisioneros", el espionaje ilegal, el arresto arbitrario, el uso de la tortura, las prisiones clandestinas, los desaparecidos, los secuestros y tortura de sospechosos, entre otros.

Pero la nación a la que se refería no está en el informe anual del Departamento de Estado; el comentario del Times se refería al país cuyo gobierno emitió este martes ese informe, Estados Unidos. La secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, presentó el Informe de Prácticas de Derechos Humanos de Países 2006 y dijo que es parte de un ejercicio anual que habla del "continuo apoyo de Estados Unidos a esas libertades fundamentales abarcadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos", y afirmó que esos "derechos básicos deberán ser la fuente de la justicia en cada sociedad". Y con la presentación del informe "nos comprometemos de nuevo a llamar a cada gobierno a rendir cuentas si todavía trata los derechos básicos de sus ciudadanos como opción en lugar de, en palabras del presidente Bush, demandas no negociables de la dignidad humana".

Pero el editorial del New York Times señala que las políticas "ilegales del presidente Bush y el vicepresidente Dick Cheney" en los últimos cinco años "continúan cobrando un alto saldo en vidas humanas, (y afectan) la reputación global de Estados Unidos y la arquitectura de la democracia" estadounidense. El Times ofrece una serie de recomendaciones inmediatas para reparar los daños a la democracia estadounidense, incluyendo la restauración del habeas corpus (el derecho antiguo que obliga a un gobierno a justificar el encarcelamiento de un individuo), suspender el espionaje ilegal de estadounidenses, prohibir la tortura, clausurar las prisiones clandestinas de la CIA en el extranjero, identificar a los "prisioneros fantasmas", prohibir la práctica de secuestro y envío de sospechosos a terceros países para ser torturados, prohibir el uso de pruebas contaminadas o secretas en casos contra acusados, respetar el derecho de los acusados a un abogado y cerrar la base de Guantánamo. Además, sugiere ofrecer una disculpa oficial a un ciudadano canadiense y otro alemán por haber sido secuestrados y torturados por agentes estadounidenses.

Larry Cox, director ejecutivo de Amnistía Internacional estadounidense, opinó que mientras la organización "da la bienvenida al énfasis de rendir cuentas en el informe, no puede ser percibido creíblemente como líder mundial de los derechos humanos hasta que Estados Unidos cambie sus propias políticas de mantener de manera indefinida a detenidos en cárceles secretas y sin derechos básicos".

Por su parte, Human Rights Watch instó al Congreso a aprobar un proyecto de ley introducido este martes para cancelar la práctica de "rendiciones extraordinarias", secuestro y envío de detenidos a países donde arriesgan ser torturados. "Bajo la ley internacional enviar a alguien a ser torturado es tan ilegal como realizar la tortura", señaló.

Una de esas víctimas es Jaled al Masri, alemán detenido en la frontera entre Serbia y Macedonia el 31 de diciembre de 2003 y mantenido incomunicado por tres semanas. "Después fui entregado a la CIA, desnudado, golpeado severamente, encadenado, vestido con pañal, inyectado con drogas, encadenado al piso de un avión y enviado a Afganistán, donde fui encarcelado en un sótano apestoso durante más de cuatro meses", escribió Masri en un artículo publicado el 3 de marzo por Los Angeles Times. Añadió: "Mucho tiempo después de que el gobierno estadounidense se enteró de que yo era completamente inocente, me vendaron los ojos, me subieron a un avión y fui enviado a Europa, y dejado en un monte de Albania, sin explicación o disculpa alguna por la pesadilla por la que había pasado". Hasta la fecha el gobierno estadounidense rehúsa hablar sobre el caso con el argumento de que es "un secreto de estado".

No es el único caso. Maher Arar, canadiense-sirio, fue apresado en el aeropuerto Kennedy de Nueva York, en 2002, al regresar a Canadá. Fue incomunicado dos semanas, trasladado a Jordania y luego a Siria, donde estuvo detenido en una celda minúscula; fue torturado casi un año. Mientras Canadá dio una disculpa formal y pagó casi 9 millones de dólares de compensación, Washington se rehúsa a admitir cualquier error y mantiene a Arar en sus listas de sospechosos.

También está el caso de Abu Omar, clérigo italiano secuestrado por agentes de la CIA en Milán en 2003 y trasladado a Egipto, donde quedó incomunicado y aparentemente fue torturado durante cuatro años. Aquí en Estados Unidos está el caso de Sami al Arian, un profesor universitario de origen palestino nacido en Kuwait. El procurador general de Estados Unidos anunció su arresto por conspiración y "terrorismo". Detenido dos años y medio, gran parte en confinamiento solitario bajo condiciones terribles, fue enjuiciado en un proceso viciado. Pese a ello, fue liberado de casi todas las acusaciones, pero el gobierno estadounidense continúa empleando nuevas acusaciones para mantenerlo encarcelado. Al Arian se encuentra en huelga de hambre y ha sido trasladado a un hospital de una prisión en Carolina del Norte.

En Alemania e Italia se realizan procesos judiciales contra agentes de la CIA y policías locales involucrados en estos casos (25 miembros de la agencia estadounidense e Italia y 13 en Alemania).

Al emitir este martes su informe, el gobierno de Bush se declara dispuesto a ser juez, pero no parte de su "compromiso" con los derechos humanos en el mundo. La Jornada (México)