Precedentes existen. Aquella carta, a dos meses de tomar posesión  en 1999 y dirigida a la extinta Corte Suprema de Justicia, anunciaba: “El Estado Soy Yo”. Muchos desestimaron la advertencia.

En consecuencia, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela -AN-, el poder legislativo, restringe más al Estado de derecho. La AN, más que un poder autónomo, que se supone obligado a dar vigor al fortalecimiento de un gobierno democrático es, por el contrario, un brazo armado con leyes para imponer la voluntad de su señor. Todos sus miembros son acólitos de Chávez, “rojos rojitos”.

Y así, aprovechando unos días no laborables, la AN se presenta con el  cambio de otros artículos de la  Constitución aun en vigencia.  Entre ellos, el  artículo 337. Con las modificaciones a este artículo, los derechos al debido proceso y a la información podrán ser restringidos por el Estado cuando éste decrete una situación de excepción,  que antes se conocía como suspensión de garantías.  Dejaría en estado de indefensión jurídica  y sin garantías a los venezolanos.

En cambio, el conjunto de leyes también ilegítimas presentadas  por el único, imperial y autócrata de Chávez  para la pretendida reforma no sufrieron mayores cambios sino sólo en algunos aspectos formales de redacción.

Por su parte,  la presidenta de esta AN, abiertamente y sin tapujos afirmó: “El que tenga intenciones, el que desestabilice, si se declara un estado de excepción y se restringen las garantías, puede ser detenido y pagar por sus actos. No va a ver más nunca impunidad”.

De gravedad extrema son estas declaraciones. ¿Disentir, invocar derechos nacionales o universales, expresar descontento es acaso desestabilizar? Las referencias nos remiten a la Historia,  a los regímenes de factura comunista y fascista, que no conocen el respeto a la dignidad del ser ni los derechos humanos de sus adversarios. Reprimen e intentan eliminarlos uno a uno.

Esta  intencionalidad del autócrata imperial castrista  de imponer su propia ley, la de los sistemas  forajidos, que será acatada por sus incondicionales, para cometer excesos y actuar sin limitaciones,  es observada por  Diario de América con gran preocupación. La comunidad internacional deberá estar muy atenta.

En aras de ampliar la información ofrece a sus lectores el vínculo del video, de las consideraciones jurídicas expresadas por el abogado constitucionalista, ex diputado, Gerardo Blyde, en  la entrevista  que le fuera realizada al momento de conocerse estas medidas inconstitucionales e ilegitimas.

En una de sus partes dijo Blyde: “Un retroceso en materia de derechos humanos… hace que esté desapareciendo todo el régimen democrático… Ahí se fundamentaban esos regímenes de fuerza para desaparecer a la gente, para detener a la gente sin justificación, sin juicio, sin proceso, sin fiscal, sin defensa, sin ningún argumento más que el de la voluntad de quien estuviera mandando”.

Posteriormente, el día domingo, el vocero del Comando Nacional de la Resistencia, el también constitucionalista Hermann Escarrá,  denunció  categóricamente en rueda de prensa  "que están preparando la desmovilización de la nación, la persecución de la disidencia y la intimidación mediante un Estado terrorista y policial… Este estado de excepción sin temporalidad y protección de los Derechos Humanos, no es otra cosa que revivir la doctrina de la Seguridad Nacional".

Otras  reacciones, por su procedencia,  llamaron la atención a nivel mediático y en los sectores políticos venezolanos como el hecho de que dicho artículo haya sido sancionado con el “voto salvado” de  uno de los hombres duros de las revolución chavista. No ocurrió así con  otros  asambleístas pertenecientes a las corrientes  del oficialismo. Algunos  de ellos fueron defenestrados por no abandonar sus organizaciones políticas para integrarse al partido único, el Partido Socialista Unido de Venezuela - PSUV-, imposición de Hugo Chávez.

Entienden, con esta experiencia de no sumisión, que la inexistencia de derechos constitucionales fundamentales podría revertirse, incluso, contra ellos mismos. De hecho, al no existir el legítimo derecho a la defensa, no queda libre de excepción ningún ciudadano cualquiera sea su condición.

Desde el poder amenazan las venganzas, los odios desatados, persecuciones y el encarcelamiento contra un pueblo que aspira vivir en libertad.