A continuación el texto del análisis titulado La consolidación de una mentira mediática a través de 39 embustes:
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
Embuste. 1. m. Mentira disfrazada con artificio. 2. m. pl. Baratijas, dijes y otras alhajas curiosas, pero de poco valor.
La organización Reporteros Sin Frontera (RSF) adelantó el contenido de un informe que será presentado ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Se trata de “su“ evaluación a la no renovación de concesión a una televisora privada de Caracas.
RSF no estuvo en Venezuela para evaluar un caso específico, mucho menos para defender algún derecho de la población de ese país, simplemente cumplió con una misión encomendada desde Washington: ’defender derechos e intereses corporativos del consorcio 1BC (dueño del canal RCTV), la práctica oligopólica de la comunicación y el comportamiento desestabilizador de la empresa que usufructuó la señal VHF 2.
El periodista e investigador mexicano Mario Méndez Acosta cuestionó el informe, señalando: “RSF realizó un trabajo que constó de nueve días de investigación, durante los que se entrevistaron (únicamente) a periodistas, editores, dueños de medios de comunicación privados, empresarios y políticos de oposición al gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez”.
Veamos las mentiras del informe:
1er. embuste: Radio Caracas Televisión (RCTV) es el más popular medio de comunicación de Venezuela. Por el contrario, los rating han mostrado que el medio televisivo más popular es Venevisión.
2do. embuste: Asegura el informe que las manifestaciones de opositores son más numerosas que las de partidarios de la medida. En realidad, antes de que venciera la concesión, ni el gobierno ni los sectores políticos que apoyan la medida convocaron para manifestar en apoyo a la misma. Sólo el domingo 27 de mayo, último día de la concesión a 1 Broadcasting Caracas, 1BC (corporación mediática que gestiona entre otras empresas mediáticas la empresa RCTV), se produjo una masiva y festiva celebración para dar la bienvenida al nuevo canal de servicio público, Televisora Venezolana Social (TVes).
Esta convocatoria tuvo su continuidad el sábado 2 de junio, cuando centenares de miles de personas acudieron a respaldar la medida junto al Presidente Chávez, en la única concentración verdaderamente masiva que se ha producido en el país en torno a la medida.
3ero. y 4to. embustes: Afirma el informe que según la ley, “se necesita” condena judicial para negar al canal el derecho a emitir durante los próximos veinte años.
(3era.) La Ley de Telecomunicaciones habilita al Presidente de la República a tomar la medida sin necesidad de orden judicial: Artículo 108.- No se otorgará la concesión de uso del espectro radioeléctrico a quienes, a pesar de haber sido escogidos de conformidad con las modalidades establecidas en esta Ley, sin embargo, estén incursos en los supuestos siguientes...: 5. Cuando surjan graves circunstancias atinentes a la seguridad del Estado que, a juicio del Presidente de la República, hagan inconveniente su otorgamiento.
(4to.) No se niega al canal el derecho a seguir emitiendo, que lo seguirá haciendo por Internet, por cable o por satélite, en la medida de su interés. Lo que sucede es que no se renueva la concesión para emitir por el canal abierto VHF 2, que es un patrimonio de todos los venezolanos, administrado por el Estado en su nombre, a través de sus representantes electos.
5to. embuste: Asegura RSF que 70% de la población no está de acuerdo con la medida. Los sondeos de opinión que se citan sin fuente, son elaborados por los propios opositores. Luego, darles crédito no significa más que voluntad de afirmar su posición.
6to. embuste: Se denuncia que “las peticiones de audiencias con miembros del gobierno y representantes de medios de comunicación públicos o progubernamentales, quedaron sin respuesta”. No obstante, distintos organismos y medios del gobierno negaron haber recibido peticiones de la organización para dichas “audiencias”. A su vez, por estos días, recoger en Caracas declaraciones públicas y opiniones de sectores favorables a la medida, es un ejercicio de investigación de estudiantes de secundaria.
7to. embuste: En su afán de caricaturizar al gobierno del Presidente Chávez, RSF señala que se trata de un “peculiar régimen político al que se conoce como chavismo”. Se pretende así equiparar el gobierno de una República a un régimen político, así como asociar despectivamente el adjetivo que se utiliza para señalar a los seguidores del Presidente al régimen político vigente en Venezuela, el cual fue escogido por la abrumadora mayoría de los votantes por medio de un referéndum de aprobación constitucional.
8to. embuste: El “cierre del canal” inaugura una auténtica hegemonía del poder sobre el espacio audiovisual. No obstante, luego de la salida del canal 2 de la empresa RCTV, la mayoría del espectro sigue en manos del capital privado.
Banda VHF: En el año 2000 había 19 canales privados y 1 de propiedad pública; en 2006 apareció un nuevo canal privado en esta banda, pasando de 19 a 20, mientras se mantenía un solo canal estatal. Esto cambió a partir del 28 de mayo, ya que ahora hay 19 canales manejados por el sector privado, un canal del estado (VTV) y un canal de servicio público y social (TVes).
Banda UHF: En el 2000 el sector privado disfrutaba de la concesión de 28 canales y el sector público sólo 2. Esto cambió en el 2006, cuando se incrementó hasta 6 los canales públicos, mientras que los privados pasaron de 28 a 44. En ese periodo nacieron 28 canales de televisión comunitaria, que tienen plena autonomía.
Emisoras de radio: En AM, en el 2000 había 36 emisoras públicas y 143 privadas, al igual que en el 2006. En FM, en el 2000 había 365 emisoras privadas, y el sector público sólo contaba con 3. Para el 2006, el sector privado creció llegando a 440 emisoras, mientras que el sector público pasó a sólo 10 emisoras. A su vez, aparecieron 167 emisoras comunitarias, que tienen un rango de emisión limitado a cada comunidad.
9no. embuste: Asegura el informe que dado que Chávez dio un golpe en 1992, no es el más indicado para acusar a sus detractores de “golpismo”. Es como afirmar que si Robert Menard, el director de la RSF, se pasa por alto un buen día un semáforo, no puede quejarse de que la semana siguiente le atropelle un carro que se saltó la luz roja. En cualquier caso, Chávez es el Presidente constitucional y democrático de la República, lo que ha sido refrendado por una creciente mayoría de la población nacional en cuatro ocasiones (1998, 2000, 2004 y 2006). Es el Jefe de Estado, y al igual que en cualquier otra nación, tiene toda la legitimidad para denunciar cualquier ensayo de golpe de Estado o de atentado contra las instituciones.
10mo. embuste: Reitera la misma mentira que la señalada en primer lugar, pero en este caso presentando cifras sin sustento. Afirma el informe que “El canal, orgulloso de su 42% de audiencia televisiva, muy por delante de la competencia pública y privada…” No obstante, todos los estudios de rating (tanto de AGB como de Intelimedia, las dos empresas que realizan estos estudios en Venezuela) muestran sostenidamente que es la estación de televisión Venevisión la que goza del mayor favor del público.
11avo. embuste: Dice el informe de RSF: “…Las razones administrativas que permiten justificar el no renovar la licencia se mezclan con acusaciones de orden moral y político: RCTV emitiría pornografía y, por encima de todo, habría jugado un papel de motor en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, y en las huelgas petroleras de los años 2003-2004…”. Los cierto es que ese canal ha sido objeto de un cierre en los años 80 por emitir pornografía en horario inconveniente, y en 2006 recibió sentencia del TSJ por el mismo motivo.
12avo. embuste: Asegura uno de los entrevistados, Antonio Pasquali, que “La mayoría de los manifestantes, al contrario que los patrones de la prensa, no conocían a Pedro Carmona”, quien protagonizó el golpe de Estado de abril 2002.
En realidad, durante meses, Carmona fue insistentemente proyectado como el líder de la oposición, y su figura como líder de la “sociedad civil” fue ensalzada hasta la obsesión. Como afirma el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), en los meses previos al golpe de Estado los medios privados promovieron “sin ningún reparo las agendas de los partidos de oposición, ignorando el profesionalismo y el equilibrio” (CPJ: Ataques a la prensa en el 2002. Las Américas).
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, “los canales privados de televisión... tenían una línea editorial e informativa que estuvo abiertamente a favor de la salida de Hugo Chávez del gobierno y del establecimiento de Carmona Estanga en el poder” (Entre el estruendo y el silencio. La crisis de abril y el derecho a la libertad de expresión e información).
Como afirma la propia organización RSF en su informe de 2003, “la prensa privada se convirtió en la punta de lanza de la oposición... Una toma de partido que se saldó con numerosas faltas a las reglas más elementales de la deontología”. Este comportamiento es señalado por la organización de derechos humanos española Equipo Nizkor como “el más evidente riesgo a las libertades civiles en todo el mundo, porque se enmarcan en el funcionamiento de organizaciones ad hoc, cuyas actividades sobrepujan las instituciones democráticas, y que crean sistemas de control político-social fuera del estado de derecho”.
Mientras los otros canales que lideraron el golpe desistieron de esta actitud antidemocrática, la empresa a la que se le ha denegado la renovación de la concesión de uso del espectro radioeléctrico, RCTV, la ha mantenido en el tiempo, usando el derecho de explotar la señal de servicio público para fines golpistas.
13avo. embuste: Carmona es presentado implícitamente como el único responsable de la operación de ruptura del hilo constitucional. En realidad, medios privados fueron actores principales del mismo, y como reporta el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) “varios ejecutivos de los medios se reunieron el sábado con Pedro Carmona, jefe de la asociación empresarial venezolana Fedecámaras, quien fue colocado en la presidencia por los líderes del golpe.” (CPJ. Periodistas siguen en riesgo. Nueva York, 17 de abril de 2002). En esta reunión, “los empresarios se habrían comprometido a cooperar con la política comunicacional del gobierno de facto” (Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, ídem).
14avo. embuste: “Carlos Correa, director ejecutivo de la asociación Espacio Público, precisa: “El 13 de abril, Pedro Carmona anunció que iba a disolver el Parlamento y revocar los mandatos de gobernadores y alcaldes. El golpe de Estado parecía haberse consumado, pero la población se enfadó y los militares destituyeron a Pedro Carmona. Entonces Hugo Chávez regresó al poder. Los canales privados, excepto el canal de información continua Globovisión, ocultaron el acontecimiento emitiendo programas de ocio y telenovelas. Un silencio que el Presidente no olvidará”…”
En realidad, los sectores golpistas, así como los medios que los auparon, saludaron el golpe y la disolución de poderes como un amanecer democrático, con gran efusión y por medio de múltiples declaraciones públicas y comunicados de prensa. De hecho, los medios silenciaron completamente las protestas, en contraste con el impulso mediático que se ofreció al golpe de Estado: “La ausencia informativa en momentos previos al retorno de Chávez al poder se hizo particularmente notoria debido a que los días precedentes, se le había dado una completa y continúa cobertura al paro general, la marcha del día 11 y la llegada de Carmona al poder...”, asegura el Centro de Derechos Humanos de la UCAB.
15avo. embuste: Señala el informe que “RCTV tenía todo el derecho a pedir, y normalmente a obtener, un nuevo derecho de emisión”. Por una parte, a la empresa que operaba el canal 2 no le fue negado en ningún momento el derecho a pedir. Por otra parte, del derecho de pedir no se desprende en ningún caso como condición ’normal’ el derecho de obtener.
16avo. embuste: Asegura RSF que los otros medios que participaron en la escalada al golpe de abril de 2002, asumieron dos años más tarde la “alineación mediática”. Lo que hicieron fue dejar de jugar al golpismo, convirtiéndose en vehículos de expresión moderada y no de manipulación o alineación con los sectores que han seguido impulsando la desestabilización de la democracia venezolana.
17avo. embuste: Afirma el informe que la jurisprudencia de la OEA prima sobre el derecho nacional y Venezuela, cuando en realidad se trata de un sistema subsidiario a la misma. Además, el sistema no ha emitido ninguna decisión condenatoria que tenga que acatar el Estado, sólo recomendaciones y medidas de protección, que no son de obligatorio cumplimiento.
18avo. embuste: Se refieren unos “recursos” supuestamente resueltos “favorablemente en la Comisión, y después en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, insinuando que ambos organismos habrían emitido decisiones jurisprudenciales contra el gobierno en relación con la empresa 1 Broadcasting Caracas, 1BC. En realidad, sólo hace un mes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un primer caso relacionado con dicha empresa ante la Corte, como parte de la articulación internacional orientada a consolidar la matriz de violación estructural de libertad de expresión. Lo que hasta la fecha se ha concedido son medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un número que no llega a la decena.
19avo. embuste: Asegura RSF que “Hugo Chávez no hace caso del derecho internacional”. No obstante, el gobierno actual, y así lo han reconocido en varias ocasiones los organismos del sistema interamericano, no sólo cumple con el derecho internacional que le compete, sino que ha reconocido la responsabilidad del Estado venezolano en casos que se remontan a gobiernos anteriores, y que las respectivas administraciones se negaron a reconocer. Notoriamente, en relación con el reconocimiento de responsabilidad internacional en el caso de la masacre del 27 de febrero de 1989, cuando el gobierno de Carlos Andrés Pérez mandó masacrar indiscriminadamente a la población que se rebelaba contra las medidas neoliberales que impuso; o en el caso de la masacre del Retén de Catia del 27 de noviembre de 1992, cuando fuerzas del orden masacraron a 37 reclusos, en el marco de una rebelión militar.
20avo.