La represión de la Junta Militar birmana desatada contra las manifestaciones pacíficas de monjes budistas y población civil se cobró nueve vidas ayer, a sumar a las ocho del miércoles, así como decenas de heridos que fueron detenidos y trasladados a centros militares de arresto.
Al mismo tiempo, las fuerzas policiales asaltaron dos monasterios budistas en Rangún (Yangón) y detuvieron a 300 monjes acusados de liderar las manifestaciones. Los enfrentamientos comenzaron en el exterior de la Pagoda de Shwedagon pero la policía no pudo evitar que los 10 mil monjes y jóvenes estudiantes marcharan hacia la Pagoda de Sule en la capital. Cientos de soldados abrieron fuego contra los manifestantes y trataron de disolverlos haciendo uso también de gases lacrimógenos y otro material antidisturbios.
Las movilizaciones y enfrentamientos que desde hace días se viven en la capital han puesto a los militares contra las cuerdas. El martes, la Junta impuso el toque de queda en Rangún y en Mandalay, la segundo ciudad del país, y prohibió las asambleas de más de cinco personas. Colocaron tropas blindadas en puntos clave incluyendo el exterior de importantes monasterios importantes, desde los que dicen que se organizan las protestas.
Sobre ese escenario de malestar social, los preponderancia de los monjes budistas en las calles se bautizó como «revolución azafrán». Pero lo ocurrido con otras protestas a las que desde medios occidentales se denominó «revoluciones» -la «revolución naranja» en Ucrania, sin ir más lejos- aconseja conducirse con prudencia a la hora de catalogar la rebelión opositora en Myanmar. Sin duda, la visualización del apoyo de la LND (Liga Nacional para la Democracia) a la ola de protestas vuelve a situar en el primer plano la demanda de un cambio político en el país asiático. Sin embargo, y trascurridos diecisiete años desde la decisión de la junta militar de no aceptar la victoria electoral opositora, cabe albergar algunas dudas sobre los pronunciamientos por la democracia de algunos actores exteriores de esta crisis.

Los militares birmanos se hunden ante la escalada de protestas
Por Sujeewa Amaranath (World Socialist Web Site)

[...] El descontento y la explosión popular contra el gobierno militar de Myanmar comenzaron el pasado 15 de agosto ante la decisión de la Junta de duplicar el precio del diesel y subir un 500% el gas natural. En unos días, tras el aumento del precio del transporte muchos artículos esenciales se encarecieron entre un 10 y un 50 por ciento. Huevos, aceite y aves de corral aumentaron un 35% de media.

Aunque en principio las marchas, organizadas por los estudiantes e iniciadas el 19 de agosto, fueron minoritarias, las protestas comenzaron a aumentar debido a las masivas detenciones y a la violencia policial. El pasado fin de semana, diez mil personas participaron en las manifestaciones de Rangún. El lunes, hubo movilizaciones en al menos 25 ciudades del país, incluyendo Mandalay, Stitwe y Pakokku. En la marcha de la capital se estima una asistencia de entre 50 y 100 mil personas.

Las manifestaciones son las más grandes desde que en 1988 un movimiento de protesta juntó a estudiantes, trabajadores, monjes y pobres, quienes desafiaron a la dictadura militar, y exigieron derechos democráticos y mejora de la calidad de vida. El ejército respondió disparando sobre cientos de manifestantes, encarcelando a los líderes de la oposición y suprimiendo cualquier forma de resistencia política. Se estima que unas 3 mil personas fueron asesinadas por los militares y un número mayor fueron detenidas y torturadas.

El lunes por la noche el ministro de asuntos religiosos de la Junta, general de brigada Thura Myint Maung, denunció en la radio estatal a los "elementos destructivos" que se hallaban tras las protestas y advirtió que "se llevarían a cabo acciones contra los monjes de acuerdo a la ley". El martes, la policía arrestó a U Win Naing, líder de la Liga Nacional para la Democracia (LND) de la Nobel de la Paz Daw Aung San Suu Kyi, y al popular cómico Zaganar, conocido por sus sátiras al régimen militar. Zaganar había apelado a la gente para que unieran las protestas. Ayer esta enérgica medida las intensificó.

Los medios internacionales han destacado el papel de los monjes budistas en las actuales protestas. Su relevancia, sin embargo, se debe a la cobardía y el conservadurismo de Suu Kyi y otros líderes de la LND, quienes parecen haber sido cogidos desprevenidos por las manifestaciones. Lejos de intentar desafiar a la Junta, la LND está intentando limitar las protestas y explotarlas como moneda de cambio para establecer negociaciones con los generales.

El periódico británico Times dijo ayer que "los líderes de la oposición en Rangún están luchando para contener el empuje de las manifestaciones para prevenir cualquier cosa que pudiera ser usada como pretexto para un duro castigo por el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo (CEPD), como se autodenomina la Junta. Temen una fractura entre los radicales, que desean hacer caer el régimen, y los moderados, que creen que lo más importante es evitar una amenaza sobre los birmanos y ayudarlos a adquirir confianza mediante una demostración rotunda de autoridad moral."

El líder de la LND Sann Aung explicó al Times: "no debería haber protestas para derribar el régimen militar. Ello hará al pueblo mucho más precavido ante una respuesta militar y reacio a integrar el movimiento”. El periódico también señaló al carácter limitado de las demandas hechas por el clero dirigente: una disculpa de los abusos por el régimen, una reducción en los precios del combustible, la liberación de los presos políticos y una negociación con la Junta.

Estas peticiones de contención están abriendo, sin embargo, la puerta a una mayor represión militar. Reprimiendo la cólera de la clase trabajadora, los líderes de la oposición sólo envalentonan a los generales para desatar una ofensiva contra las protestas. Ésa es la principal lección política de los acontecimientos de 1988, cuando Suu Kyi y la LND forzaron un acuerdo con la Junta para la celebración de elecciones y cerrar con ello el movimiento de la protesta. La Junta aceptó el trato, estableció las reglas e ignoró los resultados electorales de 1990, en los que la LND había ganado con abrumadora mayoría.

Durante casi dos décadas, la perspectiva de la LND ha estado limitada al uso de las sanciones impuestas por las principales potencias para tratar de alcanzar un compromiso con la Junta. En cuanto a lo referente a la población birmana, la LND apoya las políticas de libre mercado del FMI y del Banco Mundial y la apertura de la economía del país a los inversores extranjeros. En línea con esta agenda, las consecuencias sociales se han hecho evidentes tras la radical reducción, por parte de la Junta, de los subsidios sobre los combustibles del mes pasado.

Incluso antes de que aumentaran los precios, la inflación se hallaba por encima del 30% y más del 90% de la población vivían por debajo del umbral de la pobreza, con menos de 1 dólar al día. El ejército, con 450 mil efectivos, acapara el 40% del presupuesto público anual. Un economista en paro declaró al Sydney Morning Herald que “Muchas personas no pueden permitirse enviar a sus hijos a la escuela. Están por debajo de una comida diaria, eso es malo. Por eso muchos están malnutridos y caen enfermos. Pero entonces tampoco disponen de dinero para pagar un médico. Ciertamente que antes teníamos dificultades, pero las subidas de los precios han sido el remate. El nivel de vida ha ido cayendo. La clase media se ha empobrecido y los pobres se han hecho indigentes".

Rivalidades internacionales

La dura respuesta de los militares ha generado una corriente de hipocresía entre los líderes del mundo, encabezados por el presidente Bush y los grandes medios internacionales. En su discurso ante la Asamblea General de la ONU el pasado martes, Bush condenó a junta birmana y anunció nuevas sanciones contra sus líderes. El primer ministro británico, Gordon Brown, denunció el régimen como "ilegítimo y represivo", mientras que el presidente francés Nicolas Sarkozy urgió a la UE a imponer penas más duras contra la junta. El Consejo de Seguridad de la ONU convocó una reunión de emergencia el miércoles, para considerar la situación.

Nada de ésto puede ayudar a los birmanos y sus libertades. En otras zonas del sureste asiático la administración Bush mantiene estrechas relaciones con el dictador paquistaní, general Pervez Musharraf, al tiempo que prolonga un silencio diplomático en los medios sobre la política estatal y policial de India en Cachemira, las medidas represivas del régimen militar-títere de Bangladesh y los métodos autocráticos del gobierno de Sri Lanka como premio a la cruel guerra civil.

La objeción de Washington a la junta birmana no se debe a sus métodos represivos, sino a su acercamiento a China. Birmania se encuentra en un punto estratégico entre China y la India, cercana al sudeste asiático y próxima a importantes enclaves marítimos como los estrechos de Malaca. El país también tiene recursos naturales destacables, incluyendo unas reservas estimadas de 3 billones metros cúbicos de gas natural y 3 mil millones barriles de petróleo.

Para Pekín, Birmania es un socio estratégico y económico importante. China le proporciona armas y ayuda diplomática a los militares y está inmersa en el desarrollo de infraestructuras en el país. A cambio, Pekín persigue los derechos sobre el petróleo y el gas del país así como el acceso estratégico a los puertos birmanos y a sus bases militares. Durante los primeros siete meses de este año, China y Birmania mantuvieron un volumen de intercambios de 1.100 millones de dólares, un 39.4% más que durante el mismo período en el pasado año.

Al mismo tiempo, está creciendo el rivalidad entre China e India movida por el ámbito de influencia en Birmania. Las visitas de alto nivel de los funcionarios indios aumentaron, el comercio en ambos sentidos se incrementa y la India a concedido préstamos y ayuda a la Junta para tratar de ganarse su favor. En 2004, el líder de la Junta Than Shwe fue recibido con una alfombra roja al realizar la primera visita en 24 años de un jefe de estado birmano a la India. Este año la compañía petrolera india ONGC hizo una oferta para comprar gas birmano, pero la perdió el mes pasado a manos de Petro-China. Tailandia también está invirtiendo 6 mil millones de dólares en un enorme proyecto hidroeléctrico.

La avalancha de artículos, particularmente en los EEUU, que insinúan que China es la responsable de la Junta birmana y demandan una respuesta de Pekín, no encuentra reflejo en comentarios similares sobre India, un aliado cada vez más cercano de los EEUU, o sobre Tailandia, otra dictadura militar que goza del respaldo tácito de Washington. Las llamadas a la “democracia” en Birmania de la Administración Bush son un pretexto para presionar e instalar un régimen proestadounidense.

La administración norteamericana no está más preocupada con los derechos democráticos y las necesidades de la población en Birmania, de lo que lo está en Iraq. Tan lejana es su preocupación, que la expulsión de la Junta birmana es sólo un elemento más en la estrategia, más amplia, que trata de cercar a China. País que está emergiendo como competidor estratégico y económico de los EEUU, y ganando la partida a las corporaciones norteamericanas en el acceso a los recursos naturales y a la barata mano de obra de Birmania.