Racismo en Argentina: pocos inmigrantes lo denuncian, muchos lo sufren

Según un estudio de especialistas de la Universidad Nacional del Córdoba, los extranjeros dejan pasar por alto la discriminación. Dicen que es por miedo a perder el trabajo y no poder insertarse entre los argentinos. De 900 presentaciones que recibe el INADI, sólo el 14 por ciento son por causas de etnicidad.

Si bien el problema de la discriminación alcanza a todos los estratos sociales y apunta contra la diferencia sexual, física y étnica, un estudio de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) alerta sobre la escasa cantidad de denuncias efectuadas en este sentido por los inmigrantes que sufren rechazos en el ámbito laboral y educativo.

Cada año, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), dependiente del Ministerio del Interior, procesa unas 900 presentaciones efectuadas en diferentes puntos del país, de las cuales aproximadamente 200 se convierten en denuncias efectivas. De las presentadas en 2004, el 14 por ciento correspondió a causas de etnicidad.

La investigación denominada Multiculturalismo, migraciones y desigualdad en América Latina, ejecutada en el Centro de Estudios Avanzados (CEA) de la UNC apuntó en especial al caso de los inmigrantes de países limítrofes, particularmente de Bolivia, que en esa provincia constituyen uno de los sectores más afectados por conductas discriminatorias.

Para eso estudiaron casos de representantes de la comunidad que se desempeñan en la construcción, los que remarcan que esas conductas provienen de sus propios compañeros y las adjudican al rencor que genera su férrea actitud hacia el trabajo.

En las aulas, en tanto, los niños extranjeros también sufren el peso de su procedencia. Las burlas de sus compañeros derivan en la negación de su origen como estrategia para sobrellevar actitudes hostiles. Sin embargo, prácticamente ninguno de los casos de discriminación llega a materializarse en una denuncia concreta.

La representación del Inadi en Córdoba, que ejerce el Colegio de Abogados de la provincia, sólo registra una presentación originada a raíz de las declaraciones realizadas por el intendente Luis Juez en las que señaló ser hincha de Belgrano en Bolivia, episodio que quedó zanjado mediante disculpas públicas ofrecidas por el mandatario municipal y trasmitidas al embajador del país limítrofe.

En Córdoba, la corriente migratoria boliviana es una de las más numerosas. Según estimaciones del titular de la delegación local de la Dirección Nacional de Migraciones, Alberto Rubio, en la provincia residen entre 10 mil y 12 mil personas oriundas de Bolivia.

El dato surge de sumar los pocos más de 6.800 residentes relevados en el último Censo Nacional de Población, más las 2 mil tramitaciones que la Dirección de Migraciones de Córdoba analizó entre 2004 y 2005, y una extrapolación de esa cifra a la cantidad de residencias procesadas durante 2002 y 2003.

De acuerdo con el funcionario, contrariamente a lo que piensa la mayoría de la gente, la crisis económica que se desató en Argentina hace cuatro años no alteró significativamente el flujo de inmigrantes bolivianos que buscan asentarse en esta provincia.

Por qué no se denuncia

Eduardo Domenech, uno de los coordinadores del estudio, aclara que actualmente la discriminación étnica se enmarca en un proceso social más amplio que comprende también diferencias de clase y género, entre las principales, en un contexto de profundización de la desigualdad social y de mayor visibilidad de la diferencia cultural, tanto a nivel global como local.

Al respecto, el investigador señala que en Argentina, durante la década de los noventa, se desarrolló un discurso xenófobo desde el propio Estado, que tuvo su correlato en los medios de comunicación.

Se generó una imagen del inmigrante como amenaza para el empleo, la sanidad, la seguridad y la identidad nacional. En ese contexto, la nacionalidad actuó como un principio legitimador del reclamo de ciertos derechos sociales (como el acceso a la educación, la salud, el trabajo y la vivienda) a la vez que operó como criterio de exclusión para los inmigrantes.

Nora Britos, docente de la Escuela de Trabajo Social, analizó la posibilidad de acceso a estos derechos por parte de los inmigrantes. Según la investigadora, existe una corriente de opinión en la sociedad que denota poca tolerancia hacia los extranjeros.

Un estudio realizado en la ciudad de Córdoba sobre valores y ciudadanía entre 1999 y 2002, indagó qué medida debía tomarse con los inmigrantes, y una cantidad importante de jóvenes y adultos plantearon su expulsión bajo el pretexto de que ''quitaban'' el trabajo a los argentinos, explica.

Precisamente, el ámbito laboral es uno de los espacios donde los inmigrantes bolivianos resienten actitudes discriminatorias, especialmente de sus pares. Somos discriminados en todos los ámbitos y siempre se da en las obras de construcción, donde nos hablan despectivamente y nos tratan de bolitas.

Creo que no comprenden que nosotros trabajamos al máximo para aumentar nuestros ingresos, conozco compatriotas que en ocasiones lo hacen hasta las 23, y eso genera rencor en los argentinos, señala Simón Zelaya (51), electricista y albañil.

¿Por qué estas situaciones no se transforman en denuncias?

Franz Enrique Prieto Teran, abogado e inmigrante de Bolivia, afirma recibir mensualmente diez consultas de compatriotas por motivos de discriminación. Si bien esos casos poseen razones que legalmente justifican la presentación de una denuncia, señala que difícilmente llegan a concretarse como tales.

Generalmente buscan pretextos para no materializar una presentación ante la Justicia, principalmente porque se sienten disminuidos en ese ámbito y son conscientes de su condición de extranjero, que los obliga a enfrentar diariamente una fuerte discriminación por parte de la sociedad", explica.

De todos modos, entre las causas que dificultan la realización de demandas, Prieto Teran advierte que muchas veces las víctimas desisten porque son indocumentadas y temen que se adopten en su contra medidas en represalia, sobre todo entre quienes, por su situación económica, no pueden mudarse a otro barrio.

Silvana Begala, investigadora del CEA y docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales lleva adelante un estudio que analiza la relación entre el sistema jurídico y los inmigrantes.

En uno de sus trabajos advierte que el desconocimiento de las normas y procesos ubica a los extranjeros en una situación de marginalidad jurídica, que se incrementa cuando su residencia no es legal. Esto los coloca en una posición de vulnerabilidad de los derechos que provocan que no puedan ejercerlos, sostiene.