AMNISTIA INTERNACIONAL INFORME 2006

PUERTO RICO.-

 

Hold your horses! diria un rubio bostoniano, distinguible donna. Varias veces le he solicitado de forma respetuosa que no manipule mis comentarios ni mis opiniones.

Si usted se empenna en malinterpretar, pensare que hay mala intencion.

 

Cuando se discutio aqui lo de Filiberto, siempre mis comentarios fueron, igualito que lo hago con el asunto de la voladura del avion de Barbados y el alegado protagonismo de Posada Carriles, QUE SE INVESTIGUE. Por que? PORQUE NO FUNCIONO CON LAS HISTERIAS. Ni las suyas, ni las de los otros.

 

El investigar una actuacion cuestionable del FBI no implica (y ahi desbarato comoda y ampliamente su afan de manipular lo que digo para distorsionarlo y llevarlo a la mente de los otros como a usted le parezca) que deje de creer que Filiberto Ojeda ERA UN TERRORISTA. Y que estaba consciente ademas del precio que tendria que pagar por serlo. Esos son otros veinte pesos.

 

Resuelto ese issue, paso a preguntarle...

que le parece el informe de Amnistia Internacional?

Un poco corto para mi gusto, pero es una gran cosa que AI, con el prestigio que a mi entender tiene, se ocupe de estas cosas.

El informe sobre Estados Unidos es larguisimo.

Vamos a ver si le gusta.

Lo someto a continuacion...

Estados Unidos de América
Jefe del Estado y del gobierno: George W. Bush
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: firmado, pero se había declarado la intención de no ratificarlo
Convención de la ONU sobre la Mujer: firmada
Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU sobre la Mujer: no firmado

Hechos más destacados entre enero y diciembre de 2005
Guantánamo : Comisiones militares : Detenciones en Irak y Afganistán : Lugares de reclusión no revelados : Tortura y malos tratos fuera de Estados Unidos : Detención de «combatientes enemigos» en Estados Unidos : Presos de conciencia : El juicio de Ahmed Omar Abu Ali : Malos tratos y uso excesivo de la fuerza : Abusos contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero : Pena de muerte : El huracán Katrina: Otros motivos de preocupación : Visitas de Amnistía Internacional

Estados Unidos de América
Documentos de archivo


Estados Unidos de América: Más allá de Guantánamo. La búsqueda constante de un poder ejecutivo sin límites (Índice AI: AMR 51/083/2005)

Estados Unidos de América: Detenciones practicadas por Estados Unidos en Afganistán. Memorándum para una acción continuada (Índice AI: AMR 51/093/2005)

Estados Unidos de América, Jordania y Yemen: Tortura y detención secreta. Testimonio de los «desaparecidos» en el contexto de la «guerra contra el terror» (Índice AI: AMR 51/108/2005)

United States of America: Stonewalled. Police abuse and misconduct against lesbian, gay, bisexual and transgender people in the U.S. (Índice AI AMR 51/122/2005)

Estados Unidos de América/Yemen: Reclusión secreta en los «lugares negros» de la CIA (Índice AI: AMR: 51/177/2005)

Estados Unidos de América: Posibilidad de homicidio. La ejecución inminente de Stanley Williams en California (Índice AI: AMR 51/187/2005)

Estados Unidos de América: El juicio de Ahmed Abu Ali. Conclusiones de Amnistía Internacional tras la observación del juicio (Índice AI: AMR 51/192/2005)

Documentos de AI sobre Estados Unidos de América

Miles de personas siguieron bajo custodia estadounidense sin cargos ni juicio en Irak, Afganistﾃ｡n y en la base naval de Estados Unidos en Guantﾃ｡namo, Cuba. Se recibieron informes de la existencia de centros de detenciﾃｳn secretos gestionados por Estados Unidos en lugares no revelados, donde los detenidos permanecﾃｭan recluidos en condiciones que prﾃ｡cticamente constituﾃｭan ﾂｫdesapariciﾃｳnﾂｻ. Decenas de detenidos en Guantﾃ｡namo comenzaron una huelga de hambre como protesta contra el penoso trato a que eran sometidos y por no poder acceder a los tribunales; segﾃｺn informes, algunos estaban gravemente enfermos. Siguieron saliendo a la luz informes sobre muertes bajo custodia, tortura y malos tratos a manos de fuerzas estadounidenses en Irak, Afganistﾃ｡n y Guantﾃ｡namo. Pese a la existencia de pruebas de que el gobierno estadounidense habﾃｭa aprobado tﾃｩcnicas de interrogatorio que constiｭtuﾃｭan tortura o malos tratos y ﾂｫdesaparicionesﾂｻ, ningﾃｺn alto cargo rindiﾃｳ cuentas al respecto, ni siquiera los que podﾃｭan haber sido culpables de crﾃｭmenes de guerra o crﾃｭmenes de lesa humanidad. Se celebraron varios juicios de soldados de baja graduaciﾃｳn acusados de cometer abusos contra detenidos; en la mayorﾃｭa de los casos, las penas fueron leves. Se recibieron informes de brutalidad policial y uso de fuerza excesiva en territorio estadounidense. 61 personas murieron tras recibir descargas de armas Taser de la policﾃｭa, cifra que suponﾃｭa un enorme aumento respecto a aﾃｱos anteriores. Fueron ejecutadas 60 personas, con lo que el total se elevﾃｳ a mﾃ｡s de 1.000 desde que se reanudaron las ejecuciones en 1977.

Guantánamo

Al concluir 2005, cerca de 500 detenidos de unas 35 nacionalidades seguían recluidos sin cargos ni juicio en la base naval estadounidense de Guantánamo; a la mayoría los habían capturado durante el conflicto armado internacional de Afganistán en 2001, y permanecían detenidos por sus presuntos vínculos con Al Qaeda o con el antiguo gobierno talibán. Entre ellos se encontraban al menos dos menores que tenían menos de 16 años cuando fueron puestos bajo custodia.

Una ley aprobada en diciembre (Ley sobre el Trato a los Detenidos, de 2005) suprimió el derecho de los detenidos en Guantánamo a presentar ante los tribunales federales estadounidenses recursos de hábeas corpus contra su detención o el trato recibido, permitiéndoles únicamente interponer determinados recursos contra las resoluciones de los Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente (véase infra) y las comisiones militares. La ley hacﾃｭa peligrar la evoluciﾃｳn de aproximadamente 200 causas pendientes de deｭtenidos que habﾃｭan cuestionado la legalidad de su detenciﾃｳn a raﾃｭz del fallo emitido en 2004 por la Corte Suprema de Estados Unidos en la que se les reconocﾃｭa el derecho a interponer dichos recursos.

Ya en marzo, los Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente, órganos administrativos creados en 2004, determinaron que el 93 por ciento de las 554 personas detenidas en ese momento eran «combatientes enemigos». Los detenidos carecían de abogado que los representara, y muchos de ellos rechazaron concurrir a las vistas de los Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente, en las que se podían utilizar pruebas secretas u obtenidas mediante tortura.

En agosto, un número desconocido de detenidos reanudaron la huelga de hambre que habían comenzado en junio en protesta contra la imposibilidad de acceder a los tribunales y contra el penoso trato, incluidas palizas, que recibían a manos de los guardias. Se dijo que habían llegado a declararse en huelga más de 200 detenidos, aunque el Departamento de Defensa de Estados Unidos afirmaba que el número era mucho menor. Varios detenidos denunciaron haber sido agredidos verbal y físicamente mientras los alimentaban por la fuerza, y haber sufrido lesiones cuando los guardias les insertaron con brusquedad las sondas de alimentación por la nariz. El gobierno negó maltrato alguno. La huelga de hambre continuaba al terminar el año.

En noviembre, tres especialistas en derechos humanos de la ONU rechazaron un ofrecimiento del gobierno estadounidense de visitar Guantánamo, porque venía acompañado de restricciones incompatibles con el mandato habitual establecido para ese tipo de visitas.

Comisiones militares

En noviembre, la Corte Suprema de Estados Unidos, en su fallo sobre el caso de Salim Ahmed Hamdan, acordó revisar la legalidad de las comisiones militares creadas, en virtud de una orden presidencial, para juzgar a presuntos terroristas extranjeros. Sin embargo, se escogió a otros cinco detenidos de Guantánamo para ser juzgados por esas comisiones, que no eran tribunales independientes ni imparciales, sino órganos ejecutivos. Con estos cinco nuevos nombres, el número de personas designadas para comparecer ante las comisiones ascendía ya a nueve. El gobierno programó para enero las vistas incoatorias ante las comisiones de dos de los acusados. Uno de ellos era Omar Khadr, que tenía 15 años de edad cuando fue puesto bajo custodia y cuya salud mental, así como los presuntos malos tratos que había sufrido, seguía suscitando especial preocupación.

Detenciones en Irak y Afganistán

Durante el año, miles de «internos detenidos por motivos de seguridad» estuvieron recluidos sin cargos ni juicio en manos de fuerzas estadounidenses en Irak. El reglamento que regía las detenciones establecía que los reclusos debían ser puestos en libertad o transferidos a la jurisdicción penal iraquí en un plazo de 18 meses. También estipulaba que los detenidos podían continuar recluidos indefinidamente en manos de la Fuerza Multinacional liderada por Estados Unidos si mediaban «razones de seguridad imperativas y continuas». El Comité Internacional de la Cruz Roja visitó a algunos detenidos que estaban en centros de internamiento, pero no a los recluidos, inmediatamente después de su detención, en centros de privación de libertad de divisiones o brigadas estadounidenses.

En Afganistán, Estados Unidos seguía manteniendo en la base aérea de Bagram a cientos de detenidos bajo custodia militar, sin cargos ni juicio y sin acceso a familiares ni a abogados. Algunos llevaban así recluidos más de un año. Aunque el Comité Internacional de la Cruz Roja tuvo acceso a detenidos en Bagram, no lo tuvo a los detenidos recluidos en un número desconocido de bases de operaciones avanzadas estadounidenses. Se recibieron informes sobre malos tratos en esos centros, con prácticas como desnudar a los detenidos durante el interrogatorio y privarlos de la comida y el sueño.

Lugares de reclusión no revelados

Siguieron recibiéndose informes de que la Agencia Central de Información (CIA) estadounidense mantenía una red de centros de detención secretos en diversos países. Según se afirmó, en esos centros se recluía a personas en régimen de incomunicación, fuera de la protección de la ley y en circunstancias que prácticamente constituían «desaparición». Tres detenidos yemeníes dijeron a Amnistía Internacional que los habían mantenido recluidos en régimen de aislamiento durante un periodo de entre 16 y 18 meses en tres centros aparentemente gestionados por Estados Unidos en lugares desconocidos; sus casos sugerían que este tipo de detenciones no se limitaba a un número reducido de detenidos de «alto valor», como se sospechaba anteriormente. En noviembre, el Consejo de Europa inició una investigación sobre ciertos informes que mencionaban que la red de cárceles secretas de Estados Unidos incluía centros situados en la Europa del Este. Las autoridades estadounidenses rehusaron confirmar o negar estas afirmaciones.

Siguieron recibiéndose denuncias según las cuales Estados Unidos había intervenido en el traslado secreto e ilícito de detenidos de unos países a otros donde estaban expuestos a sufrir torturas y malos tratos.

Tortura y malos tratos fuera de Estados Unidos

Continuaron apareciendo pruebas de las torturas y malos tratos infligidos a detenidos en Guantánamo, Afganistán e Irak antes y después de los abusos de la cárcel de Abu Ghraib, en Irak, que habían salido a la luz en abril de 2004. Se publicó más información que describía las técnicas de interrogatorio aprobadas oficialmente en diversos momentos para su aplicación a detenidos en el contexto de la «guerra contra el terror». Entre ellas se encontraban el uso de perros para infundir miedo, el mantener a los detenidos en posturas en tensión, la exposición a temperaturas extremas, la privación del sueño y el aislamiento.

Fracasaron todos los intentos de lograr que algún alto cargo rindiera cuentas por los abusos cometidos. El informe final elaborado por el vicealmirante Church, inspector general de la Armada, sobre las técnicas de interrogatorio utilizadas en todo el mundo por el Departamento de Defensa, del que en marzo se publicó un resumen, concluyó que no se había encontrado «vínculo alguno entre las técnicas de interrogatorio aprobadas y los abusos contra los detenidos». El informe llegaba a esta conclusión pese a que muchas de las técnicas en cuestión violaban las normas internacionales que prohíben la tortura y los malos tratos. En la investigación Church no se entrevistó a un solo detenido o ex detenido, ni tampoco al secretario de Defensa Donald Rumsfeld. No se hizo ninguna investigación a la CIA, cuyas actividades continuaron envueltas en el secreto.

El ejército de Estados Unidos informó en marzo de que 27 muertes de detenidos bajo custodia estadounidense ocurridas en Irak y Afganistán durante incursiones, capturas o en centros de detención figuraban en las listas como homicidios confirmados o presuntos homicidios. Algunos casos se estaban investigando, mientras que otros habían sido remitidos a otros organismos o habían animado a recomendar el inicio de enjuiciamientos.
Otras fuentes, que incluían actas de tribunales e informes de autopsias, indicaban claramente que algunos detenidos habían muerto tras haber sido torturados durante los interrogatorios o después de ellos. También existían indicios de que los enjuiciamientos se habían visto obstaculizados por demoras y deficiencias en las investigaciones.

En marzo, la Unión Estadounidense para la Defensa de las Libertades Civiles (ACLU) y Human Rights First presentaron una demanda federal en favor de ocho hombres que habían sido torturados y maltratados en centros de detención del ejército estadounidense en Irak y Afganistán. Con ella intentaban conseguir una declaración que estableciera que el secretario Rumsfeld había sido responsable de violar las leyes de Estados Unidos y el derecho internacional. La demanda, que aún estaba pendiente al terminar el año, también pedía una indemnización para las víctimas.

Durante el año se celebraron varios juicios contra personal militar estadounidense –en su mayoría, soldados de baja graduación– acusado de abusos contra detenidos. A muchos de los procesados se les impusieron condenas que no reflejaban la gravedad de los delitos.

En marzo, el gobierno declaró nulo un informe de abril de 2003 del Grupo de Trabajo del Pentágono sobre Interrogatorios a Detenidos que establecía, entre otras cosas, que el presidente, durante operaciones militares, tenía la facultad de invalidar la prohibición internacional de la tortura en lo relativo a los interrogatorios. En noviembre, el Pentágono aprobó una nueva directiva que regulaba los interrogatorios y permitiría al ejército publicar un manual de campo revisado, largamente demorado. La directiva establecía que quedaban «prohibidos los actos de tortura física o mental». Sin embargo, no iba más allá de ordenar que los detenidos fueran tratados con humanidad, «según el derecho y la política aplicables». En diciembre, el ejército anunció que había aprobado un nuevo conjunto de métodos de interrogatorio secretos que se agregarían al manual de campo revisado. Aunque el manual prohibiría específicamente métodos como desnudar a los detenidos, mantenerlos en posturas en tensión durante periodos prolongados, privarlos del sueño y usar perros en los interrogatorios, existía preocupación por la posibilidad de que el anexo secreto pudiese incluir aún técnicas abusivas.

En diciembre, el Congreso aprobó un proyecto de ley que prohibía el trato cruel, inhumano o degradante contra las personas que estuviesen bajo la custodia o el control del gobierno de Estados Unidos en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, continuó la preocupación por el hecho de que, en el momento de promulgarse la ley, una declaración adjunta del presidente Bush reservó en la práctica el derecho del ejecutivo a hacer caso omiso de esta disposición por razones de seguridad nacional.

• En agosto y septiembre se celebraron en un tribunal militar los juicios de unos soldados estadounidenses acusados de someter a abusos a dos detenidos afganos, Dilawar y Habibullah, que habían muerto por múltiples lesiones causadas por un objeto contundente mientras los interrogaban en un sector de aislamiento de la base aérea de Bagram en diciembre de 2002. En diciembre de 2005 se había condenado a siete soldados de baja graduación a penas que oscilaban entre cinco meses de prisión y reprensión, pérdida de la paga y degradación. No se le imputó a nadie la responsabilidad por la comisión de delitos graves como tortura u otros crímenes de guerra.

(continua)

Detención de «combatientes enemigos»en Estados Unidos 

• ose Padilla –ciudadano estadounidense recluido sin cargos bajo custodia del ejército de Estados Unidos durante más de tres años– formaba parte de un total de cinco personas que fueron acusadas formalmente en un tribunal federal estadounidense en noviembre por cargos de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses en el extranjero y apoyo a terroristas. Los cargos no mencionaban la presunta conspiración para detonar una «bomba sucia» en una ciudad de Estados Unidos, acusación por la que se le había detenido originalmente. El Departamento de Justicia solicitó permiso a la Corte de Apelación para trasladar a Padilla al sistema penitenciario federal. Sin embargo, la Corte no estuvo de acuerdo y, en su lugar, ordenó tanto al gobierno como a los abogados de Padilla que presentaran sendos escritos sobre si debía retirar su fallo anterior, en el que había apoyado la facultad del presidente de mantener a Jose Padilla detenido indefinidamente como «combatiente enemigo». La cuestión aún no se había decidido al terminar el año.
• Ali Saleh Kahlah al-Marri, ciudadano qatarí, permaneció detenido sin cargos ni juicio como «combatiente enemigo» bajo custodia militar. En agosto se presentó una demanda en la que se alegaba que Ali sufría graves problemas de salud física y mental como resultado del trato recibido, que incluía privación del sueño, privación sensorial, encadenamiento punitivo, exposición al frío y trato irrespetuoso del Corán.

Presos de conciencia

• Kevin Benderman, sargento del ejército estadounidense, fue condenado a 15 meses de prisión en julio por negarse a volver a Irak. Su negativa se debía a su objeción de conciencia a la guerra, objeción adquirida durante su primer periodo de servicio en Irak. Su petición de que se le reconociese la condición de objetor de conciencia fue denegada, alegando que no se trataba de una objeción a la guerra en general sino a una guerra concreta.
• Camilo Mejía Castillo, Abdullah Webster y Pablo Paredes, ex soldados encarcelados por su objeción de conciencia a la guerra de Irak, fueron puestos en libertad durante el año.

El juicio de Ahmed Omar Abu Ali

Ahmed Omar Abu Ali, ciudadano estadounidense, fue condenado en noviembre por un tribunal federal de Estados Unidos por cargos de conspiración para cometer actos de terrorismo. El juicio fue defectuoso, ya que al jurado no se le permitió considerar las pruebas que respaldaban las afirmaciones de Ahmed Abu Ali de que su confesión en vídeo, sobre la cual el fiscal había basado casi exclusivamente sus argumentos, había sido obtenida mediante tortura en Arabia Saudí. Ahmed Abu Ali alegó que agentes del servicio de Investigaciones Generales del Ministerio del Interior de Arabia Saudí lo habían azotado y amenazado de muerte mientras permanecía recluido en régimen de incomunicación en ese país en 2003. Durante el juicio se presentaron declaraciones generales de funcionarios saudíes sobre el trato dispensado a los detenidos para socavar las afirmaciones de Ahmed Abu Ali, mientras que a los abogados de la defensa no se les permitió presentar ninguna prueba relativa al historial de Arabia Saudí en materia de derechos humanos y de tortura.

Malos tratos y uso excesivo de la fuerza

Siguieron recibiéndose informes de malos tratos y muertes bajo custodia como consecuencia del uso de pistolas Taser, armas que producen una descarga eléctrica y que eran utilizadas por unos 7.000 cuerpos policiales e instituciones penitenciarias de Estados Unidos.

Sesenta y una personas murieron tras recibir descargas de pistolas Taser de la policía. Con estos nuevos fallecimientos, el total de muertes causadas por estas armas desde 2001 se elevaba a 142. Los forenses concluyeron que las pistolas Taser habían causado o contribuido a causar al menos 10 de las muertes de 2005, lo que aumentaba la preocupación respecto a la seguridad de estas armas.

La mayor parte de los fallecidos eran hombres desarmados que, según informes, no parecían constituir una amenaza grave en el momento en que se les aplicó la descarga eléctrica. Muchos habían recibido descargas múltiples o prolongadas, factores potenciales de riesgo destacados en un estudio preliminar sobre la seguridad de las armas Taser publicado por el Departamento de Defensa en abril de 2005.

Varios departamentos de policía suspendieron el uso de las armas Taser, y otros establecieron reglas más estrictas para su utilización. Sin embargo, la mayor parte de los departamentos siguieron autorizando el uso de estas armas en una amplia gama de situaciones, incluso contra personas desarmadas que se resistían a la detención o se negaban a obedecer órdenes policiales. Entre quienes recibieron descargas se encontraban personas en estado de embriaguez o con sus facultades mentales alteradas, menores y ancianos.

Amnistía Internacional renovó su petición a las autoridades estadounidenses para que suspendieran el uso y la venta de armas Taser y de otras armas paralizantes hasta que se llevara a cabo una investigación rigurosa e independiente sobre su uso y efectos.

• En febrero, la policía de Florida aplicó una descarga de arma Taser a una niña de 13 años que se había peleado con su madre. La niña se encontraba esposada en el asiento trasero de un vehículo policial cuando se le aplicó la descarga.
• También en febrero, un niño de 14 años con una discapacidad del desarrollo sufrió un paro cardiaco después de recibir la descarga de un arma Taser de la policía en Chicago, Illinois, cuando se encontraba sentado en un sofá en un hogar para discapacitados y, según la policía, trató de ponerse de pie «en una actitud agresiva». Los médicos que trataron al menor dijeron que las descargas eléctricas del arma Taser le habían causado una alteración del ritmo cardiaco potencialmente mortal, y que el niño habría muerto si los médicos allí presentes no lo hubieran reanimado inmediatamente.
• Kevin Omar, de 17 años de edad, que presentaba un comportamiento alterado a causa del consumo de drogas, entró en coma tras recibir tres descargas de manos de agentes de policía de Waco, Texas; murió dos días después. El forense dijo que creía que las descargas del arma Taser habían contribuido a la muerte.

Abusos contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero 

En septiembre, la Sección Estadounidense de Amnistía Internacional publicó un informe titulado Stonewalled: Police abuse and misconduct against lesbian, gay, bisexual and transgender people in the U.S. En él se concluía que, aunque existía un mayor reconocimiento de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, muchos de los miembros de este colectivo aún debían hacer frente a un trato discriminatorio y a abusos verbales y físicos por parte de la policía. También se indicaba que, dentro de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, las personas de color, los jóvenes, los inmigrantes, las personas sin hogar y los profesionales del sexo corrían mayor riesgo de sufrir abusos. El informe concluía asimismo que la policía a menudo no daba una respuesta adecuada a los «crímenes de odio» ni a la violencia doméstica contra este colectivo.

Pena de muerte

En 2005 se ejecutó a 60 personas, con lo que se elevó a 1.005 el número total de presos ejecutados desde la reanudación de las ejecuciones en Estados Unidos en 1977. Se excarceló a dos condenados a muerte tras demostrarse su inocencia, con lo que se elevó a 122 el total de casos de este tipo surgidos desde 1973.

El 1 de marzo, la Corte Suprema prohibió la ejecución de menores –es decir, personas que tuvieran menos de 18 años en el momento del delito–, haciendo así que Estados Unidos cumpliera las normas internacionales que prohíben esas ejecuciones. En el país se había ejecutado a 22 menores desde 1977.
Siguió ejecutándose a personas con enfermedades y trastornos mentales, a presos a los que se había negado una asistencia letrada adecuada durante el juicio y a personas en cuyos casos se había cuestionado la fiabilidad de las pruebas.

• El 25 de enero se ejecutó en Texas a Troy Kunkle, pese a que sufría una grave enfermedad mental con brotes de esquizofrenia. Las pruebas de esta enfermedad no se habían presentado ante el jurado que lo condenó a muerte. Tenía 18 años recién cumplidos en el momento del delito, y había padecido una niñez llena de privaciones y abusos.
• El 14 de septiembre se ejecutó en Texas a Frances Newton, pese a las dudas existentes en torno a la fiabilidad de su condena. La habían declarado culpable sobre la base de pruebas circunstanciales, y ella siempre sostuvo que era inocente.

El huracán Katrina

En agosto, el huracán Katrina azotó de un extremo a otro el estado de Luisiana, causando la muerte de más de un millar de personas y dejando a cientos de miles sin techo –u obligadas a desplazarse temporalmente– y sin poder cubrir sus necesidades básicas de comida, agua potable y medicamentos. Hubo una indignación generalizada por la lentitud del gobierno federal en responder a este desastre humanitario.

Los guardias de la prisión del condado de Nueva Orleans abandonaron presuntamente a decenas de reclusos tras el paso del huracán. Los presos denunciaron que los habían dejado encerrados en las celdas durante días, sin comida ni agua potable, mientras subía el nivel del agua. Se recibieron informes, desmentidos por las autoridades de Luisiana, de que algunos presos se habían ahogado. Amnistía Internacional pidió que se llevara a cabo una investigación exhaustiva y que las autoridades garantizaran que se conocían la suerte y el paradero de todos los presos. También pidió que se investigaran las denuncias de que los reclusos evacuados habían recibido malos tratos.

Otros motivos de preocupación

Un estudio conjunto publicado en octubre por Amnistía Internacional y Human Rights Watch, The Rest of Their Lives: Life without Parole for Child Offenders in the United States, informó de que al menos 2.225 menores –que no habían cumplido los 18 años en el momento del delito– cumplían condenas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La Convención sobre los Derechos del Niño, firmada pero no ratificada por Estados Unidos, prohíbe aplicar esta pena a menores. De los casos examinados, el 16 por ciento de los menores condenados tenían entre 13 y 15 años en el momento del delito, y al 59 por ciento se les impuso esta pena por su primera condena. Muchos fueron condenados por «homicidio preterintencional», sobre la base de pruebas de su participación en un delito durante el cual había tenido lugar un asesinato, pero sin pruebas directas de su participación en dicho asesinato. El informe pedía a las autoridades estadounidenses que pusieran fin a la imposición de condenas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a menores, y que otorgaran a los menores que estaban cumpliendo esas condenas acceso inmediato a los procedimientos de libertad condicional.
A Daniel Strauss y Shanti Sellz, voluntarios que trabajaban con un grupo llamado No Más Muertes (No More Deaths), los detuvo la Patrulla de Fronteras de Estados Unidos cuando llevaban a tres migrantes mexicanos que habían encontrado en el desierto de Arizona a que recibieran atención médica urgente. Ambos fueron acusados de delitos relacionados con el transporte ilegal de extranjeros, y se enfrentaban a condenas de hasta 15 años de prisión. Cientos de migrantes irregulares o indocumentados morían en el desierto cada año después de cruzar de México a Estados Unidos, muchos de ellos debido a la exposición a temperaturas extremas, que alcanzaron niveles sin precedentes en Arizona en julio. Amnistía Internacional hizo un llamamiento para que los cargos contra los dos voluntarios fueran retirados, alegando que no habían ayudado a los migrantes a evadir los controles de inmigración, sino que estaban actuando con el único fin de proteger sus vidas.

Visitas de Amnistía Internacional

Representantes de Amnistía Internacional viajaron a Yemen en junio y septiembre/octubre para visitar a ex detenidos de la «guerra contra el terror» emprendida por Estados Unidos.

En noviembre, una persona asistió al juicio de Ahmed Omar Abu Ali como observadora de Amnistía Internacional.

Despues que una se lee estos informes tan serios y sopesados, algunas de las cosas que en ellos se relatan han sido denunciadas y condenadas por haberse conocido su existencia... no hay dudas que Amnistia Internacional es un organismo de altura, un gran fiscalizador de todos. No tiene pelos en la lengua ni los dedos pegados... intenta sacar a la luz lo que esta mal para ponerlos a reflexionar y a actuar...

 

No hay por que dudar entonces, QUE LOS INFORMES SOBRE CUBA Y VENEZUELA SIGUEN EL MISMO PATRON DE SERIEDAD Y BUENA INVESTIGACION.

 

República de Cuba
Jefe del Estado y del gobierno: Fidel Castro Ruz
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: no firmado
Convención de la ONU sobre la Mujer: ratificada con reservas
Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU sobre la Mujer: firmado


Hechos más destacados entre enero y diciembre de 2005
Información general : Presos de conciencia : Restricciones a la libertad de expresión, asociación y circulación 

Continuaron causando seria preocupación las restricciones a la libertad de expresión, asociación y circulación. Casi 70 presos de conciencia permanecieron encarcelados. El embargo estadounidense siguió teniendo un efecto negativo en el disfrute de toda la gama de derechos humanos en Cuba. La situación económica se deterioró y el gobierno trató de suprimir la iniciativa empresarial privada. Había más de 30 personas condenadas
a muerte; ninguna fue ejecutada.

Información general

Cuba no mejoró la situación de los derechos civiles y políticos, lo cual causó una preocupación internacional creciente. En abril, tras un proceso muy politizado, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU condenó nuevamente la trayectoria de Cuba en materia de derechos humanos.

El gobierno mantuvo un control estricto sobre sus críticos y detuvo a varios defensores de los derechos humanos y disidentes políticos. Sin embargo, la Asamblea para Promover la Sociedad Civil –coalición de más de 350 organizaciones no gubernamentales independientes– llevó a cabo en mayo una reunión de disidentes sin precedentes en Cuba.

Las autoridades lanzaron una enérgica campaña para abordar el problema de la actividad económica informal y de la corrupción generalizada en el sector estatal.

Presos de conciencia

Continuaron las detenciones y condenas de personas por la expresión pacífica de sus convicciones profundas, por lo que se las consideró presos de conciencia. Algunas fueron excarceladas por razones de salud.

• René Gómez Manzano y Julio César López Rodríguez fueron detenidos junto con varias personas más en la capital, La Habana, tras participar en una manifestación pacífica contra el gobierno el 22 de julio. René Gómez Manzano, miembro de la Asamblea para Promover la Sociedad Civil, y otras ocho personas permanecieron detenidos en espera de juicio.
• El 13 de julio detuvieron a unas 20 personas cuando participaban en un acto pacífico en La Habana. Conmemoraban el desastre del remolcador 13 de Marzo, ocurrido en 1994, en el cual perdieron la vida unas 35 personas que trataban de huir de Cuba en dicha embarcación cuando, según informes, fue embestida por naves de las autoridades cubanas. Seis de las 20 personas detenidas permanecieron recluidas sin cargos, y una fue condenada a un año de prisión por «peligrosidad predelictiva», delito que se definía así: «Se considera estado peligroso la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista».
• El preso de conciencia Mario Enrique Mayo Hernández, condenado a 20 años de prisión en 2003, quedó en libertad condicional por razones de salud el 1 de diciembre.

Restricciones a la libertad de expresión, asociación y circulación

Se hostigó e intimidó a activistas de derechos humanos, disidentes políticos y sindicalistas. Frecuentemente estas agresiones las llevaron a cabo unos grupos casi oficiales, las brigadas de respuesta rápida, que presuntamente actuaron en connivencia con miembros de las fuerzas de seguridad.
Siguieron los ataques a la libertad de expresión y de asociación. Todos los medios legales de comunicación estaban bajo el control del gobierno, y continuaron proscritos los medios de comunicación independientes. Los periodistas independientes estuvieron expuestos a sufrir intimidaciones, acoso y detención por publicar artículos en el extranjero. También los defensores de los derechos humanos se enfrentaron a intimidaciones y detención arbitraria por motivos políticos.

Las leyes empleadas para detener a periodistas, relacionadas con la difamación, la seguridad nacional y la alteración del orden público, no cumplían con las normas internacionales. Según la organización no gubernamental Reporteros sin Fronteras, 24 periodistas estaban presos al concluir 2005.

• Óscar Mario González Pérez, periodista independiente, fue detenido el 22 de julio tras cubrir una manifestación. Al concluir el año continuaba recluido sin cargos.

Los disidentes continuaron sufriendo restricciones para viajar al extranjero. 

• A Miguel Sigler Amaya, miembro del Movimiento Opciﾃｳn Alternativa, lo detuvieron en el aeropuerto internacional de La Habana cuando ﾃｩl y su familia estaban a punto de embarcarse en un aviﾃｳn con destino a Estados Unidos, aunque poｭseﾃｭan visados de salida como refugiados polﾃｭticos. Quedaron en libertad varios dﾃｭas despuﾃｩs, y al final, el 5 de octubre, salieron de Cuba. Los hermanos de Miguel Sigler Amaya, Guido y Ariel, ambos presos de conciencia, continuaban cumpliendo sus condenas de 20 y 25 aﾃｱos respectivamente.
• En diciembre, a representantes de Las Damas de Blanco, grupo de mujeres familiares de presos que organizaban marchas todos los domingos desde marzo de 2003 exigiendo la excarcelación de sus esposos, hermanos e hijos, se les negó el permiso oficial para viajar a Estrasburgo, Francia, donde debían asistir a la ceremonia de entrega del Premio Sajarov del Parlamento Europeo a la Libertad de Pensamiento.

 

matilda

Sent: 5/23/2007 10:09 PM

Este post me genera dos cosas. La primera ,Maribea ,debo felicitarla por su cambio de actitud. La segunda, me pregunto por qué necesitaba que fuera Amnistía quiénes publicaran el informe para que usted cambiara radicalmente de opinión? ==================================

LOS CRIMENES NO PRESCRIBEN,fIDEL CASTRO ERA UN TERRORISTA EN LA UNIVERSIDAD,PARTICIPO EN EL VIL ASESINATO DE MANOLO CASTRO UN LIDER ESTUDIANTIL QUE NO COMPARTIA SU GANTERISMO ,ASI COMENZO UNA LARGA ESTELA DE CRIMENES DE LOS HERMANOS cASTRO Y SU PADRE,QUE TAMBIEN TIENEN MUCHAS HISTORIAS,RAUL COMENZO SU CARRERA DE TERRORISTA ASESINO EN MEXICO,ANTES DE PARTIR PARA CUBA,FIDEL LE ORDENO UN ASESINATO,PARA PROBALO,EN LA SIERRA FUE EL MAESTRO DE LOS TIROS DE GRACIA,EVARISTO VENEREO,EUTIMIO GUERRA,EN FIN ,UNA ENORME LISTA,QUE CULMINA EN EL ASESINATO DE MAS DE 70 CAMPESINOS EN EL VALLE DE SAN JUAN,ENTERRANDOLOS CON UN TRACTOR,

SI SIENBRAS TERROR,ERES TERRORISTA,SI DESTRUYES UN AVION,ERES TERRORISTA,SI ASESINAS A MANSANLA ,TAMBIEN LO ERES,NO HAY DIFERENCIAS IDEOLOGICAS.

LE RECOMIENDO EL LIBRO,LA GALERA DE LA MUERTE ,DEL PADRE ARZUAGA,PARA QUE TENGAN UNA VUSION DE LOS CRIMENES QUE COMETIO LA REVOLUCION FASISTA CASTRISTA

QUE PUBLICO " CARTA DE CUBA"

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From: "maribea05"
Reply-To: "LA CUBA DEL GRAN PAPIYO"
To: "LA CUBA DEL GRAN PAPIYO"
Subject: Re: Amnistia Internacional denuncia al FBI en PR en su informe anual
Date: Thu, 24 May 2007 05:58:41 -0700

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Amnistia Internacional denuncia al FBI en PR en su informe anual

Respuesta

Responder al emisor   Recomendar Mensaje 12 en discusión

De: maribea05 Ñóooooooo, te la comiste MIKI Diste en el clavo!!! Cuando expongo aquí el caso de Filiberto Ojeda (TERRORISTA CONFESO Y CONVICTO), sacado por Amnistía Internacional en su informe PRESTIGIOSO Y SERIO del cierre del año 2006, lo hago porque creo en la justicia PARA TODOS. Y en saber la verdad, SIEMPRE. Igual que Amnistía. Fíjense que el informe es razonablemente corto, porque sencillamente no se han publicado las investigaciones. Hay que exigirlo. Hoy es Filiberto con o sin razón, mañana, cualquiera de nosotros por una equivocación puede ser acusado de terrorista o cualquiera sabe qué otra cosa, y tenemos que PRESERVAR LOS DERECHOS Y LAS LIBERTADES QUE TAN DURAMENTE SE HAN CONQUISTADO EN ESTE PAIS. NI el FBI ni nadie están por encima de la ley y el orden. Y la ley y el orden lo dan la independencia y separación de poderes. El saber que cuando una persona ha tenido un juicio justo, con todos los procedimientos de ley y las garantías constitucionales, eso NO TIENE NADA QUE VER CON POLITICA, porque aquí la justicia es un poder independiente, la legislación es otro y el poder ejecutivo otro. De esa manera quedan más resguardados los ciudadanos. A DIFERENCIA QUE EN CUBA, DONDE EL PODER ES UNICO, DICTATORIAL Y REPRESIVO. Cuando expongo la porción que corresponde a Estados Unidos, lo hago porque muchas de las cosas que ahí se dicen me consta que suceden, estoy contra ellas y puedo pronunciarme así SIN MIEDO A QUE ME METAN PRESA NI ME ACUSEN DE AGENTE DE NADA NI OCHO CUARTOS. Cuando le doy realce a esos dos primeros informes, lo hago para demostrar el espíritu hipócrita y ambivalente de los castrofacistas. Enseguida se tiran a aplaudir cuando los informes son sobre los temas de los únicamente hablan pero cuando les toca de cerca, les hace salir a relucir la peste de su propia caca.... ahhhhh mudos muditos, sordos sorditos, ciegos cieguitos, como los tres monitos. Fíjate que el único comentario ha sido intentar INTENTAR DESVIAR el hilo del post QUE ES DEMOSTRAR QUE LOS INFORMES DE AMNISTIA INTERNACIONAL SON BUENOS, SERIOS, Y LE DISPARAN A CUALQUIERA, Y QUE SI SON VALIDOS PARA PR Y EU, TAMBIEN LO SON PARA CUBA Y VENEZUELA..., Breve acotación: Se pretende quizás, ampliando el tema de Filiberto y poniendo parte de mi mensaje (como siempre escogiendo párrafos para sacarlos del contexto original), desviar el anteriormente expresado objetivo de quien puso el primer mensaje ("mangui"). Intento vano y futil, porque aparte que, repito, NO FUE MI OBJETIVO, nada de lo ahí escrito en aquella oportunidad contradice mi postura de siempre. Al contrario, la consolida. Sigo insistiendo en que Filiberto vivió como quiso hacerlo. Fue un terrorista CONFESO Y CONVICTO FEDERAL por felonías, robo burdo y asesinatos. Fue liberado con grillete electrónico (fallo de la justicia, debieron haberlo dejado en cadena perpetua, perpetuamente, eso es lo que se le hace a los criminales peligrosos), rompió el grillete, se escapó y vivió una pila de años "en la clandestinidad". Pero fue entrevistado varias veces por periodistas... Un día, que no debió ser el grito de Lares, fecha celebrada aquí por los seguidores de la independencia (para no contribuir a glorificarlo a este ladronazo asesino), se les ocurrió a las fuerzas del FBI cercarlo. El tipo estaba armado hasta los dientes. Señal de que vivía consciente de que estaba fuera de la ley, era un criminal peligroso y como tal tendría que pagar un alto precio. Por mi parte, sigo insistiendo en que quiero saber la verdad, igual que con el caso del avión de Barbados. Estoy harta de escuchar gritos histéricos y me da pena ver cómo algunos funcionan sólo por ese puro histerismo. Vuelvo al tema original... Míralos MIKI, como bien dices, como meten la cabeza en un cubo y se ponen un "teip" en la boca, o se amarran los deditos, cuando disparo inmediatamente, de la misma fuente SERIA Y PRESTIGIOSA como es Amnistía Internacional, los terribles informes de Cuba y Venezuela. Queda de manifiesto, NUEVA VEZ, la doble moral... más clara y evidente que cualquier mamotrética palabrería barata con la que siempre quieren adornar sus teques políticos. :-) Ahhhh qué bueno comenzar así una jornada de jueves! :-))) Alabao Azúuuuuucaaaaaaaaaaaaa

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