Una víctima de la política del garrote

“Asesino, asesino” fue el grito que acosó ayer al gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch. Después de veinticinco horas de silencio, tras el disparo que condenó a muerte al profesor Carlos Fuentealba, el gobernador asumió en rueda de prensa que él dio la orden de montar el operativo policial que reprimió a los docentes. Fue lo único que asumió. No le pidió la renuncia a ninguno de los responsables directos ni identificó al agente que tiró el cartucho de gas lacrimógeno. La indignación de los maestros que se fueron reuniendo al frente de la gobernación terminó en otra andanada de gases. La bronca mutó en una tristeza absoluta cuando al anochecer se confirmó la muerte de Fuentealba. El repudio a la represión motivó la convocatoria a un paro nacional y movilización de la Central de Trabajadores Argentinos y a una inédita coincidencia de la CGT que se sumará al paro general durante una hora. Desde El Calafate, el presidente Néstor Kirchner manifestó su pesar y rechazó “la violencia y represión como forma para enfrentar las protestas”.

“Es muy posible que haya sido un error policial. El efectivo que disparó la granada de gas lacrimógeno pudo haber hecho algo que no está permitido para la policía: pudo haber tropezado, lo pueden haber empujado o puede haber recibido un proyectil”, había dicho anteayer el subsecretario de Seguridad de Neuquén, Raúl Pascuarelli. La pobre explicación generó el rechazo de los docentes que llevan un mes de paro, cortes de ruta y marchas. Cuando el parte médico ya había dado cuenta de la virtual muerte cerebral de Fuentealba, las palabras del gobernador alimentaron la protesta. Dijo que ordenó el operativo policial con el propósito de “evitar el corte” de la ruta 22, precisó que el autor del disparo “va a ser identificado en las próximas horas entre dos o tres agentes antimotines de los 12 que participaron del operativo” y adelantó que “le va a caer todo el peso de la ley”. Ante los micrófonos de todo el país, el gobernador y candidato a presidente se negó a dar su opinión sobre la violencia policial porque “está en plena investigación de la Justicia”.

La tensión había trepado otra vez. Más de mil docentes se fueron amontonando en las puertas de la Casa de Gobierno para gritarle “asesino” a Sobisch y reclamarle su renuncia y la de todos los responsables de la balacera de gases, palos y corridas en la ruta. La ministra de Seguridad y Trabajo, Susana Arévalo, de viaje en Francia, es señalada como responsable del desmadre. Las puertas fueron selladas con barras de hierro y se dispuso el ingreso de efectivos antimotines. Los cronistas quedaron como virtuales rehenes. Un concejal del Movimiento Popular Neuquino, el oficialismo provincial, fue identificado y agredido por los manifestantes. Una combi policial llegó en auxilio de los funcionarios que no sabían cómo salir de la gobernación. El periodista Fabián Bergero pudo ver cuando a Sobisch lo sacaban con una máscara y cubierto con una especie de sacón. Otra andanada de gases completó el operativo de disuasión.

Los docentes permanecieron repartiendo críticas a diestra y siniestra. Gabriela Méndez, secretaria gremial de la seccional capital de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) dijo a Página/12 que “no sólo la policía reprime, hay represión ilegal de gente del MPN”. Ayer, hubo asambleas y ratificaron las medidas de fuerza. El asesinato de Fuentealba cohesionó la protesta. Una marcha mutitudinaria por las calles céntricas unificó todos los reclamos. El obispo Marcelo Melani responsabilizó al gobierno provincial y dijo que “no sólo es responsable el que disparó sino los que dieron las órdenes”.

La fiscal de Delitos de Suma Gravedad, Sandra González Taboada, les tomó declaración ayer a testigos del asesinato de Fuentealba. Gonzalo Arroyo, el docente que manejaba el Fiat sobre el que impactó la carga de gas lacrimógeno dio su testimonio. Estaba en estado de shock y durante varias horas permaneció desaparecido lo que sumó otro motivo de incertidumbre. A última hora de la noche, su padre informó que lo habían encontrado. Para entonces, los docentes se movilizaban nuevamente hacia el puente que une las ciudades de Neuquén y Cipolletti y es la puerta de acceso a toda la zona turística.

La profundización del conflicto en Neuquén tiene componentes locales que se arrastran desde hace décadas. Un gobierno decidido a reprimir la protesta social, marcar autoridad a riesgo de la vida de algún militante, y un gremio docente enfrentado con la conducción nacional de la Ctera, a la que tacha de “dialoguista” y “negociadora”. Ayer, en la seccional capital se pidió, incluso, la renuncia de Hugo Yasky, el titular de la Central de Trabajadores Argentinos y de la Ctera que ratificó la convocatoria a un paro nacional y movilización para el lunes en rechazo a la feroz represión en la provincia.

El crescendo de la protesta pone en evidencia las limitaciones de la Nación para intervenir en la solución de conflictos provinciales cuando los gobernadores se resisten. Tanto Neuquén como Salta, en manos del peronista antikirchnerista Juan Carlos Romero, rechazaron la Ley de Financiamiento Educativo que habilita a la Nación para fijar un piso salarial docente nacional y se resisten a cualquier gestión para acercar posiciones. Consideran que es una violación al federalismo que la Nación incida en la política salarial. El contraste es notorio con gran parte del resto de las jurisdicciones donde también estallaron conflictos. Corrientes terminó sellando acuerdos esta semana en el Palacio Sarmiento y con La Rioja hay una reunión prevista para el lunes. Paradójicamente, en el caso de Santa Cruz, la provincia del Presidente, por otros motivos que tienen más que ver con una puja de fuerzas local, tampoco le allanan el camino a los funcionarios del equipo de Daniel Filmus para encontrar caminos de diálogo.

La muerte de Fuentealba pasó a segundo plano el reclamo salarial y colocó en el centro del debate nuevamente la forma de enfrentar la demanda y, el consiguiente, conflicto social. Neuquén es una de las provincias beneficiadas por una coyuntura en la que el precio del petróleo le permite disponer de recursos para afrontar aumentos salariales. La puja está planteada en el terreno político. Sobisch fijó las elecciones para el 4 de junio. El hijo del ex senador Elías Sapag, Jorge Sapag, quien renunció en su momento como vicegobernador de Sobisch, aspira a seguir al frente de una provincia donde el Movimiento Popular Neuquino aparece como imbatible desde hace décadas.

Hoy será un día de duelo para los miles de docentes que ayer mantuvieron la vigilia en el puente sobre la ruta 22. Por unas horas, el dolor, seguramente, cederá paso a la protesta pero el conflicto llegó a un clímax en el que nadie arriesga cómo encauzarlo.