Uno. El asesinato premeditado del líder de las FARC responsable de la liberación unilateral de rehenes ocurrida en dos ocasiones, recientemente, testimonia el rechazo del gobierno de Colombia a la posibilidad de un intercambio humanitario de secuestrados y guerrilleros, así como a una salida negociada al conflicto armado en ese país. Esta línea de salida militar pone en riesgo la vida de decenas de rehenes en manos de las FARC, pero constituye, por sobre todo, una expresión de la política del aparato narcotraficante y paramilitar que tiene el control del Estado colombiano. Es pública y notoria la infiltración de las instituciones civiles y militares de Colombia por parte del narcotráfico y del paramilitarismo. Sin la destrucción de este aparato estatal será imposible conseguir la paz en Colombia y poner fin a los desplazamientos forzados, a las confiscaciones de millones de campesinos y a los asesinatos de centenares de sindicalistas y de obreros.

Dos. La masacre perpetrada en territorio ecuatoriano representa al mismo tiempo un operativo de carácter internacional, pues el líder de las FARC, Raúl Reyes, era el enlace de las negociaciones internacionales entabladas con Francia, España, Venezuela y Suiza, en incluso con una fracción de legisladores norteamericanos. El espionaje colombiano se ha valido, seguramente, del seguimiento de estos contactos para hallar el campamento guerrillero y aniquilar a sus integrantes. Estamos no solamente ante la violación del territorio de Ecuador sino de un conjunto de canales diplomáticos y paraestatales. Dados los lazos estrechos de las fuerzas armadas y del Estado colombianos con las fuerzas armadas de Estados Unidos e Israel y con la CIA y el Mossad, debe concluirse que el ataque dirigido a golpear el canje humanitario y la posibilidad de negociaciones de paz, responde a los objetivos del imperialismo yanqui y del sionismo. El gobierno de Bush ha salido a defender el "plan Colombia" a sangre y fuego, como lo testimonió la reciente presencia en Colombia de Condoleeza Rice y jefes militares y del espionaje norteamericanos.

Tres. La justificación de la violación del territorio ecuatoriano, que ofreció el gobierno de Colombia, alegando el derecho legítima defensa, constituye una amenaza directa a los estados fronterizos, como Brasil y Venezuela, especialmente, donde existen actividades guerrilleras. El ataque delata la intención de neutralizar la acción mediadora de Hugo Chávez en el conflicto armado de Colombia y la posibilidad de que esta mediación refuerce las posiciones políticas de su gobierno. En el contexto latinoamericano actual apunta a desestabilizar a los gobiernos y procesos nacionalistas en Bolivia, Ecuador y Venezuela. Con relación a las elecciones norteamericanas apunta a ofrecer una posibilidad al desgastado partido Republicano, mediante una política de polarización y exasperación.

Cuatro. La crisis internacional que se ha creado pone en un serio aprieto a los gobiernos del Mercosur, debido a sus excelentes relaciones con el gobierno norteamericano y a las aún mejores con Israel, con quien acaban de firmar un tratado de libre comercio, mientras el ejército sionista destruye las vidas y la economía de Gaza y Cisjordania. No es difícil prever que los Lula y los Kirchner mediarán ahora para rescatar al gobierno de Colombia de una condena internacional. Los chavistas rioplatenses se llevarán una tamaña sorpresa si creen que los Kirchner condenarán al imperialismo, al sionismo y al gobierno de Uribe.

Quinto. El Partido Obrero llama a condenar al gobierno de Colombia y a Bush y a organizar una jornada internacional de movilización por la realización del canje humanitario, por negociaciones de paz, por el fin del plan Colombia, por el desmantelamiento del aparato estatal paramilitar de Colombia, por la no ratificación del Tratado de Libre Comercio Mercosur-Israel por la expulsión de la CIA y del Mossad de todo el continente (éste opera en el estado Zulia de Venezuela y en la provincia de Tucumán, en Argentina) , y por la unión socialista de América Latina.

Jorge Altamira

José Saúl Wermus, conocido como Jorge Altamira, (Buenos Aires, 1943) es un político trotskista argentino; ha sido varias veces candidato a presidente y a diputado nacional por el Partido Obrero, del cual es miembro fundador y principal dirigente.

Altamira participó en huelgas obreras desde muy joven. En 1964 fundó la revista Política Obrera, que luego se convertiría en la agrupación política del mismo nombre, la cual tomaría el nombre de Partido Obrero en 1982. Altamira participó desde la clandestinidad en la lucha contra tres dictaduras: la Revolución Libertadora de 1955^[1] , cuando contaba 12 años de edad y cursaba estudios primarios; la de Onganía-Lanusse^[2] y la de 1976-1983^[3] .

En el año 2000 fue electo Legislador de la Ciudad de Buenos Aires, cargo que desempeñó hasta el año 2004. Tuvo la iniciativa de varias leyes en favor de la clase obrera: entre otras, la que estableció la jornada de seis horas para los trabajadores del transporte subterráneo (metro), las referidas a la expropiación de varias fábricas recuperadas, una ley de salud frente a la crisis de 2001 y una ley de salario mínimo igual al costo de la canasta familiar para la Ciudad (en agosto de 2000).